Sentencia 25725 de febrero 2 de 2006 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

TRABAJADOR ASOCIADO DE COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

No tiene vínculo laboral pero sí derecho a seguridad social.

EXTRACTOS: «Los cargos se orientan a acreditar primeramente que el tribunal se equivocó en cuanto a que consideró que el fallecido Luis Evelio Agudelo Franco era trabajador subordinado de la Cooperativa Especializada de Seguridad y Escoltas “Coopes”; en segundo lugar, a demostrar que siendo la anterior entidad una cooperativa conformada como empresa asociativa sin ánimo de lucro, el extinto Agudelo Franco fue un asociado de la misma no sujeto a la legislación laboral aplicable a los trabajadores dependientes; y en tercer término, que la administradora de riesgos profesionales demandada no estaba legalmente obligada a responder por una pensión de sobrevivientes a favor de la cónyuge del causante, por haber sido este afiliado en forma irregular. En este orden abordará la Sala el estudio de las acusaciones.

1. De la condición de trabajador asociado o en su defecto trabajador dependiente del fallecido Luis Evelio Agudelo Franco.

La censura sostiene en el segundo cargo que de conformidad con las normas que regulan la existencia y vigencia de las cooperativas de trabajo asociado, como de las cooperativas especializadas de vigilancia y seguridad privada, sus trabajadores son simultáneamente los aportantes y gestores de la empresa, y por tanto su vinculación no es de aquellas de carácter laboral y regidas mediante un contrato de trabajo; al igual en el primer ataque, que de los medios de convicción denunciados se desprende que el causante Agudelo Franco fue asociado de la Cooperativa Especializada de Seguridad y Escoltas “Coopes”; y por ende se duele que el tribunal hubiera estimado al fallecido como un trabajador subordinado y dependiente.

El ad quem al analizar el ordenamiento que gobierna a las cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, concretamente el Decreto 356 de febrero 11 de 1994, coligió que varios de sus preceptos son propios de los contratos de trabajo que regenta el Código Sustantivo de Trabajo, y que si bien en esta clase de cooperativas que prestan el servicio de vigilancia “sus trabajadores son simultáneamente aportantes y gestores de la empresa, como lo disciplina el artículo 23 de la norma tantas veces citada, las mismas disposiciones les otorga un categoría especial de trabajadores sujetos a las regulaciones laborales ordinarias, marcando gran diferencia con lo que sucede con los socios de las cooperativas de trabajo asociado que se rigen por sus propios estatutos, ajenos a la legislación del trabajo”, y que en estas circunstancias los asociados pueden ser trabajadores dependientes y subordinados, lo cual en su sentir no deja duda “acerca de la vinculación laboral que rige para los servidores de vigilancia y seguridad privada de que trata el tantas veces aludido estatuto”.

Como primera medida es de acotar que en ningún momento el estatuto que rige a las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, esto es, el Decreto 356 del 11 de febrero de 1994, le confiere a quienes le prestan servicios la doble calidad de asociados y trabajadores dependientes en la forma que lo determinó el juez de apelaciones, pues su artículo 23 es claro en establecer que son únicamente trabajadores asociados, y por ello al definir esta clase de cooperativa como una empresa asociativa sin ánimo de lucro, señala simplemente que sus “trabajadores, son simultáneamente los aportantes y gestores de la empresa, creada con el objeto de prestar servicios de vigilancia y seguridad privada en forma remunerada a terceros en los términos establecidos en este decreto y el desarrollo de servicios conexos, como los de asesoría, consultoría e investigación de seguridad” (resalta la Sala).

Lo anterior significa que la prestación personal del servicio de vigilancia y seguridad privada que se cumple a través de esas cooperativas especializadas, se origina por la condición de socio trabajador que ostenta el personal de la empresa en los términos del acuerdo cooperativo celebrado, y no por la existencia de un vínculo laboral o contrato de trabajo, pues los asociados que deciden libre y autónomamente trabajar mancomunada o conjuntamente en esa específica actividad resultan ser los mismos trabajadores.

