Sentencia 2528 de julio 30 de 1992

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

PAGO MEDIANTE TÍTULOS VALORES

EFECTOS SOBRE LA OBLIGACIÓN ORIGINARIA

EXTRACTOS: «1. Sabido es que el pago de las deudas pecuniarias, dada la naturaleza de la prestación que constituye el objeto que le es propio, requiere siempre la producción de un desplazamiento patrimonial en razón del cual el acreedor obtenga determinada cantidad de dinero, luego aun cuando lo natural es suponer que ese desplazamiento tenga que traducirse en la entrega por el deudor de los signos monetarios que corresponda de acuerdo con la ley (arts. 1627, 1648 y 2224 del Código Civil en concordancia con el artículo 874 del Código de Comercio), ciertamente las cosas no siempre suceden así. Existen instrumentos sustitutivos que como ocurre con los títulos valores de contenido crediticio, por la función económica que le es inherente y no siendo en sí mismos dinero, son sin embargo medios apropiados para que aquel resultado se produzca, todo ello de acuerdo con un postulado que en esta materia reviste capital importancia, definido por la doctrina en los siguientes términos: “...Mientras la entrega de dinero da lugar al pago con todas sus consecuencias, la entrega de lo que no siendo dinero en sí tiende a producir un desplazamiento de numerario, sólo da lugar al pago efectivo cuando esa ulterior consecuencia se haya producido...'''' (Antonio Hernández, Gil. Obligaciones ... Num. 141). De aquí, entonces, que respondiendo a esta idea general el artículo 643 del Código de Comercio disponga que “... La emisión o transferencia de un título valor de contenido crediticio no producirá, salvo que aparezca de modo inequívoco intención en contrario de las partes, extinción de la relación que dio lugar a tal emisión o transferencia...”, agregando en su inciso segundo que “... la acción causal podrá ejercitarse de conformidad con el artículo 882...”, lo que en últimas quiere significar que en supuestos de los que se viene haciendo mérito y en línea apenas de principio pues los interesados pueden convenir otra cosa, por el solo hecho de emerger la relación cambiaria de la que es expresión el título creado o negociado, la relación primitiva que constituye su antecedente causal no desaparece de manera definitiva; ambas subsisten, viven juntas si así puede decirse, hasta que se produzca su extinción de acuerdo con la ley, y esa coexistencia opera según el régimen previsto para el efecto en el artículo 882 del Código de Comercio, texto este que como se sabe es del siguiente tenor en lo pertinente:

“... La entrega de letras, pagarés, cheques y demás títulos valores de contenido crediticio por una obligación anterior, valdrá como pago de ésta si no se estipula otra cosa; pero llevará implícita la condición resolutoria del pago, en caso de que el instrumento sea rechazado o no sea descargado de cualquier manera. Cumplida la condición resolutoria, el acreedor podrá hacer efectivo el pago de la obligación originaria o fundamental, devolviendo el instrumento o dando caución, a satisfacción del juez, de indemnizar al deudor los perjuicios que pueda ocasionar la no devolución del mismo...”.

En este orden de ideas, bien puede afirmarse que de conformidad con los preceptos transcritos, los principios básicos que gobiernan la materia del pago mediante el uso de títulos de crédito, en síntesis, son los siguientes:

