Sentencia 25219 de marzo 31 de 2006 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 25219 de 2006

Acta 19

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Bogotá, D.C., treinta y uno de marzo de dos mil seis.

EXTRACTOS: «Se decide el recurso de casación propuesto por la parte demandada contra la sentencia del 30 de julio de 2004, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral promovido por José Higinio Reyes Ibarguen a la Sociedad Meléndez S.A.

Antecedentes

José Higinio Reyes Ibarguen demandó a la persona jurídica antes mencionada, para que se le ordenara el reconocimiento y pago de la pensión restringida de jubilación consagrada en el artículo 8º de Ley 171 de 1961, a partir del 12 de enero de 1999, aplicando al salario promedio mensual que devengó en el último año de servicio la corrección monetaria, con el fin de establecer el monto inicial de la mesada pensional.

En sustento de su pretensión afirmó que laboró para el Ingenio Meléndez S.A., quien cambio su nombre por Meléndez S.A., desde el 23 de julio de 1958 al 5 de octubre de 1976, siendo su último salario promedio mensual el de $ 3.810; que su retiro fue voluntario y, cuando lo realizó, estaba vigente la Ley 171 de 1961, que le confería el derecho a gozar de una pensión restringida de jubilación al cumplir 60 años de edad; que nació el 11 de enero de 1939; que solicitó a la demandada el reconocimiento de esa pensión y se le contestó que la empresa consideraba que no le asistía dicho derecho; que la remuneración que percibió en el último año de labores sufrió la pérdida de su poder adquisitivo.

Al contestarse la demanda solamente se admitió la solicitud del reconocimiento de la pensión, la remuneración aseverada por el demandante y el cambio de nombre de la demandada. Como razón de defensa para oponerse a la pretensión, en cuanto interesa al recurso, manifestó que la denominada pensión por retiro voluntario del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, únicamente rigió por diez años desde que el Seguro Social asumió el riesgo de vejez, o sea, hasta el 1º de enero de 1977, y a ella tenían derecho quienes cumplieran, dentro de ese lapso, la edad, el tiempo de servicios y se hubieran retirado voluntariamente después de 15 años de servicios, y el actor llegó a la edad, 22 años después; que, además, el ISS, mediante Resolución 971 de 2001, le reconoció a aquel indemnización sustitutiva de pensión de vejez, ya que, al haberse retirado voluntariamente, dejó de seguir cotizando, siendo un acto voluntario del ex trabajador, por lo que al empleador no le cabe ninguna responsabilidad, y que sería ilegal pretender un doble pago por un mismo riesgo. En apoyo de su posición, trascribe parte de la sentencia de casación del 19 de agosto de 1979.

El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cali dictó sentencia de primera instancia, el 14 de octubre de 2003, en la que condenó a la demandada a pagar al actor pensión restringida de jubilación, a partir del 12 de enero de 1999, equivalente a $ 267.682.48 mensuales, con sus mesadas adicionales de junio y diciembre y los sucesivos reajustes anuales de ley, mientras subsista el derecho. También le impuso las costas de primer grado.

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, a través del fallo objeto del recurso extraordinario, al resolver el de apelación, que interpuso la parte demandada, confirmó la aludida sentencia de primera instancia.

El juzgador ad quem, después de dar por demostrado que el demandante laboró para la demandada durante 18 años, 2 meses y 12 días, entre el 23 de julio de 1958 y el 5 de octubre de 1976, y que fue él quien voluntariamente puso fin al vínculo laboral, alude a la argumentación que aquella expuso para oponerse al reconocimiento de la pensión restringida reclamada, concretamente, respecto que esta solo rigió durante diez años a partir del momento en que el ISS asumió los riesgos de invalidez, vejez y muerte, que cuando el actor cumplió el requisito de la edad habían trascurrido más de 20 años, y que la empleadora lo afilió oportunamente a la entidad de seguridad social y pagó cumplidamente los aportes mientras estuvo a su servicio, y luego precisó que es un hecho incontrovertible que para la fecha del retiro estaba vigente el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, que determina la obligación de la empresa de pensionarlo por el tiempo de servicios al momento de su retiro voluntario.

