Sentencia 25624 de octubre 25 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 25624

Acta 94

Magistrado Ponente:

Carlos Isaac Nader.

Bogotá, D.C., veinticinco de octubre de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Se considera

El tribunal concluyó que la demandante fue despedida sin justa causa, para ello hizo un amplio análisis de varias pruebas del proceso encontrando, en primer lugar, que la mayoría de las solicitudes de crédito de las cuales se acusa a la señora Nanclares Beltrán como responsable de su aprobación ilegal fueron en realidad aprobadas por el gerente del banco en Chigorodó, señor Helio Fabio Giraldo Grisales, hallándose dentro de este paquete los otorgados al padre y al cuñado de dicha funcionaria. Adujo también el ad quem que la imputación relacionada con el crédito concedido a la señora Doris Restrepo Guisao, consistente en que la cuota de libranza era cargada a la cuenta corriente de la deudora, no aparece demostrada en el proceso, como tampoco es concluyente la autoría de la actora en la adulteración o suplantación de firmas pues el informe grafológico ordenado por el demandado es ambivalente cuando señaló que ella manuscribió el número de cédula y su lugar de expedición “pero no encarta o descarta la posibilidad de remedar la firma”. El tribunal no encontró reprochable que la demandante hubiese diligenciado de su puño y letra algunas solicitudes de crédito, antes por el contrario prohijó sus explicaciones y aceptó que tal actitud es parte de una política de atención al cliente, con mayor razón si se tiene en cuenta que la información consignada debía estar respaldada con la documentación exigida y que era la que finalmente debía ser estudiada por el funcionario de cartera o de libranza. Finalmente en lo que tiene que ver con el desembolso de créditos en cuentas diferentes a las del titular, el juzgador estimó que para ello siempre se contó con la autorización del respectivo beneficiario; que la norma del manual de libranzas que impone la obligación de abrir una cuenta de ahorros a los deudores por libranza es ambigua; y por último, que aquella actitud era una costumbre en la entidad bancaria que fue tolerada y permitida por el accionado, e incluso todavía se sigue presentando.

Por ello el falto acusado terminó manifestando:

“El conjunto probatorio anterior lleva a la Sala considerar que no se dio la actuación dolosa de que trata la carta de despido pues ni siquiera se demostró la existencia de un detrimento patrimonial en el banco como lo dedujo la Fiscalía General de la Nación en lo atinente a la investigación penal; tampoco se presentó la grave negligencia endilgada, habida cuenta que la conducta de la actora trasuntó los usos y costumbres que imperaron durante varios años en la región donde laboraba, y que todo indica siguen perviviendo, con respecto a las cuales el banco antes de despedirla había mostrado indulgencia”.

El demandado recurrente presenta un cargo por la vía indirecta fustigando las conclusiones del juzgador de segundo grado y cuestionando la apreciación del material probatorio.

El recurrente centra las críticas al fallo acusado en dos puntos básicamente: el primero, que la demandante incurrió en grave negligencia al no reportar ni percatarse de algunas irregularidades en unas libranzas, y segundo, que permitió que el monto de ciertas libranzas fuera desembolsado a cuentas de ahorro o corrientes pertenecientes a personas diferentes a los beneficiados con el crédito.

La circunstancia de que deje incólumes las restantes consideraciones del tribunal, excluyéndolas del ataque, no puede verse como una insuficiencia de la acusación debido a que al ser varios los motivos y hechos invocados para justificar el despido de la trabajadora, siendo cada uno independiente de los otros, es obvio que basta la demostración de uno solo de ellos para legitimar la decisión, aun partiendo del supuesto de que se comparte la visión del juzgador de segundo grado con respecto a los demás bien por considerar que no fueron suficientemente demostrados o que no constituyen razones para terminar con justa causa el contrato de trabajo o porque simplemente quiso hacerse énfasis en los asuntos en que las equivocaciones del tribunal son más protuberantes.

Sobre el primer aspecto explica el censor que la demandante en la respuesta a la pregunta tercera admitió haber tramitado ciertas libranzas en las que se detectaron posteriormente algunas irregularidades; también aceptó en la diligencia que el señor Yosman Adonis Guisao fue beneficiado con una libranza sin que hubiera abierto cuenta de ahorros; y confesó que conocía tanto el manual de funciones de los cargos de asistente administrativo y de gerente así como el manual de libranzas, hechos suficientes, a su juicio, para colegir que el despido fue con justa causa.