a) El primero de ellos y el de mayor importancia por cuanto marca el rumbo correcto de análisis, es que la emisión o transferencia de instrumentos de esa clase —y al dar a entender lo contrario ciertamente no anduvo muy acertado el Tribunal en el caso presente— nunca es del todo indiferente frente a la relación antecedente, contractual o no, que justifica su existencia. Efectos siempre los hay aun cuando de significación variable y para determinar cuáles puedan ser en cada situación concreta, preciso es remontarse al que suele llamarse “convenio ejecutivo” que no es cosa distinta al acuerdo por el cual, a manera de enlace entre las dos clases de relaciones atrás mencionadas, los interesados definen la función que al título le corresponde cumplir, y en este terreno, la verdad sea dicha, existen diferentes posibilidades cuya adecuada caracterización depende en últimas de que las partes hayan considerado el documento como un bien mercantil propio y verdadero, supuesto éste por definición excepcional en el que predomina el momento real del negocio cambiario efectuado al que le atribuyen plena eficacia extintiva de la obligación antecedente, ya sea por virtud de una dación en pago en firme o bien por una novación por cambio de objeto, mientras que pueden haberse limitado tan solo a considerar dicho documento, y este es sin duda la situación común, como un medio con especiales propiedades destinado a permitir la obtención de la suma de dinero materia de la orden o promesa de pago incondicional allí instrumentada, haciéndose quien recibe el título acreedor cambiario con todas las prerrogativas que a esta posición jurídica le son inherentes, pero sin que pueda decirse que la relación primitiva al propio tiempo quede extinguida del todo. En otras palabras y bueno es recalcarlo pues el sistema legal consagrado en los artículos 643 y 882 del Código de Comercio se inspira ciertamente en este criterio, lo razonable es suponer que cuando recibe títulos valores de contenido crediticio de manos de su deudor, el acreedor no hace nada distinto a aceptar que la prestación originaria que tiene derecho a exigir, consistente en el abono directo del dinero, se la sustituya por el abono indirecto a través del cobro o la posterior negociación de los títulos en cuestión, configurándose entonces una “cesio pro solvendo” que deja en pie la relación subyacente para operar en el futuro, si fuere ello indispensable, del modo y con los requisitos que adelante se indican, habida consideración que al decir de autorizados expositores (v. gr., Vivante, Tratado, T. III, num. 1119), en circunstancias normales se debe presumir que esa entrega, admitida y en no pocas veces impuesta por el acreedor, lo que pretende es robustecer el derecho de este último con los privilegios sustanciales y procesales propios de las acreencias cambiarias, pero no puede implicar de suyo renuncia al vínculo fundamental que sí tiene en verdad menos efectividad, suele no obstante tener mayor duración y amplitud de contenido, luego para que en un caso dado pueda sostenerse que hubo una auténtica “datio in solutum'''' o si se quiere novación objetiva, extinguiéndose por lo tanto la deuda anterior, preciso es establecer de manera concluyente que las partes así lo dispusieron, esto por cuanto ellas al acudir al procedimiento de pago del que se viene hablando, por principio hay que entender que no tienen otra intención que la de suministrarle al acreedor un medio de ser satisfecho más fácilmente “... por ser más riguroso el aparato procesal de ejecución de un título valor (...) y por permitir la transmisión a otras personas y estar esta transmisión a su vez favorecida por un régimen legal que protege a los tenedores de buena fe ...”. (Joaquín Garrigues, Tratado T. II, num. 666).

