Sentencia 25675 de mayo 20 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 25675

Acta 47

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza.

Bogotá, D.C., veinte de mayo de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

El sindicato recurrente sostuvo que el laudo violó el principio de igualdad, porque al proferirlo el tribunal decidió incrementar los salarios y otros derechos establecidos en la convención colectiva del 24 de mayo de 2002 con el mismo porcentaje que estableció aquella, cuando ha debido hacerlo teniendo en cuenta, cuando menos, lo que acordaron la empresa y los trabajadores no sindicalizados en el pacto colectivo firmado el 5 de mayo de 2004. Pretende, en consecuencia, su anulación para que el incremento de salarios y prestaciones de contenido económico quede, como mínimo, igual al convenido en el pacto colectivo.

Para resolver esta cuestión la Sala observa:

1. Es claro que el sistema constitucional colombiano garantiza a los trabajadores la libertad de no asociarse a una organización sindical, sin que el uso de esa especial atribución les impida el ejercicio del derecho a la negociación colectiva y, desde luego, a través del desarrollo del fundamental derecho de coalición, el de la contratación colectiva. Por esa razón, como un claro desarrollo de lo que se ha denominado la libertad negativa de asociación sindical, de antiguo la ley permite que cuando en una empresa el sindicato o los sindicatos no agrupen a la tercera parte de los trabajadores, los empleados que no se hallen sindicalizados están facultados para celebrar con su empleador pactos colectivos con el fin de regular sus condiciones de trabajo, tal como en la actualidad lo establecen los artículos 481 del Código Sustantivo del Trabajo y 70 de la Ley 50 de 1990.

Quiere ello decir que en una empresa válidamente pueden coexistir una convención colectiva de trabajo y un pacto colectivo de trabajo, siendo desde luego posible que cada uno de ellos contenga disposiciones diversas pues sus respectivos contenidos normativos y los derechos, obligaciones y beneficios que se establezcan, dependerán de lo que cada grupo de trabajadores haya logrado obtener del real y efectivo proceso de negociación adelantado con su empleador.

Por esa razón, también ha explicado la Sala que si bien es cierto que es objetivo de los árbitros propender a la paz laboral, ese fundamental propósito de su función no puede convertirlos en componedores de todos los conflictos laborales que surjan en una empresa, de suerte que a pesar de que con el objeto de proferir un fallo en equidad puedan apreciar las condiciones laborales de la integridad de los trabajadores, ello no significa que, cuando quiera que en ella coexistan legalmente diferentes regímenes laborales, necesariamente deban equipararlos, pues, como se dijo en precedencia, el desarrollo de la libertad de asociación sindical permite la existencia de razonables diferencias en el que corresponda a cada grupo de trabajadores.

De ahí que al referirse a un razonamiento similar al que ahora plantea el sindicato recurrente, explicó esta Sala de la Corte:

“Desde los orígenes del derecho colectivo del trabajo colombiano, las convenciones colectivas celebradas por sindicatos o federaciones sindicales, y los pactos colectivos de trabajo celebrados por trabajadores no sindicalizados en los excepcionales eventos en que la ley los autoriza, han tenido una regulación propia, aunque con matices coincidentes en algunos aspectos.

Dadas las características y fundamentos de estas dos manifestaciones autónomas del derecho y de la libertad de negociación colectiva, el contenido de una y otra normativa, en principio, como lo ha señalado invariablemente la Sala, puede ser diverso, por lo que el establecimiento de un determinado beneficio insular en un pacto colectivo, no incluido en una convención, o viceversa, no constituye per se violación del derecho de igualdad. Naturalmente, cuando apreciado integralmente un pacto colectivo laboral consagre beneficios superiores o más favorables a los de una convención colectiva de trabajo —procedimiento utilizado en ocasiones como mecanismo para restar o enervar la acción sindical— no solo constituye una práctica laboral reprobable sino también una violación del principio de igualdad instituido en el artículo 13 de la Carta Fundamental.