En este primer punto, es pertinente agregar que conforme al parágrafo 1º del citado artículo 23 del Decreto 356 de 1994 “Únicamente podrán constituirse como cooperativas de vigilancia y seguridad privada, las cooperativas especializadas” (resalta la Sala), estas últimas definidas en el artículo 62 de la Ley 79 de 1988, como aquellas que “se organizan para atender una necesidad específica, correspondiente a una sola rama de actividad económica, social o cultural”, y que pertenecen a una de las tres clases de cooperativas organizadas de acuerdo al desarrollo de sus actividades y autorizadas por el artículo 61 ibídem, esto es, las especializadas, multiactivas e integrales.

Así las cosas, a la luz de la anterior normatividad, la cooperativa especializada, para este caso es una empresa asociativa o de trabajo asociado sin ánimo de lucro, que atiende una actividad determinada, donde el asociado o gestor que se encuentra vinculado a la prestación de un servicio, difiere indiscutiblemente del trabajador dependiente o subordinado.

Es más, las otras disposiciones del estatuto de vigilancia y seguridad privada, que se mencionan en la decisión impugnada, en puridad de verdad no desvirtúan esa condición de socio trabajador de los servidores de las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, y menos aún le confiere a estos lo que el ad quem ha denominado “una categoría especial de trabajadores sujetos a las regulaciones laborales ordinarias”, en la medida en que lo regulado en el título II, capítulo III para esta clase de cooperativas (D. 356/94, arts. 23 a 29) no contempla una catalogación de esta naturaleza, y por el contrario dichos preceptos giran en torno a los “asociados”, sometidos a un régimen de trabajo pero dentro del ámbito del contrato cooperativo, donde es de destacar que en esa reglamentación es requisito imprescindible para el funcionamiento de la cooperativa, el de acreditar ciertas obligaciones como el cubrimiento del riesgo a través de un sistema de seguridad social o por ella misma; la afiliación a una caja de compensación familiar; la aprobación de reglamentos de trabajo, de higiene y seguridad social; y la cancelación de aportes al Sena como al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Por otra parte, como el servicio de vigilancia y seguridad privada no solo se presta a través de las cooperativas especializadas, sino también por empresas de vigilancia y seguridad privada constituidas bajo una sociedad de responsabilidad limitada (D. 356/94, art. 8º y ss., titulo II, capítulo I), se ha de entender que los apartes de las normas generales, principios, deberes y obligaciones que consagra el estatuto de vigilancia y seguridad privada, que aluden a relaciones obrero patronales o pago de salarios o prestaciones sociales legales, están dirigidos a las situaciones en que se utiliza la forma de vinculación de trabajo dependiente, que por regla general es el que emplea las referidas “empresas de vigilancia y seguridad privada”, o, cuando se trata de trabajadores ocasionales o permanentes no asociados que excepcionalmente sean vinculados por la “cooperativa de vigilancia y seguridad privada” en los casos previstos en el artículo 7º del Decreto 468 de 1990, que son los eventos en que sí se aplica el régimen laboral ordinario.

En la sentencia de exequibilidad C-572 de 1997, donde se examinó la constitucionalidad del Decreto 356 de 1994, al aludir al articulado que regula las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, la Corte Constitucional hizo la distinción con las empresas de vigilancia y seguridad privada, anotando para el efecto que:

“(...) Los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, que se refieren a las cooperativas de vigilancia y seguridad privada (capítulo III del título II del decreto), tampoco presentan vicio de inconstitucionalidad. Prácticamente la única diferencia con las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada del capítulo I del mismo título (arts 8º, 9º., 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, no demandados), consiste en que en las cooperativas los trabajadores son simultáneamente aportantes y gestores de la empresa” (resalta la Sala).

