Sentencia 25186 de septiembre 29 de 2005

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 25186

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Javier Osorio López

Acta 89

Bogotá D.C, veintinueve de septiembre de dos mil cinco.

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por XXX, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

Decide la Corte el recurso de casación que interpuso A.G.H., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, el 6 de agosto de 2004, en el proceso ordinario adelantado por la recurrente contra el Instituto de Seguros Sociales-Seccional Quindío.

I. Antecedentes

La accionante en mención, demandó en proceso laboral al Instituto de Seguros Sociales, a fin de que se le declarara y condenara a reajustarle a partir del 1º de agosto de 2001, el monto de su pensión de jubilación que le fue reconocida mediante la Resolución 2125 del 22 de octubre de 2002, a la suma de $ 2.152.015, al igual que a pagarle en forma indexada las mesadas causadas desde el momento en que adquirió el status de pensionada, más los intereses y las costas.

Subsidiariamente, pretende la devolución de los aportes cotizados al ISS como trabajadora independiente y que se efectuaron de manera simultánea durante el período comprendido entre 1º de octubre de 1999 a septiembre de 2001, equivalente a la suma de $ 6.384.800; la indexación de las sumas objeto de condena mes por mes; los intereses causados sobre cada aporte hasta la verificación del pago de la obligación y la costas procesales.

Como fundamento de las pretensiones argumentó que ingresó al sistema de seguridad social del Instituto de Seguros Sociales como trabajadora dependiente a partir del 1º de febrero de 1973 y cotizó hasta el 31 de julio de 2001, realizando aportes en forma simultánea como trabajadora independiente conforme al artículo 20 del Decreto 692 de 1994, desde el mes de abril de 1997 hasta septiembre de 2001, contabilizando 841 semanas, de las cuales 560 corresponden a los últimos 20 años; que el 11 de junio de 2001 solicitó al ISS el reconocimiento de su pensión de jubilación por vejez y mediante Resolución 1103 del 23 de agosto de 2001, se le otorgó tal derecho en cuantía de $ 286.000 liquidada con un ingreso base de liquidación de $ 343.250 y 501 semanas cotizadas; que interpuso los recursos de reposición y apelación contra el referido acto administrativo, impugnación que fue decidida a través de la Resolución 1618 del 4 de diciembre de 2001, mediante la cual se modificó el artículo primero de la inicialmente proferida, en el sentido de conceder el derecho a la pensión a partir del 1º de agosto de 2001, en un monto de $ 286.000 pero teniendo en cuenta 816 semanas cotizadas y un IBL de $ 366.880, decisión que posteriormente fue modificada por la Resolución 2125 del 22 de octubre de 2002, para efectos de reconocerle el derecho pensional a partir del 1º de agosto de 2001 en cuantía de $ 500.463 con base en 840 semanas cotizadas y un IBL de $ 794.385; que el presidente del ISS había conceptuado sobre la viabilidad de considerar las cotizaciones simultaneas sufragadas por el asegurado tanto como trabajador dependiente como independiente, a fin de conformar el monto de la pensión, por lo que no era dable desconocer la totalidad de los aportes efectuados; que al no tenerse en cuenta las semanas cotizadas en condición de independiente, se le vulneró el derecho fundamental previsto en el artículo 53 de la Constitución Política y el principio de ultraactividad establecido en el artículo 28 de la Ley 153 de 1887, al igual que se le desconoció que tenía un derecho adquirido a través del artículo 20 del Decreto 692 de 1994 de cotizar en forma simultánea; que el ISS recibió la totalidad del aporte hasta cuando cumplió los 55 años de edad; que una Ley posterior no puede afectar situaciones definidas o consumadas bajo el imperio de leyes anteriores; que también se le violó el principio de favorabilidad previsto en los artículos 16 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo; y que por todo lo anterior, tiene derecho a que se le reajuste la mesada pensional a la suma de $ 2.152.015, que incluye las cotizaciones actualizadas anualmente con base en la variación del IPC certificado por el DANE.

En proveído del 30 de julio de 2003 se dio por no contestada la demanda, por cuanto el Instituto demandado no acompañó el correspondiente poder de quien suscribió el escrito de respuesta (fl. 36, 48 y 52 del c. del juzgado).

Dentro del término legal la parte actora reformó la demanda para incluir como nuevo hecho, que la accionante realizó aportes como trabajadora independiente en forma continúa desde el mes de abril de 1997 hasta septiembre de 2001, para lo cual allegó otras pruebas documentales y solicitó oficios, además corrigió la primera pretensión subsidiaria para que se le condenara a “devolver a la señora A.G.H. el valor de los aportes cotizados por ella como trabajadora independiente en forma continua desde el mes de abril de 1997 a septiembre del 2001, equivalentes a $ 6.853.100”. La accionada en relación con dicha reforma guardó silencio (fls. 49 a 52 ibídem).

II. Sentencia de primera instancia

Conoció de la primera instancia el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Armenia, quien profirió sentencia el 10 de mayo de 2004, y en ella absolvió al Instituto de Seguros Sociales de las pretensiones principales formuladas en su contra, lo condenó a la suma de $ 7.794.334.20 como petición subsidiaria por concepto de “devolución de los aportes recibidos por la entidad de la actora como trabajadora independiente, debidamente indexados”, y negó las demás súplicas subsidiarias e impuso las costas a la parte vencida.

III. Sentencia de segunda instancia

En sentencia del 6 de agosto de 2004, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, al desatar el recurso de apelación que interpusieron las partes, confirmó íntegramente el fallo de primer grado.

