Sentencia 25341 de abril 25 de 2006 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 36

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón

Bogotá, D.C., veinticinco de abril de dos mil seis.

Asunto

La Corte se pronuncia sobre la acción de tutela presentada por Marleny Gasca Castro, a través de apoderado judicial, contra la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad.

Antecedentes

1. Los hechos y la acción de tutela.

El Juzgado 5º Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, mediante fallo del 18 de diciembre de 2003, declaró la extinción del derecho de dominio de los remanentes que pudiesen quedar dentro de un proceso judicial adelantado respecto de un inmueble de propiedad de Luis Enrique Ramírez Murillo, esposo de la accionante, y declaró que no procedía la extinción de los demás bienes relacionados en la resolución de la fiscalía.

Al conocer en grado de consulta, la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, a través de providencia del 24 de junio de 2005, revocó los numerales 2, 3, 4, 5, 6, y 8 de la sentencia anterior y declaró la extinción del derecho de dominio de los demás bienes de propiedad del señor Ramírez Murillo, de su esposa (tutelante) y de su familia, así como de las acciones y/o aportes o cuotas en las sociedades RG. Construcciones S.A., Frutas Tropicales de Colombia S.A., Cerámicas Tocagua S.A. y Luis Ramírez y Cía. S. en C.

Como a juicio de Marleny Gasca Castro la decisión adoptada viola sus derechos al debido proceso, a la propiedad y al buen nombre, a través de apoderado judicial interpuso acción de tutela para obtener su protección.

En síntesis, las irregularidades de la sentencia, según la accionante, consisten en que la causal de ilicitud se fundamentó exclusivamente en la actividad de narcotráfico de su esposo, Luis Enrique Ramírez Murillo, olvidando que no existía sentencia condenatoria en ese sentido; no observó el principio de congruencia, pues parte de la base de que los bienes provienen solamente de las actividades ilícitas, pero al momento de demostrarlas solamente corrobora su inexistencia; la valoración fue subjetiva y caprichosa, puesto que las inferencias que hace de las pruebas recaudadas por la fiscalía son amañadas, deduce elementos que ellas no contienen y en ciertos casos restringe su contenido hasta desnaturalizarlas, y desconoció las garantías constitucionales.

Como consecuencia, consideró que el tribunal demandado incurrió en vía de hecho por defecto fáctico al ignorar las sentencias absolutorias pues “de la nada saca fallos condenatorios inexistentes”.

Solicitó se disponga la devolución y desafectación de todos los bienes, y, en subsidio, se ordene al tribunal demandado fallar nuevamente sin considerar los fundamentos fácticos inexistentes que sirvieron de soporte para el fallo.

2. La respuesta de la autoridad demandada.

El Tribunal Superior guardó silencio.

Al proceso fue vinculado el fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado.

La Dirección Nacional de Estupefacientes presentó escrito en el cual manifestó que carece de competencia para decidir lo relativo a la acción de extinción del dominio, para decretar comisos o para decidir sobre el destino final de los bienes puestos a su disposición. Así mismo, que no puede efectuar pronunciamiento alguno sobre la presunta violación de los derechos de la accionante, puesto que la tutela no se dirigió en su contra.

Consideraciones

1. El problema jurídico.

Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas planteadas, la Corte debe determinar si la Sala Penal de Descongestión demandada vulneró los derechos invocados al haber declarado la extinción del derecho de dominio de varios bienes y acciones en los que la peticionaria tenía parte, y si incurrió en un defecto fáctico que haga procedente la acción de tutela.

2. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales, especialmente en materia de valoración probatoria.

La tutela, por regla general, no procede cuando se han agotado los mecanismos legales de impugnación y se ha puesto fin a la actuación a través de una decisión definitiva que hace tránsito a cosa juzgada, en cuanto ella se torna inmutable como reconocimiento de la autonomía e independencia judicial y como afirmación del principio de seguridad jurídica.

Sin embargo, la jurisprudencia ha admitido que esa acción constitucional es viable de manera excepcional, cuando con el actuar grosero y protuberante del funcionario se ha incurrido en una clara vía de hecho y, en consecuencia, se han vulnerado de manera ostensible derechos fundamentales.

Cuando la inconsistencia reside en una falla estructural de la decisión que sea atribuible a deficiencia probatoria, ya sea por falta de práctica de pruebas que sean conducentes y pertinentes, por la errada interpretación de las aportadas al proceso o por una indebida valoración de las mismas, se puede hablar de un defecto fáctico que hace procedente la intervención del juez de tutela.

Sobre la procedencia de la tutela en estos casos, la Sala ha manifestado (1) :

En general, no puede un recurso de amparo ser utilizado para controvertir la apreciación judicial respetuosa de las reglas de la sana crítica y de los niveles de convicción exigidos para decidir, pero sí resulta ser un instrumento eficaz para dejar sin efecto los fallos que se fundan en el puro subjetivismo del juez o, inclusive, que desconocen la realidad probatoria que existe en el proceso.

