Sentencia 25275 de abril 4 de 2006 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Radicación 25275 de 2006

Aprobado Acta 29

Magistrado Ponente:

Dr. Mauro Solarte Portilla

Bogotá, D.C., cuatro de abril del año dos mil seis.

Procede la Corte a resolver el conflicto negativo de competencias suscitado entre el Juzgado Sesenta y Tres Penal Municipal de Bogotá, y el Juzgado Promiscuo Municipal de Tibaná (Boyacá), para el conocimiento del juicio seguido en contra del procesado José Martín Infante Pulido, por el delito de inasistencia alimentaria.

1. Antecedentes.

1.1. La cuestión fáctica, aparece reseñada por la fiscalía en providencia a través de la cual calificó el mérito probatorio del sumario, en los siguientes términos:

“El 14 de agosto de 2002 la señora Luz Belki Porras Aponte puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que el padre de su hija no suministra los alimentos para la menor, a pesar de haber sido investigado por el mismo punible en otra fiscalía. Para efectos del anterior allegó fotocopia del registro civil de Zulay Andrea Infante Porras, nacida el 27 de febrero de 1993”.

1.2. Mediante providencia de diez de agosto de dos mil cinco, la fiscalía ciento catorce delegada ante los jueces penales municipales de Bogotá, calificó el mérito probatorio del sumario profiriendo resolución de acusación en contra del procesado José Martín Infante Pulido, por el delito de inasistencia alimentaria en menor de catorce años, mediante determinación que causó ejecutoria en esa instancia al no haber sido objeto de impugnación (fls. 39 y ss.).

1.3. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Sesenta y Tres Penal Municipal de Bogotá. Esta autoridad, mediante providencia de primero de marzo último, dispuso la remisión del diligenciamiento al Juzgado Promiscuo del Circuito de Tibaná (Boyacá), al tiempo que le propuso colisión de competencias negativa, toda vez que “la competencia territorial en los delitos de inasistencia alimentaria se establece por el lugar de residencia del ofendido”.

Consideró que de lo consignado en la ampliación de denuncia y la indagatoria rendida por el procesado, se colige que la menor ofendida, “a partir de los ocho días de vida, vive en el municipio de Tibaná, y así se establece de la lectura de los folios 9 y 25”.

1.3. (sic) Una vez fueron recibidas las diligencias por parte del Juzgado Promiscuo Municipal de Tibaná, dicha autoridad, mediante proveído de diez de marzo de la anualidad que transcurre, aceptó la colisión negativa de competencias que le fuera propuesta por el Juzgado Municipal de Bogotá, se abstuvo de avocar el conocimiento del proceso y dispuso enviar la actuación a la Corte para su definición.

Argumentó que, contrario al planteamiento del juez municipal, dado que la representante legal de la menor se encuentra domiciliada en Bogotá, la competencia para conocer del proceso radica en el juzgado sesenta y tres penal municipal de esa ciudad.

Se considera

1. Naturaleza de la controversia planteada.

Como la disparidad de criterios en relación con la competencia para conocer del juicio, se presenta entre un juez penal municipal y un juez promiscuo municipal que pertenecen a distintos distritos judiciales, se configura colisión de competencias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del Código de Procedimiento Penal de 2000.

El artículo 75-4 de la Ley 600 de 2000 establece que corresponde a la Corte Suprema de Justicia conocer “de las colisiones de competencia que se susciten en asuntos de la jurisdicción penal entre las salas de un mismo tribunal, entre tribunales o entre estos y juzgados de otro distrito judicial; o entre juzgados de diferentes distritos”.

2. La solución que el caso concreto amerita.

2.1. No se discute por ninguno de los funcionarios trabados en conflicto, que el señor José Martín Infante Pulido ha sido vinculado a la investigación y acusado por la fiscalía de ser presunto autor responsable del delito de inasistencia alimentaria contra un menor de edad, de que trata el artículo 233 de la Ley 599 de 2000.

2.2. Tampoco ha sido puesto en discusión, que la competencia para conocer en la fase de juicio por dicho tipo de comportamientos, radica en los jueces penales municipales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 271 del Código del Menor.

2.3. Menos es objeto de controversia que la menor reside con su abuela materna en el municipio de Tibaná (Boyacá), en tanto que la madre de la acreedora alimentaria presentó la querella en Bogotá, y que en esta ciudad permanece gran parte de su tiempo por razones de salud.

2.4. La discrepancia radica en que mientras el Juzgado Municipal de Bogotá considera que la competencia territorial para el conocimiento del juicio radica en el juzgado municipal de la residencia de la menor, la titular del juzgado de Tibaná es del criterio que la competencia para conocer del asunto la tiene el juzgado municipal del territorio donde se encuentra la representante legal de la titular del derecho.

2.5. En casos como el que ahora ocupan la atención de la Sala, la jurisprudencia se ha orientado por sostener que, a pesar de la previsión normativa contenida en el artículo 271 del Código del Menor, según la cual cuando el sujeto pasivo del delito de inasistencia alimentaria sea un menor, “será competente para conocer de este delito el juez municipal de la residencia del titular del derecho”, en aquellos casos en que el representante legal reside en lugar diferente de aquel donde se ubica la residencia del menor acreedor alimentario, el proceso penal podrá adelantarse en el territorio de la residencia del menor o en el de la de su representante legal, según resulte más conveniente a los intereses del menor:

“... la finalidad que el legislador tuvo para fijar la competencia en la ‘residencia del titular del derecho’, fue la de proteger adecuadamente los derechos del menor, entendiendo que ordinariamente su representante legal vive con él, de manera que este podrá, sin dificultad, tener acceso directo y adecuado a la actuación procesal (...).

Pero ¿qué ocurre cuando el representante legal vive en lugar diferente al del menor y es, precisamente, en la residencia de aquel donde mejor se pueden tutelar los derechos de la persona desvalida, como ocurre en el caso presente? pues que la lógica y la teleología del artículo 271, citado, indican que competente será también el juez del lugar donde reside el representante legal.

Por otra parte, tampoco puede perderse de vista que aunque el menor resida en lugar distinto al de su representante legal, su domicilio será el de este último (C.C., art. 88), lo que significa que el proceso penal se podrá adelantar en la residencia del menor o de su representante legal, según aparezca más conveniente a los intereses de aquel” (Cfr. Auto colisión. mar. 20/96, Rad. 11422).

Como en este evento se trata de salvaguardar los derechos de la menor Zulay Andrea Infante Porras, y estos, para el caso concreto, se aseguran a través de su progenitora como representante legal de la acreedora alimentaria, la competencia para conocer del proceso radica en el Juzgado Sesenta y Tres Penal Municipal de Bogotá, a donde se remitirá el expediente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. DIRIMIR la colisión negativa de competencias planteada, en el sentido de atribuirle el conocimiento del proceso adelantado contra José Martín Infante Pulido, al Juzgado Sesenta y Tres Penal Municipal de Bogotá, despacho a donde será remitido el expediente.

2. Enviar copia de esta decisión al Juzgado Promiscuo Municipal de Tibaná (Boyacá), para su información.

La secretaría de la Sala proveerá al respecto y librará las comunicaciones respectivas.

Comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Mauro Solarte Portilla—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Édgar Lombana Trujillo—Álvaro Orlando Pérez Pinzón—Marina Pulido de Barón—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Javier de Jesús Zapata Ortiz (en permiso).

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

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