El ad quem encontró que el derecho pensional de la actora se consolidó el 8 de junio de 2001, cuando arribó a la edad de los 55 años y cumplió con los requisitos del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de igual año, habiéndosele concedido la pensión de vejez con 840 semanas de cotización, de las cuales 560 corresponden a los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad; acogió lo resuelto por el a quo, pues aunque es cierto que los artículos 18 de la Ley 100 de 1993 y 20 del Decreto 692 de 1994 permitían que el trabajador hiciera aportes como dependiente e independiente con el propósito de aumentar el monto de la pensión, también lo es, que el registro único de aportantes contenido en el Decreto 1406 de 1999 con vigencia a partir del 1º de octubre de 1999, en el parágrafo del artículo 30 dispuso la prohibición del incremento de las cotizaciones con los aportes como trabajador independiente; estimó que la pensión que se le reconoció a la demandante a través de la Resolución 1103 de 2001, finalmente reajustada mediante la Resolución 2125 del 22 de octubre de 2002, en ningún momento fue alterada por el advenimiento de normas nuevas, dado que no se dio aplicación a la Ley 100 de 1993 sino a la normatividad anterior por efectos de la transición que consagró los artículos 11 y 36 de la nueva Ley de seguridad social; que no se vulneró ningún derecho fundamental, toda vez que se aplicó la norma vigente que regula la situación, esto es, el Decreto 1406 de 1999, destacando que con anterioridad a su vigencia, no se había consolidado aún el derecho a la pensión, habida cuenta que para el 1º de octubre de 1999, la accionante no tenía las 500 semanas de cotización ni la edad de 55 años, contando entonces solo con una mera expectativa, lo que de igual manera conlleva a que no sea dable que opere el principio de ultractividad; que no hace procedente el reajuste solicitado, la circunstancia de que el ISS haya recibido los aportes en discusión, en virtud de que existe en el ordenamiento legal norma expresa que dispone la devolución de los excesos en las consignaciones, vale decir, los artículos 55 del Decreto 1406 de 1999 y 9º del Decreto 1161 de 1994, que consagran el procedimiento para que los dineros representados en aportes vuelvan al patrimonio del cotizante, lo que justifica la decisión de devolverle lo cotizado en exceso como trabajadora independiente.

Textualmente la decisión está soportada en lo siguiente:

“(...) Se encuentra plenamente establecido en las diligencias que el derecho pensional de la señora A.G.H. quedó consolidado el día 8 de junio de 2001, fecha para la cual la actora cumplió la edad de 55 años, tal como lo exigía la norma bajo la cual se concedió la pensión por efectos de la transición, esto es el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Ello es así, pues el registro civil de nacimiento visible a folio 8 de la expediente certifica como fecha de nacimiento el 8 de junio de 1946, y la Resolución 2235 (sic) del 22 de octubre de 2002 a través de la cual se resolvió un recurso de apelación y a su vez se concedió el derecho a la pensión de vejez, reportó 840 semanas de cotización, de las cuales 560 corresponden a los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad requerida en la norma mencionada. La Sala se acoge a lo resuelto por el Juez de conocimiento, porque aunque es cierto como lo predica la apelante que el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 692 de 1994 en su artículo 20 permitían que el trabajador hiciera aportes como dependiente e independiente, ello con el propósito de aumentar el monto de la pensión, también lo es que el registro único de aportantes, contenido en el Decreto 1406 de 1999 con vigencia el 1º de octubre de 1999, en el parágrafo del artículo 30 dispuso la prohibición del incremento de las cotizaciones con los aportes como trabajador independiente:

‘El trabajador dependiente, que, encontrándose afiliado al régimen de prima medía con prestación definida obtenga ingresos como independiente, no podrá incrementar el valor de las cotizaciones efectuadas a dicho régimen con el valor de los ingresos obtenidos como trabajador independiente. Lo anterior de conformidad con el tratamiento diferenciado que con relación a los afiliados forzosos y voluntarios al sistema general de seguridad social en pensiones establece el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, y con el fin de preservar el equilibrio financiero del régimen de prima media con prestación definida que la misma ley consagra.

Con el fin de incrementar la base de liquidación de las prestaciones a que tenga derecho, el trabajador dependiente que se encuentre en la situación descrita en el inciso anterior, podrá efectuar aportes voluntarios a uno cualesquiera de los fondos voluntarios de pensiones.

El valor de las cotizaciones que, con base en lo dispuesto en el presente parágrafo, sean efectuadas al sistema general de seguridad social en pensiones, constituirá la base de aportes en el sistema general de seguridad social en salud al cual se encuentre afiliado el respectivo trabajador. En todo caso, el valor de dicha base no podrá exceder de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales’.

Las diligencias enseñan que la actora se encontraba cotizando para efectos de los riesgos de invalidez, vejez y muerte al régimen de prima media con prestación definida, y que empezó a hacer cotizaciones simultáneas en calidad de trabajadora independiente a partir del mes de abril de 1997 hasta el mes de septiembre del 2001, pues así se certifica en reporte de pagos de trabajadores independientes, visible a folios 43 a 47 del expediente, aportes estos que resultan ser el punto central de la controversia que se presenta en torno al derecho pensional de la actora, toda vez que a través del proceso se ha insistido en que la pensión debe reajustarse teniendo en cuenta las cotizaciones simultáneas como dependiente e independiente.

La apelante ha manifestado en su recurso que en materia laboral no pueden afectarse situaciones definidas o consumadas conforme a leyes anteriores (art. 16 CST y 28 Ley 153/88 (sic), pero sobre este específico aspecto la Sala se permite anotar en primer término, que la pensión que le fue reconocida a la demandada (sic) a través de la Resolución 1103 de 2001 y finalmente reajustada mediante la Resolución 2125 del 22 de octubre de 2002, en ningún momento fue alterada por el advenimiento de normas nuevas, pues se repite, por efectos del régimen de transición del cual era beneficiaría, el ISS no le dio aplicación a la Ley 100 de 1993, sino que le confirió el beneficio de conformidad con las exigencias del artículo 12 del Decreto 758 de 1990 que a la letra dice:

‘ART. 12.—Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Sesenta (60) o más años de edad sí se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,

b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo’.

