Sentencia 25478 de octubre 25 de 2005

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 25478

Acta Nº 94

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Javier Osorio López

Bogotá D.C., veinticinco de octubre de dos mil cinco.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Patricia Contreras Rey, contra la sentencia proferida por la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, calendada 24 de junio de 2004, en el proceso que la recurrente le promovió al Fondo Ganadero de Casanare S.A.

I. Antecedentes

La accionante en mención demandó en proceso laboral al Fondo Ganadero de Casanare S.A., procurando se le declarara la existencia de un contrato de trabajo entre el 1º de abril de 1998 y el 10 de enero de 2000, que finalizó por decisión unilateral del empleador y sin justa causa, que como consecuencia de ello, se le condenara a reintegrarla al cargo de directora del departamento técnico de la entidad, o a otro de igual o superior categoría, con el pago de los salarios, primas, bonificaciones, vacaciones y prestaciones sociales dejadas de percibir, inherentes al cargo que venía desempeñando y desde el momento en que se produjo el retiro hasta cuando se le reincorpore al servicio, incluyendo los emolumentos y reajustes salariales que se hubieran decretado con posterioridad a su desvinculación, para lo cual se declarará la no solución de continuidad, además pretende la cancelación de las indemnizaciones de que tratan los artículos 35 (sic) y 65 del Código Sustantivo del Trabajo y la de despido injusto, más lo que resulte probado ultra y extrapetita. Así mismo, aspira a la reparación integral y en equidad de acuerdo a criterios técnicos o actuariales y según lo previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, la actualización de las acreencias laborales a su favor y las costas.

En sustento de sus peticiones aseguró que celebró contrato de trabajo a término indefinido con el ente demandado, a partir del 1º de abril de 1998, para desempeñar las labores propias de directora del departamento técnico, devengando un salario de $ 1.100.000,oo, que se incrementó en el año 1999 a la suma de $ 1.276.000,oo; que laboró en forma continua e ininterrumpida; que estuvo en estado de gravidez conforme al examen médico practicado el 27 de mayo de 1999, teniendo para ese momento 20.5 semanas de gestación, por lo que dio a luz un bebe el 16 de octubre del mismo año; que el Hospital de Yopal le concedió incapacidad por licencia de maternidad de 84 días; que mediante comunicación del 25 de noviembre de 1999, la demandada le informó que sus actividades laborales cesarían un vez se cumpliera la citada licencia, sin que tal determinación hubiera sido consultada, como tampoco se obtuvo autorización previa de parte de la respectiva autoridad de trabajo; que se le práctico la liquidación definitiva de prestaciones sociales que comprendía el pago de la licencia de maternidad, la cesantía y sus intereses, vacaciones e indemnización del artículo 6º de la Ley 50 de 1990, por un total de $ 5.486.800,oo, la cual se sufragó sólo hasta el 25 de abril de 2000; y que se reservó el derecho a reclamar posteriormente, dado que no se le reconoció ni pagó la correspondiente indemnización en los términos del artículo 35 de la Ley 50 de 1990.

II. Respuesta a la demanda

La entidad convocada al proceso al dar contestación al libelo demandatorio, se opuso a la prosperidad de las pretensiones; en cuanto a los hechos aceptó la mayoría excepto lo referente al despido en estado de embarazó, pues adujo que para el momento de la terminación del contrato de trabajo, la actora se encontraba en período de lactancia, y agregó que el artículo 35 del Código Sustantivo de Trabajo citado por el procurador judicial de la accionante, no tiene nada que ver con el tema debatido; y no propuso excepción alguna.

En su defensa sostuvo que la accionada cumplió con los requisitos de Ley, para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo de la demandante con el pago de la respectiva indemnización; que ésta al reintegrarse de la licencia de maternidad al término de los 84 días que se cumplieron el 9 de enero de 2000, la ruptura del vínculo contractual se llevó a cabo a partir del día siguiente; y que finalizada la relación laboral, la liquidación definitiva de prestaciones sociales quedó disponible a fin de que la actora la pudiera recibir.

III. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Laboral del Circuito de Yopal, le puso fin a la primera instancia con sentencia del 24 de marzo de 2004, en la que declaró la existencia del contrato de trabajo a término indefinido desde el 1º de abril de 1998 y la nulidad del despido a partir del 10 de octubre de 2000, no existiendo solución de continuidad, y condenó a la entidad accionada a reincorporar a la actora al cargo que venía desempeñando o a uno similar o de igual categoría al que tenía al momento de producirse la desvinculación, así como a cancelar los salarios y demás conceptos laborales y prestacionales dejados de percibir durante el tiempo cesante, concretamente desde el 11 de enero de 2000 hasta cuando se haga efectivo el reintegro, la absolvió de las demás súplicas invocadas y le impuso costas a la parte vencida.

IV. Sentencia de segunda instancia

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, Sala Única de Decisión, conoció del proceso por apelación de la parte demandada, y con sentencia que data del 24 de junio de 2004, confirmó los numerales primero, segundo, quinto y sexto de la decisión de primer grado, revocó el numeral tercero por la imposibilidad de proseguir con el contrato de trabajo y en su lugar ordenó pagar a la accionante los conceptos laborales a que se contrae el numeral cuarto del fallo del a quo que se entiende modificado, pero del lapso comprendido entre el 11 de enero de 2000 y el 27 de agosto de 2001, que ascienden a la suma de $ 28.365.479,oo.

El ad quem en resumen consideró que el artículo 241 del Código Sustantivo de Trabajo no era la norma aplicable al asunto a juzgar, dado que el retiro de la accionante se hizo respetando el término de incapacidad de los 84 días, pues la terminación del contrato de trabajo lo fue el 10 de enero de 2000 cuando ya había vencido la licencia de maternidad; que lo pertinente en el sub lite era observar el artículo 239 ibídem, con el objeto de establecer si el despido ocurrió o no dentro de los tres meses siguientes al parto; que la nulidad del despido prevista en la primera de las disposiciones nombradas, tiene lugar únicamente cuando se produce la desvinculación durante los períodos de descanso o de licencia de maternidad, situación que difiere a la del tiempo de protección regulado en la segunda de las normas en cita, cuya equivalencia en el sector oficial es el artículo 21 del Decreto 3135 de 1968; que lo aceptado por la Sala de Casación Laboral de la Corte, es que el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo consagra como consecuencia el pago de una indemnización más no el reintegro; que apartándose de lo adoctrinado por la Corte Suprema de Justicia, esa corporación adopta la tesis de la Corte Constitucional expresada en la sentencia C-470 de 1997, según la cual el despido de una trabajadora que se cumple bajo el supuesto del artículo 239 en comento, no sólo genera la indemnización de su numeral 3º sino que además es ineficaz, y por ende en criterio del juez colegiado "la norma aplicable es el artículo 239 CST condicionado por la sentencia C-470 de 1997, que introduce la nulidad e ineficacia del despido, lo que da como resultado la acción de reintegro, ejercida en este caso, por tal debe estimarse como viable la decisión del fallo impugnado"; que pese a lo dicho, al entrar a considerarse en el caso en particular la posibilidad real del reintegro de la trabajadora, se tiene que esa alternativa deja ser viable desde el momento en que la entidad accionada quedó en curso de disolución, terminación y liquidación, conforme se desprende de la Resolución 1390 del 27 de agosto de 2001 proferida por la Gobernación de Casanare visible a folio 36; que al haber desaparecido el ente demandado, únicamente se impone el pago de salarios dejados de percibir hasta la fecha en que el Fondo entró en disolución, junto con los demás emolumentos inherentes al contrato de trabajo, tales como cesantía, intereses, vacaciones y primas de servicio, lo que totaliza la cantidad de $ 28.365.479,oo.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez de segundo grado textualmente dijo:

"(...) En síntesis, entiende esta Sala que la norma aplicable es el artículo 239 CST condicionado por la sentencia C-470 de 1997, que introduce la nulidad o ineficacia del despido, lo que da como resultado la acción de reintegro, ejercida en este caso, por tal debe estimarse como viable la decisión del fallo impugnado, aunque con aplicación de la norma que verdaderamente se aviene al caso, mas no con aplicación del articulo 241 CST.