b) Entendido pues que siendo apenas excepcional que la entrega de instrumentos negociables ocasione, en cambio de su reforzamiento, la definitiva extinción del crédito causal —consecuencia que como ya está dicho requiere para producirse de una declaración de los interesados lo suficientemente caracterizada para excluir la presunción consagrada por el artículo 643 del Código de Comercio—, un segundo principio por subrayar dentro del marco general de referencia así delineado, es que el acreedor que en cumplimiento del contrato subyacente acepta recibir de su deudor documentos de esa clase, y esto también lo presupone el legislador recogiendo experiencias que la realidad diaria ofrece, pone con ello de manifiesto su voluntad de ejercitar, en primer término, los recursos de naturaleza cambiaria por estar dotados de mayor eficacia en cuanto a las posibilidades de rápida cobranza concierne, reservándose el derecho de regresar a la causa sólo si ese dispositivo, por cualquier causa no imputable a dicho acreedor, deja de desarrollarse en condiciones normales, por manera que las facultades de las que dispone no puede hacerlas valer a su arbitrio o según el orden que mejor le parezca, sino que por norma general tendrá que atenerse a las reglas sobre el particular contenidas en el artículo 882 del Código de Comercio, precepto éste cuya aplicación ciertamente puede excluirse pero en tanto aparezca demostrado con la misma contundencia con que ha de quedar acreditada la extinción del crédito causal por dación en pago o novación, que el documento se entregó a modo de simple garantía, habida cuenta que en este evento no es imperativo observar, en el ejercicio posible de los respectivos derechos, el orden que se desprende del texto legal recién citado. O por mejor expresarlo y dejando a salvo el último supuesto que no demanda especiales comentarios, el acreedor asume la obligación de hacer lo conducente para obtener la realización corriente del título por él recibido, de procurar de buena fe su “buen fin”, de suerte que si esto tiene lugar y el desplazamiento patrimonial previsto en un comienzo se consuma, el pago adquiere plena firmeza y se extingue la acreencia original por virtud de haberse hecho efectiva la incorporada en el instrumento, mientras que si las cosas no suceden así y este es rechazado por los suscriptores responsables de honrarlo o no es descargado de cualquiera otra manera susceptible de desinteresar definitivamente al acreedor, la eficacia predicable de aquello que por mandato de la ley se tuvo por “pago bajo condición resolutoria” desaparece, cesa por añadidura la situación de suspensión existente respecto de las acciones emergentes de la relación primitiva y, con todas las consecuencias que eso supone, el deudor queda colocado en posición de incumplimiento; en este punto específico, bajo la perspectiva señalada y haciendo de lado algunas incorrecciones técnicas de menor importancia que el precepto refleja, el sistema consagrado en el artículo 882 del Código de Comercio no presenta entonces dificultad en su entendimiento: cuando se desea pagar con un instrumento negociable una deuda que en términos de derecho lo antecede y justifica su emisión o transferencia, hipótesis que excluye de suyo la entrega de efectos de comercio con fines de simple garantía, esa deuda preexistente queda en principio saldada, liquidada si así prefiere decirse pues “...la entrega (...) valdrá como pago si no se estipula otra cosa...”, pero todo ello sin que pueda perderse de vista que esos títulos son, en sí mismos y sin embargo de la “cosificación'''' normativa de la que se les hace objeto, nuevas obligaciones pecuniarias instrumentadas a través de órdenes o promesas incondicionales de pago que absorben a la deuda primitiva, promesas u órdenes que de no llegar a buen fin por motivos ajenos al acreedor, llevan a que aquel pago no pueda consolidarse, o sea que si no se puede efectuar la cobranza normal del título sin que medie culpa del interesado y no se logra el pago voluntario por parte de cualquiera de los firmantes obligados a hacerlo, la posición contractual de aquel recobra su configuración liminar y así, con un claro sentido de equidad que es el mismo en que se funda el artículo 1544 del Código Civil, tiende la solución legislativa a cancelar con alcances retroactivos los efectos que del frustrado “pago” en un primer momento se desprendieron. En otras palabras, como la condición resolutoria al cumplirse extingue retroactivamente los efectos del pago, mientras ella pende forzoso es entender que hay “pago” con todas las consecuencias que los puros y simples producen, lo que entre otras cosas significa que, entre tanto o sea mientras dicha situación de pendencia subsista, la obligación que se reputa saldada no tiene la calidad de exigible y por ende contra el acreedor ninguna prescripción corre respecto de acciones en su favor derivadas de la relación causal (art. 2535 del Código Civil).

c) Finalmente, todo cuanto va dicho hasta el momento conduce a concluir que tratándose de la entrega con fines solutorios de títulos valores de contenido crediticio y una vez cumplida la condición resolutoria, condición ésta que se considera configurada cuando a pesar de la conducta diligente observada por el acreedor-tenedor y sin necesidad de acudir a procedimiento judicial esos títulos son rechazados o de cualquier manera no se les descarga, vuelve a situarse en primer plano, a reactivarse en toda su extensión el negocio jurídico de base que vinculó a las partes, pero no es ciertamente un resurgir omnímodo que faculte a ignorar de plano el ensayo de pago ocurrido, sino que lo restringen precisos límites previstos por el legislador para evitar abusos originados en la pluralidad de acciones disponibles e incompatibles en cuanto a sus posibles objetivos, ya que de no existir tales restricciones el deudor podría acabar pagando varias veces una misma obligación o lo que también reviste singular gravedad, verse forzado a cubrir indebidamente prestaciones materia de deudas desaparecidas. Por eso, de conformidad con el artículo 882 del Código de Comercio y ante la evidente necesidad de eliminar estos riesgos, preciso es entender que la vigencia jurídica de cualquier acción derivada de la causa exige varias condiciones, a saber:

i. La primera que no por ser elemental suponerla puede dejar de mencionarse, es que la eficacia apenas “pro solvendo” de la entrega de los títulos, presumida por el sistema legal según se explicó a espacio líneas atrás, no haya sido descartada por las partes. Si lo hicieron y de ello hay prueba irrefragable, es imposible entonces pretender que por la vía indicada en aquel precepto, pueda restaurarse la eficacia integral del vínculo obligatorio original.

ii. Otra condición, la segunda, que aparece consagrada expresamente en el inciso final del artículo 882 tantas veces citado, es que ante el evento del rechazo del título, la fuerza jurídica que éste pueda conservar en beneficio de quien lo entregó, no se vea menoscabada por la desidia del acreedor, de manera que si éste “... deja caducar o prescribir el instrumento...”, la obligación originaria se tendrá así mismo por extinguida, lo que en síntesis quiere significar que proceder “ex causa” contra el deudor tampoco le está permitido al acreedor en cuestión cuando ha sido responsabilidad suya el deterioro del documento por efecto de la caducidad o de la prescripción de los recursos cambiarios que al primero pudieran corresponderle frente a signatarios anteriores.

iii. La tercera y última condición, prevista igualmente por el legislador en el segundo inciso del artículo 882 del Código de Comercio y que requiere, ante el contenido concreto de los cargos en estudio, mayor detenimiento en punto de establecer con exactitud los elementos de los que depende su correcta configuración, es la restitución del instrumento o, en su defecto, el otorgamiento de garantía suficiente para indemnizarle al deudor los perjuicios que pueda ocasionarle esa falta de devolución.