Debe aceptarse si, que mientras la actora reunía los requisitos para obtener el beneficio pensional, a través del Decreto 1406 de 1999 se modificó el ingreso base de cotización, introduciendo allí la prohibición de hacer cotizaciones simultáneas como trabajador dependiente e independiente para aumentar el monto de la pensión, ello a partir de su vigencia, es decir del 1º de octubre de 1999. Pero, a pesar de este cambio, no se configura ninguna vulneración contra el derecho de la actora, toda vez que al 1º de octubre de 1999 aún no se había consolidado el derecho a la pensión, pues para esta fecha ni tenía las 500 semanas de cotización ni la edad de 55 años como lo requiere el artículo 12 del Decreto 758, es decir que para la reclamante solo existía una mera expectativa, de suerte que ni la entidad de seguridad social demandada, ni el Juez de instancia, han vulnerado los derechos contemplados en el artículo 11 y 36 de la Ley 100 de 1993, como también lo pretende hacer notar la apelante.

Se le endilga asimismo al juez de conocimiento la violación a los derechos constitucionales consagrados en los artículos 29 y 53 de la Constitución Política, sin embargo, para la Sala no tienen acogida estas inculpaciones, pues en la decisión de primera instancia no solamente el a quo le dio aplicación a las norma vigentes aplicables al asunto motivo de controversia, sino que se apoyó en las probanzas allegadas a los autos, arribando a la conclusión de ordenarle a la demandada la devolución de los cotizaciones efectuadas por la actora como trabajadora independiente posteriores al 1º de octubre de 1999, como se solicitó de manera subsidiaria en la demanda.

Tampoco el principio de ultractividad puede aplicársele al caso bajo estudio como lo pretende la recurrente, pues nótese que el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 y el 20 del Decreto 692 de 1994 que permitían hacer cotizaciones simultáneas tanto como trabajador independiente como dependiente, solamente podría tener operancia a pesar de existir norma posterior que lo prohíba, siempre y cuando el derecho pensional se hubiera consolidado antes del 1º de octubre de 1999 fecha en que entró en vigencia el Decreto 1406 de 1999, pero ya se encuentra establecido que en dicha fecha aún no había perfeccionado ni el requisito de cotizaciones y menos el de la edad, pues ello únicamente ocurrió en el año 2001.

Manifiesta la libelista que al encontrarse su representada afiliada al ISS y haber este instituto permitido que se hicieran cotizaciones simultáneas como dependiente e independiente, debe ordenarse el reajuste de la pensión, pero sobre este específico aspecto debe indicarse que la actora no pudo justificar dicho proceder bajo el principio de la buena fe, puesto que en el ordenamiento legal sobre pensiones, existe norma expresa que ordena la devolución de los excesos en las consignaciones, como lo es el artículo 55 del Decreto 1406 de 1999, norma que remite al artículo 9º del Decreto 1161 de 1994, la cual consagra el procedimiento para que los dineros representados en aportes vuelvan al patrimonio del cotizante.

Se observa de la misma manera que la memorialista ha traído a colación la Sentencia T-827 de la H. Corte Constitucional, para resaltar que los aportes como independiente no pueden ser devueltos por el ISS, pero los criterios expuestos en dicho proveído no son de aplicación al caso motivo de estudio, pues a la entidad de seguridad social no se le está ordenando devolver la totalidad de los aportes realizados por la actora para en su lugar negarle su derecho pensional, muy por el contrario dicha prestación ya fue reconocida, y lo que se ordenó devolver a través del fallo de primera instancia son los excesos en las cotizaciones en ceñimiento a lo dispuesto en las normas que se han citado a lo largo de esta disertación.

Finalmente es preciso anotar que en el trámite del proceso el ISS ha rechazado la posibilidad de colacionar las cotizaciones como independiente a partir del 1º de octubre de 1999 para efectos de aumentar el monto de la pensión. Sin embargo, en la apelación interpuesta por dicho ente de seguridad social se expresa que no existe la obligación de devolver la suma de $ 7.794.334.20 que equivalen a los excesos en las cotizaciones, sino que le sirven a la actora para liquidar el monto de la pensión, pero en los razonamientos que anteceden ha quedado plenamente justificada la obligación que le asiste a la demandada de devolver las cotizaciones ya que existe norma expresa que ordena que los aportes que realizó como trabajadora independiente vuelvan al patrimonio del cotizante (art. 55 D. 1406/99 y art. 9º D. 1161/94)”.

IV. Recurso de casación

Lo interpuso la parte demandante y pretende según lo declaró en el alcance de la impugnación, que se case la sentencia recurrida y se revoque la de primera instancia, a fin de que se acceda a las peticiones principales de la demanda inicial, esto es, reajustar la pensión de vejez de la actora teniendo en cuenta la totalidad de los aportes realizados al ISS.

Con tal objetivo invocó la causal primera de casación laboral consagrada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, y formuló dos cargos que merecieron réplica, los cuales se despacharán conjuntamente por estar orientados por la misma vía y perseguir idéntico fin, cuál es que se aumente el monto de la pensión, con las cotizaciones que como trabajadora independiente la accionante realizó siendo dependiente y que los juzgadores de instancia dispusieron su devolución.

V. Primer cargo

Acusó la sentencia del tribunal de violar por la vía directa en la modalidad de “no aplicación” los artículos “4º, 48 y 53 de la Constitución Política, artículos 1º, 2º, 11 y 288 de la Ley 100 de 1993, artículos 12 y 28 de la Ley 153 de 1887 y artículos 16 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo”.

Para su demostración hizo los siguientes planteamientos:

“(...) El operador jurídico de segunda instancia desconoció los artículos 48 y 53 de la Carta Política que disponen que la seguridad social es un servicio público obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado, garantizando a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social y a los beneficios establecidos en normas laborales en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho.

Preceptos constitucionales plasmados en el preámbulo de la Ley 100 de 1993 que estatuyó la seguridad social y de pensiones como un sistema integral especialmente orientado a cubrir las contingencias que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, estableciendo en el artículo 11 que el sistema general de pensiones se aplicará conservando todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores para quienes hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión.

