Sentencia 25608 de marzo 16 de 2006 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

PENSIÓN CUANDO EL ISS TENÍA LÍMITES AL SALARIO ASEGURABLE

Si el empleador pagaba un salario superior al asegurable, ninguna obligación pensional adicional quedaba a su cargo.

EXTRACTOS: «Las acusaciones plantean una infracción legal en tanto que el tribunal no tuvo en cuenta que la demandada no estaba obligada a unas cotizaciones que superaran el límite máximo del salario asegurable frente al ISS, según sus propios regalmentos, y que cumplidos los respectivos requisitos, operaba la subrogación del riesgo por esa entidad de seguridad social.

Al respecto se advierte que el ad quem concluyó que los salarios devengados mensualmente por el demandante durante los años 1992 y 1993 fueron, respectivamente, $ 1.057.000 y $ 1.352.000; que se le reconoció la pensión de vejez desde el 2 de enero de 1994 en cuantía de $ 682.785, mientras que la mesada se fijó para el año siguiente en la suma de $ 837.026; además que “se determinó que las mesadas pensionales que paga el ISS al demandante corresponden a los salarios que le reportó la demandada Colsubsidio, lo que significa que esta entidad cotizó por menor valor salarial ($ 665.070 por el año 1992 y $ 1.375.290 por el año 1993)”.

Pues bien, para el juzgador las reseñadas circunstancias tuvieron como consecuencia la de cargarle a la empleadora un mayor valor pensional, para lo cual invocó el artículo 72 del Acuerdo 44 de 1989. No obstante como lo señala el recurrente, resultaba suficiente que el empleador cotizante cumpliera sus obligaciones de acuerdo con las previsiones reglamentarias y legales, para que fuera subrogado por el ISS, respecto al derecho pensional, obviamente conforme con los acuerdos y las normas que regían las pensiones de vejez, entre ellas los atinentes a los límites de las cotizaciones, a los cuales debía someterse el empresario inscrito en ese instituto.

El mencionado artículo 72 disponía que

“El patrono que no haya informado al instituto el salario real del trabajador dando lugar a que se le disminuyan las prestaciones económicas que le pudieran corresponder a dicho trabajador o a sus derechohabientes en caso de muerte, deberá cancelar al beneficiario el valor de la diferencia que resulte entre la cuantía liquidada por el instituto con base en el salario asegurado y la que le hubiera correspondido en caso de reportarlo correctamente”.

En ese orden, si bien el hecho de reportarse al ISS un salario distinto al real, imponía al empleador asumir la diferencia que arrojara la pensión mal liquidada, esa previsión legal estaba dada para el evento en que el empleador informara un menor salario base —dentro de los límites legales y reglamentarios posibles— que produjera, como consecuencia, que el ISS otorgara una prestación también menor a la que correspondía. Pero obvivamente no se refería al caso de que el trabajador devengara un salario superior al máximo asegurable, porque ante tal circunstancia no podía el ISS admitir mayores aportes ni otorgar prestaciones por montos superiores.

Y ese es el caso que señala la impugnación, puesto que ante un salario máximo asegurable, aunque inferior al realmente percibido por el trabajador, lógicamente que no patentiza un incumplimiento del empleador por allanarse al régimen del seguro social respecto a las tablas de categorías y a los salarios bases cotizables, y menos aún puede acarrear la consecuencia prevista en el referido artículo 72, porque al liquidar la pensión sobre la categoría límite, no resultaría una diferencia insoluta a favor del trabajador afiliado, ni un saldo a cargo del empleador que omitió la información, se repite, sin consecuencia frente al ISS.

Entonces, si el ISS no admitía cotizaciones sobre un salario mayor al reportado por la empleadora, ella no incumplía obligación alguna por el hecho de pagar al trabajador un salario superior al máximo asegurable, porque sencillamente podía hacerlo —como adelante se explicará—, sin que tal situación le impusiera el pago de una pensión distinta a la reconocida por el ISS, ni de una diferencia pensional, dada precisamente la condición de empresa inscrita aportante que la liberaba de la carga prestacional que asumió el instituto.