Visto lo anterior y descendiendo al campo meramente probatorio, como lo pone de presente la censura, las pruebas denunciadas corroboran esa condición de “asociado” del occiso Luis Evelio Agudelo Franco, respecto de la Cooperativa Especializada de Seguridad y Escoltas “Coopes” a la cual pertenecía, que no permite deducir que se trataba de un trabajador no asociado y dependiente. En efecto, para acreditar la calidad de socio basta con apreciar la Resolución 11077 del 18 de enero de 1999, emitida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada del Ministerio de Defensa Nacional, que el tribunal dejó de valorar, en la cual se autoriza la inclusión de varias personas, entre ellas el citado señor Agudelo Franco, como asociados de la Cooperativa Especializada de Seguridad y Escoltas “Coopes” (fls. 17 a 20 vto del cuaderno del juzgado), lo cual coincide con lo certificado por dicha cooperativa a través de su gerente en la comunicación obrante a folio 95 ibídem.

De tal modo, que el tribunal erró cuando consideró y tomó como punto de partida que entre el fallecido Agudelo Franco y la Cooperativa Especializada de Seguridad y Escoltas “Coopes”, existió un vínculo laboral, cuando en verdad este era un asociado no sujeto a la legislación aplicable a los trabajadores dependientes.

Luego, en este punto tiene razón el censor, pero como se verá más adelante, por sí solo no alcanza a quebrar la decisión del tribunal.

2. De la obligación de la ARP Seguros de Vida Colpatria.

El impugnante en el recurso extraordinario le endilga a la sentencia acusada, yerros relacionados con la responsabilidad que el tribunal le atribuyó a la accionada ARP Seguros de Vida Colpatria S.A., por ocasión de la muerte de su afiliado Luis Evelio Agudelo Franco, y sostiene que no hay obligación alguna de esa administradora de riesgos profesionales de reconocerle a la demandante la pensión de sobrevivientes, por no tratarse de un trabajador subordinado de la cooperativa Coopes con las obligaciones legales y de seguridad social derivadas de esa situación, sino de un asociado al ente cooperativo con la única posibilidad de afiliarse en forma voluntaria como trabajador independiente, quedando regulado por la normatividad vigente de la época, no siendo factible que se le afiliara de la manera irregular en que se procedió.

Sin embargo, para el juez de alzada, a la ARP demandada no le era dable desconocer la calidad de subordinado y dependiente de una persona a la cual vinculó en tal condición, respecto de quien recibió cumplidamente sus aportes, y además que resulta “un tema ajeno a la administradora de riesgos profesionales escogida por unos y otros la clase de vinculación, laboral o no, de quienes prestan servicios a tales entidades porque su función se concreta a realizar, luego de la afiliación respectiva, actividades de control y supervisión acerca de aspectos puntuales como son las cotizaciones y clasificaciones de alto riesgo que dan lugar al incremento del aporte, conforme lo dispone la Circular 3 del Ministerio de la Protección Social, así como visitas acerca de los factores de prevención y riesgo en las prácticas de trabajo que puedan afectar al asegurado mismas que debió ejecutar desde el 29 de mayo de 2001, cuando fue afiliado el señor Luis Evelio Agudelo Franco por formato 612451 (fls. 59, 137)”.

Esclarecido en el punto anterior, que el causante en realidad era un asociado de la Cooperativa Especializada de Vigilancia y Seguridad Privada, y no un trabajador dependiente o subordinado como lo estimó el tribunal, entonces la controversia en esta segunda parte de la acusación, se contrae a determinar si aun en esa condición, la aseguradora o ARP demandada debía asumir el riesgo y responder por la pensión implorada por la cónyuge sobreviviente como de las demás consecuencias derivadas del siniestro y que son materia de condena.

Pues bien, no se discute para los fines de este recurso de casación, que el señor Luis Evelio Agudelo Franco (q.e.p.d.), cuando prestaba sus servicios de escolta fue objeto de muerte violenta con arma de fuego como producto de un atraco, quien para ese momento se encontraba afiliado por riesgos profesionales a la entidad demandada, que recibió las cotizaciones de rigor, y que la accionante en su condición de cónyuge sobreviviente es la beneficiaria del derecho implorado.