En este orden de ideas y principiando por el fundamento mismo de la referida restricción, preciso es no perder de vista que siendo los títulos valores documentos destinados de ordinario a circular, los de contenido crediticio que se entregan en función solutoria pueden por ello ser objeto de sucesivos endosos en propiedad, endosos que como se sabe no son portadores del negocio primitivo por cuya virtud el título fue emitido o negociado sino que simple y llanamente son vehículos de transferencia autónoma de los créditos literales en ellos incorporados y separados por lo tanto de dicho negocio, consideración ésta de la que se sigue que a pretensiones de cobranza deducidas por terceros tenedores de buena fe exenta de culpa, según lo pregona en su numeral 12 el artículo 784 del Código de Comercio, no se les pueden oponer con éxito defensas o excepciones derivadas de la causa, luego es evidente la necesidad de evitar que por fuerza de este sistema lleguen a consolidarse situaciones a todas luces injustas que resultarían de tratar al deudor como obligado en los términos propios de la relación subyacente y al mismo tiempo, independientemente de las secuelas que postura de semejante linaje traiga de cara al ejercicio de sus derechos por parte del acreedor inicial, reputarlo también como obligado cambiario frente a un eventual tenedor del instrumento a quien no le sea oponible nada de cuanto haya acontecido en el desenvolvimiento de la ameritada relación. Pues bien, es precisamente esta que acaba de señalarse la razón por la que la ley mande que en tanto exista de verdad el riesgo advertido y con el excluido fin de evitarlo o de remediar las consecuencias patrimoniales que para el deudor se sigan de su realización, el acreedor que pretenda utilizar cualquier acción extraída de la causa antecedente que determinó la creación o la transferencia de un título de crédito que permanezca vivo y por ende aún en estado de ser aprovechado como base de recaudo por persona distinta, tiene el mencionado acreedor que devolverlo o prestar caución sustitutiva, a satisfacción del juez, de reparar los eventuales daños que para el deudor pueda representar el no hacerlo en oportunidad. Les imprime sentido a estos requisitos, entonces, la misma idea cardinal sobre la cual descansa toda la concepción normativa en examen; en efecto, al aceptar el acreedor causal que le sean entregados “pro solvendo” instrumentos negociables, no es que al crédito primitivo venga a sumársele por arte de antojadiza ficción otro distinto de naturaleza cambiaria, sino que el primero adquiere provisionalmente este último carácter, obligándose por lo tanto aquel acreedor a agotar de preferencia esta vía en busca de la normal satisfacción de su derecho, de suerte que cualquier proceso fundado en la relación originaria, contractual por ejemplo, no podrá iniciarse sino en tanto el instrumento haya sido rechazado sin que medie culpa del acreedor y ese revestimiento cambiario que envuelve la deuda, con las consecuencias que le son inherentes, aparezca neutralizado mediante la devolución del título o el otorgamiento de caución, naturalmente y no está por demás insistir de nuevo en el punto, si ello es necesario para suprimir riesgos en realidad existentes de posible ejercicio por diferentes personas de acciones cambiarias y causales con objetivos contradictorios en detrimento del deudor.