Mas en el caso presente, tratándose de un beneficio aislado, con algunas diferencias en uno y otro ordenamiento colectivo, no existe la pregonada violación al postulado constitucional invocado. Ninguna disposición impone a los árbitros el deber de calcar o copiar en las convenciones colectivas de trabajo idénticas prerrogativas a las contempladas en los pactos colectivos, mientras estos mantengan su constitucionalidad o vigencia. No infringieron entonces los árbitros, al menos por el motivo alegado por el sindicato, ninguno de los derechos tutelados en el artículo 458 del C.S.T., razón por la cual se homologarán los artículos 7º y 8º de su decisión” (Sent. de ene. 28/99, rad. 11859).

Como surge del discernimiento jurisprudencial arriba trascrito, esta Sala ha proclamado que la facultad legal que tienen los trabajadores no afiliados a un sindicato para celebrar pactos colectivos de trabajo con su empleador no puede utilizarse por este como estrategia para afectar el derecho a la igualdad y tampoco el de asociación sindical de los trabajadores, a través del censurable mecanismo de establecer unilateralmente en el pacto colectivo, y sin que ello sea resultado de un verdadero proceso de negociación, beneficios o derechos laborales que, sin justificación plausible, resulten exageradamente superiores a los que haya acordado en la convención colectiva de trabajo con la organización u organizaciones sindicales.

Sin embargo, si no existe obligación de los árbitros de copiar lo acordado en un pacto colectivo de trabajo, establecer si al no hacerlo su decisión viola el derecho de igualdad en relación con trabajadores no comprometidos en el conflicto laboral que han obtenido en un pacto colectivo beneficios superiores a los del laudo, exigiría necesariamente un análisis de la legalidad de ese acuerdo que se toma como referencia y ya la Sala ha precisado que ello impone un estudio sobre el origen de los beneficios aplicables a los empleados entre quienes se hace la comparación, lo cual involucra unas funciones demostrativas y decisorias que no son propias del examen que le corresponde hacer al decidir la regularidad de un laudo arbitral.

En efecto, en este caso específico a la Corte Suprema no le estaría dado anular el laudo sobre la base de que el tribunal trasgredió el principio de igualdad, porque ese tema, en la forma como lo plantea el recurrente, es representativo de un conflicto jurídico que involucraría a trabajadores ajenos al diferendo laboral, así como convenios colectivos, como el aludido pacto, cuya legalidad no puede estudiar en sede del recurso de anulación.

Además, la cuestión no podría resolverse con la simple comparación entre el porcentaje de aumento salarial y prestacional del pacto colectivo con el porcentaje de la convención colectiva, porque los antecedentes de uno y otro, las condiciones en que fueron negociados y la periodicidad de los incrementos salariales, entre otros aspectos, pudieron razonablemente obedecer a motivos diferentes para los trabajadores sindicalizados que para los que no lo son, que justifiquen el trato diverso en esa materia, aparte de que sobre tales específicos asuntos no existen elementos de juicio que puedan ser materia de análisis por la Corte.

Lo anteriormente expuesto lleva a considerar que, así se admitiera la tesis del sindicato recurrente, conforme a la cual el tribunal de arbitramento no estaba limitado en su competencia para definir el conflicto colectivo laboral por la resolución del Ministerio de la Protección Social que ordenó su convocatoria, lo cierto es que el laudo definió los temas económicos que estaban insolutos en el conflicto en punto a incremento de salarios y prestaciones, de modo que, se reitera, por no estar obligados los árbitros a reproducir lo acordado en el pacto colectivo, en últimas, la cuestión de la competencia se exhibe inocua, y queda para la decisión de la jurisdicción laboral, por la vía del planteamiento del conflicto jurídico, la determinación de si la empresa debe equiparar los salarios y prestaciones de los trabajadores sindicalizados con los de los beneficiarios del pacto colectivo.