10. Al contrario, en lo que ha de ser modificado el fallo impugnado se relaciona con la posibilidad del reintegro de la trabajadora, aspecto que por ser de interés de la única parte apelante, la demandada, y haber sido traído como sustento del recurso, debe estudiarse. Sostiene la apoderada de la demandada que resulta extraño que a pesar de que el Fondo Ganadero de Casanare ya no existía al entablarse la relación procesal, resulte condenado a cumplir una exigencia imposible por desaparecimiento de la persona jurídica.

Estas precisiones deben hacerse al respecto:

1. A folio 36 se lee la Resolución 1390 de 27 de agosto de 2001 expedida por la Gobernación de Casanare, por medio de la cual se decreta la disolución, terminación y liquidación del Fondo Ganadero de Casanare. Se designa como liquidador el señor Dumar Alfredo Alfonso Roa, y la actual junta directiva se constituye como junta liquidadora.

2. Salta a la vista que el reintegro de la trabajadora demandante dejó de ser viable desde la disolución de la empresa, razón por la cual debe precisarse en el fallo que se dicte, que el reintegro al día de hoy no es posible ya, por haber desaparecido la entidad demandada, lo cual solo impone el deber de cancelar los sueldos que habría percibido la trabajadora desde el día 11 de enero de 2000 hasta el 27 de agosto de 2001 fecha de la disolución. Por cierto que han de cancelarse los demás emolumentos inherentes al contrato de trabajo correspondientes a éste período, tales como cesantías, vacaciones, primas, etc.

(…)

3. Liquidación. Dispuesto que el periodo de salarios dejados de percibir es preciso, debe la Sala hacer la liquidación de la deuda laboral estimando que se trata, según lo dicho atrás, de 20 días de enero de 2000, 11 meses desde febrero a diciembre de 2000 y 6 meses de enero a julio de 2001 más 27 días de agosto, lo que da un total de 18 meses y 9 días. Se toma como salario base $ 1'276.000 según liquidación folio 11.

Salario mensual$ 1'276.000

Por 18 meses$ 22'968.000

Fracción de 9 días$ 382.799

Total salario$ 23'350.799

Vacaciones$957.000

Cesantías$ 1'914.000

Intereses$ 229.680

Prima de servicios$ 1'914.000

Total$ 28'365.479 pesos".

De otro lado, la parte actora solicitó aclaración, corrección y adición de la decisión adoptada por el ad quem y simultáneamente su nulidad parcial, para lo cual previamente a resolver, esa corporación haciendo uso de la facultad oficiosa, dispuso que se aportara la copia autenticada de la Resolución 1390 del 27 de agosto de 2001 emitida por la Gobernación de Casanare, por medio de la cual se ordenó la disolución y liquidación del Fondo demandado (folios 31 a 45 del cuaderno del tribunal).

Aportado el referido acto administrativo, el fallador de alzada con proveído del 19 de agosto de 2004, denegó la declaratoria de nulidad impetrada, y con auto del 9 de septiembre de igual año, no accedió a la aclaración o adición de la sentencia de segunda instancia (fls. 47 a 67 ibídem)

V. Recurso de casación

Inconforme con la anterior determinación la demandante interpuso el recurso extraordinario de casación, con el que persigue se case parcialmente la sentencia acusada, en cuanto revocó el numeral 3º del fallo de primer grado, referente a la orden de reintegro de la accionante, y en sede de instancia, la Corte confirme la decisión del a quo consignada en el aludido numeral tercero y se resuelva lo pertinente en cuanto a las costas.