En efecto, el régimen de previsión y seguridad social de los miembros de una cooperativa de trabajo asociado, tiene su causa en el acuerdo cooperativo, y debe ser fijado en los estatutos y reglamentos de la misma, conforme al artículo 59 de la Ley 79 de 1988, procurando cubrir los diversos riesgos que puedan presentarse y las necesidades presentes o futuras de bienestar social que tengan los asociados, ya sea directamente o a través de una entidad de previsión o seguridad social, acorde con las preceptivas de los artículos 9º y 15 del Decreto 468 de 1990.

Sobre esta temática relacionada con el régimen de seguridad social previsto para esta clase de cooperativas, la posibilidad de estas de reglamentar el cubrimiento de los riesgos derivados de la prestación del servicio, en especial aquellos que son producto de la actividad desarrollada, y el deber de afiliar a los asociados a un sistema de prevención y seguridad social, esta Sala de la Corte en un proceso que se adelantó contra una cooperativa de vigilancia y seguridad privada, tuvo la oportunidad de pronunciarse y en sentencia del 31 de mayo de 2005 radicado 22404 puntualizó:

“(...) Surge de este modo, como tema de la acusación, el relacionado con la obligación que tenía la cooperativa de afiliar al accionante al referido sistema, contrario a lo que consideró el juzgador, con sustento en el artículo 59 de la Ley 79 de 1988.

Al respecto se observa que, como lo dice el censor, en la disposición legal citada “se alude a que la seguridad social se rige por lo previsto en las normas estatutarias”, como también lo reconociera el ad quem; sin embargo, en este caso se desconoció el rango superior del derecho a la seguridad social, y su naturaleza de irrenunciable, de conformidad con el artículo 48 de la Constitución Política. Cabe aquí precisar que no se cuestiona el tema de la afiliación al sistema de seguridad social en general, la vinculación o afiliación a los regímenes de salud o de pensiones, porque, por las características del personal asociado —agentes pensionados de la Policía Nacional—, no cabe duda que tienen amparadas las respectivas contingencias; en cambio no sucede lo mismo respecto al régimen de riesgos derivados de la actividad desarrollada.

En ese orden, para este evento se impone afirmar, independientemente de las regulaciones legales y estatutarias, en punto a la libertad de las cooperativas y de sus asociados de establecer sus propios regímenes, que no deben ellas regulaciones legales y estatutarias, en punto a la libertad de las cooperativas y de sus asociados de establecer sus propios regímenes, que no deben ellas sustraerse del sistema de riesgos de protección, precisamente porque en el ejercicio de sus funciones de vigilancia y seguridad privada, sus asociados están sometidos a determinadas contingencias que los hace vulnerables, sin que puedan excluirse totalmente de las previsiones, en esa específica materia. Por ello no podría entenderse que con tal definición contrarían la naturaleza del cooperativismo, ni la condición de asociados o gestores, diferentes a los trabajadores dependientes o subordinados.

Lo que ocurre es que Cooseguridad, debió fijar el régimen concerniente a los riesgos que se derivan de la ejecución de un servicio como el de vigilancia y seguridad privada, y la forma de asumirlos, ya directa o indirectamente, a través de una aseguradora que amparara esa clase de riesgos, toda vez que el referido artículo 59 de la Ley 79 de 1988, así lo ordena cuando señala, entre otros, que el régimen de previsión y de seguridad social “será establecido en los estatutos y reglamentos”, es decir, que la norma no permite la indefinición o la indeterminación, sino que impone a la cooperativa la obligación de hacerlo a través de sus propias normativas, dada su particular naturaleza, y la especial relación que surge entre la cooperativa y sus asociados con una finalidad autogestionaria.