La pregunta en cuestión decía: “Sírvase decir si es cierto que a la pagaduría Mercado de los Ríos y Cía. se le efectuaron créditos con libranza con certificaciones laborales irregulares y con firmas del pagador que no correspondían”. Y la respuesta la siguiente: “Si es cierto que estaban con cosas irregulares pero al momento de la aprobación del desembolso, no se percató o no me di cuenta de ninguno de estos hechos ya que al pasarme la documentación, ya venía revisada por la funcionaria de cartera Olga Beatriz Saldarriaga Restrepo que ya no labora en el banco y Cecilia Peinado y el supernumerario, Héctor Fabio Londoño Echeverri. Estos créditos fueron aprobados, cuatro por el gerente Helio Fabio Giraldo y uno por mí al estar encargada de la gerencia. Al hacer el estudio de la auditoría, fue que encontraron anomalías en algunos de ellos, incluso encontrando firmas falsas, de los cuales es el hecho más relevante pro (sic) el cual el banco me despido (sic) y en el cual traigo la resolución de la Fiscalía 72 delegada de Chigorodó en la cual el banco hizo una denuncia penal contra mí por estos hechos por falsificación de documentos públicos y privados en la cual con fecha julio 22 de 2003 con radicado 1590 salgo precluida de dicha investigación, de la cual adjunto copia...”.

Así mismo la pregunta número 12, del siguiente tenor: “Sírvase decir si es cierto que el señor Yomán Adonais(sic) Guisao no abrió cuenta de ahorros para el depósito de su libranza”, fue contestada por la demandante así: “Es cierto”.

Con respecto a la pregunta inicial es evidente que el tribunal incurrió en equivocación al descartar la responsabilidad de la demandante en el trámite de libranzas que adolecían de irregularidades con el argumento de que tal actividad pertenecía a la órbita del gerente, porque si la actora admite que al momento del desembolso no se dio cuenta de esas anomalías es porque obviamente tuvo que desplegar una labor de revisión sobre la documentación anexa, de tal suerte que ella no estaba desconectada de ese procedimiento ni mucho menos eximida de sus repercusiones, como estimó el ad quem.

De esa misma respuesta aflora con nitidez que la actora pecó de negligencia y descuido al hacer el examen que se echa de menos al no percatarse de las irregularidades que contenía y que podían detectarse fácilmente, como se verá después, sin que sea disculpa suficiente el que otras personas hayan revisado previamente la documentación de marras sin advertir tampoco las irregularidades.

Adicionalmente debe observarse que el tribunal también se equivocó al apreciar las funciones de la demandante, pues aunque las transcribió estimó sin embargo que las mismas se reducían a la aprobación de desembolsos, pasando por alto que dentro de sus tareas se encontraba la de “estudiar, analizar la solicitudes crédito presentadas por los clientes (préstamos nuevos, renovaciones, cupos, etc.) calificarlas de acuerdo con los parámetros establecidos (tiempo de vinculación, promedios cuentas relacionadas, ingresos, patrimonio, etc.”, enumeración de la que se deduce que las cargas de la actora iban más allá de la aprobación de los desembolsos, y que resulta consonante con lo dicho en la respuesta citada del interrogatorio de parte que absolvió.

Como si lo ya dicho no fuera suficiente también desatinó el juzgador al estimar el manual de controles para libranza, sobre todo el literal a) del numeral 6.6.17 (fl. 155 vto.) relativo a las funciones del asistente administrativo, que es del siguiente tenor:

“Verificar que todos los datos del crédito hayan sido ingresados completa y correctamente al sistema; igualmente que los documentos se encuentren correcta y completamente diligenciados, y que la operación se contabilice diariamente previa su autorización en los comprobantes correspondientes”.

La disposición trascrita reafirma con absoluta nitidez que las labores de la demandante no se limitaban a los desembolsos, como adujo el ad quem, sino que se extendían a otras actividades, que no fueron tomadas en cuenta por el fallo acusado, y de cuya inobservancia surgen las irregularidades que se le imputan.

Ahora bien, tales irregularidades tienen que ver básicamente con las inconsistencias de las solicitudes de los señores Marco Antonio Ríos Cobo y Olga Zuleta Benítez en cuanto registran informaciones contradictorias relativas a los salarios devengados y los cargos desempeñados, que son puestas de presente en el informe de auditoria (fls. 185 a 198) y aceptadas por la actora, como ya se dijo, cuya ocurrencia es imputable a la actora dado que sus funciones se extendían a estos menesteres según tuvo oportunidad de resaltarse líneas atrás.