De acuerdo con lo expuesto, el recurso de anulación, por los aspectos analizados, no prospera, y así se dirá en la parte resolutiva de esta providencia.

V. Adicional solicitud de anulación

El laudo no solo fue objeto del recurso de anulación. También se pidió a los árbitros que lo aclararan en determinadas materias. Esa petición fue resuelta por los árbitros de la siguiente manera:

“Primero: Aclarar el artículo treinta y nueve en cuanto a que el tribunal no se pronuncia sobre la petición allí contenida por haber sido la misma resuelta en la etapa de arreglo directa celebrada por las partes el día 26 de marzo de 2003, quedando su redacción así: artículo treinta y nueve: permisos para las comisiones: el tribunal no se pronuncia sobre esta petición por considerarla resuelta en la etapa de arreglo directo celebrada el pasado 26 de marzo de 2003”.

Segundo: Aclarar el artículo cincuenta y cinco en cuanto al nombre del tema objeto de solución quedando en consecuencia su redacción así:

Artículo cincuenta y cinco: fuero circunstancial: el tribunal considera que este tema no constituye conflicto de intereses, por estar expresamente regulado por la ley.

Tercero: Adicionar el artículo treinta y ocho en el sentido de que rige el acta de acuerdo de 24 de mayo de 2002 en cuanto a permisos para reunión de junta directiva. En consecuencia el artículo quedará así: artículo 38: permiso para reunión de junta directiva: el tribunal adopta lo acordado en el acta de acuerdo complementario de la convención colectiva de 24 de mayo de 2002, en cuanto a permisos para reunión de junta directiva.

Cuarto: Adicionar el artículo cuarenta y tres en cuanto conceder a la empresa un mes de plazo a partir de la ejecutoria del laudo para cumplir con la obligación en él contenida. En consecuencia su redacción quedará así: “artículo cuarenta y tres: sede sindical: la compañía adecuará un espacio para Sintralimenticia en condiciones similares a la concedida en la convención colectiva de fecha veintinueve (29) de abril de dos mil tres (2003) a las demás organizaciones sindicales, contando con un plazo máximo de un mes contado a partir de la ejecutoria del presente laudo para dar cumplimiento a lo acá resuelto”.

Quinto: No aclarar los artículos veintidós, veintisiete y cincuenta y uno por las razones invocadas en la parte motiva de esta providencia”.

Ahora, mediante escrito del 23 de noviembre de 2004 (fls. 212 a 214), el sindicato interpuso el recurso de anulación en relación con los artículos 22 y 27 del laudo, cuya aclaración se negó en el punto 5º antes trascrito, dijo:

“... me permito de manera respetuosa, adicionar el correspondiente recurso de anulación interpuesto contra el fallo laudo arbitral ...”. Y, en el mismo escrito: “La presente adición al recurso que interpusimos con anterioridad, se circunscribe al pronunciamiento y decisión de los árbitros en relación con los artículos veintidós y veintisiete del laudo, del referente a los permisos sindicales y de la publicación y texto, que fueron negados ...”.

El artículo 22 del laudo dice:

Artículo veintidós

Permisos sindicales

A dos (2) dirigentes sindicales de Sintralimenticia, para asistir a congresos departamentales o nacionales de la federación o confederación a que pertenezca, por el tiempo que duren dichos congresos si tiene lugar en el departamento de Antioquia o por dicho tiempo y dos (2) días más, si tienen lugar por fuera de Antioquia.

Cuando sean designados legalmente para concurrir a congresos sindicales de la federación o confederación a que pertenezca la organización sindical y que hayan de celebrarse fuera del departamento de Antioquia, una vez comprobada su asistencia a dichas reuniones, la compañía reconocerá la cantidad de trece mil quinientos pesos ($ 13.500) diarios por gastos de viaje y los tiquetes aéreos.

