Sentencia 25130 de febrero 7 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 25130

Acta 11

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Bogotá, D.C., siete de febrero de dos mil seis.

Resuelve la Corte el recurso de casación que interpuso la parte demandante contra la sentencia del Tribunal de Medellín, dictada el 21 de julio de 2004 en el proceso ordinario laboral que promovió RUBÉN DARÍO VANEGAS AGUDELO contra la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A., Coltejer.

I. ANTECEDENTES

Rubén Darío Vanegas Agudelo demandó a Coltejer para obtener el reintegro al empleo y el pago de las indemnizaciones que adelante se relacionan.

Para lograr ese objetivo formuló pretensiones principales y subsidiarias, ambas precedidas de la siguiente petición de declaración:

“Que la Empresa demandada despidió al actor en forma injusta e ilegal el día 1º de julio de 2002, al no cumplir previamente con los trámites que por ley debía seguir ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como era obtener su previa autorización para despedirlo” (fls. 9 y 10).

Sobre esa base declarativa Vanegas Agudelo pidió, de manera principal, el reintegro al empleo al mismo cargo o a otro de igual o superior categoría, la declaración de continuidad del contrato y el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir, la indemnización moratoria de la terminación del contrato y la indexación. Y de manera subsidiaria, una indemnización legal de 180 días de salario, la indemnización convencional por despido ilegal e injusto, la indemnización moratoria de la terminación del contrato y la indexación.

Para fundamentar las pretensiones afirmó que ingresó a prestar sus servicios para la empresa demandada el 30 de agosto de 1976, precisando que por ello a 1º de enero de 1991 había trabajado en forma continua por más de diez años. Y planteó estos otros hechos que es necesario transcribir textualmente:

“4. Cuando ingresó a prestar los servicios personales a la demandada gozaba de perfecta salud, pero durante la prestación del servicio sufrió de una enfermedad denominada Aplasia Medular.

“5. Por causa de esta enfermedad quedó reducida su capacidad física de conservar el Empleo que venía desempeñando al servicio de la demandada. En otras palabras quedó <invalido>.

“6. Debido a esta enfermedad la demandada lo despidió sin haber obtenido autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como era su obligación al tenor de la Ley 361 de 1997 y la Recomendación 99 y el Convenio 159 de la OIT, incorporado este último a nuestra legislación por la Ley 82 de 1988. Tampoco cumplió con el inciso 3º de la cláusula denominada Normas Generales del Capítulo XIII denominado “Transferencia por Razones de Salud” de la Convención Colectiva de Trabajo vigente, como era la de tramitar en forma diligente la declaración de invalido” (sic).

Adicionalmente y en lo que interesa al recurso afirmó que en la empresa opera el Sindicato Textil Coltejer Cedeco, al que estaba afiliado; que su empleadora no ha cumplido la convención en punto al reintegro y a la indemnización; y que interrumpió la prescripción del reintegro el 19 de septiembre de 2002.

Al contestar la demanda Coltejer se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso las excepciones de falta de causa, carencia de acción y prescripción trimestral. Los hechos 4 a 6, que se trascribieron, los respondió de la siguiente manera:

“4. Es cierto pero la mencionada enfermedad no tuvo origen profesional. Y de acuerdo con el código de diagnóstico interno del Seguro Social 2849 se denomina Anemia Aplástica sin especificación.

“5. Por causa de la citada enfermedad estuvo incapacitado más de 180 días, circunstancia determinante de la justa causa de despido al tenor de lo dispuesto por el Decreto 2351 de 1965, artículo 7º, literal A, numeral 15.

“6 Es cierto que fue despedido por la justa causa señalada en la disposición legal que se deja mencionada. Lo demás es cuestión de derecho”.

La parte demandada no concurrió a la audiencia de conciliación, saneamiento y fijación del litigio por lo cual el Juzgado del conocimiento expresó: “... los hechos de la demanda susceptibles de confesión se tomarán como ciertos, siempre y cuando no obre prueba en contrario” (fl. 57).

Tramitado el litigio, el Juzgado Segundo Laboral de Itagüí, mediante sentencia del 19 de marzo de 2004, absolvió a la empresa.

II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

La parte demandante apeló la providencia anterior y el Tribunal de Medellín, en la sentencia aquí acusada, la confirmó.

Dijo el Tribunal:

“Para la Sala es claro que en la actuación no se acreditó que el demandante fuera un minusválido, puesto que no se encuentra el criterio del experto médico que hubiera calificado al señor Vanegas Agudelo en tales condiciones. Lo único que se sabe, y eso por confesión de la demandada, es el hecho de que el extrabajador permaneció por más de ciento ochenta días incapacitado por “Anemia Aplástica” (sic) (fl. 29 fte.), pero nunca se supo que tuviera disminución física, sensorial o psíquica que le impidiera desarrollar determinadas actividades y que por tanto, hubiera de ser reubicado, o conservado en su función, si era que así la desempeñaba”.

