Sentencia 25134 de enero 31 de 2006

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: 25134

Acta 8

Magistrada Ponente:

Dra. Isaura Vargas Diaz

Bogotá, D.C., treinta y uno de enero de dos mil seis.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de JULIO CESAR OSPINA OSORIO, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 30 de julio de 2004, en el proceso promovido contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

I. Antecedentes

JULIO CESAR OSPINA OSORIO, demandó al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES SECCIONAL ANTIOQUIA, para que se le condenara al pago de la pensión de invalidez, incluidas las mesadas adicionales; los intereses moratorios a la luz de lo establecido en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; lo que resulte probado extra y ultra petita; y las costas del proceso.

Pretensiones que fundó, en esencia, en que fue declarado invalido, según dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, con fecha de estructuración el 21 de mayo de 2002; que el 18 de junio de la misma anualidad reclamó ante el Instituto de Seguros Sociales la pensión de invalidez por riesgo no profesional, la cual fue negada por medio de la Resolución 13144 del 25 de septiembre de 2002, por carecer “del requisito establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 que exige un mínimo de 26 semanas cotizadas en el año anterior a la declaratoria de invalidez”; que cotizó 768 semanas durante toda su vida laboral, “de las cuales 495 de ellas, fueron cotizadas antes del primero (01) de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993”; que en tales condiciones “adquiere el derecho a la pensión de invalidez en virtud de lo preceptuado por el Decreto 758 de 1990 (Acuerdo 49 del ISS)”, en concordancia con los artículos 53 de la Constitución Política, 288 y 289 de la Ley 100 de 1993; y que agotó la vía gubernativa.

Al contestar el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, se opuso a todas y cada una de las pretensiones. Propuso las excepciones de falta de causa para demandar, prescripción, compensación, improcedencia de la indexación de las condenas, imposibilidad de condena en costas y buena fe (folios 21 y 22 cuaderno 1).

Mediante fallo de 12 de abril de 2004, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, declaró probada la excepción de falta de causa para demandar y en consecuencia absolvió al Instituto de los Seguros Sociales de todas las súplicas elevadas por el demandante y a éste le impuso costas.

II. La sentencia del tribunal

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el actor, el Tribunal Superior de Medellín, confirmó en todo el fallo de primera instancia, sin condena en costas.

Para confirmar la sentencia del juez de primer grado, el juez de la alzada luego de referirse a la Resolución 13144 del 25 de septiembre de 2002 (folio 6), mediante la cual el I.S.S. negó la pensión de invalidez solicitada por el actor y de determinar, con base en el dictamen pericial (folio 7), que éste sufrió una disminución en su capacidad laboral del 64.14% desde el 21 de mayo de 2002, asentó que “realmente el demandante, en la forma manifestada por el ISS, no realizó cotización alguna para esos riesgos durante el año anterior a aquélla fecha, ya que la última cotización la realizó en el año de 1994 (folios 8 a 12), y la invalidez se estructuró en mayo de 2002, es decir, en vigencia de la Ley 100 de 1993. Ello nos llevará, entonces, a confirmar la decisión de primera instancia, pese a que el demandante, como ya se explicó, tenga en su haber una cotización de 768 semanas; porque en el caso, de acuerdo con el estudio efectuado por la Honorable Corte Suprema de Justicia el 27 de febrero de 2003, no tiene aplicación la condición más beneficiosa; enunciada ésta por el apelante como soporte constitucional para que se le de plena efectividad al régimen de seguridad social que, según él, regula la situación fáctica del demandante en orden a lograr el acceso a la pensión de invalidez (Acuerdo 49 de 1990, artículo)” (folio 47 cuaderno 1).

A continuación transcribió apartes de dicha sentencia y refiriéndose a ella sostuvo que el estado de invalidez del demandante se determinó “cuando ya se encontraba vigente la ley en cita (100 de 1993), máxime cuando en la misma no se previó un régimen de transición con respecto a esta prestación, por lo que según ella, <es inadmisible aplicar el principio de la condición más beneficiosa al trabajador, en razón de que no existe duda sobre la preceptiva que se debe aplicar>”(folio 48 cuaderno 1).

Para finalizar concluyó aseverando que “se confirmará, en consecuencia la decisión con la cual se decidió la controversia, porque, aunque esta Sala había atendido el estudio jurisprudencial hecho por la misma Corte Suprema de Justicia respecto al reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común con fundamento en las cotizaciones exigidas por el Acuerdo 49 de 1990, así el estado de invalidez se hubiera estructurado dentro del gobierno de la Ley 100 de 1993, hace necesario retomar el análisis hecho en el fallo de la referencia, alguno de cuyos apartes se han transcrito en acápites precedentes para decantar también el criterio jurídico que venía plasmado en las decisiones donde se trataba una materia jurídica igual a la que se contrae el caso; porque, según lo expresado en esa providencia, a diferencia de lo que ocurre con la pensión de vejez o de jubilación donde el afiliado que cumpliera los requisitos para su causación tenía derecho a ellas y, por consiguiente, si fallecía antes de cumplir la edad surgía el derecho a la pensión de sobrevivientes, por lo que no puede afirmarse que tuviera una mera expectativa sobre tal derecho, en la pensión de invalidez, <la posibilidad de que se presente el riesgo, así se tengan las cotizaciones, no configura un derecho adquirido y, por ende, al ser una simple expectativa no puede protegerse a través de la condición más beneficiosa>” (folios 48 y 49 cuaderno 1).

