Sentencia 25207 de abril 6 de 2006 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Sentencia 25207 de 2006 

Aprobado Acta Nº 30

Magistrado Ponente:

Dr. Mauro Solarte Portilla

Bogotá, D.C., seis de abril de dos mil seis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

La Sala resolverá lo que le corresponde. En ese orden debe decidir si las conductas punibles cometidas con posterioridad al 1º de enero de 2005 por las personas aforadas indicadas en el numeral 9º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004 (entre ellos los directores seccionales de fiscalía), deben ser investigadas y juzgadas, en todos los casos, bajo el sistema previsto en la Ley 906 de 2004, y si es así, si en tal caso se debe abrir espacio a la audiencia de preclusión de la investigación.

Desde los fundamentos, puede decirse que el sistema penal se ocupa de la definición de conductas que afectan bienes jurídicos, a las cuales bajo los principios de necesidad y proporcionalidad se les asigna una pena, esencialmente con el fin de disuadir a los asociados de realizar comportamientos que afecten la relación social que el tipo penal protege.

Esas reflexiones, que constituyen la idea nuclear del derecho de penar, dieron origen al principio de legalidad de los delitos y de las penas —nadie puede ser juzgado sino por conductas definidas previamente en la ley como delito—, el cual se complementa con el de igualdad entendido como un concepto relacional, consistente en otorgar el mismo tratamiento a todas las personas que están en el mismo supuesto que normativamente se pretende regular (1) .

En ese orden, la idea del constituyente de 2002 y del legislador de 2004 fue la de construir un sistema de investigación y juzgamiento que corresponde a un nuevo paradigma, y cuyo proceso de implementación descansa en un método singular en el cual las disposiciones sustanciales y procesales que lo conforman, entran progresiva y paulatinamente en vigor, creando diferencias explicables con el que rige en otros ámbitos geográficos, tanto en relación con las consecuencias que se derivan de la ejecución del comportamiento prohibido como con su juzgamiento.

En efecto, en principio, según el Acto Legislativo 03 de 2002, el sistema penal —que no solamente el código de procedimiento— se aplica a partir del 1º de enero de 2005 en los distritos judiciales de Bogotá, Manizales, Armenia y Pereira, mientras que en los otros se difiere al orden y fechas indicadas en el acto legislativo y en el artículo 530 de la Ley 906 de 2004. Esto significa,

“...que el Acto Legislativo 03 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal de 2004 sólo son aplicables —con contadas excepciones, algunas de las cuales se detallarán adelante— en los distritos judiciales donde se introdujo el sistema acusatorio el 1º de enero de 2005 y respecto de delitos cometidos a partir de esa fecha, mientras que en los demás, rigen la Ley 600 de 2000 y el Código Penal del mismo año sin el aumento general de penas ordenado por la Ley 890 de 2004, cuya aplicación es dependiente de la vigencia del sistema...” (2) .

Tal conclusión corresponde a la interpretación que se deriva de entender el sistema acusatorio como un conjunto de disposiciones sustanciales (L. 890/2004) y procesales (L. 906/2004) que conforman una unidad entre sí y cuya vigencia y validez depende de su mutua interrelación, pues no en vano ambas tienen origen en la voluntad del constituyente de conformar una comisión que a través del Fiscal General de la Nación presente “los proyectos de ley pertinentes para adoptar el nuevo sistema y adelante el seguimiento de la implementación gradual” (A.L. 03/2002, art. 4º).

Precisamente por esas razones, que miran más al sistema que a la lectura individual de las leyes que lo componen, en una tendencia cuyo desarrollo encuentra su mejor expresión en la decisión del 7 de febrero de este año, la Corte mayoritariamente concluyó:

“... la Sala no duda en señalar que la desigualdad evidenciada solo se deriva de una errónea aplicación del aumento general de penas que se adoptó en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a un evento que no se rige por el sistema acusatorio, pues de acuerdo con los antecedentes históricos de la aludida ley, su propósito no fue otro que permitir la puesta en marcha de un sistema procesal basado en una significativa negociación de penas, que exigía por tanto el aumento general de las mismas para mantener una proporcionalidad sancionatoria razonable que respondiese a las múltiples formas de negociación y rebaja previstas...”.

“Por lo tanto se ve obligada la Sala a aceptar que al igual que la Ley 906 de 2004, la norma de aumento general de penas, vigente desde el 1º de enero de 2005, debe aplicarse gradualmente en aquellos distritos judiciales donde se haya implementado el sistema acusatorio y con exclusividad a los casos que se rigen por el mismo” (3) .

Podría pensarse —como lo asume el fiscal que eleva la solicitud— que esa no es la situación de los magistrados de tribunal denunciados en este caso, pues la competencia de la Corte es nacional y no tendría explicación realizar tratamientos diferenciales con base en una inaplicable gradualidad, entre otras razones porque la competencia de la Corte Suprema no puede estar condicionada a los criterios señalados en el artículo 529 de la Ley 906 de 2004, tales como la proyección sobre número de Salas, congestión y necesidades de capacitación entre otras:

No obstante, estima la Corte que esa es una visión insular aferrada más a la logística del procedimiento —como se dijo antes—, que no asume que los criterios de prevención general de la pena dependen de la vigencia paulatina de la ley según el distrito judicial en donde haya entrado a operar el sistema acusatorio y que no se pueden diversificar sus efectos atendiendo el fuero de las personas —el cual, como se sabe, hace referencia a la garantía del juez natural y no al procedimiento aplicable—, para dejar de considerar los efectos generales de la ley sustancial y procesal vigente en el lugar de comisión de la conducta.

De aceptar ese tipo de planteamientos se llegaría a la conclusión de que en un mismo distrito judicial rigen varias leyes sustanciales y que las conductas que allí se cometen dependen de la persona que las ejecuta, razón por la cual, por ejemplo, si quien comete el delito de prevaricato es un juez la pena sería la prevista en la Ley 599 de 2000 (de 3 a 8 años de prisión), mientras que si es un magistrado sería mayor (de 4 a 12 años), pese a que en ambos casos se comete en un mismo ámbito territorial y comporta el mismo desvalor.

En ese orden y con miras a garantizar el principio de igualdad relacional, debe insistirse en que es la ley vigente del lugar de los hechos la que determina el método de investigación y juzgamiento y la pena, mas no el lugar de la sede del tribunal, así su competencia no esté limitada por factores territoriales.

De estas razones se concluye que el procedimiento aplicable, para el caso propuesto, es el establecido en la Ley 599 de 2000. Por lo mismo, la Sala se abstendrá de conocer del presente asunto, pues carece de competencia para hacerlo.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

ABSTENERSE DE CONOCER del presente asunto por las razones indicadas. DEVOLVER, en consecuencia, la actuación a la autoridad solicitante.

La Secretaría de la Sala proveerá al efecto.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Corte Constitucional, Sentencia T-1486 de 2000.

(2) Adición de voto, radicado 23312.

(3) Corte Suprema de Justicia, providencia del 7 de febrero de 2006, acción de tutela, radicado 24020.

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