Y aunque el artículo 76 de la misma normatividad imponía al empleador la obligación de reportar los salarios reales percibidos por los asegurados, al señalar que: “... Los patronos están obligados a informar al instituto tanto en la inscripción de sus trabajadores como en las relaciones mensuales de novedades, lo salarios reales devengados por estos, aun cuando dichos salarios sobrepasen el límite superior de la máxima categoría señalada por el ISS”, la verdad es que no puede derivarse, como consecuencia de la falta de esa información, la de tener que asumir el empleador una diferencia pensional inexistente, si se tiene en cuenta que un reporte de otro salario no hubiera conducido a que el ISS otorgara una pensión superior, tal cual quedó examinado.

Además, las sanciones previstas en los propios reglamentos del ISS tienen origen en las omisiones del empleador que conlleven un perjuicio para el trabajador afiliado (ver p. ej. el mencionado artículo 72 del Ac. 44/89 o el 26 del D. 2665/88), mas no pueden extenderse tales sanciones, como lo sería el asumir el pago de las diferencias pensionales, cuando no hay mengua o menoscabo, en el monto de la prestación que recibe el asegurado, como es lo que ocurre cuando el ISS obtiene el máximo valor del salario mensual de base y sobre él liquida la pensión de vejez.

Consecuencia de lo dicho es que el reporte del salario base de cotización en la cuantía máxima que permitía el ISS, acorde con sus reglamentos, conllevaba al reconocimiento de la pensión por esta entidad, como efectivamente ocurrió en este caso, sin que Colsubsidio tuviera a su cargo rubro alguno, dado que cumplió cabalmente las disposiciones reglamentarias y legales de aportes.

La acusación es fundada y conviene agregar que refrendan las consideraciones precedentes, la existencia de normas como las contenidas en el reglamento general de los seguros de IVM (D. 3041/66, aprobatorio del Ac. 224), al preceptuar que

“... El consejo directivo del instituto... establecerá igualmente los salarios asegurables en categorías y señalará el salario de base correspondiente a cada una, sobre el cual se efectuarán los pagos de cotizaciones y se determinará el monto de las prestaciones en dinero...

... Los asegurados que perciban salario igual o mayor a la cantidad señalada como límite máximo del salario asegurable, pagarán cotizaciones sobre el valor de este...” (arts. 37, incs. 1º y 3º).

También apoya la definición del caso el artículo 32 del Decreto 433 de 1971, en tanto prescribe que las contribuciones señaladas por el ISS a los empleadores y a los trabajadores se sujetarían a la aprobación.

“... del Gobierno Nacional sobre el total de la remuneración asegurable. Sin embargo el instituto queda facultado, únicamente en lo que se refiere a las cotizaciones destinadas a financiar en dinero las contingencias... a señalar un límite máximo para la remuneración asegurable, y podrá disponer que el excedente de la remuneración por sobre dicho límite no se considere para los efectos de las cotizaciones ni de las mencionadas prestaciones en dinero en las citadas contingencias... El instituto está facultado igualmente para agrupar a los asegurados en categorías según la remuneración y para asignar a cada categoría una remuneración o salario de base que servirá tanto para el cálculo de las cotizaciones como para el pago de las prestaciones en dinero...”.

Acorde con esa normatividad se encuentra el artículo 24 del Decreto 1650 de 1977 que consagra el establecimiento, en los reglamentos del ISS, de los límites del salario asegurable, y en tal sentido, por ejemplo, el artículo 60 de aquel Decreto 433, previó el salario máximo asegurable en suma no inferior a 22 veces el salario mínimo legal, mientras que el artículo 1º del Acuerdo 1 de 1979, aprobado por el Decreto 3090 del mismo año, señaló para esos efectos la cantidad diaria de $ 2.530, la que se aumentó mediante Acuerdo 3 de 1982 y 48 de 1989, aprobados por los decretos 2630 de 1983, 2610 de 1989; estos preceptos además regularon unas categorías y la máxima (en la última norma reseñada) fue la 51, con un salario mensual máximo asegurable de $ 665.070 (art. 2º), mientras que en el artículo 4º señalaba el salario mensual de base máximo asegurable en 21 veces el salario mínimo legal de cada año.

Por todo lo dicho, se casará la sentencia en tanto confirmó las condenas impuestas por el a quo y las adicionó con la indexación de las sumas debidas. En instancia, se revocan todas esas condenas y se absuelve a la demandada».

(Sentencia de casación, 16 de marzo de 2006. Radicación 25608. Magistrado Ponente: Dr. Camilo Tarquino Gallego).

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