Agrega el tribunal, fundado en un fallo de esta Sala de la Corte, que la edad no es requisito esencial para tener derecho a esa pensión, sino una condición para su disfrute; que en cuanto al argumento de los 10 años de vigencia, si bien es cierto que podía producirse la subrogación de la misma, en este caso no ocurrió, porque el actor ni la empleadora continuaron cotizando al ISS, y que no existe ninguna disposición que prevea que, por esa circunstancia, el trabajador pierda el derecho a la misma o que esta quede liberada de la obligación a reconocerla; que como el derecho entró al patrimonio del demandante, al ser un derecho adquirido, no puede ser desconocido o desmejorado por el legislador con normas posteriores, por lo que acertó la falladora de primera instancia en la conclusión que plasmó en la sentencia apelada.

También en el fallo gravado se expuso: “Finalmente debemos decir que en cuanto tiene que ver con la circunstancia de que el ISS haya pagado al demandante la indemnización sustitutiva conformada con los dineros que ella aportó a su favor, si bien lo mencionó en la contestación de la demanda, no hizo ninguna solicitud al respecto y ello impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno al respecto”.

(...).

Consideraciones de la Corte

Aunque la acusación que se estudia no está formulada con la claridad que demanda un recurso extraordinario, como lo es el de casación, porque, en principio, parece fundarse en el argumento que la violación de la ley que se denuncia, es consecuencia del reconocimiento de la indemnización sustitutiva por la pensión de vejez que hizo el ISS, la Sala no puede pasar por alto que, en el desarrollo del cargo, el planteamiento esencial que se aduce, es que para tener derecho a la pensión de jubilación restringida por retiro voluntario, no basta, como lo entendió el tribunal, que se cumplan los requisitos previstos por el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, es decir, los quince años de servicio y el retiro voluntario, y que la empleadora o el trabajador sigan cotizando al ISS para que opere la subrogación, sino que es indispensable que para la fecha en que esa entidad asumió el riesgo de vejez, según el Acuerdo 224 de 1966 del consejo directivo del ICSS, aprobado mediante el Decreto 3041 de 1966, aquel tuviera no menos de diez años de labores para la demandada.

Se advierte lo anterior, no solo por la razón anotada, sino, también, porque a pesar que el recurrente, en la demostración del ataque, alude a circunstancias fácticas, ello tampoco, al estar orientado el mismo por la vía directa, configura una deficiencia técnica, pues es evidente que lo hace, no para discutirlas, sino para reforzar el aludido argumento jurídico que se esgrime. Esto es lo que explica que exprese:

“(...) Si bien es cierto que el trabajador al momento de su retiro voluntario cumplió diez y ocho (18) años, dos (2) meses y doce (12) días como trabajador de mi poderdante, lo que en principio podría implicar que resultare aplicable la disposición precitada (se refiere a la L. 171/61, art. 8º, inc. 2º), este único hecho por sí solo no le otorga el derecho a la pensión de vejez, tal y como lo ha pretendido el accionante, sino que se requiere para ello una interpretación integral del sistema de seguridad social y no puede reducirse el análisis a la interpretación aislada y amañada de cada una de las disposiciones.

En ese orden de ideas, la interpretación de la disposición en comento debe ser concordante con lo previsto en el artículo primero (1º) del Acuerdo 224 de 1966 del consejo directivo del ICSS, aprobado mediante el Decreto 3041 de 1966: (...)” (fls. 18 y 19 cdno. Cas.).

Precisada en los anteriores términos la acusación que se analiza, es pertinente que la Corte recuerde lo que ha expuesto respecto a la pensión restringida por retiro voluntario, y los efectos que sobre la misma tuvo el régimen de transición entronizado por la entrada en vigencia del sistema de los seguros sociales obligatorios, así:

En sentencia del 20 de febrero de 2002, radicación 16855, se dijo:

“(...) Empieza la Sala por anotar que el hecho de haber cumplido la demandada con su obligación de afiliar al actor al Instituto de los Seguros Sociales desde el mismo momento en que empezó a operar en el país la asunción de los riesgos de invalidez, vejez y muerte, tal situación no conlleva ipso facto a que se libere de la prestación pretendida, pues, como lo ha reiterado la corporación, no es cierto que el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, que estableció la llamada pensión sanción y la pensión por retiro voluntario, haya perdido vigencia y aplicación por la circunstancia de haber entrado a operar el sistema pensional del Seguro Social, ya que a pesar de que el sistema estuvo orientado a liberar al empleador de las pensiones patronales, la asunción y la sustitución de los riesgos por el Seguro Social no operó en abstracto, de manera general, sino en forma particular y concreta, para cada caso.

