Sentencia 25730 de enero 27 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 25730

Acta 9

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Javier Osorio López

Recurso de revisión

Bogotá, D.C., veintisiete de enero de dos mil cinco.

Decide la Corte sobre la procedencia del recurso de revisión interpuesto por la sociedad Inversiones Aler Ltda., por conducto de apoderado, contra las sentencias proferidas por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí y por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, calendadas el 6 de febrero y el 28 de abril de 2004 respectivamente, dentro del proceso ordinario que Jorge Iván Molina Puerta y Jhovanny Molina Bedoya le adelantaron a la recurrente.

I. Antecedentes

La mencionada sociedad presentó ante esta corporación recurso de revisión contra las aludidas sentencias, a fin de que se le declarara la nulidad del proceso ordinario laboral que los señores Jorge Iván Molina Puerta y Jhovanny Molina Bedoya le promovieron y que cursó en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí, así como la invalidez de las decisiones de primer y segundo grado dictadas en esa actuación. Para tal efecto invocó como causal de revisión la contenida en el numeral 4º del artículo 31 de la Ley 712 de 2001.

Como sustento de sus pretensiones narró en resumen, que la representante legal de Inversiones Aler Ltda., otorgó poder al doctor Gabriel Antonio del Valle Berrío para que asumiera la defensa de la sociedad en el proceso ordinario laboral que le instaurara Jorge Iván Molina Puerta y Jhovanny Molina Bedoya, quien en ejercicio de tal mandato procedió a dar contestación a la demanda, la cual se ordenó subsanar, sin que así se hiciera dejándose de corregir en el plazo señalado por el juzgado. Que por tal causa se dispuso tenerla por no contestada con las consecuencias que de ello se derivan. Que de igual forma, dicho profesional no asistió a la conciliación que se señaló, ni le comunicó la fecha y hora de la diligencia, siendo la accionada declarada confesa; que tampoco concurrió a las audiencias donde se escucharon a los testigos quienes faltaron a la verdad y brindaron versiones carentes de fundamento lógico y jurídico, sin que se hubieran tachado. Que además no propuso el desconocimiento de los documentos aportados a fin de que se verificara su autenticidad, ni interpuso el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia ni el de casación respecto al de segundo grado que confirmó algunas condenas e impuso otras, por lo que esas decisiones quedaron en firme y sirvieron de título ejecutivo dentro del proceso que se siguió a continuación. Que la infidelidad a los deberes profesionales de aquel apoderado produjo como consecuencia las sentencias condenatorias apoyadas en testimonios y documentos falsos, causando esa conducta omisiva un grave daño a la empresa concretado en el valor económico de las condenas. Que solamente hasta cuando fueron embargados los bienes de la sociedad se tuvo conocimiento de la referida infidelidad, lo que impidió que se propusieran las excepciones de ley; que por el actuar de mala fe y engaño del doctor Del Valle Berrío a su poderdante con el propósito de perjudicar gravemente los derechos y el patrimonio de la compañía, se le formuló denuncia penal que es de conocimiento de la Fiscalía 90 delegada de Itagüí, la que aceptó la parte civil mediante auto del 10 de noviembre de 2004 y escuchó al sindicado en indagatoria quedando este como sujeto procesal. Que también se presentó denuncia penal por el delito de falso testimonio contra las personas que declararon en el proceso ordinario, según escrito del 24 de agosto 2004 que correspondió por reparto a la Fiscalía Tercera de Itagüí, al igual que se formuló denuncia por el presunto punible de falsedad en documento privado. Finalmente agregó que en este asunto se configura la causal cuarta de revisión consagrada en el artículo 31 de la Ley 712 de 2001 por haber incurrido el mencionado abogado en el delito de infidelidad a los deberes profesionales tipificado en el artículo 445 del Código Penal, en contra de la sociedad que le confirió el mandato judicial para que la representara en el asunto de marras, lo que resulta determinante para causar el perjuicio liquidado en las sentencias que se pretenden invalidar.