Con tal fin invocó la causal primera de casación laboral y formuló dos cargos que no fueron replicados, los cuales se estudiaran en el orden propuesto.

VI. Primer cargo

La censura acusó la sentencia impugnada de violar directamente, en el concepto de infracción directa (falta de aplicación), en condición de violación de medio, los artículos "174, 177, 183, 187 y 306 del C.P.C. (aplicables en virtud del artículo 145 del C.P. del T y de la S.S.) y los artículos 51, 53, 60 y 61 del C.P. del T y de la S.S., violación que condujo a la aplicación indebida de los artículos 21 del Decreto 3135 de 1968, 236 (L. 50/90, art. 34), 239 y 241 del C.S. T, y a la infracción directa, por falta de aplicación, de los artículos 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 del Código de Comercio y de los artículos 1º y 238 de la Ley 222 de 1995".

Para su demostración argumentó lo siguiente:

"(...) La parte de la sentencia acusada que es materia de esta impugnación nace de las precisiones finales que hace el tribunal, en la primera de las cuales invoca el folio 36 para señalar que allí se encuentra <la Resolución 1390 de 27 de agosto de 2001 expedida por la Gobernación de Casanare, por medio de la cual se decreta la disolución, terminación y liquidación del Fondo Ganadero de Casanare> luego de lo cual, en la segunda de estas consideraciones, concluye que <Salta a la vista que el reintegro de la trabajadora demandante dejó de ser viable desde la disolución de la empresa>, lo cual significa que el sustento de la determinación que genera la inconformidad de la parte actora, se encuentra en el apoyo probatorio que encontró el tribunal en el folio 36.

Como corresponde a un cargo por la vía directa, este cargo acepta las conclusiones fácticas del tribunal, por lo que la alusión probatoria hecha atrás se incluye porque es necesaria para destacar el error jurídico en que incurrió el tribunal, cuando apoyó su determinación en una prueba que no fue pedida oportunamente, como consecuencia no fue decretada como tal y, en síntesis, no existe para el proceso, por lo que no puede ser utilizada ni siquiera para sustentar una excepción que se pretenda decretar con base en el artículo 306 del C.P.C., porque la facultad que allí se contempla solo puede ser ejercida en la medida en que los hechos que la respalden se encuentra debidamente demostrados, lo cual no se da en el presente caso porque, como se anotó, la prueba en cuestión no fue regularmente incorporada en el expediente.

El juez debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso y solo puede apreciar las que hayan sido solicitadas, decretadas practicadas e incorporadas al proceso <dentro de los términos y oportunidades señalados para ello> en la ley procesal (C.P.C., arts. 174 y 183), por lo que no podía apoyarse en el dicho documento del folio 36, el cual aparece sorpresivamente con un escrito presentado fuera de audiencia, de manera independiente de la contestación de la demanda, sin que se hubiera pedido como prueba, que por tal razón no se decretó en calidad de tal, todo lo cual lleva a concluir que es un elemento ajeno al litigio y que no ha debido tenerse en cuenta por el tribunal, si hubiera aplicado el contenido de las disposiciones que se incluyen en la proposición jurídica como violación medio, disposiciones tanto del estatuto procesal civil, aplicables al proceso laboral en virtud del artículo 145 del C.P. del T. y de la S.S. , como de este último código.

Como consecuencia de lo anterior se produjo la aplicación indebida de los artículos 21 del Decreto 3135 de 1968, por ser aplicable al sector oficial, y 239 y 241 del C.S.T. que fueron en los que se fundaron las decisiones de instancia, especialmente el 239 que utilizó el fallo recurrido para ,su decisión luego de una serie de elaboraciones abstractas que no se discuten en este cargo porque no inciden en el contexto de la violación que se denuncia, que por lo mismo las aceptan, lo cual no impide señalar que varias de ellas son bien discutibles.