Es lo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al desarrollar la teoría de las vías de hecho, ha denominado “defecto fáctico”, que se configura cuando se aplica el derecho “sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal a partir de pruebas válidas”.

Es claro que el juzgador goza de un amplío poder para valorar el material probatorio existente dentro del proceso. Empero, su actuar debe estar desprovisto de criterios subjetivos o arbitrarios, y su decisión debe ser seria, juiciosa y responsable. Cuando se aleja por completo de las pruebas, las ignora u omite su valoración sin razón valedera, atenta contra la justicia y contra los valores constitucionales.

De manera que se está ante una actuación arbitraria e irregular cuando el funcionario, ante pruebas claras y contundentes que manifiestamente demuestren una realidad objetiva, profiere una providencia contraria a ella.

En otros términos, es factible acudir a la tutela frente a una manifiesta e irrazonable valoración probatoria. Pero, se insiste, el error en el juicio debe ser flagrante y manifiesto pues de lo contrario no puede el juez constitucional convertirse en una instancia adicional revisora de la actuación de evaluación probatoria propia del juez que conoce el proceso.

3. El principio de congruencia y la autonomía de la acción constitucional de extinción de dominio.

En un Estado de derecho es esencial que los jueces en sus decisiones den aplicación al principio de congruencia, lo que implica la existencia de una relación directa entre lo alegado, lo probado y lo decidido. En ese orden de ideas, los fallos deben fundamentarse en la realidad fáctica demostrada y no en simples conjeturas que no tienen soporte en la actuación procesal.

Ahora bien, la acción de extinción de dominio es una institución autónoma y no está limitada a la comisión de un delito. Su finalidad es desvirtuar la legitimidad de los bienes cuando han sido adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moralidad social, pero independientemente de que la ilegitimidad del título sea o no penalmente relevante. De manera que el juicio que se adelanta es independiente del penal, aunque con previa observancia de todas las garantías procesales y constitucionales, en los términos señalados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-740 del 28 de agosto de 2003.

En el mencionado fallo se sostuvo:

De acuerdo con esto, la acción de extinción de dominio no fue asumida por el constituyente como una pena sino como una acción constitucional pública, jurisdiccional, autónoma, directa y expresamente regulada por el constituyente y su ubicación en el artículo 34 Superior se explica en razón de la estrecha relación existente entre ella y el derecho de propiedad. En tal virtud, la naturaleza y el alcance de la acción de extinción de dominio no debe determinarse en el contexto del poder punitivo del Estado.

(...)

no se trata, en manera alguna, de una institución que haga parte del ejercicio del poder punitivo del Estado y por ello no le son trasladables las garantías constitucionales referidas al delito, al proceso penal y a la pena. Por lo tanto, en el ámbito de la acción de extinción de dominio no puede hablarse de la presunción de inocencia y, en consecuencia, de la prohibición de inversión de la carga de la prueba pues estas garantías resultan contrarias a la índole constitucional de la acción.

No desconoce esta corporación que en anteriores pronunciamientos se admitió que en la acción de extinción de dominio era aplicable la presunción de inocencia. No obstante, tales pronunciamientos se profirieron con base en un régimen legal diferente al actualmente vigente, régimen promulgado frente a un contexto histórico también distinto y con una teleología legislativa diversa. De allí que en ese régimen, si bien se afirmó la autonomía de la extinción de dominio, se lo hizo sin desvincularla completamente de la declaratoria de responsabilidad penal. Ello fue así al punto que, según los artículos 7º y 10 de la Ley 333 de 1996, no se podía adelantar la acción de extinción de dominio de manera independiente cuando existían procesos penales en curso, pues se trataba de una acción que era complementaria de la acción penal.

(...).

Esta profundización del carácter autónomo de la acción de extinción de dominio y esta desvinculación total de la responsabilidad penal que eventualmente pueda asistirle al titular de los bienes objeto de extinción, imponen un análisis diferente de la institución, pues si hoy ya no se trata de una acción complementaria de la acción penal y de la clase de responsabilidad que en ella se discute, no concurren argumentos para extenderle una garantía propia del ejercicio del poder sancionador.

37. De lo expuesto no se infiere, sin embargo, que el Estado se encuentre legitimado para presumir la ilícita procedencia de los bienes objeto de extinción de domino pues una cosa es que esta sea una acción constitucional pública consagrada de manera directa y expresa por el constituyente y legalmente regulada como una institución totalmente autónoma de la acción penal, a la que no le resultan aplicables garantías penales como la presunción de inocencia, y otra completamente diferente que aquel se encuentre exonerado del deber de demostrar esa ilícita procedencia. Una exoneración de esa índole no existe, pues el Estado se halla en la obligación ineludible de recaudar un conjunto de elementos de convicción que le permita concluir de manera probatoriamente fundada, que el dominio ejercido sobre unos bienes no solo no tiene una explicación razonable en el ejercicio de actividades legítimas, sino que además obedece al ejercicio de actividades ilícitas.