Otro mandato, igualmente contundente, se halla en el artículo 9º del Decreto Reglamentario 468 de 1990, que dispone que “las cooperativas de trabajo asociado, de conformidad con la ley, regularán sus actos de trabajo con sus asociados mediante un régimen de trabajo, de previsión y seguridad social”, es decir, que repite el requerimiento de una reglamentación en sentido positivo, tanto así, que el artículo 15 de ese decreto se refiere al “contenido del régimen de previsión y seguridad social” e impone que ese régimen contenga “los diferentes servicios de protección que la cooperativa, directamente, o a través de otras entidades de previsión o seguridad social prestará a sus asociados, de acuerdo con las capacidades económicas de la cooperativa y sus miembros, procurando cubrir los diversos riesgos que puedan presentarse” y en ese sentido, prevé el precepto que se consagrarán de las contribuciones económicas que para tales amparos y servicios pueda exigírsele a los trabajadores asociados y “la constitución de fondos especiales cuando los servicios se presten directamente por la cooperativa, caso en el cual y tratándose de protecciones futuras inciertas deberán efectuarse los estudios técnicos y actuariales que garanticen en el tiempo el cumplimiento de los amparos acordados”.

En cambio, si la organización cooperativa implanta la afiliación a una institución, como el ISS, dice el artículo 16 del Decreto 468, dentro del régimen de seguridad social y previsión, esa entidad prestará a los asociados “todos los servicios establecidos para los trabajadores dependientes” y la cooperativa, tendrá las obligaciones de un empleador; además, la base para liquidar las cotizaciones será la correspondiente a las compensaciones ordinarias permanentes, sin perjuicio de respetar los aportes mínimos señalados en los reglamentos del ISS (art. 17).

Todo lo anterior ratifica que siempre debe existir una reglamentación en el punto específico de la previsión y seguridad social, amén de que otro fundamento para estimar que en este evento la cooperativa debía asumir los riesgos surgidos de la realización del trabajo de sus miembros, lo consagra el artículo 6º del mismo Decreto 468 de 1990, que así lo dispone, al señalar que “la cooperativa de trabajo asociado deberá organizar directamente las actividades de trabajo de sus asociados con autonomía administrativa y asumiendo los riesgos en su realización”.

No sobra reiterar que la Constitución de 1991 instituyó la seguridad social como un derecho de rango fundamental, precisamente por sus inconmensurables dimensiones, y dada la necesaria protección de los riesgos o contingencias que pueden presentársele al ser humano, y específicamente, como ya se dijo, a quienes desarrollan labores que ameritan especial amparo”.

Aunque para el caso no sea norma aplicable, es bueno destacar lo que reitera el Decreto 2996 del 16 de septiembre de 2004, al precisar los requisitos que deben contener los estatutos y reglamentos de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, en el sentido de que hizo énfasis en la obligatoriedad del cubrimiento del riesgo en materia de seguridad social, en relación a sus trabajadores asociados, al disponer en su artículo 1º

“En desarrollo del principio constitucional de solidaridad, los estatutos, reglamentaciones, regímenes de compensaciones, previsión y seguridad social de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, deberán establecer la obligatoriedad de los aportes al sistema integral de seguridad social: salud, pensión, riesgos profesionales y contribuciones especiales al SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, lo anterior sin sujeción a la Legislación Laboral Ordinaria. Para este efecto se tendrá como base para liquidar los aportes, las compensaciones ordinarias permanentes y las que en forma habitual y periódica reciba el trabajador asociado. En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior a un (1) salario mínimo legal mensual vigente” (resalta la Sala).

Del mismo modo, el estatuto de vigilancia y seguridad privada contenido en el Decreto 356 de 1994, en la parte atinente a las “cooperativas especializadas de vigilancia y seguridad privada” (título II, capítulo III, arts. 23 a 29), se refiere al aspecto específico de la previsión y seguridad social para sus asociados, es así que conforme al artículo 27, para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento de ese ente cooperativo, entre otros requisitos se exige acreditar: “régimen de trabajo, previsión, seguridad social, compensaciones debidamente aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social” y “certificaciones sobre afiliación del personal a un sistema de seguridad social”, lo anterior en armonía con los principios, deberes y obligaciones que rigen la prestación de dicho servicio de vigilancia y seguridad privada, señalados en el artículo 74 de ese estatuto, que incluye el proveer la seguridad social, en este caso, al personal asociado.