“Además, el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, dispone textualmente:

“<ART. 26.—En ningún caso la limitación de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo.

“<No obstante quienes fueren despedidos o su contrato terminando por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren>.

“Como se ve, la norma transcrita no envuelve una presunción legal de despido para la persona limitada, sino que es preciso probar en la actuación que el trabajador calificado como tal, fue desvinculado por dicha circunstancia, y en la actuación lo que se estableció plenamente fue que al señor Rubén Darío Vanegas le finalizaron su relación laboral por haber permanecido más de ciento ochenta días incapacitado, causal que se encuentra legalmente prevista por el numeral 15 del aparte a) del artículo 7º del Decreto 2351, para que la parte empleadora diera por terminada la relación laboral con una causa justa, noticiándole (sic) al extrabajador dicha eventualidad, con más de quince días de anticipación, como es la obligación legal.

Resumimos. Para que podamos hablar de un despido en las circunstancias previstas por el inciso primero del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, era preciso que en la actuación se hubiera acreditado con la prueba pertinente, que el demandante tuviera una disminución física, sensorial o psíquica y que por tal razón la parte empleadora lo hubiera despedido de sus labores, pero tales supuestos no fueron acreditados en la actuación, como ya lo expresamos, en la que se supo que el contrato laboral del libelista si bien fue finiquitado por la parte demandada, ella adujo una justa causa para hacerla (fl. 3 fte), de ahí que no se pueden aceptar las argumentaciones contenidas en la fundamentación de la alzada”.

III. EL RECURSO DE CASACIÓN

Persigue que la Corte case la sentencia del Tribunal, para que en sede de instancia revoque la del Juzgado y en su lugar acceda a las pretensiones de la demanda.

Con esa finalidad formula dos cargos, que fueron replicados.

PRIMER CARGO

Acusa la aplicación indebida de los artículos 7º (aparte A numeral 15), 8º y 16 del Decreto 2351 de 1965 y 1º, 2º, 3º y 26 de la Ley 361 de 1997, así como la consecuencial aplicación indebida de los artículos 127, 186, 249, 306 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 60, 61, 77 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 177 y 187 del Código de Procedimiento Civil.

Afirma que esa violación fue consecuencia de los siguientes errores de hecho:

“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante no acreditó la disminución física, sensorial o psíquica.

“2. No dar por demostrado, estándolo, que el actor acreditó plenamente que debido a la enfermedad <Anemia Aplástica> (sic) que padecía se encontraba físicamente limitado para laborar.

“3. Dar por demostrado, sin estarlo, que el actor no demostró que la sociedad demandada lo despidió por esa limitación física para laborar.

“4. No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad demandada despidió al demandante precisamente: <por... su enfermedad que lo ha incapacitado para su trabajo...>.

“5. No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad demandada para despedir al demandante invocando justa causa ha debido dar previo cumplimiento al procedimiento convencional y al procedimiento legal.

“6. No dar por demostrado, estándolo, en consecuencia que el despido del demandante fue ilegal y sin justa causa”.

Asevera que esos errores derivaron de la errada apreciación de la confesión contenida en la respuesta a los hechos 4, 5 y 6 de la demanda, la comunicación de despido (fl. 3) y la Convención Colectiva de Trabajo; y de la falta de apreciación de la presunción de ser ciertos los hechos 4, 5 y 6 por la no comparecencia del representante legal de la sociedad demandada a la audiencia obligatoria de conciliación (fl. 57).

Para demostrar los errores de hecho dice que en la contestación de la demanda se aceptó como cierto que el trabajador durante la prestación del servicio sufrió de una enfermedad de origen no profesional, que de acuerdo con el Código de Diagnostico Interno del Seguro Social se denomina Anemia Aplástica (sic); que por causa de esa enfermedad quedó reducida su capacidad física de conservar el empleo; y que debido a esa enfermedad la demandada lo despidió sin haber obtenido autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Que en la comunicación de despido del folio 3 la sociedad demandada terminó el contrato “... por la justa causa de su enfermedad que lo ha incapacitado para su trabajo...”, con lo cual reconoció la existencia de la enfermedad y el estado de incapacidad para laborar.

Que obra la presunción de ser ciertos los hechos 4, 5 y 6 de la demanda por la no comparecencia del representante legal de la sociedad demandada a la audiencia de conciliación y que esos hechos son susceptibles de probarse por confesión y demuestran la clase de enfermedad que sufría el trabajador, la reducción de la capacidad física para conservar el empleo y la terminación del contrato de trabajo debido a esa enfermedad y sin previa autorización del Ministerio de Trabajo.

Y que, como la Convención Colectiva de Trabajo dispone que “Cuando se presentaren casos de trabajadores con deficiencias o imposibilidades graves para trabajar, por razones de salud, la empresa y el sindicato realizarán separada o conjuntamente todas las acciones necesarias para obtener del ISS, EPS o ARP correspondiente la definición de estado de invalidez”, la empresa ha debido solicitar al ISS, EPS o ARP la definición del estado de invalidez antes de despedir al demandante.