Y el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 desarrollo los principios de favorabilidad e igualdad, prescribiendo lo siguiente:

Aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley y en leyes anteriores. Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta ley’.

El ad quem aseguró que como a la señora A.G.H. le fue reconocida por el ISS su derecho a gozar de la pensión vitalicia de vejez con fundamento en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 y que como para la fecha en que entró en vigencia el Decreto 1406 de 1999 no se había consolidado el derecho a la pensión, pues para esa fecha ni tenía 500 semanas de cotización ni la edad de 55 años no se puede hablar de derechos adquiridos; olvidando que el principio de favorabilidad en materia de seguridad social no se encuentra condicionado al régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 como lo previo. Con dicha afirmación omitió dar aplicación al artículo 28 de la Ley 153 de 1887 que establece que los derechos adquiridos bajo una ley subsisten bajo el imperio de otra y en lo tocante a su extinción, prevalecerá las disposiciones de la nueva ley. Téngase en cuenta, que la Ley 100 de 1993 y el artículo 20 del Decreto 692 de 1994 facultaban a los trabajadores dependientes a realizar cotización como independiente al régimen de prima media con prestación definida a fin de incrementar su mesada pensional, lo que ocurrió en el caso sub judice.

La condición más beneficiosa respaldada en el artículo 53 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 48 Ibídem no puede entenderse como el establecimiento de una nueva condición frente al régimen de transición, sino como un desarrollo del carácter universal de la disposición o de su proyección general, pues sería aceptar que las disposiciones complementarias crearon un requisito adicional que no fue previsto por la norma original del régimen especialísimo de transición que busca mantener una condición de favorabilidad para un conjunto de beneficiarios que de otra forma verían agravados las condiciones de acceso a la pensión en virtud de la expedición de la nueva legislación.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 758 de 1990, norma esta con la cual se fundamentó el reconocimiento de la pensión de vejez de la señora Amparo Gutiérrez de Holguín indica que los trabajadores que presten sus servicios a empleadores particulares mediante contratos de trabajo deben encontrarse afiliados al seguro de invalidez, vejez y muerte del ISS en forma obligatorio y en forma facultativa los trabajadores independientes. El derecho a la seguridad social viene consagrado desde el Decreto 433 de 1971 con carácter obligatorio para todos los trabajadores, por ello, le asistían a mi cliente razones para realizar aportes al ISS como dependiente e independiente.

Brilla también por su ausencia la aplicación del artículo 2º de la Ley 153 de 1887 que establece que la ley posterior tiene prelación sobre la anterior, regla que tiene excepción en materia penal y laboral, en donde es de aplicación forzosa las más favorables al trabajador al tenor de los artículos 16 y 21 del Código Sustantivo de Trabajo, que dispone que sus normas ‘no afectan situaciones definidas o consumadas conforme a leyes anteriores’, consagrando y permitiéndose de tal suerte la ultractividad de las leyes, pues las normas favorables prevalecen sobre la desfavorable o restrictiva.

El sentenciador de segunda instancia basó la providencia en el artículo 30 del Decreto 1406 de 1999 que prohíbe que los trabajadores dependientes realicen aportes como independientes al mismo sistema de seguridad social, para incrementar la tasa de reemplazo de su mesada pensional; quebrando el principio constitucional que no es posible hacer prevalecer una norma subalterna sobre la de superior jerarquía, porque la primera especial o posterior; por ejemplo, la ley sobre la constitución, el decreto reglamentario sobre la ley. Por eso dice el artículo 12 de la Ley 153 de 1887 que ‘Las órdenes y demás actos ejecutivos tienen fuerza obligatoria y serán aplicables mientras no sean contrarios a la Constitución, a las leyes’.

De suerte que, en caso de oposición entre dos normas, el principio que se debe aplicar, en primer lugar, es el de la jerarquía, y únicamente cuando las disposiciones son de igual categoría, tiene aplicación el relativo al carácter posterior o especial de una de ellas. Si resultan incompatibles una norma superior (léase Constitución Política y artículo 18 de la Ley 100 de 1993) y otra subalterna (artículo 30 del decreto 1406 de 1999), las primeras tienen prevalencia sobre el decreto citado; de modo que se debe aplicar la constitución y la ley sobre los decretos. Principios que no fueron aplicados en esta litis, pues se dio prelación a los decretos sobre la constitución y la ley, rompiendo el principio de jerarquía de las leyes, en sentido material, no solo es contrario a nuestro ordenamiento legal sino que desquicia las bases sobre las cuales se asienta la organización jurídica del país y el derecho laboral” (Negrillas propias del texto).

VI. Segundo cargo

Atacó la sentencia impugnada por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida del artículo “9º del Decreto 1161/1994 y el artículo 53 del Decreto 1406 de 1999”.

En la sustentación comenzó por transcribir la normatividad denunciada y el artículo 55 del Decreto 1406 de 1999, para luego sostener:

“En el presente caso, no nos encontramos en presencia de excesos en las consignaciones, pues los aportes realizados al ISS por la señora A.G.H. como trabajador dependiente e independiente fueron realizados en planillas diferentes, en las cuales se determinaron el origen de cada aporte y las cotizaciones fueron contabilizadas en las cuentas independientes de mi poderdante no en cuentas transitorias como lo prevé el literal a) del artículo 9º del Decreto 1161 de 1994.

Además, el ISS nunca informo por escrito a la señora Amparo Gutiérrez de Holguín que los aportes realizados por ella como trabajadora independiente a partir del 2 de octubre de 1999 se tendrían como exceso de consignaciones como trabajadora dependiente de la sociedad “muebles limitada”, unidos al hecho que los aportes como dependiente e independiente no superan el salario máximo asegurable; por lo tanto, los aportes realizados en dicho lapso debe tenerse en cuenta para determinar la tasa de reemplazo de su mesada pensional.