Así las cosas, siendo un deber legal de la Cooperativa de Vigilancia y Seguridad Privada, propender para que sus asociados gocen del régimen especial que atañe a la seguridad social, brindando o garantizando la cobertura en todas las contingencias, teniendo la opción de apersonarse directamente o a través de una entidad de seguridad social, no era posible que la cooperativa se pudiera sustraer al sistema de protección de los riesgos que se derivan de la ejecución del servicio de la vigilancia y seguridad privada en cualquiera de sus modalidades, esto es, la fija, móvil, escolta o transporte de valores a que se contrae el artículo 6º de Decreto 356 de 1994, máxime que esa actividad implica un alto riesgo.

Es por ello, que la afiliación de la Cooperativa Especializada de Seguridad y Escoltas “Coopes”, de la cual hacía parte el causante, a una administradora de riesgos profesionales, valga decir, a la ARP Seguros de Vida Colpatria S.A., constituyó una opción perfectamente compatible con el sistema de seguridad social.

Y frente a las implicaciones de la afiliación del causante al sistema de riesgos profesionales, lo cual determina la obligación o no del pago de las prestaciones económicas por parte de la ARP demandada, derivadas del accidente en que perdió la vida su asegurado Luis Evelio Agudelo Franco, es pertinente precisar lo siguiente:

El sistema de riesgos profesionales establecido a partir de la Ley 100 de 1993 y el Decreto Legislativo 1295 de 1994, que unificó los regímenes preexistentes, se define como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, que tienen la finalidad de prevenir, proteger y atender las consecuencias que se derivan de los riesgos profesionales, esto es, de los accidentes o enfermedades que pueden padecer las personas por causa u ocasión del trabajo o actividad desarrollada.

Dicho sistema centra la protección esencialmente en la población asalariada o trabajadores dependientes, sin excluir otros sectores como es el caso de los independientes, respecto de los cuales se tiene prevista la afiliación voluntaria, al igual no aparecen exceptuados quienes prestan servicios a una cooperativa que es la gama de personas que interesan para los fines de este recurso, y en tal sentido por mandato legal los únicos que no están comprendidos dentro de este nuevo sistema de seguridad social integral son los señalados en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

Es por lo tanto indudable que al tomar el seguro por parte de la Cooperativa Especializada de Seguridad y Escoltas “Coopes” y afiliar a sus asociados que se traducen en los asegurados, los cuales como se dijo no están excluidos del sistema, y por demás cumplir con la cancelación oportuna de la prima de aseguramiento o cotización, la lógica consecuencia no es otra que la asunción del riesgo y el pago de las prestaciones económicas que se originan al sobrevenir el suceso, a cargo de la aseguradora ARP Seguros de Vida Colpatria S.A.

En estas condiciones, la administradora de riesgos profesionales que está instituida para proteger tanto a trabajadores subordinados, independientes y asociados, luego de recibir la afiliación de cualquiera de estos, no le es dable sostener que no le cabe obligación o responsabilidad alguna, pues ello no tiene sentido, precisamente porque cuando la cooperativa a la cual pertenecía el occiso, se decide por la protección de la seguridad social a través de la ARP demandada, quedó subrogada en los riesgos profesionales, cumpliendo así con las preceptivas de los artículos 9º y 15 del Decreto 468 de 1990, quedando la accionada obligada a cubrir las prestaciones por el riesgo ocasionado, en los términos del ordenamiento vigente para la época, en este caso concreto, la pensión de sobrevivientes por la muerte del afiliado consagrada en el artículo 49 del estatuto de riesgos profesionales dispuesto en el Decreto 1295 de 1994.

