Sentencia 255-00 de septiembre 19 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A“

Consejero Ponente:

Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda

Bogotá Distrito Capital, diecinueve septiembre de dos mil dos.

Ref.: Expediente 255-00

Decretos del Gobierno

Actor: Martha E. Ramos de Echandía.

Se decide la acción de nulidad promovida por Martha Esperanza Ramos de Echandía contra la expresión “o cuando el cónyuge supérstite contraiga nuevas nupcias o formalice vida marital”, contenida en el último inciso del parágrafo del artículo 15 del Decreto 1359 de 1993, por el cual se estableció un régimen especial de pensiones, así como de reajustes y sustituciones de las mismas, aplicable a los senadores y representantes a la Cámara.

Antecedentes

Haciendo uso de la acción de nulidad, la actora en demanda presentada el 27 de enero de 2000 (fl. 14 vto.) pidió que se declarara nula la expresión arriba indicada, con fundamento en que el Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, estableció para los congresistas un régimen especial de pensiones por medio del Decreto 1359 de 1993, cuyo artículo 15, en el inciso final del parágrafo, introdujo una causal de extinción pensional para los cónyuges supérstites que contraigan nuevas nupcias o formalicen vida marital, dándoles un trato discriminatorio respecto de los compañeros permanentes, quienes sí podrían contraer nupcias o formalizar vida marital sin temor a perder la sustitución pensional.

Como normas violadas se invocaron los artículos 13 y 16 de la Constitución Política, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 7º, 16 y 22; 1º y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica“, ratificada mediante la Ley 16 de 1972; 2º numeral 1º y 3º y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ratificado por la Ley 74 de 1968; 2º numeral 2º y 9º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ratificado por la Ley 74 de 1968; invocó, además, abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional.

La explicación del concepto de la violación se expuso en los términos que obran a folios 5 a 13 del expediente.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pidió se accediera a la nulidad pedida, apoyándose en jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el tema.

En cambio, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a las pretensiones, por carecer ellas de fundamento, al desconocer que la norma demandada se encuentra derogada y el carácter excepcional del régimen de pensiones del Congreso de la República.

El Ministerio Público después de amplio estudio de la jurisprudencia del Consejo de Estado se mostró partidario de que se profiera fallo inhibitorio, porque prohíja la tesis de la Sección Segunda, según la cual es viable el juicio de legalidad de un acto administrativo derogado, siempre y cuando la demanda hubiera sido presentada cuando estaba vigente, y que en el presente caso la demanda se presentó el 27 de enero de 2000 siendo que el acto acusado fue derogado por la Ley 100 de 1993. Subsidiariamente planteó que si se llegare a fallar el fondo, la expresión acusada debe ser declarada nula.

Para resolver se considera:

1. A juicio de la Sala no les asiste razón al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio Público, quienes estiman que la norma acusada fue derogada por la Ley 100 de 1993 y en tales condiciones no puede ser objeto de impugnación, por las siguientes razones: primero, porque el Decreto 1359 de 1993, como toda norma jurídica, aun después de ser derogada, produce efectos respecto de las situaciones que se consumaron bajo su vigencia, precisamente porque las normas posteriores por no tener efectos retroactivos no pueden gobernar situaciones pasadas; además, por mandato del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a las personas que se encuentran bajo sus previsiones, se les aplican las normas anteriores a ella, en este caso a los congresistas y los presuntos beneficiarios de derechos pensionales sometidos al régimen de transición, y porque aunque haya dejado de producir efectos hacia el futuro, vale decir, que hubiera sido derogada, la nulidad de los actos administrativos es eficaz ex tunc, desde entonces, desde la expedición del acto.

De ahí que la llamada “sustracción de materia“ en el derecho contencioso administrativo, solo se configure cuando el acto administrativo no haya producido efecto alguno, que no es este caso, puesto que la norma acusada sí los produjo a las pensiones de los congresistas desde el 12 de julio de 1993.

La Sala aprovecha esta oportunidad para rectificar expresamente cualquier jurisprudencia de la sección sobre la llamada “sustracción de materia“, en los términos ya expuestos.

2. Y en cuanto al fondo del asunto, no cabe la menor duda que la expresión acusada infringió los artículos 13 y 16 constitucionales, y las leyes 16 de 1972 y 74 de 1968, porque discriminó sin razón válida a los cónyuges supérstites frente a los compañeros permanentes y les impidió el libre desarrollo de su personalidad, en tanto que perderían su derecho a la sustitución pensional por contraer nupcias o formalizar vida marital. La abundante jurisprudencia que existe al respecto, releva a la Sala de tener que reiterar los argumentos que demuestran tales asertos (ver Sents. C. Const. C-588/92 y C-309/96).

Por consiguiente la Sala accederá a la pretensión de nulidad.

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE que es nula la expresión “o cuando el cónyuge supérstite contraiga nuevas nupcias o formalice vida marital”, contenida en el parágrafo del artículo 15 del Decreto 1359 de 1993.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, archívese y cúmplase.

La anterior providencia estudiada, aprobada y ordenada su publicación por la Sala en sesión de la fecha.

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