Con estos argumentos desvirtuó la presunción de legalidad y acierto que viene revestida la decisión de segundo grado”.

VII. Réplica

Por su parte la réplica hizo una oposición conjunta a los dos cargos y señaló que la demanda de casación no satisface las exigencias de técnica propias del recurso extraordinario.

Los reparos de orden técnico que en concreto puso de presente, están relacionados únicamente con el primer cargo, y tienen que ver con la proposición jurídica que estima incompleta, porque en su sentir los preceptos constitucionales invocados no son susceptibles de ataque por la presunta infracción directa y además se dejó de incluir algunas de las disposiciones consideradas por el ad quem que le sirvieron para adoptar la decisión impugnada, tales como el artículo 30 del Decreto 1406 de 1999, al igual que la fuente obligacional de la pensión que lo es el Acuerdo 49 de 1990 y el Decreto 758 del mismo año.

En cuanto al fondo del asunto agregó que la actora consolidó su derecho pensional después del 1º de octubre de 1999, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto 1406 de igual año, que eliminó la posibilidad de que el afiliado pudiese hacer cotizaciones simultáneas como trabajador dependiente e independiente. Y que como lo observó el juez colegiado, el principio de ultractividad no puede aplicarse en este asunto, pues los artículos 18 de la Ley 100 de 1993 y 20 del Decreto 692 de 1994 fueron reformados por el citado Decreto 1406.

VIII. Se considera

Se comienza por advertir que no es acertado el reproche del opositor en cuanto a la insuficiencia de la proposición jurídica del primer cargo, dado que la omisión de incluir en este acápite algunas de las disposiciones legales que también constituyeron base esencial del fallo impugnado, como son el artículo 30 del Decreto 1406 de 1999 y el Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de igual año, no conlleva a que se presente una deficiencia de orden técnico, en la medida que se mencionan en el desarrollo de la acusación, donde el censor se refirió a ellas al hacer alusión a los fundamentos en que se basó el juez de alzada, para a reglón seguido estructurar el ataque.

Del mismo modo, aunque las normas de rango constitucional no son acusables en casación por sí mismas, de acuerdo a lo adoctrinado por la Sala, donde se ha reiterado que “no obstante la jerarquía supralegal de los preceptos constitucionales, ellos, en principio, no están habilitados para hacer parte del compendio normativo que debe señalarse como infringido, en atención que no atribuyen por sí solos derechos concretos en materia salarial, prestacional, indemnizatoria o simplemente en relación con créditos sociales en particular, los cuales están consagrados en las disposiciones legales sustantivas nacionales(Sentencia del 15 de agosto de 2001, Rad. 15839), el citarlas en un cargo no lo hace desestimable siempre que estén acompañadas de disposiciones legales de carácter sustancial, como en efecto sucedió en el asunto a juzgar con la enunciación que se hizo de los artículos 4, 48 y 53 de la Constitución Política, junto con la de los artículos 1º, 2º, 11 y 288 de la Ley 100 de 1993, (...) 12 y 28 de la Ley 153 de 1887 y (....) 16 y 21 del Código Sustantivo de Trabajo”.

Sin embargo, observa la Sala que en la proposición jurídica del segundo cargo, el recurrente acusó el artículo “9 del Decreto 1161/1994 y el artículo 53 del Decreto 1406 de 1999”, pero omitió citar la norma sustancial de orden nacional reglamentada por esas precisas disposiciones; es más, ni siquiera la menciona en la respectiva sustentación, lo que no permite que la Corte realice el correspondiente juicio de legalidad, a fin de determinar si el juez de apelaciones observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente dirimir el conflicto, lo cual por si solo compromete la prosperidad del segundo ataque.

Pues bien, abordando esta corporación el fondo del asunto, bajo los planteamientos expuestos por el recurrente en el primer cargo, el tema central que propone a la Corte, consiste en que se determine jurídicamente cuál es la normatividad aplicable al caso controvertido, en materia de incremento del ingreso base de cotización para el sistema general de pensiones, respecto de un asegurado dependiente que presenta aportes simultáneos como trabajador independiente, habida cuenta que el tribunal argumentó que era la vigente para el momento en que consolidó o adquirió el derecho a la pensión de vejez, valga decir, el Decreto 1406 de 1999 parágrafo del artículo 30, al paso que la censura sostiene que es la norma anterior a la expedición del aludido decreto, esto es, los artículos 18 de la Ley 100 de 1993 y 20 del Decreto 692 de 1994, que en su sentir es la que venía rigiendo la situación controvertida, cuya aplicación se reclama desde el mismo inicio de la controversia por estimarla más favorable a la demandante, y a través de la cual se alega la existencia de un derecho adquirido (fl. 2 a 6 del c. del juzgado).

Pues bien, al escoger el recurrente la vía directa, los siguientes fundamentos fácticos de la sentencia acusada se mantienen incólumes: que la demandante cotizó al Instituto de Seguros Sociales 840 semanas de las cuales 560 corresponden a los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad; que en forma simultánea esta aportó para el riesgo de pensión como trabajadora dependiente e independiente entre los meses de abril de 1997 a septiembre de 2001; y que al arribar a la edad de los 55 años y ser beneficiaria del régimen de transición, el ISS le concedió la pensión de vejez en cuantía de $ 500.463, con un ingreso base de liquidación de $ 794.385, teniéndosele en cuenta lo cotizado como independiente solo hasta el 1º de octubre de 1999, fecha en que entró en vigencia el Decreto 1406 de 1999, ello conforme a la Resolución de reconocimiento 02125 del 22 de octubre de 2002 obrante a folio 25 a 27 del cuaderno del juzgado.