Por otra parte, el tribunal no se detuvo a analizar la respuesta dada por la actora a la pregunta doce del interrogatorio de parte donde admitió que el señor Yosman Adonis Guisao no abrió cuenta de ahorros para el depósito de su libranza, ni entrelazó esa contestación con otras pruebas del proceso, lo que le hubiera permitido valorar la gravedad de la omisión y arribar a una conclusión diferente a la que llegó.

En efecto, si se lee con atención el manual de controles para libranzas (fls. 152 a 159) aflora sin lugar a duda que allí se hace una regulación minuciosa y detallada del tema en cuestión. Así, el numeral 6.6.7 en su literal a) establece como una función del empleado encargado del desembolso “verificar en la terminal administrativa, que el número de la cuenta registrado en la solicitud pertenezca al solicitante”; por su parte el numeral 6.6.17 literal c) prevé como responsabilidad del asistente administrativo “Constatar que el desembolso se haya abonado en la cuenta de ahorros o corriente del beneficiario”; y a su turno el numeral 6.6.2 señala que el funcionario responsable de la oficina al momento de recibir la solicitud de crédito con garantía de libranza debe verificar que “El cliente esté vinculado al banco con cuenta de ahorro, en caso contrario, informar al solicitante del crédito que es requisito abrir o activar una cuenta en la oficina convenida”.

Conviene destacar que en las normas transcritas no se observa ambigüedad ni indeterminación de ninguna especie, siendo evidente que ellas son unívocas y precisas.

Ninguna duda queda entonces de que al ser imperativo y categórico que quien tramite un crédito de libranza debe tener cuenta de ahorro en el banco o abrirla o reactivarla, resulta a todas luces injustificado que se haya tramitado y autorizado un crédito a una persona que no cumplió con dicho requisito, falta que también repercute sobre la actora pues ella como responsable del desembolso debió vigilar la observancia de tal exigencia, máxime si se tiene en cuenta que, como atrás se asentó, le correspondía revisar la documentación de los créditos, aparte de que así lo establece el manual de funciones en la parte correspondiente al cargo de asistente administrativo.

Cabe aclarar, para despejar equívocos, que una cosa es que el aspirante al crédito no posea cuenta en el banco y otra bien diferente es que teniéndola solicite que el desembolso se haga en una cuenta de otra persona en el mismo banco. Aquí se ha estudiado el primer caso, en que la regulación interna es contundente, mas no el segundo, sobre el cual se harán unas consideraciones posteriormente dado que en torno al mismo también giraron tanto la carta de despido como los razonamientos del ad quem.

Los hechos que se dejaron relatados están íntimamente concatenados con el contenido de la carta de despido y con el informe de auditoría que precedió a la desvinculación de la actora, pruebas que también resultaron indebidamente apreciadas, pues en ambos documentos esos temas, además de otros, son mencionados extensamente y con abundantes detalles como motivos para la terminación del contrato de trabajo, sin que el ad quem haya reparado en su genuino alcance. Valga aclarar que los motivos invocados por la empresa para justificar su decisión de despedir a la actora tuvo que ver con el trámite indebido de varias solicitudes de crédito desconociendo la normatividad vigente en el banco, o sea que la decisión no se sustentó en la aprobación de esos créditos pues es evidente que tal actividad era del resorte del gerente, mas también es evidente que esta última circunstancia no puede tomarse como premisa para exonerarla, como lo planteó el ad quem, por cuanto ninguna duda queda que se trata de una responsabilidad compartida, configurada en dos planos diferentes, que en conjunto y concurrentemente contribuyó a que ocurrieran las anomalías de que se ha hablado.

Siguiendo con el análisis que se viene haciendo, los hechos en examen tampoco resultan desvirtuados por la prueba testimonial citada tanto en el fallo como en el cargo, por lo que desde este punto de vista la misma también fue apreciada erróneamente por el tribunal.

En efecto, las declaraciones de los señores Marta Cecilia Muñetón, Héctor Fabio Londoño Echeverri y Olga Beatriz Saldarriaga en ningún caso desmienten la ocurrencia de los hechos relatados pues al respecto son lacónicos o no se pronuncian, es más el segundo de los testigos dijo: “Es uno de los requisitos para autorizar un crédito que el solicitante tenga cuenta corriente o de ahorros y si no la tiene la debe abrir...”.

