Sentencia 25242 de septiembre 28 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

PRIMACÍA DE LA REALIDAD EN LAS RELACIONES LABORALES

Contrato de prestación de servicios para ocultar uno de trabajo.

EXTRACTOS: «El tribunal encontró acreditados en el presente caso los elementos propios del contrato de trabajo previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, la prestación personal del servicio la dedujo el juzgador del contrato suscrito entre las partes y de las declaraciones de testigos; la existencia de subordinación jurídica del demandante la extrajo de los testimonios obrantes en el expediente, en especial los rendidos por los señores Javier Quintero, Rufino Aya y Luis Correa; y la existencia del salario la coligió de los documentos de folios 57 a 97, que dan cuenta del pago de una remuneración como contraprestación a los servicios prestados.

Es obvio que el tribunal echó mano y decidió la controversia con base en el principio de primacía de la realidad contemplado legalmente en el numeral 2º del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, hoy elevado a rango constitucional en el artículo 53 de la Constitución Política, en virtud de los cuales en caso de discrepancia deberán preferirse los datos que emanen de la realidad sobre aquellos que surjan de los documentos, de manera que si de la primera aflora la existencia de una relación subordinada y dependiente así deberá declararse aunque ella se encuentre formalizada en un contrato de otra índole.

Para socavar el razonamiento del ad quem, el recurrente denuncia la apreciación errónea y la falta de estimación de algunos medios probatorios, los cuales se estudiarán de inmediato, en la medida en que con respecto a los mismos el cargo cumpla con las exigencias técnicas que imponen el deber de sustentar y demostrar adecuadamente el error denunciado.

Siguiendo el orden de la exposición, el censor empieza denunciando la estimación equivocada del contrato de prestación de servicios y la falta de estimación de sus prórrogas, para lo cual hace notar que en la cláusula cuarta del primero se convino que el contratista sería independiente y actuaría con total autonomía, anotaciones suficientes para descartar la existencia de relación laboral entre las partes, máxime si se tiene en cuenta que el demandante aceptó que los gastos e impuestos derivados del contrato serían sufragados por él, consintió las cláusulas convenidas del contrato y de sus prórrogas, nunca reclamó prestaciones sociales o salarios y durante la relación presentó regularmente cuentas de cobro por servicios profesionales.

Sin embargo, el tribunal no incurrió en el error de apreciar erróneamente el contrato de prestación de servicios pues se limitó a extraer lo que este dice de manera expresa, sólo que consideró que tales manifestaciones de voluntad son simuladas en tanto resultan contrarias a la forma en que se desenvolvió de manera efectiva la relación entre el demandante y el demandado, de ahí que haya optado por dar primacía a la realidad desechando los datos ahí consignados salvo el atinente a la prestación personal de servicios por parte del actor que tal pieza certifica.

Es cierto, por otra parte, que el demandante firmó cada uno de los contratos suscritos, así como las respectivas prórrogas, que jamás, durante la ejecución de los contratos, reclamó prestaciones sociales y que presentó cuentas de cobro mensuales reclamando honorarios, pero estas circunstancias no son suficientes para desvirtuar la transmutación de la relación que encontró acreditada el tribunal cuando estableció, con base en otras probanzas, que la relación fue subordinada, pues lo que en definitiva permite proclamar la existencia de un contrato de trabajo es la presencia de este último elemento y no la ausencia de aquellos, siendo plenamente viable la coexistencia de ambos en determinados eventos.

No puede perderse de vista que en el tipo de contrato analizado el mayor interés en el ocultamiento recae en una de las partes (de suyo el contratante), pero ello no descarta que el denominado contratista pueda desplegar algunas acciones o conductas que induzcan a presuponer su aceptación del tipo de nexo que se muestra exteriormente, mas estas actitudes no pueden ser tomadas a la ligera como reconocimiento o asentimientos conscientes de dicho nexo o de la calificación subyacente en los mismos, ni como concluyentes para determinar la naturaleza de la relación, sino que es necesario examinar la situación en toda su complejidad y riqueza, sin olvidar en ningún momento que en la especie de contratos como el que se analiza suele presentarse ese tipo de dicotomías y ambigüedades.

De manera que por las razones expuestas y reiteradas la afirmación del juzgador en cuanto estableció que la relación existente entre las partes fue subordinada y dependiente, no resulta infirmada por el hecho de que el actor no haya reclamado en vigencia de los contratos las respectivas prestaciones sociales, haya admitido la calificación que se hizo en los contratos como de “prestación de servicios independientes y autónomos” y al cobrar sus emolumentos se haya referido a ellos como honorarios.

Del examen de las pruebas calificadas que se acaban de analizar no aflora que el ad quem haya incurrido en error manifiesto y protuberante al concluir que la relación existente entre el demandante y la accionada fue un contrato de trabajo y no independiente o autónoma».

(Sentencia de casación, 28 de septiembre de 2005. Radicación 25242. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Isaac Náder).

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