De la simple lectura de la decisión impugnada, aparece palmario que el tribunal encontró que el derecho pensional de la demandante estaba regulado por el Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, por efectos del régimen de transición del cual esta era beneficiaria, pero que en lo referente al ingreso base de cotización la normatividad aplicable que le sirvió para resolver el debate era el Decreto 1406 de 1999 que introdujo a partir del 1º de octubre de 1999 la prohibición de hacer cotizaciones simultáneas como trabajador dependiente e independiente, argumentando adicionalmente que para el instante en que se consolidó el derecho a la pensión de vejez de la actora, hecho que tuvo ocurrencia el 8 de junio de 2001 al cumplir los 55 años de edad, aún se encontraba vigente el citado decreto.

Visto lo anterior, frente al punto objeto de cuestionamiento, cabe decir que si bien es cierto, la accionante encontrándose afiliada al régimen de prima media con prestación definida y siendo beneficiaria del régimen de transición, comenzó en abril de 1997 a cotizar en su doble condición de trabajadora dependiente e independiente, también lo es que, a partir del 1º de octubre de 1999 cuando entró en vigencia el Decreto 1406 del mismo año relativo a la nueva reglamentación relacionada con el registro único de aportantes al sistema de seguridad social integral, se modificó lo atinente al incremento del ingreso base de cotización para estos eventos, con fundamento en la distinción existente para ese momento entre afiliados forzosos y voluntarios, donde el independiente no tenía la calidad de afiliado obligatorio.

Ciertamente el parágrafo del artículo 30 del Decreto 1406 de 1999, prohibió expresamente que: “El trabajador dependiente que, encontrándose afiliado al régimen de prima media con prestación definida obtenga ingresos como independiente, no podrá incrementar el valor de las cotizaciones efectuadas a dicho régimen con el valor de los ingresos obtenidos como trabajador independiente. Lo anterior de conformidad con el tratamiento diferenciado que con relación a los afiliados forzosos y voluntarios al sistema general de seguridad social en pensiones establece el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, y con el fin de preservar el equilibrio financiero del régimen de prima media con prestación definida que la misma ley consagra” (resalta la Sala).

De manera que la norma en que se apoyó el tribunal para definir lo concerniente al ingreso base de cotización de la actora (D. 1406/99), cuya aplicación es inmediata por ser una disposición de orden público (art. 16 del CST), ciertamente introdujo una regla en relación con el asegurado al ISS que como dependiente realizaba a su vez aportes como independiente en forma voluntaria, y es por esto, que resulta imperioso predicar que su expedición afectó las situaciones jurídicas que aún no estaban consolidadas, como era el caso de la demandante que para ese momento (1º de octubre de 1999) aún no había satisfecho los requisitos para acceder a una pensión de vejez a cargo del ente demandado, y por ende a partir de la vigencia del aludido decreto no era dable que esta continuara cotizando simultáneamente como trabajadora dependiente e independiente, en aras de que esos ingresos se acumularan para la liquidación y aumento del monto de su futura pensión.

En este orden de ideas, le asiste la razón al tribunal cuando aseveró que este cambio en el incremento del ingreso base de cotización no configura ninguna vulneración de los derechos legales y constitucionales de la accionante “toda vez que al 1º de octubre de 1999 aún no se había consolidado el derecho a la pensión, pues para esta fecha ni tenía las 500 semanas de cotización ni la edad de 55 años como lo requiere el artículo 12 del Decreto 758, es decir que para la reclamante solo existía una mera expectativa”, que lo que hizo el a quo fue darle “aplicación a las normas vigentes aplicables al asunto motivo de controversia”, y que “Tampoco el principio de ultractividad puede aplicársele al caso bajo estudio como lo pretende la recurrente, pues nótese que el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 y el 20 del Decreto 692 de 1994 (.....) solamente podría tener operancia a pesar de existir norma posterior que lo prohíba, siempre y cuando el derecho pensional se hubiera consolidado antes del 1º de octubre de 1999 fecha en que entró en vigencia el Decreto 1406 de 1999, pero ya se encuentra establecido que en dicha fecha aún no había perfeccionado ni el requisito de cotizaciones y menos el de la edad, pues ello únicamente ocurrió en el año 2001”.

Por lo mismo, bajo los planteamientos del recurrente, en el asunto que se juzga no nos encontramos frente a un derecho adquirido que dé lugar a la aplicación del artículo 28 de la Ley 153 de 1887 en la forma que este lo sugiere, puesto que como se dijo, cuando surgió la prohibición legal que impedía incrementar el valor de las cotizaciones realizadas en calidad de trabajador dependiente con las que al mismo tiempo se efectuaron como independiente, aún no se habían consolidado los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de vejez, dado que su situación pensional solo se vino a definir cuando la actora arribó a la edad de los 55 años.

Sobre el tema de los derechos adquiridos o la situación consolidada en materia de seguridad social, el efecto general inmediato de las normas sobre el trabajo y los cambios de condiciones por la promulgación de una norma posterior, esta Sala de la Corte en sentencia del 22 de septiembre de 1997 radicado 9876 puntualizó:

“(...) Sin desconocer la Corte el ingenio del impugnante, debe decir que resulta baldío su esfuerzo en diferenciar entre lo que es un derecho adquirido y lo que constituye una situación jurídica concreta, pues aparte de las sutiles distinciones que la doctrina extranjera y nacional han hecho respecto de una y otra figura, es lo cierto que existe pleno consenso en que ni los derechos adquiridos ni las situaciones jurídicas concretas o consolidadas son modificables por la ley posterior, en aras de preservar la seguridad jurídica.

Por ello, sin que interese hacer la distinción entre lo que es un “derecho adquirido” y lo que técnicamente puede ser denominado como una “situación jurídica concreta”, diferenciación que por su extremada sutileza en ocasiones además de esotérica pareciera innecesaria, debe decirse que no le asiste razón al recurrente cuando asevera que la circunstancia de haber existido un determinado reglamento cuando él se afilió al Instituto de Seguros Sociales le impedía a dicha entidad modificar la regulación del riesgo de vejez, puesto que ni dentro del concepto de derecho adquirido ni dentro del concepto de situación jurídica concreta, queda comprendida la que en el cargo presenta, pues por adquirido únicamente ha de entenderse aquel derecho que por haber ingresado al patrimonio de alguien, no puede legítimamente la ley desconocer. Tampoco puede predicarse la existencia de una situación jurídica concreta o consolidada frente a una regulación abstracta, como lo es un reglamento sobre un riesgo cualquiera de los que ampara la seguridad social.