Si el tribunal no hubiera apoyado su decisión en esa prueba inexistente, jurídicamente hablando, no hubiera introducido dentro de su decisión la cortapisa que añadió a las condenas que dispuso el a quo y, en cambio, hubiera confirmado el proveído de primer grado en cuanto a la orden de reintegro que impartió con todas las consecuencias derivadas del mismo.

Pero además, como glosa complementaria, se afirma que el tribunal tuvo por establecida una disolución respecto de la demandada que aún aceptando el efecto probatorio del folio 36 no existe, dado que la situación jurídica no puede surtir efectos respecto de terceros hasta tanto no se registre, tal como lo enseña el artículo 219 el Código de Comercio.

Este cargo se ha orientado por la vía directa, en atención a lo señalado por esa H. Sala, dado que el eje de la acusación lo constituye la violación en que incurrió el juzgador de segunda instancia respecto de normas procesales.

Dejo así demostrado el error jurídico cometido por el tribunal y su incidencia en las disposiciones sustanciales que amparan el derecho de la demandante, y para la actuación de instancia solicito que se tenga en cuenta que, desaparecido el efecto impropio que se le había dado al documento del folio 36, que además no es suficiente para apoyar la conclusión del tribunal, solo procede la confirmación plena del fallo de primer grado".

VII. Se considera

Como bien se puede observar, el censor busca con este cargo, se determine jurídicamente, como primera medida que el tribunal al considerar inviable el reintegro de la demandante, se apoyó para ello en una prueba que no fue incorporada en forma regular al proceso, por no estar pedida oportunamente, ni decretada como tal, resultando la misma inexistente; y en segundo lugar a título de “glosa complementaria”, que de aceptarse que dicha probanza tiene algún valor probatorio, no es posible que surta efectos respecto de terceros hasta tanto se registre en los términos del artículo 219 del Código de Comercio.

El juez de apelaciones para adoptar su determinación en este específico punto, concentró su estudio en el documento obrante a folio 36 del cuaderno 1, que según se lee en el fallo acusado corresponde a "la Resolución 1390 de 27 de agosto de 2001 expedida por la Gobernación de Casanare, por medio de la cual se decreta la disolución, terminación y liquidación del Fondo Ganadero de Casanare. Se designa como liquidador el señor Dumar Alfredo Alfonso Roa, y la actual junta directiva se constituye como junta liquidadora", que sirve de sustento para dejar sentado que el reintegro de la accionante no es viable por motivo del desaparecimiento de la demandada, debiéndose disponer en consecuencia, únicamente el pago de los salarios y demás emolumentos inherentes al contrato de trabajo, desde el momento del despido y hasta la fecha de disolución.

En orden a lo anotado, el recurrente le critica al ad quem que no le era factible fundarse en el citado documento de folio 36 "el cual aparece sorpresivamente con un escrito presentado por fuera de audiencia, de manera independiente de la contestación de la demanda, sin que se hubiese pedido como prueba, que por tal razón no se decretó en calidad de tal, todo lo cual lleva a concluir que es un elemento ajeno al litigio y que no ha debido tenerse en cuenta por el tribunal, si hubiera aplicado el contenido de las disposiciones que se incluyen en la proposición jurídica como violación de medio, disposiciones tanto del estatuto procesal civil, aplicables al proceso laboral en virtud del artículo 145 del C.P. del T. y de la S.S., como de este último código".

Visto lo anterior, lo que principalmente está planteando la censura es una infracción procesal probatoria, al cuestionar la validez que el sentenciador de segunda instancia le imprimió a un elemento de convicción que fue incorporado por fuera de audiencia, que no fue solicitado como prueba por las partes en ninguna de las oportunidades prescritas para ello, ni figura decretado como tal, reproche que resulta ciertamente propio del ataque orientado por la vía directa, por ser un aspecto eminentemente jurídico.