Al miembro o miembros de la junta directiva de la organización sindical que sea(n) citado(s) por las autoridades del trabajo, por el tiempo que duren las diligencias ante dichas autoridades y con la debida comprobación del mismo.

A dos (2) miembros de la junta directiva de Sintralimenticia para asistir a las reuniones de juntas directivas que celebre la federación o confederación a que llegue a pertenecer y hasta por una (1) vez al mes, salvo el caso de reuniones extraordinarias y urgentes a las cuales deban asistir por citación de la federación o confederación y siempre que se compruebe su asistencia a dichas reuniones extraordinarias, caso este en el cual también se remunerará el permiso.

A los miembros de la junta directiva de la organización sindical que deba asistir a las reuniones que para tratar asuntos de interés general, convoque la gerencia de la compañía o quien esta delegue, dos (2) veces al mes, salvo que esta y los sindicatos de común acuerdo, resolvieron no hacerlas.

Se otorgará un total de cien (100) horas semanales a Sintralimenticia para diligencias de carácter sindical. La programación de estos permisos se hará mediante comunicación enviada a gestión humana el primer día hábil de cada semana.

Estos permisos no serán acumulables.

La empresa dará permiso remunerado por tres (3) días y los tiquetes aéreos, a un trabajador de cada una de las agencias, afiliado a Sintralimenticia para asistir a dos (2) asambleas generales por año, de las que se realicen, más un auxilio de siete mil quinientos pesos ($ 7.500) diarios, fijos por día o fracción de día, y por persona.

La compañía otorgará también permiso remunerado, de dos (2) días por agencia, a cuatro (4) dirigentes de Sintralimenticia para que visiten cada una de las agencias de la compañía, una vez cada ocho (8) meses; lo mismo que los tiquetes aéreos (excepto para los recorridos Pereira-Cali o viceversa). Cuando el viaje sea a dos ciudades donde existan agencias de la compañía, se adiciona un (1) día de permiso.

Estos viajes serán realizados a las agencias por el sistema de correría que se determinará posteriormente.

El auxilio para dichos viajes será por cuenta de la compañía, y se establece la suma de trece mil quinientos pesos ($ 13.500) por día o fracción de día y por persona.

Siempre que se vaya a hacer uso de estos permisos, se avisará a la compañía con cinco (5) días hábiles de anticipación.

La compañía dará permiso remunerado para asistir a cursillos sindicales a:

Dos (2) dirigentes de Sintralimenticia hasta por diez (10) días solares para cada uno y por año.

Seis (6) trabajadores designados por Sintralimenticia hasta por ocho (8) días solares para cada uno y por año.

PAR. 1º—Estos permisos no son acumulables ni transferibles.

PAR. 2º—La base de remuneración en todos estos permisos se determinará por el promedio devengado por el trabajador en la semana precedente al disfrute de ellos”.

Para solicitar la nulidad el citado artículo 22 del laudo, sobre permisos sindicales, sostiene el recurrente que el tribunal unificó los permisos previstos en el acuerdo complementario del 24 de mayo de 2002 para los dos sindicatos, en conexidad con lo dispuesto con la sustitución sindical, donde se establece que en caso de fusión de los sindicatos, la empresa seguirá reconociendo los permisos y auxilios que tenía el sindicato que desaparezca; que según la redacción del párrafo 1º del artículo 22 del laudo, se darán los permisos a dos (2) dirigentes sindicales de Sintralimenticia para asistir a congresos departamentales o nacionales de la federación o confederación a que pertenezca, siendo que en las normas del acuerdo complementario, sumados los permisos, deben ser para cuatro (4) dirigentes sindicales.

Y alega que el tribunal se extralimitó en sus funciones y facultades por cuanto modificó condiciones y derechos que ya estaban resueltos entre las partes, con lo cual afectó los derechos del sindicato.

VI. Consideraciones de la Corte

En el acta de acuerdo complementario de la convención colectiva del 24 de mayo de 2002, se lee al folio 212 del cuaderno 2:

“Permisos sindicales para Asproal y Sintralimenticia

“A dos (2) dirigentes sindicales de cada sindicato firmante del presente acuerdo convencional complementario, para asistir a congresos departamentales o nacionales de la federación o confederación a que pertenezca, por el tiempo que duren dichos congresos si tiene lugar en el departamento de Antioquia o por dicho tiempo y dos (2) días más, si tienen lugar por fuera de Antioquia”.

Y al folio 210 del acta citada se lee:

“Sustitución sindical

“En el evento que Asproal o Sintralimenticia se fusionen, integren o transformen a otra organización de rama o industria que legalmente se reconozca, la empresa continuará reconociendo en cabeza del nuevo sindicato los permisos y auxilios que tenía el sindicato que desaparezca”.

La lectura del acta pone de presente que el compromiso de la empresa se refirió a la fusión, integración o transformación de Asproal o Sintralimenticia con otra organización de rama o industria que legalmente se reconozca, pero no a la fusión de las dos organizaciones mencionadas. En el caso de fusión de Asproal y Sintralimenticia el reconocimiento de permisos sindicales a cuatro (4) dirigentes sindicales en lugar de dos (2) carece de sentido, porque la dirigencia es una sola; en cambio sí tiene sentido mantener los permisos a dos (2) dirigentes sindicales cuando Asproal o Sintralimenticia se fusionen o integren a una organización nueva, porque si alguno o algunos de sus afiliados ingresa a la dirigencia del nuevo ente gremial requiere de ellos para desarrollar cabalmente su actividad.

El tribunal de arbitramento, en consecuencia, no desconoció el acta de acuerdo complementario de la convención colectiva del 24 de mayo de 2002, al emitir el artículo 22 del laudo.

El artículo 27 del laudo dice:

“Artículo veintisiete

Publicación y texto

La compañía se compromete a publicar el texto del presente laudo en folletos para ser repartidos a cada trabajador afiliado a Sintralimenticia, en un término no mayor de un (1) mes contado a partir de su ejecutoria”.

Sostiene el sindicato recurrente que el artículo 27 del laudo establece que el nuevo régimen se publicará y entregará a cada trabajador; pero que el acuerdo complementario dispuso, adicionalmente, la entrega de 400 textos al sindicato, situación que no tuvo en cuenta el laudo.

El acuerdo complementario del 24 de mayo de 2002 dispuso:

“Texto único y edición

“El presente acuerdo se incorpora y hace parte de la convención colectiva de trabajo vigente en la empresa que constituye para los trabajadores afiliados a los sindicatos existentes en la empresa, el texto único de las cláusulas de carácter colectivo laboral vigentes entre Compañía de Galletas Noel S.A. y el personal sindicalizado. El presente acuerdo convencional complementario, así como el texto convencional vigente será editado por la compañía en 400 copias y distribuido a los sindicatos firmantes ...”.

VII. Consideraciones de la Corte

No es cierto que el texto trascrito establezca, simultáneamente, el suministro de 400 ejemplares y el suministro individual a cada uno de los trabajadores afiliados al sindicato.

El tribunal, como se ve, optó por desarrollar el derecho de información con la entrega de un texto convencional a cada trabajador afiliado, lo cual se exhibe como una resolución suficiente, porque cumple la finalidad de toda publicación, en tema que, por lo demás, es secundario en un conflicto colectivo laboral.

En consecuencia, no se anulará lo resuelto por el tribunal de arbitramento.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO ANULA el laudo arbitral proferido el 11 de octubre de 2004 (aclarado y adicionado con la providencia de nov. 11 del mismo año), dictado por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado por el Ministerio de la Protección Social para resolver el conflicto colectivo laboral existente entre el Sindicato Nacional de la Industria Alimenticia, Sintralimenticia, y la Compañía de Galletas Noel S.A.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Ministerio de la Protección Social para lo de su cargo».

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