En este caso el tribunal no se equivocó cuando concluyó que no le asistía razón a Carlos Arturo Delgado en su pretensión de que se le reconociera la pensión de vejez o, en subsidio, la indemnización sustitutiva por haber cotizado para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, con fundamento en que los requisitos exigidos por el Acuerdo 224 de 1966 eran los que debían tomarse en consideración, debido a que esa norma estaba vigente cuando fue afiliado al Instituto de Seguros Sociales para dichos riesgos laborales, no obstante que en el momento en que podría haberle sido reconocida la pensión de vejez las condiciones para la causación del derecho eran otras diferentes, por haber sido modificado mediante el Acuerdo 49 de 1990 el reglamento inicialmente existente.

Importa anotar que el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo —que es justo reconocer se refiere a las “situaciones definidas o consumadas conforma a leyes anteriores” y no utiliza la expresión “derechos adquiridos” (locuciones que en verdad pueden tomarse como sinónimas para los efectos prácticos de concluir que unas y otras son inmodificables por la ley posterior)—, establece con toda claridad y de manera perentoria que por ser de orden público “las normas sobre trabajo” producen un efecto general inmediato, por lo cual deben aplicarse también a las relaciones laborales que estén vigentes o en curso en el momento en que ellas empiezan a regir; pero no tienen efecto retroactivo. Ello significa que dichas normas deben imponerse a todas las situaciones jurídicas que existan cuando comienza su vigencia y a los efectos jurídicos que se deriven de ellas en el futuro; mas no deben afectar aquellas relaciones o situaciones que han quedado definidas o consumadas conforme a leyes anteriores.Este precepto legal, que constituye un principio general del derecho del trabajo, no es más que una aplicación específica de la garantía constitucional de la propiedad privada y “de los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”, para decirlo con las propias palabras de la fórmula que emplea el artículo 58 de la vigente Constitución Política y que, en verdad, no es otra cosa diferente a la reproducción casi literal de la añeja fórmula que traía la secular Constitución de 1886 en su artículo 30, en la que igualmente se garantizaban la propiedad privada y los otros derechos adquiridos con justo título.

El artículo 38 de la Ley 153 de 1887, que hace parte del Código Civil, establece que “en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”, aun cuando contempla excepciones relacionadas con las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaran del contrato y las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado. El Código Sustantivo del Trabajo, en cambio, dada la naturaleza de orden público que por lo general tienen los preceptos que lo integran, consagra en el artículo 16 como un principio general el del “efecto general inmediato” de sus disposiciones, de manera que ellas se aplican también a los contratos vigentes o que se encuentran en curso cuando la norma sobre trabajo empieza a regir; efecto inmediato de las normas que dentro de nuestra jurisprudencia y doctrina se conoce como “retrospectividad de la ley” para diferenciarlo claramente del fenómeno de la “retroactividad de la ley”, que está dicho proscribe expresamente el susodicho artículo 16.

La pertenencia de las normas del trabajo a las regulaciones de orden público determina que se apliquen en forma inmediata e independientemente de la voluntad de las partes, inclusive a los contratos celebrados con anterioridad a su expedición. Este principio que informa las leyes laborales, en armonía con lo establecido en el artículo 20 del Código Sustantivo del Trabajo, las hace prevalecer sobre las normas de derecho privado que regulan los contratos civiles y comerciales, que son de aplicación supletoria en el ámbito del derecho del trabajo y, por lo tanto, solo pueden aplicarse en ausencia de regulación especial y a condición de que no resulten contrarias a su naturaleza de leyes sociales, a los principios generales que inspiran la legislación laboral y al espíritu de equidad inherente a este derecho.

Por lo anterior, no son de recibo los argumentos del recurrente con los que pretende que se declaren respecto de él inmodificables los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales que estaban vigentes cuando se afilió a la entidad, pues si bien no olvida la Corte que en el derecho civil, como antes ya se dijo, rige el principio de que en los contratos de tal naturaleza se entienden incorporadas únicamente las leyes vigentes al tiempo de su celebración, sin que las expedidas posteriormente puedan afectarlos, este postulado no es de recibo en el derecho del trabajo, cuyas regulaciones están precedidas por el interés social y en el cual el Estado fija las condiciones mínimas en favor de los trabajadores que deben acatar las partes celebrantes del contrato de trabajo, las que se van incorporando al contrato en la medida en que adquieren vigencia, en virtud del principio de aplicación inmediata propio de las leyes de orden público, que adopta la legislación del trabajo.

Así las cosas, no es admisible que la normatividad vigente al momento de la afiliación del trabajador a una entidad de previsión social, como es el Instituto de Seguros Sociales, se mantenga y resulte inmodificable en el futuro frente a las relaciones laborales, cuando en verdad en este caso no se trata de un ‘derecho adquirido’, ni tampoco la situación pensional del recurrente quedó consolidada conforme a las normas anteriores”.

De otro lado, en lo que concierne al principio de favorabilidad que el legislador incorporó en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, se debe comenzar por señalar, como lo pone de presente la censura, que ese principio no es incompatible con el régimen de transición pensional que consagra el artículo 36 de la misma ley, pues quien está amparado por las consecuencias de este último puede invocar en su beneficio la favorabilidad de la primera de las normas mencionadas, so pretexto de que una disposición de este nuevo sistema le es más ventajosa en lugar de una del régimen anterior, referida sobre la misma materia, y por esta circunstancia decida que se le aplique íntegramente la nueva ley.