En torno al proceso de subrogación paulatino del riesgo de vejez por parte del Instituto de los Seguros Sociales y que en otrora le correspondía al empleador bajo la denominación de pensión de jubilación, ya la Corte ha fijado su posición al respecto, precisando el alcance del artículo 76 de la Ley 90 de 1946, cuando en sentencia del 17 de marzo de 1998, radicación 10365, se dijo:

“Si bien el legislador, mediante la Ley 90 de 1946, diseñó a cargo del ente gestor de los seguros sociales, las prestaciones antaño correspondientes a los empleadores, atinentes al riesgo de vejez, sobre las bases de un sistema obligatorio y contributivo en el que las pensiones no se originaran simplemente por un tiempo de servicios, sino mediante los aportes de los afiliados, no es menos cierto que esa misma normatividad dejó a salvo las situaciones de quienes al momento de la asunción de los riesgos por el nuevo régimen, tuvieren más de 10 años de antigüedad en la empresa respectiva, los que individualmente considerados no podían ser desmejorados en los beneficios estatuidos en la legislación anterior.

Así lo dispuso expresa, clara y categóricamente el inciso segundo del artículo 76 de la prenombrada Ley 90, cuyo tenor es el siguiente: “En ningún caso las condiciones del seguro de vejez para aquellos empleados y obreros que en el momento de la subrogación lleven a lo menos diez (10) años de trabajo al servicio de las personas, entidades o empresas que se trate de subrogar dicho riesgo, serán menos favorables que las establecidas para aquellos por la legislación sobre jubilación anterior a la presente ley”.

El postulado normativo trascrito inspiró el reglamento general de pensiones del ISS, contenido en el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el gobierno mediante Decreto 3041 de 1966. Así se ve reflejado claramente en sus artículos 59 a 62, los que dejaron incólume el monto de pensión de jubilación establecido en la legislación anterior para quienes al momento de iniciación de la obligación de aseguramiento al sistema del ISS tenían 10 o más años de servicios a la respectiva empresa.

En el caso objeto de examen esta exigencia se cumplió pues el primero de enero de 1967 el demandante contaba con 10 años y 28 días de servicio al empresario demandado. En estas condiciones, tiene derecho a que se le reconozca y pague la pensión por retiro voluntario consagrada en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, que no solamente no fue derogada para este contingente por las regulaciones del Instituto de Seguros Sociales, sino salvaguardada por ella, para quienes, como el actor, reunieron los requisitos de tiempo de servicios y retiro voluntario durante los diez primeros años de vigencia de los reglamentos.

En efecto, el artículo 60 del Acuerdo 224 de 1966 (D. 3041/66, art. 1º) es del siguiente tenor:

“Los trabajadores que al iniciarse la obligación de asegurarse en el Instituto Colombiano de Seguros Sociales contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte, lleven 15 años o más de servicios continuos o discontinuos en una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) moneda corriente o superior, ingresarán al seguro social obligatorio como afiliados para el riesgo de invalidez, vejez y muerte. Al cumplirse el tiempo de servicios y la edad exigidos por el Código Sustantivo del Trabajo podrán exigir la jubilación a cargo del patrono y este estará obligado a pagar dicha jubilación, pero continuarán cotizando en este seguro hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el instituto para otorgar la pensión de vejez; y en este momento el instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el instituto y la que venía siendo pagada por el patrono”.

Tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado entendieron que esta misma consecuencia era aplicable a quienes en ese momento de iniciación de la obligación de aseguramiento tenían diez o más años de servicios al empleador respectivo. De ahí porqué la segunda corporación anuló el artículo 62 del mismo acuerdo, dado que en los términos del artículo 76 de la Ley 90 de 1946, de obligatorio acatamiento, cuando el seguro social asumiera estos riesgos, no podría hacerlo en condiciones más gravosas que las reguladas por las normas vigentes en ese momento, para quienes ya tenían en el instante de la asunción diez o más años de antigüedad a la empresa. Como en el caso sub examine la Ley 171 de 1961 estaba vigente a la fecha de expedición del citado Acuerdo 224 de 1966, no podía agravar (para los afiliados que se encontraban en las previsiones descritas) las condiciones pensionales estatuidas en aquella normatividad.

No obstante, si se estimare que la situación del demandante no encuadra en la hipótesis del artículo 60 sino en la del 61 ibídem, no puede perderse de vista que de conformidad con el parágrafo de la misma, “Esta disposición regirá únicamente durante los primeros 10 años de vigencia del seguro de invalidez, vejez y muerte”. Se sigue de lo dicho que como el promotor del proceso cumplió los 15 años de servicios y se retiró voluntariamente durante los dos primeros lustros de imperio del seguro de IVM, se causó en su favor la pensión restringida deprecada, exigible al cumplimiento de la edad, porque aquella normatividad le ampara su derecho, sin que tuviera que permanecer en la empresa si no lo deseaba, razón por la cual es explicable que se haya retirado voluntariamente desde entonces.