III. El recurso de casación

Inconforme con esa decisión, el demandante interpuso el recurso extraordinario (folios 10 a 16 cuaderno 2), que fue replicado (folios 44 a 47 Ibídem), en el que le pide a la Corte que case el fallo recurrido en cuanto confirmó la absolución y en sede de instancia, revoque la sentencia de primer grado y en su lugar disponga el pago de la pensión por invalidez de origen no profesional, las mesadas adicionales y los intereses moratorios.

Con tales propósitos le formula dos cargos que la Corte estudiará conjuntamente, tal y como lo permite el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, atendiendo la similitud de la vía por la cual se dirigen, los preceptos que se estiman violados y su objeto.

Primer cargo

Acusa la sentencia por vía directa en la modalidad de interpretación errónea de los artículos “38 y 39 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 50, 141, 142, de la misma ley. Artículos 48 y 53 de la Constitución nacional” (folio 12 cuaderno 2).

En estricto rigor, el recurrente aduce que si bien, el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, para eventos como el de sub examine, consagra como requisitos para acceder a la prestación, que el asegurado haya sido declarado invalido y que además, haya satisfecho 26 semanas de cotización en el año anterior a la estructuración de la invalidez, “es evidente que tal requisito, el de las semanas, se fijó como un mínimo, es decir, que basta que el asegurado haya aportado al sistema las 26 semanas y queda protegido frente al riesgo, habida cuenta que 26 semanas, aunque aportadas en el último año anterior a la estructuración de la invalidez, no pueden dar más derecho que 768, que igualmente fueron sufragadas con antelación a la fecha en que se estructuró el estado de invalidez. Resulta inequitativo y contrario al postulado legal, se insiste, que solo 26 semanas concedan el derecho a la pensión y 631 cotizadas también todas antes de la fecha en que se entiende causado el derecho (fecha de estructuración), no otorguen igual protección, de cara a un mismo derecho”(folio 13 cuaderno 2).

Segundo cargo

Ataca la sentencia por infringir directamente los artículos “6º y 25 del acuerdo 49 de 1990, aprobado por el artículo 1º del Decreto 758 de 1990, en armonía con los artículos 48 y 53 de la C. N; y de paso aplicar indebidamente los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993”(folio 14 cuaderno 2).

Para demostrarlo puntualiza que el principio de la condición más beneficiosa es aplicable al presente caso toda vez que el régimen de la Ley 100 de 1993, “desmejoró los requisitos de acceso a la prestación y de esa manera, truncó en el demandante el derecho a adquirir el derecho en unas condiciones más favorables, que no son otras que las fijadas en los artículos 6º, 9º y 25 del Acuerdo 49 de 1990 (aprobado por el Decreto 758 del mismo año), por cuanto la densidad de semanas aludidas en los citados preceptos, que se negó a aplicar el Tribunal, se encuentran satisfechas”(folio 15 ibídem).

La replica

Confuta los cargos argumentando que el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo determina que las normas sobre el trabajo humano producen efectos generales e inmediatos, tanto en lo favorable como en lo desfavorable y siendo ello así, al modificar el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 los requisitos para acceder a la pensión de invalidez consagrados en el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, es esa la ley la que regula el asunto controvertido.

Asevera que el no crear la Ley 100 de 1993 un régimen transición de las pensiones de invalidez significa “que la legislación quiso que fuera regulado en su integridad” por dicha normatividad.

IV. Consideraciones de la Corte

Dado que los cargos se dirigen por la vía directa, debe entender entonces la Corte que el desacuerdo del recurrente no gira en torno a los hechos que dieron origen al litigio, ni tampoco tiene discrepancia respecto de la manera en que los dio por probados el Tribunal, sino que aceptando que los mismos sucedieran del modo en que los tuvo por acreditados el fallo, se aparta de la conclusión jurídica que de ellos extrajo el juzgador.

En este orden de ideas, no hay discrepancia en que el actor (i) estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales, entidad para la cual cotizó un total de 768 semanas para el cubrimiento de las contingencias de invalidez, vejez y muerte, de las cuales 495 de ellas se produjeron antes del primero de abril de 1994; (ii) que fue declarado invalido, según dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, con fecha de estructuración el 21 de mayo de 2002; (iii) y que el Instituto de Seguros Sociales le negó la pensión de invalidez, por cuanto no acreditó haber cotizado 26 semanas en al año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de la invalidez.