Empero, en el sub litem no estamos frente a un beneficiario del sistema que pretenda obtener un reajuste de su pensión, bajo el supuesto de estar sometido al anterior sistema por virtud del régimen de transición, con la posibilidad de acogerse en forma total al nuevo esquema de seguridad social, y con el objeto de que le sea aplicable en términos más favorables una norma de la Ley 100 de 1993 que regule la misma situación de un precepto de la legislación anterior.

Es por ello que, en el asunto que ocupa la atención a la Sala, lo previsto en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 no tiene aplicación, máxime que la favorabilidad que esa disposición legal pregona es respecto de normas preexistentes a su expedición que regulan un determinado derecho, de donde se descubra, que hay una nueva que le conviene más, como puede suceder en materia de seguridad social, y no frente a disposiciones que se hubieran dictado con posterioridad como es el caso de los citados decretos 692 de 1994 y 1406 de 1999.

Del mismo modo, el principio de favorabilidad consagrado en los artículos 53 de la Constitución Política y 21 del Código Sustantivo de Trabajo, cuando se trata de la aplicación de normas laborales, exige como presupuesto básico que el conflicto se suscite entre dos o más disposiciones vigentes, del mismo rango y también reguladoras de la misma situación, pero con diferentes consecuencias jurídicas, lo que ciertamente no ocurre en este caso.

En este orden de ideas, no nos encontramos alrededor de dos normas que regulan la misma situación, toda vez que los artículos 18 de la Ley 100 de 1993 y 20 del Decreto 692 de 1994, que son lo que evoca el censor y reclama su aplicación, en rigor no tratan el tema de las cotizaciones simultáneas en la doble calidad de afiliado obligatorio —trabajador dependiente— y a la vez independiente, pues cuando se refieren a la posibilidad de la acumulación de salarios para efectos del monto de la pensión, se contraen es a “aquellos casos en los cuales el afiliado perciba salario de dos o más empleadores”, que no es el evento que ocupa la atención de la Sala, y es por esto, que no es factible tener esos preceptos como aquellos que regulan la situación debatida y en este orden poderlas confrontar con el artículo 30 de Decreto 1406 de 1999, de donde resulta que en tales condiciones no se presenta la oposición de normas que argumenta la censura.

Además, en verdad no hay dilema respecto del entendimiento o inteligencia de la norma que acogió el tribunal, habida cuenta que el Decreto 1406 de 1999 en el parágrafo del artículo 30 fue claro y expreso en imponer la prohibición de marras, sin dejar duda que a partir de su vigencia no era factible cotizar simultáneamente para fines pensionales bajo la condición de dependiente e independiente en el régimen de prima media con prestación definida.

En consecuencia, como lo concluyó el tribunal no era procedente en el caso particular, acudir para dirimir la presente litis, al principio de favorabilidad en los términos solicitados por el recurrente, ni aplicar ultractivamente las normas que precedieron al Decreto 1406 de 1999 que cita el censor, con el objetivo de ordenar el reajuste de la pensión implorado, a lo que se ha de agregar que las mentadas disposiciones que regulan lo referente al ingreso base de cotización para los fines en comento, propiamente no consagran un derecho, sino más bien una exigencia o condición con el propósito de acumular o no los ingresos para efectos de fijar el monto de la pensión de vejez, que se repite en el sub lite es el derecho que no se consolidó o definió con antelación a la vigencia del Decreto 1406 de 1999.

Al margen de lo expresado, es de agregar que la circunstancia de que con posterioridad al aludido Decreto 1406 de 1999 se haya expedido la Ley 797 de 2003, reglamentada por el decreto 510 de igu al año, cuyos artículos 5º y 3º respectivamente, modificaron el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, permitiendo que una persona dependiente realizara cotizaciones adicionales como independiente y acumulables para la liquidación de su pensión, justificable porque la citada Ley catalogó a los trabajadores independientes como afiliados obligatorios (art. 3º que modificó el art. 15 de la L. 100/93), no varía en nada el cuantum del derecho pensional de la demandante reconocido en el año 2001, toda vez que dicho ordenamiento rige situaciones futuras o en curso sin efecto retroactivo, conforme al artículo 16 del Código Sustantivo de Trabajo.

De otro lado, si la Corte actuando con amplitud, pasara por alto el defecto técnico que se halló en la proposición jurídica del segundo cargo, y se adentrara en su estudio, el ataque tampoco podría prosperar porque como quedó visto, no le asiste el derecho a la demandante de que se le tome para aumentar el monto de su pensión, las cotizaciones que como trabajadora independiente efectuó después del 1º de octubre de 1999 bajo el amparo de los artículos 18 de la Ley 100 de 1993 y 20 del Decreto 692 de 1994, lo que conduce a que no tenga incidencia si la devolución de las cotizaciones entendidas como un exceso en consignaciones, se efectuó conforme a los artículos 55 del mismo decreto y 9º del Decreto 1161 de 1994, que es básicamente la temática que se plantea en este cargo.

En efecto, al no haber lugar a que válidamente un trabajador dependiente continuara después del 1º de octubre de 1999 realizando aportes simultáneos, por existir desde ese momento prohibición expresa, lo lógico es, que esos dineros por cotizaciones voluntarias como independiente, vuelvan a su patrimonio, y en estas condiciones, las argumentaciones expuestas por el censor quedan sin piso jurídico, siendo improcedente cambiar o modificar la condena subsidiaria impuesta que en derecho debe mantenerse.

Así las cosas, el ad quem no cometió los yerros jurídicos que le endilga el censor y por ende los cargos no prosperan.

Costas del recurso extraordinario a cargo del recurrente, por cuanto hubo réplica.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, el 6 de agosto de 2004, en el proceso ordinario adelantado por A.G.H. contra el Instituto de Seguros Sociales-Seccional Quindío.

Costas del recurso extraordinario a cargo de la parte actora.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Luis Javier Osorio López—Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Náder—Eduardo López Villegas Francisco—Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz.

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.