4. La valoración hecha por el juez de segundo grado.

La Sala accionada hizo las siguientes consideraciones:

Cabe anotar, que a pesar de que la extinción de dominio es exclusivamente patrimonial y no constituye una consecuencia penal sino económica de los actos imputables a una persona, hay que tener en cuenta que del señor Luis E. Ramírez se le comprobó que se dedicaba a actividades de narcotráfico, sobre las cuales el extinto tribunal nacional, le declaró prescrita la acción penal, y se dispuso la cesación de procedimiento, excepto frente al concierto para delinquir de que trata el artículo 44 de la Ley 30 de 1986 (...).

Después, en 1990 se le investigó y acusó por similares conductas punibles, tildándose que las ejercía o desarrollaba con el cartel de Cali (Valle); proceso en el que también fue absuelto, pues no se logró demostrar tales hechos. Luego, el 23 de febrero de 1993, se declaró confeso narcotraficante.

Y por último, se le asignó el presunto ejercicio de narcotráfico realizado con posterioridad al 23 de febrero de 1993 hasta el año de 1996, en virtud del cual fue absuelto por falta de prueba (2) .

Fue con base en lo anterior que la accionante concluyó que el tribunal incurrió en vía de hecho pues, a pesar de reconocer que no existía sentencia condenatoria, fundamentó la ilicitud de los bienes en la actividad de narcotráfico.

No obstante, conviene traer a colación lo que con posterioridad afirmó el tribunal:

Pero a pesar de estos hechos, no es cierto lo manifestado por el a quo, en cuanto a “El señalamiento que hace la fiscalía para deprecar la extinción de dominio de los bienes referenciados anteriormente, se basa exclusivamente en la vinculación de este personaje con lo antes referido...”, ya que, el objeto de esta acción no es la imposición de la pena al delincuente, es decir, que no le interesa la vinculación del señor Luis E. Ramírez con el narcotráfico, sino, en la privación del reconocimiento jurídico a la propiedad adquirida en contravía de la ley, no solamente mediante el delito, sino a través del aprovechamiento indebido del patrimonio público, pese a que el comportamiento no haya sido estipulado como delictivo, ni se le haya señalado una pena privativa de la libertad de otra índole, lo que realmente interesa es el incremento de su patrimonio carente de justificación, así como se observa en el proceso.

(...).

Por eso, la declaración rendida por el señor Ramírez Murillo, establece que para el año de 1990, cuando comenzó su relación con Pablo Escobar Gaviria, no contaba con patrimonio alguno, al contrario tenía una serie de pasivo, así como por ejemplo el que le perdonó el difunto Escobar.

Por otra parte, la adquisición de las sociedades, presenta que no existe una solvencia lícita, sino, mas bien un enriquecimiento sin justa causa, y lo que tenía era una serie de deudas, siendo que varias de las adquisiciones están con el simulado argumento de que fueron efectuados por personas naturales o jurídicas, siendo que quien las realizó fue Luis E. Ramírez.

Por lo tanto, no es cierto, lo aseverado por el a quo, en cuanto que el patrimonio con el que contaba (...) y su esposa para el año de 1986 era de origen legal, al contrario, lo que se ve es que fueron obtenidos con las actividades de narcotráfico ejercidas por este, ya que esos bienes no podían generar el excesivo dinero en efectivo para las millonarias inversiones que realizó.

(...).

Por eso, Luis E. Ramírez, adquirió muchos de sus bienes y la conformación de estas sociedades de manera ilícita, ya que pretende demostrar que fueron adquiridas conforme a la ley, por ejemplo, con el cultivo de mango en el municipio de Zambrano, comenzando su producción a partir de 1997, por lo tanto siendo esta su situación y actividad laboral, es de señalar que no tenía los recursos necesarios para las millonarias inversiones realizadas, al igual que su esposa Marleny Gasca que es ama de casa.

Como también, las contradicciones que se presentaron, en relación a los documentos y libros de registro, en donde se debían inscribir las medidas de conformidad con el Código de Comercio de las empresas, primero que todo Luis Humberto Martínez (cuñado), representante legal de varias empresas, manifestó que le iban a ser entregados en una finca por parte de un empleado, pero dichos archivos fueron robados, en cambio la versión dada por Luis Enrique Ramírez Murillo, señala que los papeles fueron quemados por la guerrilla.

(...).