Pues bien, los jueces están obligados a proferir su decisión apoyados únicamente en las pruebas que regular y oportunamente se han allegado al proceso, de acuerdo con lo previsto en los artículos 174 del Código de Procedimiento Civil y 60 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Así las cosas, importa destacar que le asiste razón a la recurrente al aseverar que el documento que en fotocopia simple aparece a folios 36 y 37 del cuaderno 1, es "inexistente" o más bien inoponible en la medida que no fue debidamente incorporado, ni deprecado como prueba y tampoco está decretado oficiosamente como tal, dado que no basta con que una de las partes en forma desprevenida lo hubiera allegado por fuera de audiencia y obre en el expediente, para que el juzgador pueda considerarlo e impartirle valor probatorio al momento de proferir la decisión de fondo, pues en estos casos se requiere del pronunciamiento previo del juez de conocimiento en relación a su aportación, a efecto de cumplir con los principios de publicidad, contradicción y el debido proceso.

La circunstancia de que el tribunal luego de proferir la decisión que es objeto de ataque en casación, haciendo uso de la facultad oficiosa, hubiese ordenado que se enviara con destino al proceso la aludida Resolución 1390 del 27 de agosto de 2001, relativa a la disolución y liquidación del Fondo Ganadero llamado al proceso, disponiendo en consecuencia que la Gobernación de Casanare remitiera copia auténtica de la documental de folio 36 y 37, como en efecto sucedió, no convalida de ninguna manera la prueba de marras irregularmente allegada en las instancias, que luego fue considerada como completa para fundar la determinación de negar el reintegro impetrado, en virtud a que dicho decreto de prueba oficiosa no se enmarca dentro de los eventos en que el juez colegiado puede disponer y practicar pruebas en segunda instancia; esto es, en los casos contemplados en el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 41 de la Ley 712 de 2001, cuya potestad está encaminada a obtener una prueba decretada dejada de practicar en primera instancia sin mediar culpa de la parte interesada, o, porque se considere necesaria para desatar la apelación o consulta, y por ende no tiene ningún sentido que se haga cuando ya se ha resuelto el medio de impugnación o el grado de jurisdicción dentro del asunto a juzgar.

En estas condiciones es indudable, que el tribunal cometió el yerro jurídico de orden probatorio enrostrado, y consecuencialmente el quebranto de las disposiciones que integran la proposición jurídica, lo que conduce a que no puede haber lugar en sede de casación, al estudio de las conclusiones probatorias a que llegó el sentenciador en torno al aludido documento de folios 36 y 37, que como se dijo carece de validez.

Por consiguiente, el cargo prospera y habrá de casarse la sentencia impugnada, lo cual hace innecesario el estudio del segundo ataque, habida cuenta que con lo aquí resuelto se cumple el cometido de esta última acusación.

VIII. Sentencia de instancia

Como consideraciones de instancia a más de las expuestas al estudiar el primer cargo, recuerda la Corte que si bien es cierto que no todo medio de convicción que se aporte en el transcurso del proceso puede ser rechazado por el juez, por cuanto aquel que surge, con posterioridad a la conformación de la relación jurídica procesal y contenga un hecho modificativo o extintivo, debe tenerse en cuenta de conformidad con lo previsto en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, también lo es, que quien teniendo la oportunidad para alegarlo no lo hace en el respectivo evento procesal, corre con las consecuencias desfavorables de su negligencia, como así lo definió esta Corte en casación del 10 de junio de 2005 Rad. 24089.