Adicionalmente, la corporación con insistencia ha precisado, que para acceder a la pensión restringida de jubilación regulada por el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, durante el período de transición del régimen a cargo de los empleadores y la asunción del riesgo de vejez por el ISS, se hace necesario que al 1º enero de 1967 el trabajador hubiera completado 10 años de servicio a una empresa de capital no inferior a $ 800.000 (Sents., oct. 25/96, Rad. 8598; ene. 29/97, Rad. 9221; abr. 28/98, Rad. 10548, entre otras).

Por lo tanto, descendiendo al caso de que se trata, concluye la Corte que al acceder el tribunal a la pensión restringida de jubilación solicitada por el demandante, no se transgredió ninguna de las preceptivas que denuncia el censor en el cargo, en la medida en que si este ingresó al servicio de la sociedad demandada el día 17 de marzo de 1953 y el Instituto de los seguros Sociales asumió el riesgo de vejez en la ciudad de Barranquilla el día 1º de febrero de 1969, cuyas situaciones fácticas no aparecen discutidas, ninguna duda puede existir que estamos en presencia de un asalariado que pertenece a aquel contingente de trabajadores con más de diez (10) años de servicio, cuya carga en asumir el crédito social solicitado le incumbe a la demandada.

En el anterior orden de ideas, ninguna incidencia tiene para efectos de conseguir el propósito que busca el impugnante, el que aparezca demostrado que el actor confesara que la sociedad demandada lo afilió al Instituto de los Seguros Sociales para el riesgo de vejez el 1º de febrero de 1969, o sea, desde que tal entidad de seguridad social asumió el riesgo en la ciudad de Barranquilla, y que estuvo afiliado y cotizando hasta la fecha en que se retiró voluntariamente del servicio de la demandada; pues tal circunstancia, por lo precisado en las sentencias de la Corte que se han traído a colación, no exime a la sociedad demandada de asumir la obligación pensional reclamada (...)”.

Así mismo, en sentencia del 4 de mayo de 1999, radicación 11727, se señaló:

“(...) La confusa expresión del fallo del tribunal dificulta conocer el nexo que quiso establecer entre la fecha en que el ISS asumió el riesgo de vejez y los extremos temporales de la relación laboral que vinculó a las partes, pero es lo cierto que entre la iniciación del contrato y la fecha de vigencia del Decreto 3041 de 1966, por el cual se inició el cubrimiento del riesgo de vejez por parte del Seguro Social, no alcanzaron a transcurrir 10 años, mientras que, por el contrario desde tal evento, que ocurrió el 1º de enero de 1967, hasta la fecha de desvinculación del actor del servicio de la demandada, corrió un lapso superior a 10 años, como fácilmente se deduce de lo señalado por el tribunal cuando acepta que el contrato estuvo vigente entre el 5 de febrero de 1963 y el 20 de octubre de 1981.

El ad quem, pese a aceptar esas fechas de iniciación y de terminación del contrato, afirmó sobre el particular que “Comoquiera que el demandante se desvinculó de la empresa demandada, por renuncia aceptada a partir del 21 de octubre de 1981, cuando llevaba más de quince años de servicios y aún no había (sic) transcurrido más de 10 años de asunción del riesgo de vejez por parte del Instituto de Seguros Sociales, lo que se produjo en 1967 con el Decreto 3041 de 1966, hay lugar a acceder a la pensión de jubilación por retiro voluntario con 60 años de edad (...) y hasta cuando el ISS le reconozca la pensión de vejez, conforme a sus reglamentos”, lo cual pone en evidencia el error de hecho que el cargo desarrolla sobre la inexistencia de los requisitos legales para el disfrute de la pensión especial de jubilación derivada del retiro voluntario, en cabeza del actor.

Lo expuesto representa la prosperidad del ataque por lo que pasa la Corte a constituirse en tribunal de instancia, función en la cual reitera lo señalado antes de desatar la acusación, en el sentido de que al no tener el actor 10 años de servicios para el 1º de enero de 1967 y a su vez haber completado más de 10 años de trabajo desde tal fecha hasta la terminación del contrato, no queda subsumida su situación dentro de lo previsto en el régimen de transición contemplado por el Decreto 3041 de 1966, por lo que la pensión reclamada no procede a cargo de la empleadora, amén de que, como se estableció en las instancias, el actor puede haber reunido los requisitos propios de la pensión de vejez prevista en el citado decreto (...)”.