Además, se evidencia que el señor Ramírez Murillo no logró comprobar de manera clara y completa el incremento patrimonial, detectado por los peritos en sus declaraciones de renta y patrimonio, por lo tanto, las falencias e inconsistencias encontradas, llevan a deducir un aumento patrimonial, relacionado con el ejercicio de actividades delictivas, por tratar de demostrar el origen legal del peculio de las sociedades, no lo logró demostrar, a raíz de que las mencionadas entidades no estaban produciendo y por ende no generaban ingresos que pudieran cubrir los incrementos (3) .

Así las cosas, no se advierte el defecto fáctico constitutivo de una vía de hecho denunciado por la peticionaria. La valoración de las pruebas hecha se encuentra acorde con las características propias de una acción que, como la de extinción de dominio, ostenta una naturaleza especial diferente a las que emanan del ius puniendi. Además, no se vislumbra capricho, insensatez o simple subjetividad en la providencia, y menos desconocimiento de garantías constitucionales, cuestión que hace improcedente la acción de tutela.

5. El desconocimiento de la cosa juzgada.

Ahora bien, lo que la Sala sí considera reprochable y atentatorio del derecho al debido proceso es que el tribunal desconoció por completo que ya existía cosa juzgada respecto a la presunta ilicitud de las acciones y/o aportes que poseía la accionante en la sociedad Cerámicas Tocagua S.A., como de manera acertada lo advirtió el Juzgado 5º Penal del Circuito Especializado en el fallo que fuere revocado.

En efecto, con anterioridad la Dirección Nacional de Estupefacientes presentó demanda de extinción de dominio contra la accionante, motivando su decisión en que era cónyuge de Luis Enrique Martínez Murillo alias “Micky”, en donde uno de los bienes sobre los cuales habría de recaer la decisión eran las acciones (1.200) de la sociedad Cerámicas Tocagua S.A.

En esa oportunidad la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, en fallo del 6 de marzo de 2003, revocó la providencia proferida por el juez de primera instancia por considerar que no existían razones para extinguir el dominio de las acciones en atención a que las pruebas justificaban la procedencia lícita de los recursos invertidos. Dijo en uno de sus apartes:

[D]el seguimiento de la realización del aportes de los 120 millones por parte de la señora Gasca Castro a la sociedad Cerámicas Tosagua S.A., se deduce su claridad y transparencia pues está corroborado por la secuencia del dinero, que salió del préstamo de Finagro a Agrobolívar, cuya validez se desconoce por la fiscalía, aduciendo que como se dijo en la escritura que ya había sido pagado el 19 de mayo cuando se realizó la escritura de constitución de la sociedad, esas pruebas no podían desvirtuarla (sic) (4) .

En consecuencia, en su fallo del 24 de junio de 2005 el tribunal no podía desconocer la decisión anterior, que había adquirido fuerza de cosa juzgada, y proceder a declarar la extinción de domino de esas acciones, cuando el proceso objeto de estudio se inició también “respecto de los bienes de propiedad de Luis Enrique Ramírez Murillo y su esposa Marleny Gasca Castro”, es decir, por la relación de esta con aquel.

Así las cosas, se concederá la tutela por este aspecto.

En consecuencia, se dejará sin efecto la providencia proferida pero solo en cuanto declaró extinguido el dominio de las acciones y/o aportes, partes de interés o cuotas que como persona natural poseía la accionante en la sociedad Cerámicas Tocagua S.A., y se ordenará al tribunal demandado que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, disponga lo pertinente a fin de que se devuelvan dichas acciones a la peticionaria, lo cual deberá cumplirse en un término igual.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONCEDER la tutela del derecho al debido proceso de Marleny Gasca Castro, por las razones expuestas en la parte considerativa de este fallo.

2. DEJAR SIN EFECTO la providencia proferida por la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad el 24 de junio de 2005, pero únicamente en cuanto declaró extinguido el dominio de las acciones y/o aportes, partes de interés o cuotas que como persona natural poseía Marleny Gasca Castro en la sociedad Cerámicas Tocagua S.A.

En consecuencia, ORDENAR al referido tribunal que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, disponga lo pertinente para que se devuelvan dichas acciones a la accionante, lo cual deberá cumplirse en un término igual.

3. Ordenar que, si la decisión no es impugnada ante la Sala de Casación Civil de esta corporación, se remita el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Mauro Solarte Portilla, comisión de servicio—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Édgar Lombana Trujillo—Álvaro O. Pérez Pinzón, impedido—Marina Pulido de Barón—Jorge L. Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Javier Zapata Ortiz.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

(1) Fallo de tutela del 27 de septiembre de 2005 (radicado 22.470).

(2) Folio 25 de la decisión (anexo 3 de la tutela).

(3) Folios 26, 27, 30 y 31 de la decisión (anexo 3 de la tutela).

(4) Folio 15 de esa decisión (anexo 3 de la tutela).

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