2. Entendidas así las cosas y pasando ahora al tema concreto que ocupa la atención de la Corte, si en un contrato de compraventa son utilizados títulos valores de contenido crediticio para documentar cambiariamente en todo o en parte la obligación contraída por el comprador de pagar el precio acordado, cosa que por cierto en nada modifica la configuración típica del negocio como hoy lo dice de manera expresa el artículo 905 del Código de Comercio, forzoso es presumir, en defecto de voluntad puesta de manifiesto por los interesados que permita descartar la aplicación del sistema explicado a espacio en el aparte anterior, que la aceptación de tales instrumentos por el vendedor lleva la condición resolutoria de “buen fin'''' o sea que la extinción definitiva de la obligación originaria emergente del contrato, queda sujeta a que los títulos no resulten deshonrados, habida cuenta que si esto ocurre se reputa cumplida la condición que determina la resolución de los efectos del pago y con ella, desde luego, la restauración retroactiva de la deuda por concepto del precio a su estado primitivo, configurándose por lo general una situación de incumplimiento que como se sabe y al tenor de preceptos de la índole de los contenidos en los artículos 1546 y 1930 del Código Civil junto con el artículo 870 del Código de Comercio, autoriza al acreedor-vendedor a solicitar, ubicándose en el primero de los dos extremos posibles de la opción en su favor instituida por dichas normas, la ejecución forzada de la prestación que le es debida con indemnización de perjuicios por el retardo si a ello hubiere lugar, siéndole también permitido impugnar, a través de la demanda judicial de resolución, la eficacia integral del negocio para producir su extinción retroactiva por haber desaparecido su bilateralidad funcional, o para mejor decirlo, por haberse frustrado su finalidad ante el incumplimiento imputable al comprador, extinción que en últimas, al tenor de cuanto se dejó explicado líneas atrás, representa un medio que el ordenamiento contempla para exonerar ciertamente al contratante cumplidor y que tiende a restituirlo a la misma situación en que se encontraría de no haber celebrado el contrato, pero que también despliega similar eficacia liberatoria respecto del infractor, salvedad hecha obviamente del deber de resarcimiento de los daños causados, pues bien sabido es que en el ámbito del que se viene haciendo mérito, la consecuencia esencial de la resolución es la de disolver desde un principio el vínculo, aniquilando su contenido de forma tal que en consonancia con ese sentido de retroactividad propio del mecanismo, desaparezca todo vestigio de las obligaciones correspectivas que integraron dicho contenido, lo que quiere significar en síntesis que “... la resolución es opuesta o contraria al cumplimiento, por lo que mediante su ejercicio la parte que la plantee no habrá de ver realizado el objeto de la prestación, ni directa ni indirectamente. Decretada la resolución del contrato, dicha parte podrá considerarse liberada de la obligación que le incumbe y también podrá recuperar lo que hubiere dado con fundamento en el contrato resuelto, mas nada de esto conduce a darle conformidad a su interés, el cual, en consecuencia, quedará frustrado...'''' (Casación Civil de 10 de diciembre de 1990, aún no publicada).

Se trata, pues, de dos derechos contrapuestos entre los que debe elegir el vendedor, y en la medida en que den lugar a acciones derivadas del contrato mismo como son la de cumplimiento y la de resolución, respecto del ejercicio de ambos juegan papel de importancia las restricciones consagradas en los artículos 643 y 882 del Código de Comercio, si el precio se pretendió pagar total o parcialmente mediante la entrega de títulos de crédito que no llegaron a “buen fin”. En otras palabras, permaneciendo vivos estos instrumentos y existiendo por consiguiente el riesgo cierto de que el comprador pueda terminar pagando dos veces la misma deuda, en el caso de que el vendedor opte por exigir el cumplimiento, o en la hipótesis de resolución por incumplimiento acabe aquel ejecutando una prestación objeto de una obligación desprovista de causa por efecto de la desaparición sobreviniente del contrato del cual emana, ninguna de estas pretensiones es de recibo sino en tanto el actor devuelva los títulos o preste garantía suficiente de responder por los eventuales perjuicios que para el deudor puedan seguirse de la no devolución oportuna, criterio éste que como con acierto lo apuntan los casacionistas, ha sido prohijado por la Corte al declarar, aludiendo en particular el ejercicio de la acción resolutoria por incumplimiento en los contratos bilaterales, que “...cuando una prestación originada en contrato se ha satisfecho en la forma que autoriza el artículo 882 del Código de Comercio, para el ejercicio de la acción resolutoria respectiva derivada del no pago del título valor, requiérese sine qua non que el acreedor demandante lo presente para acreditar que lo tienen en su poder y que no está descargado, o dando caución a satisfacción del juez (...) como lo dispone dicho artículo. Esta presentación del título valor insoluto o el otorgamiento de la garantía, en su caso, son los únicos que lo habilitan para ejercer el derecho a demandar la resolución del contrato, pues con ellos exterioriza su deseo de utilizar en ese sentido la alternativa que le confiere el artículo 1546 del Código Civil ...'''' para a continuación, en una clara referencia a las circunstancias específicas frente a las cuales esos requisitos habilitantes encuentran razonable justificación, agregar que “... de acuerdo con las normas generales, si al acreedor le bastará con demostrar la existencia de la obligación originaria o fundamental, esto es la nacida del contrato, y con afirmar que el deudor no la ha satisfecho, para en tal virtud demandar la resolución, en el caso especial del artículo 882 del Código de Comercio, ese acreedor como tenedor del título valor que recibió en pago (...) bien podría exigir igualmente que éste le fuera pagado. Más aún, esa posibilidad de cobro del título valor la tendría cualquier endosatario o tenedor del mismo, que sería tercero en el contrato que le dio origen. Esta mera posibilidad debe precaverse y evitarse a todo trance, porque comportaría nada menos que el ejercicio simultáneo de los dos derechos que en forma alternativa concede para los contratos bilaterales el artículo 1546 del Código Civil, lo que es absurdo. La única manera de impedir que se produzca esa ocurrencia a todas luces inmoral e injurídica, es precisamente la de exigir al demandante en acción resolutoria de contrato bilateral que presente el título valor que había recibido en pago de la obligación a su favor (...) o que preste la caución para garantizar al deudor los perjuicios que pueda causarle, entre los cuales está la posibilidad del ejercicio simultáneo de la acción resolutoria y de la cambiaria derivada del título valor...'''' (G. J. T. CLVIII, pág. 268), lo que lleva a concluir que en el caso presente, advertidas las peculiares circunstancias que lo identifican, el peligro en mención no existía y por eso la limitación consagrada en los artículos 643 y 882 del Código de Comercio, denunciados sin razón como infringidos por la sentencia impugnada en tanto ignoró que la prosperidad de las pretensiones del actor requería de la devolución de las letras recibidas o la prestación de caución, no era aplicable.