II. Consideraciones

La reforma introducida al procedimiento laboral por la Ley 712 de 2001, en su artículo 28 estableció el recurso de revisión en materia laboral y señaló en el canon 31 las causales por las cuales es dable interponerlo, entre ellas la invocada por la sociedad recurrente que es del siguiente tenor:

“... ART. 31.—Causales de revisión:

(...).

Haber incurrido el apoderado judicial o mandatario en el delito de infidelidad de los deberes profesionales, en perjuicio de la parte que representó en el proceso laboral, siempre que ello haya sido determinante en este ...” (resalta la Sala).

La normatividad que antecede presupone que el apoderado o mandatario judicial haya incurrido en el delito de infidelidad a los deberes profesionales tipificado en el artículo 445 del Código Penal que reza:

“... ART. 445.—El apoderado o mandatario que en asunto judicial o administrativo, por cualquier medio fraudulento, perjudique la gestión que se le hubiere confiado, o que en un mismo o diferentes asuntos defienda intereses contrarios o incompatibles surgidos de unos mismos supuestos de hecho, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años ...” (resalta la Sala).

Lo anterior significa que se requiere de una decisión de la autoridad penal en la cual se haya declarado responsable al apoderado o mandatario por su conducta antijurídica, esto es, mediante sentencia ejecutoriada que declare que se cometió el delito del cual debe responder.

En el sub lite como lo asevera el propio recurrente, apenas se escuchó en indagatoria al doctor Gabriel Antonio del Valle Berrío y se le notificó la parte civil admitida el pasado 10 de noviembre de 2004, como consecuencia de la denuncia penal que en su contra se le presentó por el presunto delito de infidelidad a los deberes profesionales, sin que aún se haya proferido una decisión de fondo en ese asunto.

La mera vinculación del doctor Del Valle Berrío a la investigación penal, no lo hace responsable del punible, pues una de las garantías procesales y constitucionales es que toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal al tenor del artículo 7º del Código de Procedimiento Penal y 29 de la Constitución Política.

En estas condiciones no se configura la causal de revisión que la recurrente invoca.

De otro lado, los demás hechos que soportan las pretensiones de la recurrente, no constituyen causal de revisión de las previstas en el artículo 31 de la Ley 712 de 2001, dado que la justicia penal no ha declarado falsos documentos que hubieran sido decisivos para el pronunciamiento de las respectivas sentencias, ni aparece persona alguna condenada por falso testimonio, como tampoco se ha acreditado hecho delictivo alguno, situaciones que de igual manera se le pusieron de presente a la empresa Inversiones Aler Ltda. en la decisión de esta Sala, del pasado 15 de septiembre de 2004, radicado 25.015, cuando intentó el mismo recurso pero invocando causal distinta a la que emplea en esta oportunidad.

Por consiguiente, y acorde con lo acotado, deviene el rechazo por lo improcedente del recurso de revisión objeto de estudio, debiéndose imponer la multa de que trata el artículo 34 de la Ley 712 de 2001.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral,

RESUELVE:

1. INADMITIR la demanda contentiva del recurso de revisión, por improcedente, interpuesto por Inversiones Aler Ltda., contra las sentencias que datan del 6 de febrero y 28 de abril de 2004, proferidas por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí y la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín respectivamente, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Jorge Iván Molina Puerta y Jhovanny Molina Bedoya contra la sociedad recurrente.

2. RECONOCER al doctor Adaulfo Arias Cotes, con tarjeta profesional 17.802 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado judicial de la recurrente, en los términos y para los efectos del poder que obra a folios 1 y 2 del expediente.

3. IMPONER al apoderado de la sociedad recurrente, con fundamento en el artículo 34 de la Ley 712 de 2001, una multa de cinco (5) salarios mínimos mensuales a favor del Consejo Superior de la Judicatura, al cual se remitirá copia de esta decisión.

Notifíquese, cúmplase y archívese el expediente.

Magistrados: Luis Javier Osorio López—Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Náder—Eduardo López Villegas—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz.

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.

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