Así mismo, los testimonios de Luz Nelly Gallego de Valenzuela y de Héctor Aníbal Restrepo Moncada involucran a la demandante en los eventos analizados a lo largo de esta providencia, como quiera que estas personas constataron la existencia de los mismos y la participación en ellos de la señora Nanclares Beltrán, en razón de que fueron ellos quienes elaboraron el informe de auditoría, el cual por lo demás aparece ratificado con las otras pruebas aquí examinadas.

Se desprende de lo discurrido que el tribunal incurrió en los yerros fácticos que le achaca la censura, cometiendo una grave equivocación al concluir que no se presentaron ninguno de los hechos que dieron lugar al despido de la demandante, cuando las pruebas que se examinaron en relación con los que se tomaron en cuenta en la presente sentencia demuestran lo contrario sin lugar a equívocos.

Yerro trascendente porque de haber estimado las pruebas en su verdadera dimensión, el tribunal habría tenido que concluir forzosamente que la conducta de la señora Nanclares Beltrán frente a los sucesos que se dejaron analizados daba lugar a la terminación del contrato con justa causa, puesto que en la labor desempeñada no observó los preceptos del reglamento de libranzas, ni se ciñó de manera estricta a sus funciones, ni fue diligente en el cumplimiento de su oficio, violando así tanto el contrato de trabajo como el artículo 58 numeral 1º del Código Sustantivo del Trabajo.

Por consiguiente, corresponde casar la sentencia recurrida.

Ya sin ninguna incidencia en la decisión, estima la Corte necesario referirse al razonamiento del tribunal cuando justificó la conducta de la actora en lo relativo a la consignación del dinero de los créditos de libranza en una cuenta diferente a la del titular del préstamo siempre que mediara su autorización expresa, arguyendo que en el banco no había claridad al respecto, se trataba de una costumbre tolerada por la entidad, que aún sigue presentándose y que nunca dio lugar a llamados de atención o recriminaciones, amén de que la norma que la contempla es ambigua. El asunto se aborda para hacer unas precisiones y bajo el entendido de que las reflexiones se harán de manera libre, sin las restricciones que impone la técnica propia del recurso de casación.

El reglamento de libranzas es reiterativo en cuanto al manejo de desembolsos de los créditos en la cuenta corriente o de ahorros del beneficiario, conforme se colige de los numerales 6.6.2 literal h); 6.6.7 literales a y b; 6.6.17 literal c) y 6.6.16 literal d), disposiciones claras e inequívocas en las que no hay asomo de ambigüedad ni de redacción confusa o que incite a la confusión.

Ahora bien, ciertamente algunos testigos manifiestan que en el banco venían presentándose situaciones en que los desembolsos se consignaban en una cuenta diferente a la del titular del crédito, pero de ahí no puede saltarse a suponer que el banco era tolerante o estimulaba esa práctica, ni mucho menos aceptarse que tal insinuación la hagan directamente los testigos, porque para que pueda admitirse es menester que la declaración provenga explícita y directamente del banco o que esté sustentada en un conjunto armonioso de indicios que no deje dudas al respecto.

Sobre lo primero, es evidente que el demandado en momento alguno prohijó o auspició ni mucho menos toleró esa actitud, por cuanto ninguna prueba apunta en esta dirección; por el contrario, las probanzas caminan en sentido contrario toda vez que el informe de auditoría enfatiza ese hecho como una de las anomalías encontradas en la oficina de Chigorodó, la cual precisamente fue invocada como parte de las razones para terminar el contrato de trabajo, de donde se colige fácilmente que la entidad bancaria ignoraba la situación antes, sin que tal inferencia resulte desvirtuada por la circunstancia de que durante los últimos 10 años la misma persona, Héctor Aníbal Restrepo Moncada, haya estado a cargo de las auditorías en la sucursal donde ocurrieron los sucesos, dando a entender que si no reportó en el pasado los eventos anormales fue por condescendencia con ellos, porque resulta mucho más creíble asumir que durante las visitas anteriores no detectó las irregularidades que ahora se analizan, inferencia que además de resultar razonable como consecuencia del examen de todo el acervo probatorio y de la aplicación de reglas de la razón práctica, aparece confirmada por el hecho de que la dirección que tomó la última auditoría se debió a una carta emanada de la propia oficina de Chigorodó (fl. 186) y no gracias a la propia capacidad exploratoria de los auditores, amén de que los resultados obtenidos hasta la fecha del informe son apenas parciales, por cuanto allí mismo se deja constancia de que “es posible la existencia de más casos que presenten irregularidades como las descritas, habida cuenta de la cantidad de libranzas pendientes de verificar”, lo que quiere decir que una situación como la finalmente encontrada no era de fácil detección.