En efecto, si el vendedor aquí demandante, antes de acudir al extremo de pedir la resolución por incumplimiento de la compraventa cuyas condiciones básicas se hicieron constar en la escritura 662 otorgada el 10 de mayo de 1978 ante el Notario Cuarto de la ciudad de Pereira y escalonando por lo tanto los medios de que disponía para la cabal defensa de su posición contractual, intentó primeramente obtener el pago del precio insoluto mediante el cobro por vía ejecutiva de las diez letras de cambio que, a nombre de un tercero también testaferro y por la cantidad total de $ 15.280.000 entregaron las sociedades compradoras, gestión esa en la cual no tuvo éxito, y si por otra parte los instrumentos que fueron base de recaudo, sin haber sido descargados pero al propio tiempo desprovistos de toda fuerza cambiaria, reposaban en los correspondientes expedientes judiciales al momento de entablarse la acción resolutoria materia del proceso sub lite, inevitable es inferir entonces la no existencia de riesgo alguno de la naturaleza de los que contempla y se propone evitar el artículo 882 del Código de Comercio, lo que equivale a decir que al decidir del modo en que lo hizo el fallador de instancia, accediendo a decretar la resolución demandada sin que el actor devolviera los referidos títulos ni tampoco haya prestado caución, no pudo quebrantar ni directa ni indirectamente, por falta de aplicación, el segundo inciso de la disposición recién citada y por contera, en cuanto atañe al tema concreto planteado, tampoco resultaron aplicados indebidamente en la sentencia los artículos 1546, 1930 y 1932 del Código Civil junto con el artículo 870 del Código de Comercio».