Es más, al optar la cooperativa de trabajo asociado por afiliarse a una administradora de riesgos profesionales, al igual que sucede cuando el ente cooperativo decide implantar la afiliación de sus trabajadores asociados al ISS adquiriendo “los y (sic) derechos y obligaciones que las disposiciones legales le asignen a los patronos o empleadores” en los términos del artículo 16 del citado Decreto 468 de 1990, la entidad de seguridad social, en este caso la ARP contrae deberes y obligaciones para prestar el servicio y responder por el riesgo asegurado que asumió.

De suerte que, la afiliación que se hizo del causante Agudelo Franco, a la ARP accionada, aunque no estaba reglamentada para la época, así se asimilara a la situación de un trabajador independiente conforme lo señalado en los artículos 13 del Decreto 1295 y 2º del Decreto 1772 de 1994, o se tuviera como la de un trabajador asociado, surtió sus plenos efectos desde el momento en que se cumplió y la aseguradora la aceptó, en los términos de lo previsto en el litera k) del artículo 4º del citado Decreto 1295 de 1994 y 6º del aludido Decreto 1772 de igual año; y sin hesitación alguna se concluye, que la ARP demandada es la obligada o responsable del pago de las prestaciones económicas y asistenciales al sobrevenir el siniestro, habida cuenta que la cooperativa Coopes reportó el accidente y cubrió oportunamente el monto de la respectiva cotización hasta el período o ciclo en que se presentó la muerte como aparece en las planillas o formularios de autoliquidación de aportes obrantes a folios 55, 56 a 58, 60 a 65, 57, 138 a 142, prueba apreciada por el juzgador de alzada.

En las anteriores circunstancias se insiste, no resulta valedera la posición de la ARP recurrente, para sustraerse como aseguradora a responder y satisfacer la prestación por muerte reclamada por la cónyuge sobreviviente, cuando considera que la afiliación de Agudelo Franco como escolta no es válida, por la circunstancia de que la cooperativa Coopes no especificó en el formulario suministrado por la propia ARP, la condición de asociado de este (fls. 59 y 137 del cuaderno del juzgado), dando lugar en su criterio a un vicio del consentimiento generativo de una nulidad relativa; por la potísima razón de que esa administradora de riesgos profesionales no desconocía ni le era ajeno que la empresa fuera una “cooperativa especializada de vigilancia y seguridad privada”, que se regía por un régimen especial de trabajo, prevención y de seguridad social, toda vez que previamente a recibir la novedad de ingreso en la que se incluyó al ahora causante, debió seguir el proceso de vinculación de la cooperativa, mediante el diligenciamiento del formulario provisto para tal efecto y que se hace mención en el artículo 4º del Decreto 1772 de 1994, en el que se determina la razón social y la actividad económica del tomador del seguro.

Por lo dicho, no se equivoca el tribunal en lo tocante a que la ARP accionada no podía desconocer la afiliación en vida del occiso, como escolta de una cooperativa especializada de vigilancia y seguridad privada, de la cual recibió aportes de manera cumplida.

En orden a lo acotado, aunque como se advirtió, le asiste razón a la censura en la primera parte de la acusación orientada a acreditar que el fallecido no era un trabajador dependiente, sino un asociado de la entidad cooperativa, los cargos no pueden salir avantes, por virtud a que en sede de casación no se demostró que la ARP Seguros de Vida Colpatria S.A. no tenía ninguna obligación al afiliar al causante al sistema de riesgos profesionales, pues por el contrario como se analizó ampliamente, sí le cabe responsabilidad y por ende es la entidad llamada a reconocer la pensión de sobrevivientes y demás consecuencias derivadas del infortunio.

Así las cosas, los cargos que se despacharon conjuntamente, no pueden prosperar».

(Sentencia de casación, 2 de febrero de 2006. Radicación 25725. Magistrado Ponente: Dr. Luis Javier Osorio López).

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