De otro lado, dice que antes del despido la sociedad demandada ha debido escucharlo en descargos en desarrollo de los postulados de lealtad y buena fe que informan el contrato de trabajo, como lo dispuso la Corte Constitucional mediante Sentencia C-299 del 17 de junio 17 de 1998, en relación con la Sentencia T-546 del 15 de mayo de 2000.

LA OPOSICIÓN

La sociedad demandada sostiene que no confesó que la capacidad laboral de Vanegas Agudelo hubiera quedado reducida por causa de la enfermedad no profesional que sufrió ni, menos todavía, que lo hubiese despedido sin autorización previa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sino que sostuvo que Vanegas estuvo incapacitado durante más de 180 días, lo que legalmente la facultaba para prescindir de sus servicios, o sea que despidió al demandante por justa causa y por lo mismo el Tribunal no incurrió en yerro alguno manifiesto; que la carta de despido solo demuestra ese hecho y que él obedeció a una justa causa; que la supuesta confesión presunta del representante legal de Coltejer tampoco prueba en favor del recurrente porque no fue declarada en las instancias y porque existiendo una efectiva respuesta a la demanda inicial esa realidad objetiva prevalece sobre la simple ficción, representada por la imaginaria confesión de Coltejer; y que la cláusula convencional tampoco prueba en favor de la causa del señor Vanegas.

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

El artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que es el precepto en que principalmente el actor fundó sus pretensiones y que al lado de otras disposiciones legales considera en este primer cargo indebidamente aplicado, dispone:

“En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo.

“No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren”.

Antes de resolver el cargo y atendiendo los planteamientos efectuados por el recurrente, cumple observar que la Ley 361 de 1997 es un estatuto especial que estableció “... mecanismos de integración social de las personas con limitación...” y que según su primer artículo los principios que la fundamentan están en los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución Política. Se trata de una ley que según la exposición de motivos tuvo por objeto la integración social de los discapacitados (Gaceta del Congreso 364 del 30 octubre de 1995). Los capítulos que la integran consagran garantías que asumen el Estado y la Sociedad para facilitar al antes señalado grupo de personas un modo de vida digno que les permita la rehabilitación, bienestar social, el acceso preferente a la educación, a los bienes y al espacio de uso público, al trabajo, etc.

Eso explica la norma contenida en el artículo 26 que constituye el tema cardinal de este litigio, al igual que el alcance de la sentencia de la Corte Constitucional C-531 de 2000, en la que, además de haberse declarado exequible el segundo inciso de tal precepto, se consideró en la parte resolutiva que “... carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su limitación sin que exista autorización previa de la oficina de trabajo que constate la configuración de la existencia de una justa causa para el despido o terminación del respectivo contrato”, con lo cual determinó que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 establece a favor del trabajador el derecho al reintegro.  

Pues bien, tal como se desprende de la sinopsis del fallo impugnado, para el Tribunal en el proceso no se estableció que el actor fuera minusválido ni que hubiese sido desvinculado por esa circunstancia, pues lo que se demostró fue que se le puso término a la relación laboral por haber permanecido ciento ochenta días incapacitado, causal legalmente prevista para que la empleadora diera por extinguida esa relación.  

A su vez el recurrente denuncia esa conclusión por estimar que el hecho de la limitación física del actor fue confesado a través de la contestación de la demanda y por medio de la presunción ficta que operó en contra de la empleadora por no haber comparecido a la audiencia de conciliación, saneamiento y fijación del litigio. 

En primer término, advierte la Corte que es cierto que la sociedad convocada al proceso al contestar la demanda aceptó que durante la prestación del servicio el actor padeció la enfermedad anemia aplástica, por causa de la cual estuvo incapacitado por más de ciento ochenta días, lo que motivó la terminación de su contrato de trabajo. Pero el Tribunal no desconoció ese hecho, pues textualmente asentó que “lo único que se sabe, y eso por confesión de la demandada, es el hecho de que el extrabajador permaneció por más de ciento ochenta días incapacitado por “Anemia Aplástica” (fl. 29 fte.), pero nunca se supo que tuviera disminución física, sensorial o psíquica que le impidiera desarrollar determinadas actividades y que por tanto, hubiera de ser reubicado, o conservado en su función, si era que así la desempeñaba” (fl. 99). 

Quiere ello decir que para ese fallador la circunstancia de haber estado el demandante incapacitado laboralmente no conducía necesariamente a la conclusión de que tuviera una limitación física, sensorial o física que lo hiciera beneficiario de la especial protección establecida por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y de los derechos allí reconocidos, cuestión jurídica que no es dable controvertir por la vía que orienta el cargo. 

La empresa demandada al contestar el libelo introductorio no aceptó el contenido del punto 5º de la demanda, en el que se afirma que por causa de la enfermedad la capacidad física del actor se redujo, en otras palabras, quedó inválido, pues, por el contrario, manifestó que no tenía competencia para determinar las secuelas de esa enfermedad y que por lo tanto no le constaba que el demandante quedara o no inválido. Si ello es así, no puede entenderse que hubiera confesado en los términos que sugiere el censor.

Para la Sala lo expresado por el actor en ese punto 5º de la demanda, más que la afirmación de un hecho, es una conclusión, una inferencia, porque el demandante, después de expresar allí que al final de su contrato sufrió una enfermedad que le redujo su capacidad física para conservar el empleo, estimó, y mejor, dedujo, que esa situación es equivalente a la invalidez, es decir, asumió que toda incapacidad es igual a la invalidez. En esas condiciones el Tribunal no tenía por qué dar por demostrado por aplicación de la confesión ficta, el estado de limitación física del actor.

De otro lado, es verdad averiguada que no todos los hechos son susceptibles de ser demostrados por confesión. El artículo 195 del Código de Procedimiento Civil establece los requisitos de esa prueba, uno de los cuales es “3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba”, y sin duda la minusvalía o la discapacidad, entendida como “... una deficiencia física, mental o sensorial…”, como lo hizo el Tribunal y surge del artículo 1º de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley 762 de 2002, definición a la que es dable acudir de acuerdo con los artículos 21 del Código sustantivo del Trabajo y 93 de la Constitución Política, es un hecho para cuya comprobación, de acuerdo con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, normalmente el juez debe valerse del dictamen pericial, porque para su aprehensión es preciso contar con especiales conocimientos científicos de los que, por regla general, carece ese funcionario. Y si se tratara de establecer una invalidez, que fue el término utilizado por el actor en su demanda, su determinación no admite cualquier medio de prueba sino uno específico, según el artículo 41 de la Ley 100 de 1993.

De acuerdo con lo anterior, y como el cargo no demuestra que el Tribunal hubiera errado por no haber dado por demostrado que el demandante quedó físicamente limitado como consecuencia de la incapacidad que sufrió durante los últimos seis meses de su contrato de trabajo, no aplica la norma 26 de la Ley 361 de 1997 en cuanto impone la autorización del Ministerio de la Protección Social como condición previa al despido.

Con todo, aun si en gracia de discusión se considerara por la Corte que a través de la confesión presunta se estableció el estado de limitación física del actor, habría que tener en cuenta que en realidad la que el recurrente aspira se tenga como prueba de confesión ficta no cumple con los requisitos exigidos por la jurisprudencia y por la ley para que se configure esa figura jurídica, de suerte que no sería dable atribuirle al Tribunal un desacierto por no haberla considerado.

En efecto, la sanción prevista por el numeral segundo del inciso 7º del artículo 39 de la Ley 712 de 2001, consistente en presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión de la demanda cuando el demandado no comparece a la audiencia de conciliación, se halla concebida en términos similares a las consagradas en los artículos 56 del Código Procesal del Trabajo y 210 del Código de Procedimiento Civil, de tal modo que le resultan aplicables los mismos requerimientos que a estas para que pueda conducir a una confesión presunta. En relación con esas consecuencias ha precisado esta Sala de la Corte que es necesario que el juez deje constancia puntual de los hechos que habrán de presumirse como ciertos, de tal manera que no es válida una alusión general e imprecisa a ellos, como la efectuada en este caso en que el que el juez de la causa se limitó a consignar en la audiencia celebrada el 22 de mayo de 2003 que “… igualmente los hechos de la demanda susceptibles de prueba de confesión se tomarán como ciertos, siempre y cuando no obre prueba en contrario”, pero sin precisar, como era su deber, cuáles de esos hechos se tendrían como ciertos.

En sentencia del 23 de julio de 1992, radicación 5159, se explicó por la extinta Sección Segunda de esta Sala lo siguiente:

“Considera la Sala que tanto para el caso de la confesión ficta del artículo 210 del CPC como para el específico caso del artículo 56 del CPT, se hace necesario que el juez deje constancia expresa en la correspondiente acta no solo del hecho de la renuencia de la parte a la práctica de la prueba sino las consecuencias que su desacato o contumacia le acarrearán, puntualizando cuáles son los hechos que habrán de presumirse como ciertos en la hipótesis del interrogatorio o que deben tenerse como probados en el supuesto de la inspección ocular no realizada por renuencia de la parte obligada a permitirla.

La circunstancia de que no deba ahora tramitarse una articulación similar a la que preveía el artículo 608 de la derogada Ley 105 de 1931 (Código Judicial) al regular las “posiciones”, no significa que deba dejarse en total incertidumbre a los litigantes acerca de cuáles hechos deberán presumirse ciertos por versar sobre ellos las preguntas asertivas admisibles del interrogatorio escrito —si se trata de la hipótesis del primer inciso del artículo 210 del CPC—, o sobre qué hechos de la demanda o su contestación deducirá dicha presunción —cuando de la hipótesis del segundo inciso se trata—, o, finalmente y conforme al inciso tercero, si la no comparecencia, la respuesta evasiva o la negativa a responder únicamente darán lugar a que la conducta de esa parte se aprecie como un indicio grave en su contra.

Y si es la inspección ocular la prueba que no puede evacuarse por la renuencia del litigante que está en el deber de permitirla, también deben indicarse cuáles hechos del proceso se tendrían como probados, en los términos del artículo 56 del CPT.

Así mismo las partes están obligadas a obrar con lealtad y probidad en sus relaciones recíprocas y frente al juez durante el proceso, los jueces deben actuar de forma tal que no sorprendan a los litigantes con sus actuaciones. No puede pasarse por alto que el espíritu que anima las reglas sobre el debido proceso exige que las partes tengan certeza sobre el momento en que, como consecuencia de la aplicación de cualquiera de los dos supuestos previstos en los artículos 210 del CPC y 56 del CPT, se invierte la carga probatoria y quedan en la situación de tener que desvirtuar el hecho que la ley presume probado en su contra.

Esta exigencia que resulta de la aplicación de las reglas del debido proceso y de los principios específicos de la lealtad procesal, de la inmediación y de la oralidad, obliga a que en el proceso ordinario del trabajo, en el cual claramente se diferencian las audiencias de trámite para producir pruebas de la audiencia de juzgamiento, se imponga como una necesidad la determinación oportuna por el juez, a solicitud de la parte interesada, de los hechos sobre los cuales considera que se ha operado la inversión de la carga probatoria, dejándose la respectiva constancia en el acta correspondiente.

Lo anterior no significa en modo alguno que el juez haga un prejuzgamiento o adelante la calificación jurídica de los hechos que deba efectuar en la sentencia. Será luego al producir el fallo cuando establezca en forma definitiva cuáles afirmaciones de las partes quedaron definitivamente demostradas por los diferentes elementos de convicción aportados al proceso, y, en su caso, qué hechos de aquellos que la ley ordenó presumir como ciertos conforme a los artículos 210 del CPC y 56 del CPT, fueron desvirtuados por otros medios de prueba. Esto en obedecimiento a lo dispuesto por el artículo 60 del CPT, que le impone al juez laboral la obligación de “analizar las pruebas llegadas en tiempo”, al proferir su decisión”.

Y más próximamente, al ratificar el anterior discernimiento y hacer referencia a recientes disposiciones legales que, al modificar el Código de Procedimiento Civil confirman tal criterio jurídico, puntualizó en la sentencia del 7 de abril de 2005, radicado 24292:

“Pues bien, el Tribunal para restarle valor probatorio a la confesión ficta, con apoyo en la jurisprudencia de la Corte, infirió que en el sub lite “... no se cumplió el pronunciamiento previo del a quo sobre cada uno de los hechos susceptibles de ser probados mediante confesión ficta, en tal sentido no tendría oportunidad el demandado de impugnar la decisión del a quo...”.

“Como puede verse, el cargo se orientó a determinar jurídicamente, que para poder estimar la confesión ficta obrante en el proceso, basada en la inasistencia de una de las partes a absolver el interrogatorio que se le solicitó, conforme al tenor literal del artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el artículo 209 ejusdem, aplicable por remisión según el principio de integración consagrado en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, no hay lugar a la exigencia trazada por el fallador de alzada; esto es, la manifestación particularizada del juez de conocimiento sobre cada hecho susceptible de prueba de confesión.

“Teniendo en cuenta la inconformidad del censor en relación con la correcta interpretación de la norma en cita, como lo pone de presente el ad quem, esta Corporación ha tenido la oportunidad de interpretar y definir sus alcances, dejando plasmado con claridad en la sentencia rememorada en el fallo impugnado y más recientemente en decisión del 22 de abril de 2004 radicado 21779, lo siguiente:

“(...) En verdad la confesión ficta que afirma el recurrente no fue apreciada por el Tribunal, pero aun si se hubiera estimado, en manera alguna podía tener valor probatorio, dado que no basta con la simple constancia dejada por el Juzgado de la incomparecencia del absolvente como aquella que corre a folio 147 y que aparece transcrita en el resumen de la demostración del cargo, porque para su validez se requiere de la declaración del juez instructor donde se exprese adecuadamente sobre cuáles hechos recaerá dicha confesión, actividad que en el sub lite no se cumplió porque la citada constancia se limitó a reseñar la solicitud elevada por el apoderado de la parte actora en la audiencia cuando impetró que <al dictar sentencia se tengan como ciertos los hechos de la demanda demostrables a través de la confesión>, omitiéndose infortunadamente el pertinente pronunciamiento del juzgado, lo cual no mereció en su momento reparo de las partes y, en consecuencia, no era factible que el ad quem frente a los puntos en discusión extrajera o le diera los efectos que ahora busca la censura que se le impriman como confesión ficta o presunta que no fue debidamente estructurada como lo exige la ley procesal.

Sobre este particular tópico, esta Sala laboral ya se había pronunciado en sentencias del 12 de septiembre de 2001 radicación 16496 y 9 de abril de 2003 radicado 19474, donde en esta última se dijo:

<De otra parte, frente al tema relacionado con la viabilidad de deducir la confesión ficta o presunta a la demandada, ante su no comparecencia a absolver el interrogatorio que había sido decretado, sin aducir causa justificativa para ello, encuentra la Corte que en ningún yerro incurrió el Tribunal por la no apreciación de la circunstancia que destaca la censura, pues sí la tuvo en cuenta. Así se afirma porque para que se estructure esa figura jurídica no basta que el juez ante quien se practica, luego de transcurrido el término otorgado por el artículo 209 del CPC y cumplido el trámite previsto en él, deje constancia en el acta de la incomparecencia injustificada del citado, sino que también es necesario que lo exprese respecto a las consecuencias que el artículo 210 ibídem, modificado por el Decreto Extraordinario 2282 de 1989, prevé en tal hipótesis, esto es, que se presumirán como ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles contenidas en el interrogatorio escrito o, en su defecto, de los hechos de la demanda o de su contestación, o de las excepciones de mérito, cuando no se presente pliego con las preguntas. Así lo destaca el Tribunal y lo ha sostenido reiteradamente la Corporación, entre otras, en la sentencia del 11 de septiembre de 2002, radicación 18306. Valga anotar que el no compartir el censor tal jurisprudencia, el cargo lo debió orientar por la vía directa.

En conclusión, ante la evidencia de no haberse cumplido por parte del juez del conocimiento lo antes detallado y que la parte demandante no cuestionó esa postura omisiva a través de los mecanismos procesales pertinentes y en las oportunidades previstas en la ley, ningún reparo le merece a la Sala la consideración del Tribunal de no deducir la confesión ficta o presunta que reclama la recurrente en casación se le dé efectos, lo que era esencial para el éxito del cargo teniendo en cuenta la sustentación del fallo impugnado> (Resalta la Sala)...”.

“Así la cosas, y siguiendo las anteriores directrices, que se encajan perfectamente al asunto que ocupa la atención a la Sala, se tiene que para imprimirle validez a la confesión ficta, no solo se requiere de la constancia dejada por el juez instructor respecto de la incomparecencia del absolvente, sino además de la declaración expresa sobre cuales hechos en forma específica ha de recaer dicha confesión.

“Pero cabe agregar, que la interpretación que antecede, quedó acorde con la posterior reforma procesal que se cumplió al expedirse la Ley 794 de 2003, cuyo artículo 22 modificó el artículo 210 del CPC, estipulando que en los eventos en los que ha de presumirse como ciertos los hechos susceptibles de ser cobijados por el medio de convicción en comento “... el juez hará constar en el acta cuáles son los hechos susceptibles de confesión contenidos en el interrogatorio escrito, en la demanda, las excepciones de mérito o sus contestaciones, que se presumen ciertos” (Destaca la Sala).

“Visto lo anterior, no resulta errado el razonamiento del Tribunal en el sentido de que mientras no se cumpla cabalmente con ese pronunciamiento previo del a quo dejando claridad sobre “cada uno de los hechos susceptibles de ser probados mediante confesión ficta”, no era dable frente a los puntos en controversia, deducir confesión alguna o imponer las consecuencias señaladas en el artículo 210 del CPC; exigencia aquella, se repite, es colegible del correcto entendimiento y alcance de la norma, como lo ha reiterado la jurisprudencia antes y después de la reforma que introdujo la Ley 794 de 2003.

“La verdad es, que de la constancia dejada por el a quo atinente a la no presentación del absolvente, que se plasmó en audiencia en los siguientes términos: “... Observa el Juzgado la presente diligencia viene señalada para absolver interrogatorio de parte al representante legal de la demandada, el cual no se encuentra presente en la audiencia, y comoquiera que se le habían dado los tres días para justificar su no comparecencia en audiencia anterior y este tampoco lo ha hecho se tendrá que aplicar la sanción contenida en el artículo 210 del CPC aplicado por analogía al proceso laboral...” y de la declaración que se realizó a reglón seguido “... Seguidamente la señora juez le indica al apoderado de la parte demandante que, aun cuando no es necesario, por cuanto ya se dijo que se aplicarán las sanciones del artículo 210 del CPC, se le aclara que se tendrán por ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda...” (fl. 64), no se extrae la mentada individualización de los hechos, y es más en el caso objeto de estudio resulta insuficiente que se haga una simple remisión a “los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda”, cuando en la primera audiencia se reformaron sustancialmente los mismos, según el escrito visible a folio 43 a 46, siendo necesario que se hubiera dejado libre de cualquier duda lo concerniente a cuáles aspectos o supuestos fácticos son los que se declaran como confesos.

“Del mismo modo, no es desacertada la conclusión del Juez colegiado, en el sentido de que esa confesión ficta en la manera que el fallador de primer grado la fijó, impidió al demandado impugnar la decisión correspondiente, pues esta es una de las consecuencias de la inobservancia de los presupuestos que trae la norma”.

También el recurrente sostiene que Coltejer no cumplió la Convención Colectiva que lo obligaba a solicitar al Seguro Social, o a la EPS o la ARP la definición del estado de invalidez antes de proceder a despedir al trabajador demandante. Y en el cargo denuncia la sentencia del Tribunal por la errada apreciación de esa prueba.

Pero en realidad toda la argumentación del Tribunal estuvo dedicada a definir si el demandante, de acuerdo con la Ley 361 de 1997, había probado la condición de minusválido, sin que tocara para nada el tema de la Convención Colectiva de Trabajo, de manera que esa prueba no podía ser acusada por el recurrente por errada apreciación.

Por otra parte y en relación con ese mismo tema, es necesario hacer esta precisión:

La norma convencional acusada dice: “Cuando se presentaren casos de trabajadores con deficiencias o imposibilidades graves para trabajar, por razones de salud, la empresa y el sindicato realizarán separada o conjuntamente todas las acciones necesarias para obtener del ISS, EPS o ARP correspondiente la definición de estado de invalidez”.

Observa la Corte que la Convención Colectiva contiene una serie de normas relacionadas con estos temas: Seguridad Social (capítulo once), Reconocimiento por incapacidades (capítulo doce) y Transferencias por razones de salud (capítulo trece, del cual forma parte la norma trascrita).

La lectura integral de las normas que integran esos capítulos no indican que la que se trascribió consagre un presupuesto del despido. La norma no lo dice y sería poco razonable concluir en un pacto celebrado entre el sindicato y la empresa en tal sentido. Lo cierto es que el citado convenio colectivo establece una serie de posibilidades de obtener la transferencia del trabajador incapacitado a oficios que se acomoden a sus nuevas condiciones físicas y mentales. Contiene, incluso, una figura especial que allí se denomina incapacidad máxima (página 167 de la Convención) y para ella prevé la reubicación después de terminado el contrato de trabajo.

En esas condiciones, cuando en la convención en comento se habla de invalidez no se contempla la posibilidad de que el extrabajador esté en condiciones de prestar el servicio inicialmente convenido o cualquiera otro, porque la reubicación o en últimas la concertación de un nuevo contrato son para los casos de incapacidades menores o de la incapacidad mayor, que allí se definen, mas no para una persona que por su condición de inválida no puede trabajar.

Según la Convención, difícilmente podría concluirse razonadamente que la cláusula trascrita pretendió fijar un presupuesto para el despido. Se trata, más bien, de una colaboración que conjunta o separadamente deben prestarle al trabajador el sindicato y la empresa, de una gestión que deben intentar para obtener del ISS, la EPS o la ARP la definición del estado de invalidez y nada más. Luego no acierta el cargo al sostener que la empresa ha debido solicitar la determinación del estado de invalidez antes de despedir al demandante.

El cargo, por lo demás, platea al final una serie de cuestiones que, como lo observa la oposición son de carácter jurídico, que no pueden ser estudiadas en este cargo encauzado por el sendero indirecto.

Solo resta advertir que en la acusación nada se dice en relación con la indemnización moratoria, que forma parte de las pretensiones principales de la demanda, ni sobre la indemnización convencional, incluida dentro de las subsidiarias, de manera que se trata de temas que no pueden ser examinados por la Corte.

El cargo, en consecuencia, no prospera.

SEGUNDO CARGO

Acusa la Sentencia por ser violatoria de la Ley sustancial por el concepto de interpretación errónea de la parte segunda del inciso 1º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y del parágrafo del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, lo cual condujo a la aplicación indebida de los artículos 7º (aparte a numeral 15), 8º y 16 del Decreto-Ley 2351 de 1965, 1º, 2º y 3º de la Ley 361 de 1997, 65, 127, 186, 249, 306 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 8º de la Ley 153 de 1887, 27 y 28 del Código Civil.

Para su demostración sostiene que el Tribunal interpretó de manera equivocada la parte segunda del inciso 1º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 por haber entendido que para establecer que un trabajador se encuentra limitado para continuar laborando se requiere necesariamente la acreditación de ese hecho con un dictamen médico, porque esa norma no exige la tal acreditación pericial, sino que la limitación del trabajador se puede probar con cualquier medio idóneo.

Sostiene, por otra parte, que el parágrafo del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, según el cual “La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación. Posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos”, también fue erróneamente interpretado porque el Tribunal entendió que existe legalidad del despido invocando automáticamente la causal y que para invocar cualquiera de las causales no se requiere oír previamente al trabajador en descargos, porque el recto alcance de la norma transcrita impone, para cualquiera de las causales previstas por el artículo 7º literal A) del Decreto 2351 de 1965, oír previamente al trabajador en descargos en desarrollo del derecho de defensa, como lo expresó la Corte Constitucional, Sección Quinta de Revisión, en la Sentencia T-1040 de septiembre 27 de 2001, complementada con la Sentencia C-299 de junio 17 de 1998.