En este orden de ideas y para el asunto de marras, resulta a todas luces improcedente por extemporáneo, que el tribunal le diera existencia jurídica para el proceso a la resolución contentiva de la disolución y liquidación del fondo demandado, con la copia auténtica solicitada y enviada por el jefe de la oficina jurídica del Departamento de Casanare, según Oficio SG-0F 02848 del 14 de julio de 2004 (folio 47 del cuaderno del tribunal), dado que como se puso de presente en sede de casación, cuando se recibió tal documento ya se había proferido la sentencia de segundo grado, y porque además la demandada habiendo tenido la oportunidad de alegar en las instancias en debida forma tal hecho, supuestamente acaecido el 27 de agosto de 2001, no lo hizo, pues guardó silencio al momento de recibir la notificación del auto admisorio de la demanda inicial el 27 de septiembre de 2001 y al dar respuesta a la misma el 2 de octubre de 2001 (folios 25 y 32 vto. del cuaderno del juzgado); sólo posteriormente vino a aparecer en el plenario la fotocopia informal de la susodicha resolución (fls. 36 y 37) con el escrito de folio 44 ibídem, todo lo cual revela que cualquier planteamiento que se quisiera derivar de esta última documental resulta inoportuna.

En consecuencia, el tribunal en su decisión no le era permito(sic) tener en cuenta el elemento probatorio de folios 36 y 37 del cuaderno principal, aportado indebidamente y por fuera de audiencia, que no fue peticionado como prueba, ni decretado como tal, puesto que permitir ello, sería ir en contra del mandato del artículo 29 de la Constitución Política que señala como nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso".

Adicionalmente es de acotar, que la fotocopia del certificado de existencia y representación de la accionada, obrante a folios 38 a 43 del cuaderno del juzgado, tampoco es posible tenerlo como prueba, por haber sido allegado en las mismas condiciones del documento varias veces referenciado.

De suerte que, la alegación de la parte accionada contenida en el escrito de apelación, en el sentido de que sería de imposible cumplimiento reintegrar a la demandante en una empresa que entró en estado de disolución y liquidación (folio 98 del cuaderno principal), además de constituir una alegación extemporánea de un hecho eventualmente modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual versa el litigio, la verdad es que no cuenta con respaldo probatorio alguno, al quedar descartadas las pruebas documentales antes mencionadas.

En este orden de ideas, con los medios de convicción regular y oportunamente allegadas al proceso, esta Sala de la Corte no encuentra que exista acreditada una circunstancia anterior, coetánea o posterior al despido, que haga desaconsejable o inconveniente el reintegro o restablecimiento del contrato de trabajo de la accionante, quien además gozaba de fuero materno para el momento de la ruptura del vínculo contractual por parte del empleador.

Así las cosas, en sede de instancia se confirmará la decisión proferida por el juzgado de conocimiento que lo fue el laboral del circuito de Yopal-Casanare que data del 24 de marzo de 2004, por medio de la cual declaró la nulidad del despido de la actora y dispuso su reincorporación al cargo que venía desempeñando o a uno de similar o igual categoría al que tenía al momento de producirse la desvinculación y condenó al pago de los salarios, prestaciones y demás conceptos laborales dejados de percibir desde el 11 de enero de 2000 y hasta cuando se produzca la efectiva reincorporación. 

Las costas de la primera y segunda instancia serán a cargo de la entidad demandada y por la prosperidad de la acusación, no hay lugar a ellas en el recurso extraordinario.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, Sala Única de Decisión, el 24 de junio de 2004, en el proceso adelantado por Patricia Contreras Rey contra Fondo Ganadero de Casanare S.A.

En sede de instancia, se confirma el fallo de primera instancia acorde con lo expresado en la parte motiva.

Se condena en costas de segunda instancia a la parte vencida, sin que haya lugar a ellas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Luis Javier Osorio López.—Gustavo José Gnecco Mendoza.—Carlos Isaac Nader.—Eduardo López Villegas.—Francisco Javier Ricaurte Gómez.—Camilo Tarquino Gallego.—Isaura Vargas Díaz. 

Maria Ismenia García Mendoza, Secretaria.