(...)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SIMULACIÓN RELATIVA

INTERPOSICIÓN DE PERSONA EN UN CONTRATO

EXTRACTOS: «1. Siguiendo la que es doctrina generalmente aceptada por los autores y la tendencia jurisprudencial hoy en día con mayor acogida sobre la materia, dícese de la simulación en los negocios jurídicos que puede ser absoluta o relativa según el grado que la anomalía revista, entendiéndose así que se da la primera especie cuando los interesados se ponen de acuerdo para engañar a los terceros realizando apenas en apariencia un acto cuyos efectos no desean, mientras que la segunda ocurre cuando bajo esa falsa apariencia existe un acto real y serio que los agentes ciertamente han celebrado pero con un ropaje distinto, habida cuenta que la naturaleza de dicho acto no es la del que se manifiesta al público como verdadero, o aun siendo la misma, se le atribuyen alcances que no coinciden con los que al exterior se presentan. En otras palabras y por contraposición a la calificada como “absoluta” donde el acuerdo simulatorio por definición ha de servir para establecer pura y simplemente que la apariencia contractual nada tiene de real y por ende carece de todo valor jurídico, en la simulación relativa hay contenido, aunque disimulado u oculto tras un artificio engañoso, contenido que da fe de la auténtica meta de los agentes y es divergente del que el acto en su forma externa pone de manifiesto, sosteniéndose en consecuencia que este tipo de simulación puede ser a su vez de tres clases (G. J., Num. 1899, pág. 336): a) Aquella en que la fase oculta del acto cambia la naturaleza jurídica del que se hizo ostensible, pero no para destruir los efectos que a éste le son en esencia inherentes; b) Aquella en que el acto aparece realizado por un testaferro con el objeto de ocultar la genuina identidad de los titulares de la relación creada; c) Y por último, aquella en que lo disfrazado no es ya la naturaleza misma del contrato celebrado, sino las condiciones llamadas a regirlo en cuanto a objeto, precio, fecha, modalidades, pactos accesorios etc., categorías éstas tres que, desde luego, son de carácter conceptual y entre sí no se excluyen pues, en la práctica, suelen darse casos de mayor complejidad en que el fenómeno simulatorio engloba varias de esas manifestaciones y a su descubrimiento en conjunto tiende la acción declarativa correspondiente.

Pues bien, según queda visto uno de los supuestos de simulación relativa es el que afecta a los sujetos contratantes, hipótesis que como se sabe ha dado en llamarse “simulación por interposición fingida de persona” y que, en síntesis consiste en hacer figurar como “parte contratanté'' a quien en verdad no lo es (persona interpuesta o testaferro), ello con el fin concertado mediante acuerdo simulatorio de ocultar la identidad de aquel a quien real y directamente vincula la relación negocial, luego ese intermediario, por haberlo convenido así los protagonistas en la tramoya, es un contratante aparente imaginario, “...en lugar del cual y detrás de él —al decir de Ferrara (La Simulación ... Num. 13, pág. 145)— se encuentra el verdadero contratante que permanece escondido...”, siendo la función del acuerdo simulatorio, por lo tanto, establecer quién es este contratante efectivo, de manera que les asiste razón a quienes sostienen que en estos casos se trata de una simulación parcial subjetiva, originada en cuanto tal en la disimulación, no del contrato propiamente dicho que por lo general permanece intacto, sino de las partes que lo celebran; dicho en otros términos y contra el criterio que en relación con este punto parecen acoger las demandas en estudio, no siempre la simulación relativa determina una anomalía causal que trascienda sobre la naturaleza del contrato, y así como puede ella incidir tan solo respecto de una modalidad concreta del negocio o en lo que atañe a su objeto, así también pueden limitarse los alcances de la ficción a los sujetos que es justamente el supuesto común de la “interposición ficticia de persona”.

Y con estas bases, bueno es recalcar que en orden a la cabal configuración del mecanismo simulatorio del que se viene hablando, no basta que en determinado negocio actúe una persona para ocultar a quien lleva a cabo una enajenación o a quien va a ser destinatario definitivo de una atribución patrimonial que a través del mismo negocio se hace; junto con este elemento por definición presupuesto en todas las formas de interposición de persona, han de concurrir desde luego las circunstancias que caracterizan la simulación y, dentro de estas, por excelencia el concierto estipulado de manera deliberada y consciente entre los contratantes efectivo y aparente con la contraparte para indicar quienes son los verdaderos interesados y el papel que, por fuerza precisamente de esa inteligencia simulatoria trilateral, le corresponde cumplir al testaferro, esto bajo el bien entendido que cual ocurre por principio en todas las especies de simulación (G. J., Ts. CLXVI, pág. 98 y CLXXX, pág. 31 entre otras), la configuración de este fenómeno tampoco es posible en el ámbito de los extremos subjetivos del contrato si no media un “... pacto para simular'''' en el cual consientan el interponente, la persona interpuesta y el tercero, pacto cuyo fin es el de crear una falsa apariencia ante el público en cuanto a la real identidad de aquellos extremos y que no necesita para su formación, como erróneamente dan a entenderlo los cargos sub examine, que se produzca en un momento único, habida consideración que su desarrollo puede ser progresivo y, por ejemplo, terminar consumándose mediante la adhesión por parte de un tercero adquirente a la farsa fraguada de antemano por quien enajena y su testaferro, aceptando por consiguiente las consecuencias que esa interposición conlleva.