También en fallo del 19 de junio de 2003, radicación 20385, se puntualizó:

“(...) Tal como se dejó explicado, el tribunal hizo un razonamiento equivocado al concluir que al no comprender el artículo 61 del Acuerdo 224 del ICSS la pensión especial de jubilación por retiro voluntario, esta circunstancia hacía desaparecer el derecho del trabajador a la prestación por cuenta del empleador. Pero en lo que fundamentalmente se equivoca el sentenciador, es en restringir los efectos del susodicho artículo 61 a los casos de despido sin justa causa, cuando esta Sala de la Corte Suprema de Justicia de tiempo atrás tiene establecido que dicho precepto incluye las pensiones de jubilación especiales por retiro voluntario del trabajador, para quienes llevaban 10 años o más de servicios a una misma empresa cuando el Seguro Social asumió el riesgo de vejez y que estuvieron vinculados a ella más de 15 años y menos de 20.

En sentencia de 22 de noviembre de 1993, radicación 6167, la Sala citando una decisión suya de 8 de noviembre de 1979, indicó lo siguiente sobre el tema:

‘Nada dijeron esas normas acerca de la pensión especial por retiro voluntario después de 15 años de servicios, de que trata el mismo artículo 8º referido, pero es forzoso entender que ese grupo de trabajadores (los que llevaban 10 años o más de servicios cuando el Seguro Social comenzó a asumir el riesgo de vejez) conservó el derecho a reclamarla de sus respectivos patronos si se daban las condiciones de ley dentro de los siguientes 10 años, pues, de otro modo, quedarían totalmente desprotegidos, por cuanto la sustitución, según las voces de los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946 y 259 del Código Sustantivo del Trabajo no surte efectos sino a partir del momento en que se encuentren cumplidos los aportes mínimos (...)’”.

En consecuencia, si el tribunal, a la postre, entendió que para tener derecho a la pensión restringida de jubilación por retiro voluntario era suficiente que se diera esa manifestación de voluntad y no menos de quince años de servicio, y que el empleador siguiera cotizando para el ISS, es indudable que, en primer lugar, amplió el alcance del artículo 8º de la Ley 171 de 1961 que la regula. Interpretación errónea en que incurrió al haberse rebelado contra lo que dispone el artículo 61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año; precepto al que, el censor, hace referencia expresa en el desarrollo del cargo, y el juzgador de manera tácita, ya que esa norma es la que contiene las previsiones a las que se alude en el fallo recurrido, cuando se dice que “(...) la demandada insiste en que la pensión que nos ocupa solo tuvo una vigencia de diez años contados a partir de la asunción por parte del ISS del riesgo de vejez (...) (fI. 13 cdno. Trib.), como también a la obligación de seguir cotizando para esa entidad.

Se concluye que el fallador ad quem se rebeló contra dicha norma legal, porque ella mantuvo la pensión restringida de jubilación del artículo 8º de Ley 171 de 1961, por retiro voluntario, exclusivamente para los trabajadores que llevaran, a la fecha de iniciación de la obligación de afiliarse al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, no menos de diez años de labores, tal como lo puntualiza la Corte en las providencias ya transcritas.

Por consiguiente, el cargo prospera, y como los otros propuestos perseguían igual objetivo, es decir, la quiebra del fallo recurrido, por sustracción de materia, no es necesario analizarlos.

Como el recurso extraordinario no se pierde, no hay lugar a imponer costas por el mismo.

En cuanto al fallo de instancia, como, para proferirlo, se hace necesario precisar en qué fecha el Seguro Social asumió el riesgo de vejez en Cali y Yumbo, lugares donde se prestó el servicio por el demandante, conforme se hace constar en el contrato de trabajo de folio 29 del cuaderno principal, con fundamento en el artículo 61 del Decreto 528 de 1964, para mejor proveer, se ordenará allegar, para ser tenida como prueba de oficio, certificación de esa entidad sobre ese punto.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 30 de julio de 2004, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral promovido por José Higinio Reyes Ibarguen a la Sociedad Meléndez S.A.

En sede de instancia, como prueba de oficio, se le solicitará certificación al director general del Instituto de los Seguros Sociales, sobre la fecha en que asumió el riesgo de vejez en Cali y Yumbo. Por la secretaría de la Sala, líbrese el oficio de rigor.

Sin costas en casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

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