En el mismo orden de ideas, debe tenerse en cuenta que dado el tamaño y complejidad de entidades como la demandada, con presencia nacional y un amplio margen de autonomía de sus sucursales que facilite el desarrollo de su objeto social, la aquiescencia de los funcionarios de una oficina con determinadas conductas desplegadas en su propio interior no puede considerarse como muestra de aceptación de la entidad vista como un todo, mucho menos cuando el manejo de la sucursal ha estado impregnado de informalidad, desorden e inobservancia generalizada de los reglamentos vigentes.

De otro lado, estudiadas de manera estricta las declaraciones de testigos, debe dejarse sentado que ellas se limitan a describir un estado de cosas pero no a manifestar que esa realidad haya sido consentida por el banco. Es más, la declaración de la señora Muñetón Jaramillo no ha debido ser digna de absoluta credibilidad, como hizo el ad quem, porque hace afirmaciones contrarias a la verdad tales como que antes del despido de la demandante “no existía norma que exigiera que a quien se le hiciera un préstamo tenía que tener cuenta en el banco”, cuando ello es falso. O que “La demandante en el desempeño de sus funciones se ceñía a los manuales o instrucciones del banco”. Así mismo, la declaración del señor Héctor Fabio Londoño E. es contradictoria porque al tiempo que dice que los créditos una vez aprobados deben ser abonados en la cuenta de ahorros o cuenta corriente del titular del crédito, aclara que desconoce si pueden ser abonados a cuentas diferentes a las del titular y remata diciendo que si este lo autoriza se puede hacer el desembolso a otro cuentahabiente. En igual sentido el testimonio de la señora Olga Beatriz Saldarriaga Restrepo ha debido ser examinado con mayor rigor atendiendo la circunstancia de que dejó de trabajar en el banco mucho antes de que la actora fue despedida, o sea que no tuvo conocimiento directo de los hechos en discusión, aparte de que lo que pone de presente es la existencia de una situación general de desobedecimiento de los reglamentos, que no resulta verosímil pensar que haya sido consentida por el banco. De la misma manera, el testimonio de la señora Cecilia Cristina Peinado Díaz es enfático al decir “Los préstamos deben ser desembolsados en la cuenta del titular del crédito o si el cliente lo desea se lo podemos entregar en cheque de gerencia” (fl. 249).

Tampoco puede entenderse que (sic) tolerancia del banco con la conducta de la actora por el hecho de que nunca la recriminó ni la sancionó por su proceder, pues si precisamente la versión más creíble es que la entidad en sus niveles superiores y aptos para adoptar decisiones ignoraba esas actuaciones es obvio que no podía censurarla por las mismas. En idéntico sentido no es dable tener la persistencia en la sucursal de los comportamientos criticados a la actora como exculpatorios o justificadores de su falta, pues el hecho de que se reiteren no les quita su carácter de prohibidos.

De suerte que del conjunto probatorio estudiado no se extrae que el banco haya consentido la conducta analizada, ni que se haya prestado a confusión la delimitación del procedimiento que debía seguirse.

Como corolario de lo dicho debe puntualizarse que cuando se pretenda justificar el despido originado en actos de trabajadores contrarios a los reglamentos de la entidad empleadora con el pretexto de que los mismos han sido tolerados o permitidos por el patrono, la prueba debe ser contundente, inequívoca y sin fisuras, y no como aquí ocurrió con la decisión del ad quem basada en un análisis probatorio precario y frágil.

En consecuencia, el fallo de primera instancia se confirmará, pues aunque no se demostraron todos los cargos imputados a la demandante, los demostrados son suficientes para arribar a la conclusión de que el despido se produjo con justa causa.

Sin costas en casación dada la prosperidad del recurso. Las de instancia son a cargo de la demandante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 1º de octubre de 2004 en el proceso ordinario laboral seguido por Liliana María Nanclares Beltrán al Banco Popular S.A. En sede de instancia, confirma el fallo absolutorio dictado por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín.

Sin costas en casación. Las de instancia, a cargo de la demandante.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

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