2. En este orden de ideas, hoy en día se tiene por convenido entonces que no toda interposición de persona en un contrato entraña simulación, razón por la cual resulta imperioso distinguir dos situaciones de diversa índole que en la especie de autos, por no haberlas separado el Tribunal con la debida claridad según dicen los casacionistas, a la postre vinieron a determinar el quebranto, por aplicación incorrecta en la sentencia impugnada, de las normas de derecho sustancial que regulan la simulación relativa de carácter subjetivo y la forma de obtener su reconocimiento judicial; se trata de la “interposición ficticia de persona” que en otras latitudes se denomina “convención de testaferro”, por un lado, y por el otro su antítesis constituida por la “interposición real'''' y de la cual es elocuente ejemplo el artículo 2177 del Código Civil, figuras ambas con su propio régimen que la doctrina jurisprudencial, al menos en línea de principio general, describe en los siguientes términos:

“... La simulación de persona en los contratos no se concibe sin que sea fraguada por todos los que en ellos intervienen como partes. De lo contrario, obedecerá a un convenio aislado, independiente del contrato, en que nada tendrán que ver los otros contratantes y que en nada podrá afectar la realidad del contrato mismo. Es cierto que en el mandato sin representación puede haber una especie de simulación, en cuanto el mandato se oculta y hace que el mandatario se presente personalmente a contratar con terceros, pero esa simulación se realiza en el mandato, no en el contrato que el mandatario celebra en su propio nombre. Por consiguiente, el tercero que contrata con el mandatario obra por sí, no en representación de otro, es ajeno en absoluto a lo convenido privadamente entre mandante y mandatario...'''' (G. J. T. LXXI, pág. 358).

En consecuencia, las diferencias son notables y no sobra puntualizarlas antes de pasar al estudio del litigio aquí planteado. En efecto, la interposición real se distingue de la que es apenas simulada porque el tercero contrayente, adquirente o enajenante según el caso, no es partícipe en modo alguno del acuerdo entre el interponente y la persona interpuesta real —mandatario “nomine proprio” o fiduciario— que es con quien aquel contrata, ignorando por lo tanto que ese intermediario declara por cuenta de otro o en virtud de un acto de confianza (fiducia) que lo obliga a obrar en tal sentido; por esto, a la persona interpuesta real su contraparte la considera, y sin lugar a dudas tiene derecho a hacerlo así, como el verdadero contratante en quien se radican directamente todos los efectos, tanto activos como pasivos, que el negocio genera, mientras que en la interposición fingida las cosas se suceden de manera por completo distinta, su ubicación dentro del marco negocial no tiene otro sentido que el de una auténtica farsa en que, a pesar de ella, todos entienden que quien realmente estipula es la persona que de la simulación se sirve para que su identidad quede entre sombras, de donde se desprende que “... la relación jurídica —según lo enseña la más autorizada doctrina nacional (Mario Guerrero, La Simulación ... Pág. 180, Ed. de 1957)— ciertamente se verifica, no como en el caso de la interposición real a través de la persona interpuesta, sino directamente entre los interesados, permaneciendo la persona interpuesta completamente ajena en el fondo a dicha operación, por lo cual a tal persona ha dado en llamársele en el lenguaje jurídico prestanombre, testaferro u hombre de paja, porque su intervención se limita a un papel puramente decorativo...''''; en otras palabras, en una y otra hipótesis las funciones del interpuesto no admiten ser igualadas pues si hay simulación, y la habrá cuando las pertes verdaderas en connivencia emplean a un tercero para disfrazar su identidad, “...los efectos del acto jurídico se radican en quienes realmente han contratado (...) y por consiguiente los acreedores del mandante —léase interponente para mayor claridad— podrán perseguir los bienes que éste haya adquirido mediante el acto simulado; el tercero podrá exigirle al interponente (que es en verdad su cocontratante) el pago del precio y las demás obligaciones que del contrato emanen, y, en suma, el mandatario desaparece una vez que se prueba la simulación, toda vez que sólo se trataba de un simple testaferro. Por el contrario, cuando no hay concierto entre el mandante y el tercero (...) el mandante nada adquiere ni debe, y sólo tendrá acciones personales contra su mandatario para que le transfiera lo que haya adquirido en su nombre...'''' (Avelino León Hurtado, La Voluntad... pág. 138, 3ª edición, Chile 1979), lo que lleva derechamente a concluir que el testaferro no puede reputarse nunca representante de las partes, y menos aún mandatario indirecto, toda vez que a diferencia de estos, se repite, no contrae nada en nombre propio ni en nombre y por cuenta ajena, siendo la suya entonces una misión de pura apariencia».

(Sentencia de julio 30 de 1992. Expediente 2528. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss).