Sentencia 25714 de marzo 31 de 2006 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 25714

Acta 21

Magistrado Ponente:

Francisco Javier Ricaurte Gómez

Bogotá, D.C., treinta y uno de marzo de dos mil seis

EXTRACTOS: «Antecedentes

El proceso fue iniciado con el propósito de obtener las declaraciones referentes a que entre la actora y el Instituto de Fomento Industrial, IFI, existió una relación laboral, que se extendió desde el 1º septiembre de 1995 hasta el 10 de abril de 2000, y que, por tal razón, la trabajadora ostentó la calidad de trabajadora oficial; las atinentes a que la empresa de servicios temporales “Servivarios Limitada” actuó como intermediaria en ese contrato de trabajo; y que dicho convenio terminó unilateral e injustamente, por causa imputable a la empleadora. Que, consecuencialmente, se condene a las demandadas, la segunda en virtud de solidaridad, a pagar a la demandante: la reliquidación de las prestaciones sociales que le sean adeudadas, el auxilio de cesantía, los intereses de cesantía, las vacaciones, primas de vacaciones, de servicios, de navidad y extralegales, auxilio de transporte, dotación de calzado y vestido de labor, la indemnización moratoria, la sanción por omisión de consignación anual del auxilio de cesantía, el plazo presuntivo, la indexación de las sumas dejadas de cancelar y los aportes a la seguridad social.

Entre otros hechos, se adujeron en sustento de las pretensiones relacionadas: que el Instituto de Fomento Industrial es una sociedad de economía mixta del orden nacional, donde el Estado tiene una participación mayoritaria en aportes económicos; que el IFI y el Gobierno Nacional suscribieron un contrato de concesión de salinas y aquel, a su vez, creó un organismo para desarrollar la explotación de las salinas, que se denominó IFI - Concesión de Salinas; que la actora fue vinculada por la empresa de servicios temporales “Servivarios Limitada”, a partir del 1º de septiembre de 1995, para prestar sus servicios como trabajadora en misión en el IFI - Concesión de Salinas de Manaure, como auxiliar de servicios generales; que este suscribió con la empresa de servicios temporales mencionada varios contratos de trabajo sin solución de continuidad, sin que esta sociedad le manifestara que actuaba como simple intermediaria, razón por la que, se asevera, es solidariamente responsable de las acreencias laborales adeudadas a la trabajadora.

En relación con lo anterior, se afirma, que la relación de trabajo inicialmente pactada con la empresa de servicios temporales “Servivarios Limitada” se ha desnaturalizado, en razón a que el IFI no está facultado por la ley para contratar personal en misión por más de seis meses, prorrogables por otro período igual, dado que la vinculación de la demandante se extendió más de 55 meses sin solución de continuidad, desempeñándose siempre como auxiliar de servicios generales, tales como ayudante de cafetería, aseo, etc.; que por tanto, con el IFI, se configuró un contrato a término indefinido, regulado por el plazo presuntivo del artículo 43 del Decreto 2127 de 1945.

También se afirma, que la demandante fue despedida el 10 de abril de 2000; que la entidad demandada no consignó en fondo alguno el monto de las cesantías generadas durante la relación laboral y que, además, se encuentra en mora de cancelar a la trabajadora las acreencias laborales surgidas en virtud de la vinculación aducida.

La empresa de servicios temporales, al responder la demanda, se opuso a sus pretensiones, para lo cual adujo que vinculó a la accionante mediante contrato de trabajo, por el término de la obra o labor terminada, pactándose que la prestación del servicio duraría por el tiempo estrictamente necesario solicitado por el usuario, y finalizaría en el momento en que este comunicara que ha dejado de requerir sus servicios. Así mismo, propuso las excepciones de pago, inexistencia de la obligación, prescripción, cobro de lo no debido, compensación, buena fe y la denominada genérica.

Por su parte, el Instituto de Fomento Industrial, al pronunciarse sobre la demanda, también se opuso a sus pretensiones y, para ello, argumentó que la empresa de servicios temporales para la cual prestó sus servicios la demandante como trabajadora directa, le pagó la totalidad de las acreencias laborales causadas a su favor, y tomó la terminación del contrato de trabajo existente como base de liquidación todos los pagos de naturaleza salarial y prestacional. Propuso las excepciones de pago, inexistencia de la obligación, prescripción, cobro de lo no debido, compensación, buena fe y la llamada genérica.

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Riohacha, profirió fallo de primera instancia el 3 de marzo de 2004, en el que declaró la no existencia de un contrato de trabajo entre la demandante y el Instituto de Fomento Industrial, IFI, pero sí varios, por término de la obra o labor terminada, entre aquella y la demandada Servivarios Ltda. Declaró probadas las excepciones de pago, inexistencia de las obligaciones y cobro de lo no debido, respecto a ambas demandadas y, por ende, las absolvió de todas las pretensiones.

La Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, en la sentencia objeto del recurso de casación, al resolver el de apelación interpuesto por la parte actora, confirmó la decisión de primer grado.

Para su determinación, el juzgador ad quem, expresó que está demostrado que la demandante prestó sus servicios al IFI Concesión Salinas, como trabajadora en misión, de la empresa Servivarios Ltda., trascribió los artículos 71, 74 de la Ley 50 de 1990, relativos a las empresas de servicios temporales y se refirió al contenido del artículo 77 de esa misma ley, para concluir que para todos los efectos legales, se considera a la empresa de servicios temporales como empleadora de la demandante, quien es responsable del pago de los pertinentes derechos laborales e incluso de la salud ocupacional respecto al personal en misión.

El tribunal, en torno al tema debatido en casación, expuso que la extralimitación en la prestación del servicio por parte de la accionante del término y la prórroga del contrato, prevista en el ordinal 3º del artículo 77 de la Ley 50 de 1990, no la convierte en servidora pública y que, por tanto, su régimen no es el de los trabajadores oficiales. Esto, por cuanto la ley no prevé tales consecuencias, pues, además de las sanciones administrativas que procedan por el incumplimiento de los límites fijados para la contratación de los trabajadores en misión con empresas de servicios temporales (D. 1707/91, art. 2º, inc. 2º), el IFI solo se haría responsable solidariamente en lo tocante a las acreencias laborales de los empleados en misión.

Por lo tanto, el juzgador, con base en lo anterior, determinó que las prestaciones sociales a que tenía derecho la actora como trabajadora en misión, fueron liquidadas y canceladas a la terminación de cada uno de los diferentes contratos por parte de Servivarios Ltda. (fls. 74 a 77), que fue afiliada a la seguridad social y sus cesantías fueron consignadas periódicamente en el Fondo de Pensiones Horizonte por parte de la empresa de servicios temporales. Acreencias laborales que serían a las que solidariamente estaría obligado el IFI, sin que dicha solidaridad conlleve la existencia de un contrato de trabajo entre la demandante y tal instituto.

(...).

Consideraciones de la Corte

Como esta Sala de la Corte, al estudiar y decidir un recurso de casación contra las mismas personas jurídicas demandadas en este proceso, en el que el punto materia de controversia fue el mismo del que aquí se analiza, e igualmente hay coincidencia en los supuestos de hecho y de derecho con los del fallo recurrido, como también en los cargos y argumentos del medio de impugnación a definir, para darle prosperidad a la acusación, es suficiente que la Corte se remita y reitere lo que expuso en su sentencia de casación del 22 de febrero del año en curso, radicación 25717, a saber:

“En los cargos que se examinan conjuntamente se plantea, en síntesis, que la superación del término de la contratación de trabajadores en misión, de seis meses prorrogables hasta por seis meses más, genera una situación jurídica contractual diferente a la ficticiamente contratada, conforme a la cual la empresa usuaria pasa a ser el empleador directo de la trabajadora y la empresa de servicios temporales a ser deudora solidaria de las acreencias laborales, apoyado en razonamientos coincidentes expuestos en sentencia de 24 de abril de 1997, radicación 9435.

“Bajo el contexto enunciado, en opinión de la acusación le corresponde en este caso al Instituto de Fomento Industrial IFI —Concesión Salinas— cancelar a la accionante las prestaciones sociales propias de los trabajadores oficiales.

“Planteamiento que resulta acorde con el criterio doctrinal sentado en la sentencia citada relativo a que frente a la contratación fraudulenta, por recaer sobre casos distintos para los cuales se permite la vinculación de trabajadores en misión, por los artículos 77 de la Ley 50 de 1990 y 13 del Decreto Reglamentario 24 de 1998, o, también, cuando se presenta el desconocimiento del plazo máximo permitido en estos preceptos, solo se puede catalogar a la empresa de servicios temporales como un empleador aparente y un verdadero intermediario que oculta su calidad en los términos del artículo 35-2 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cual determina necesariamente que el usuario sea ficticio y por ende deba tenerse como verdadero empleador.

“Ello es así, en tanto las normas que regulan el trabajo humano son de orden público, luego los pactos que las infrinjan por ser ilegales o ilícitos se consideran ineficaces, de acuerdo con los principios intrínsecos que contienen los artículos 43 del Código Sustantivo del Trabajo; común por su naturaleza tanto para las personas que presten sus servicios en el sector privado u oficial, 2º del Decreto 2615 de 1942 y 18 del Decreto 2127 de 1945, aplicables a los trabajadores oficiales, pero conforme al primero de los preceptos citados, todo trabajo ejecutado en virtud de un convenio ineficaz, que corresponda a una actividad lícita, faculta al trabajador para reclamar el pago de sus salarios y prestaciones legales.

“Es este entonces el sentido del criterio doctrinal expuesto en la sentencia rememorada, de 24 de abril de 1997, radicada con el número 9435, donde específicamente se dijo, lo siguiente:

“Pero esta irresponsabilidad laboral del usuario con referencia a los trabajadores en misión, supone que la EST funcione lícitamente, o por mejor decir que su actividad se halle autorizada, por el Ministerio del Trabajo (L. 50/90, art. 82), pues de lo contrario la EST irregular solo podría catalogarse como un empleador aparente y un verdadero intermediario que oculta su calidad en los términos del artículo 35-2 del Código Sustantivo del Trabajo, de forma que el usuario ficticio se consideraría verdadero patrono y la supuesta EST pasaría a responder solidariamente de las obligaciones laborales conforme al ordinal 3º del citado artículo del Código Sustantivo del Trabajo.

Igualmente, aparte de las sanciones administrativas que procedan, el usuario se haría responsable en la forma que acaba de precisarse con solidaridad de la EST, en el evento de que efectúe una contratación fraudulenta, vale decir transgrediendo los objetivos y limitaciones fijados por el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, bien sea en forma expresa o mediante simulación. Ello por cuanto las normas que regulan el trabajo humano son de orden público, de obligatorio acatamiento y la ilegalidad o ilicitud se sanciona con la ineficacia a las respectivas estipulaciones”.

“Bajo los derroteros trazados, en la decisión jurisprudencial aludida, claramente se colige que las entidades del Estado que desconozcan los límites de la contratación de trabajadores en misión también deben ser consideradas como empleadores de acuerdo con las reglas que determinen la clasificación de sus servidores; posición que tiene pleno respaldo en el principio de primacía de la realidad previsto en el artículo 53 de la Constitución Nacional, toda vez que no puede entenderse nada distinto a que cuando una entidad del Estado contrata irregularmente trabajadores en misión que prestan directamente sus servicios para ella deban ser considerados como servidores suyos.

“Demuestra entonces la acusación que el juzgador de segundo grado se equivocó al considerar que en este caso la contravención del plazo y la prórroga a que se refiere el ordinal 3º del artículo 77 de la Ley 50 de 1990 no determina que a la demandante se aplique el régimen propio de los trabajadores oficiales. Próspera en consecuencia la acusación. Por tanto se casará la sentencia recurrida, en cuanto confirmó la decisión absolutoria de primer grado (...)”.

En consecuencia, se repite, aplicando el criterio contenido en la providencia antes trascrita, la acusación prospera, por lo que se quebrará el fallo recurrido.

Para efecto de proferir, en sede de instancia, la sentencia que corresponda, la Corte, para mejor proveer, solicitará a la Superintendencia Financiera, certificación sobre la participación accionaria del Estado en el Instituto de Fomento Industrial IFI “en liquidación”, durante el período del 1º de septiembre de 1995 al 10 de abril de 2000. Igualmente se oficiará a la sociedad Servivarios Ltda. para que haga llegar a esta corporación los comprobantes de todos los pagos hechos a Carlina María Rosado Henríquez, por concepto de salarios, primas de servicios, vacaciones, auxilio de cesantía, sus intereses, auxilio de transporte y suministro de calzado y vestido de labor; así como de los aportes a la seguridad social y a la caja de compensación a que estén afiliados sus trabajadores. También se oficiará al Instituto de Fomento Industrial IFI “en liquidación” para que informe sobre la participación accionaria de sus distintos accionistas, en particular del Estado, durante el período del 1º de septiembre de 1995 al 10 de abril de 2000 y, para que aporte, en caso de que la tenga en su poder, documentación referente a las acreencias laborales sufragadas por la sociedad Servivarios Ltda. a la actora, por concepto de salarios y prestaciones sociales; como también de aportes a la seguridad social y caja de compensación que haya efectuado esa sociedad.

En merito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley CASA la sentencia de 3 de septiembre de 2004, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, en cuanto confirmó la decisión absolutoria de primer grado, en el proceso adelantado por Carlina María Rosado Henríquez contra el Instituto de Fomento Industrial IFI Concesión de Salinas y la Sociedad Servivarios Ltda.

Para mejor proveer en instancia, se dispone que por Secretaría se libren los oficios relacionados, en la forma antes indicada.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

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