Y concluye diciendo que si el fallador hubiera interpretado correctamente las normas acusadas, habría concluido que la limitación para trabajar se puede acreditar con cualquier medio probatorio idóneo; que para poder terminar un contrato de trabajo de un trabajador limitado para laborar se requiere la autorización previa de la Oficina de Trabajo; y que para invocar la causal 15 literal A) del Decreto 2351 de 1965 se requiere oír previamente al trabajador en descargos en desarrollo del derecho de defensa, por lo que se impone el quebrantamiento de la sentencia recurrida conforme el alcance de la impugnación.

LA OPOSICIÓN

Considera que el Tribunal fundó su decisión en consideraciones de índole probatoria y no en lucubraciones jurídicas exclusivamente, por lo que estima equivocada la vía directa.

Y observa:

Que no es cierto que la demostración de que una persona padece trastornos físicos o mentales que la incapaciten para trabajar pueda hacerse por cualquier medio de prueba, pues se trata de un tema que exige conocimientos científicos en el área médica para pronunciarse sobre él, de modo que solamente la peritación es prueba legalmente idónea de los quebrantos de salud padecidos por un trabajador.

Que tampoco es cierto que cuando se vaya a despedir a un empleado por haber excedido los 180 días de incapacidad laboral deba ser oído previamente en descargos “para garantizarle su derecho a la defensa”, pues nadie es culpable de que lo aqueje la enfermedad ni, menos todavía, que esa situación infortunada pueda equiparse a un acto de mala conducta de cuya imputación deba disculparse el enfermo en una diligencia de descargos donde tuviese la oportunidad de defenderse o de contraprobar en lo atañedero a su comportamiento laboral.

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Para la Corte es claro que ningún juez puede dar por demostrada una discapacidad física como la alegada por el actor, surgida según lo afirma en su demanda de una enfermedad denominada aplasia medular, con cualquier medio de prueba. Se trata de un hecho que debe ser establecido científicamente y para ello es prudente acudir al dictamen pericial, como lo establece el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil.

La necesidad de acudir a un diagnóstico médico para los efectos de los beneficios que allí se establecen, lo reconoce el estatuto que fundamenta la demanda, o sea la Ley 361 de 1997, que en su artículo 5º dispone:

“Las personas con limitación deberán aparecer calificadas como tales en el carné de afiliado al sistema de seguridad en salud, ya sea el régimen contributivo o subsidiado. Para tal efecto las empresas promotoras de salud deberán consignar la existencia de la respectiva limitación en el carné de afiliado, para lo cual solicitarán en el formulario de afiliación la información respectiva y la verificarán a través de diagnóstico médico en caso de que dicha limitación no sea evidente.

“Dicho carné especificará el carácter de persona con limitación y el grado de limitación moderada, severa o profunda de la persona. Servirá para identificarse como titular de los derechos establecidos en la presente ley.

“El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud realizará las modificaciones necesarias al formulario de afiliación y al carné de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud con el objeto de incorporar las modificaciones aquí señaladas.

“Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las políticas que con relación a las personas con limitación establezca el “comité consultivo nacional de las personas con limitación” a que se refiere el artículo siguiente”.

De otro lado, es claro que si en un proceso se demuestra que el empleador ha despedido a un trabajador con limitaciones físicas o mentales sin la autorización del Ministerio de la Protección Social, surgirán las consecuencias previstas en la Ley 361 de 1997. Pero aquí el Tribunal no desconoció esa circunstancia sino que se limitó a establecer si era procedente aplicar el artículo 26 de la citada preceptiva de 1997 porque no encontró demostrado que el trabajador demandante fuese minusválido. Por lo mismo, el cargo le atribuye al Tribunal una interpretación de la Ley que no hizo, pues no es dable concluir que el razonamiento que adujo sobre la necesidad de una prueba pertinente de la limitación física, sensorial o psíquica padecida por el demandante, la obtuviera de una exégesis del artículo 26 de la varias veces mencionada Ley 361 de 1997.

El cargo también le atribuye al Tribunal una interpretación del parágrafo del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, pero no advierte que el tema del requisito de escuchar a un trabajador previamente en descargos antes de ser despedido no fue objeto de discusión en el proceso y que, como efectivamente no lo fue, no tenía por qué ser estudiado por el fallador, a quien por lo mismo, inútilmente se le denuncia por la interpretación errada de ese parágrafo.

A este respecto se recuerda la petición de declaración que precedió a las pretensiones formuladas en la demanda:

“Que la Empresa demandada despidió al actor en forma injusta e ilegal el día 1º de julio de 2002, al no cumplir previamente con los trámites que por ley debía seguir ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como era obtener su previa autorización para despedirlo” (fls. 9 y 10).

El cargo, en consecuencia, no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia del Tribunal de Medellín, dictada el 21 de julio de 2004 en el proceso ordinario laboral que promovió RUBÉN DARÍO VANEGAS AGUDELO contra la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A., Coltejer.

Costas en casación a cargo de la parte demandante.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

Magistrados: Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Nader Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio LópezFrancisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino GallegoIsaura Vargas Díaz.

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.