Como se indicó al historiar el proceso la decisión del juez de la alzada tuvo como fundamento la sentencia proferida por esta Corporación el 26 de febrero de 2003, en la que se sostuvo, en suma, que cuando el estado de invalidez se estructura bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993, es esta la ley que gobierna el asunto y no el Acuerdo 49 e 1990.

Pues bien, resulta que ese criterio mayoritario de la Corte sobre el derecho a la pensión de invalidez cuando no se tienen 26 semanas cotizadas durante el último año inmediatamente anterior a la estructuración de ese estado de incapacidad laboral (Ley 100 de 1993), pero se ha acreditado un número de semanas superior a las exigidas en la normatividad anterior (artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año) en vigencia de ésta, esto es, haber cotizado para el seguro de invalidez, vejez y muerte, 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o 300 en cualquier época, con anterioridad a dicho estado, ha sido rectificado recientemente, también por la mayoría de la Sala de Casación Laboral en proveído del 5 de julio de 2005, radicación 24280, ratificado, entre otros, en fallos de julio 19 Rad. 23178, 25 de julio Rad. 24242, 26 de julio Rad. 23414, todos del año en curso.

La Corte, en la primera sentencia citada, razonó así:

“Pues bien, la seguridad social, como lo advierte la acusación, tiene su sustento en el artículo 48 de la Constitución Política y en la Ley 100 de 1993, como derecho inherente al ser humano y, por consiguiente, con la garantía para éste de protección y amparo frente a las posibles contingencias que puedan afectarlo junto con su núcleo familiar, derivadas de la prestación de un servicio, de la ejecución de una relación laboral del trabajo independiente o sencillamente del amparo previsto para quienes se aplica el régimen subsidiado, entre otros. De allí, la efectiva acción del legislador, para procurar la realización de los fines del régimen de la seguridad social y para cubrir aquellas contingencias, como la enfermedad, la invalidez, la vejez y la muerte.

Y entendido el derecho a la seguridad social, dentro de esa especial categoría, sobre los principios que lo inspiran, vale decir, la eficiencia, la integralidad, la universalidad, y la solidaridad, es indudable que no podría truncársele a una persona el derecho a pensionarse, como en este caso, si ha cumplido aportaciones suficientes para acceder a él, bajo un régimen como el del Acuerdo 49 de 1990, porque, en perspectiva de la finalidad de protección y asistencia de la población, con el cubrimiento de los distintos riesgos o infortunios, no resultaría viable vedar el campo de aplicación de dicha normativa, con el pretexto de que la nueva ley, sin tener en cuenta aquella finalidad y cotizaciones, exige que se aporten por lo menos 26 semanas anteriores a la invalidez (si se trata de un cotizante), o, contabilizadas en el año anterior al suceso, así no se encuentre cotizando, o se halle desafiliado. Desde luego que no se desconoce el efecto general inmediato de las normas laborales, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 16 del C. S. del T. Lo que ocurre es que en eventos como el analizado, se debe tener en cuenta que para acceder a la pensión de invalidez, así como a la causada por muerte, no resulta válido considerar como único parámetro para determinar si existe o no el derecho correspondiente, la fecha del respectivo acontecimiento (incapacidad para laborar o deceso); es necesario adicionalmente observar el conjunto de postulados y la naturaleza misma del derecho a la seguridad social, con miras a lograr el amparo y la asistencia propuestos constitucionalmente, y a los cuales se arriba con la puesta en vigor de las instituciones legalmente previstas.

Resultaría el sistema ineficaz, sin sentido práctico y dinámico además, si se negara el derecho pensional a quien estuvo o está afiliado a la seguridad social, y cumplió con un número de aportaciones tan suficiente —971— que, de no haber variado la normatividad, se repite, para disminuir la densidad de cotizaciones, con inmediatez al año anterior al infortunio, hubiera obtenido el derecho pensional sin reparo alguno. De suerte que no resulta acorde con la lógica, ni conforme con los ordenamientos constitucionales y legales, que una modificación como la introducida por la Ley 100 de 1993, desconozca aquellas cotizaciones, y le impida procurarse su subsistencia y, posiblemente, la de su grupo familiar, a través de la pensión, pues ello contrariaría los principios del régimen antes anotados, que le permiten, a quien ha padecido una novedad hacerle frente, mediante el acceso a la pensión, como consecuencia de los aportes válidamente realizados antes de su acaecimiento.

Es indudable que el propósito del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 fue hacer más sencillo el reconocimiento de la pensión de invalidez, frente a las disposiciones anteriores a su vigencia que regulaban el tema.

Efectivamente dentro del antiguo régimen era indispensable para pensionarse haber cotizado como mínimo 150 semanas dentro de los 6 años anteriores al advenimiento de la invalidez o un mínimo de 300 semanas en cualquier tiempo, mientras que en el nuevo régimen basta estar cotizando y haber completado 26 semanas en el momento de invalidarse o las mismas 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior a ese insuceso para conseguir el mismo resultado.

Pero sería una paradoja jurídica entender que quien había cotizado dentro del régimen anterior con abundancia de semanas, como acontece con la actual demandante, quede privada de la pensión por falta de las 26 semanas exigidas en el nuevo régimen, ya que de antemano tenía consolidado un amparo para sobrellevar la invalidez dentro del régimen antiguo, amparo éste que ni los principios constitucionales tutelares del trabajo humano ni la justicia y la equidad permiten desconocer. Más aun cuando la entidad obligada a reconocer la pensión de invalidez ya lo estaba dentro del antiguo régimen, sin que ahora pueda escudarse en el nuevo, para abstenerse de cumplir ese deber jurídico que de antemano ya pesaba sobre tal entidad.

Aun cuando pudiera argumentarse que la ausencia legal de un régimen de transición frente a la pensión de invalidez, como sí lo tiene la de vejez, impide tener en cuenta las cotizaciones pagadas suficientemente por quien no aportó el mínimo de 26 semanas requerido en el mencionado artículo 39 de la Ley 100 de 1993, cabe decir que la situación es distinta en uno u otro caso, porque en la de vejez es viable para el legislador considerar la mayor o menor aproximación a la edad y al total de cotizaciones exigidas bajo un régimen, para determinar el grupo de la población que eventualmente puede acceder a esa prestación (por el transcurso del tiempo —hecho determinable—, ya para completar cierta edad, o, para sumar un período de cotizaciones); mientras que en la de invalidez, obedece a contingencias improbables de predecir, y por ende, no regulables por un régimen de transición.

Desde la anterior perspectiva, la invalidez simplemente llega, y ese hecho impide, a quien la padece en más del 50% (proporción establecida legalmente, igual en el Acuerdo 49 de 1990, que en la Ley 100 de 1993), laborar y procurarse un modo de subsistencia, de forma que el sistema no puede dejar de prestarle la asistencia debida, teniendo en cuenta las cotizaciones antecedentes a ese estado, las cuales, sin lugar a duda, deben tener un objetivo práctico, tendiente a no dejar desamparado a quien aportó al régimen, así que posteriormente, al cumplir la edad para una eventual pensión por vejez, de esta no puede despojársele, pero mientras ello sucede, no debe quedarse sin defensa, por la ineficacia, que pretende la demandada, se le de a las citadas aportaciones, que finalmente contribuyeron a la consecución de la prestación, por vejez, por invalidez o por muerte.

De suerte que si en el asunto sometido a escrutinio de la Corte, los hoy contendientes no controvierten, sino que por el contrario aceptan que el actor cotizó al Instituto de Seguros Sociales 768 semanas, que tienen plena validez y que 495 de ellas fueron cotizadas antes del primero de abril de 1994, semanas que, desde luego, superan la exigencia prevista en el Acuerdo 49 de 1990, en sana lógica no pueden ser desconocidas por la modificación introducida por la Ley 100 de 1993; porque por sabido se tiene que con la afiliación al riesgo de invalidez, se origine ya en riesgos profesionales o comunes, se cubre la contingencia por “la pérdida de la capacidad para procurarse mediante un trabajo proporcionado a sus fuerzas, a su formación profesional, y a su ocupación, una remuneración”; acaecer que al igual que las otras eventualidades, de vejez y muerte, implican la afiliación y cotización a la seguridad social para tales riesgos, para que ante su ocurrencia no se llegue a ellos sin los recursos económicos suficientes para atender las necesidades de subsistencia en momentos en que se pierde esa capacidad para procurárselos directamente.

A la vista de todo lo anterior los cargos salen avantes.

No habrá costas en el recurso extraordinario por el cambio de jurisprudencia.

Para mejor proveer y proceder en instancia a la definición de las pretensiones incoadas en la demanda por el promotor del litigio, se dispondrá por Secretaría solicitar al Instituto de Seguros Sociales, certificación referente a los salarios o rentas sobre los cuales cotizó el demandante durante toda su vida laboral.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 30 de julio de 2004 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el proceso que JULIO CESAR OSPINA OSORIO le sigue al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

Para la decisión de instancia, la Secretaría proceda en la forma señala en la parte considerativa de esta sentencia.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.

Magistrados: Isaura Vargas Diaz—Gustavo José Gnecco Mendoza Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas Francisco Javier Ricaurte Gomez—Camilo Tarquino Gallego Humberto Jairo Jaramillo Cortes.

Secretaria: Maria Ismenia García Mendoza.