Sentencia 25761 de abril 15 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 25761

Acta Nº 38

Magistrado Ponente:

Francisco Javier Ricaurte Gómez

Bogotá, D.C., quince de abril del dos mil cinco.

Decide la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el Ministerio de la Protección Social, a través de apoderado judicial, en contra de la sentencia (ejecutoriada) proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería el 28 de junio de 2002 dentro del proceso ordinario laboral promovido por el ciudadano Aristóbulo Salcedo Murillo en contra de la Nación, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Antecedentes

El señor Salcedo Murillo (C.C. 7.496.775 de Bogotá) promovió, por intermedio de apoderado judicial, proceso ordinario laboral en contra de la Nación - Ministerio del Trabajo y Seguridad Social el 2 de noviembre de 1999.

Como pretensiones principales solicitó condenarla a pagarle la pensión proporcional de jubilación por despido injusto, a partir del 28 de agosto de 1993, en cuantía del 55.5% de su salario promedio devengado en el último año de servicio, con indexación de su primera mesada, intereses de mora e indexación sobre cada una de las mesadas atrasadas, indemnizaciones por despido injusto y moratoria, además de las respectivas costas. En subsidio deprecó pensión proporcional de jubilación (convencional) o cualquier otra que legal o convencionalmente se adecuara a sus requisitos de edad y tiempo de servicios, entre ellas la pensión proporcional de jubilación por despido injusto establecida en el artículo 46 de la convención colectiva de trabajo vigente para los años 1987-1988; también la indexación e intereses de mora sobre las mesadas, más las indemnizaciones por despido injusto y moratoria.

Como fundamento básico de tales solicitudes, el actor alegó haber ingresado a la Empresa Puertos de Colombia “oficina principal”, mediante contrato de trabajo, el día 17 de junio de 1974 fungiendo como analista de sistemas y que laboró en forma ininterrumpida hasta el dos de agosto de 1988, fecha en la que desempeñaba el cargo de director financiero y fue declarado insubsistente mediante Resolución 176 a partir de dichas calendas, con un tiempo de servicios de catorce años, un mes y dieciséis días; que el artículo 46 de la convención colectiva de trabajo vigente para el período 1987-1988 estableció que el trabajador que fuera despedido sin justa causa después de haber laborado para la empresa durante más de 10 años y menos de 15, continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la firma de dicha convención, tendría derecho a que la empresa lo pensionara desde la fecha de su despido si para entonces tenía 55 años de edad o más, o desde cuando los cumpliera con posterioridad a aquél, y que en el parágrafo 1º se dijo que si el retiro se producía por despido sin justa causa después de 15 años de servicios prestados, la pensión principiaría cuando el trabajador cumpliera los 50 años de edad; indicó que nació el 28 de agosto de 1943; que había prestado servicios en otras entidades, y que tenía —para la fecha de la demanda— más de 50 años.

También aludió al artículo 107 de la convención colectiva vigente para 1991-1993, que fijaba los lineamientos para que los trabajadores de puertos obtuvieran el derecho a la pensión; y al 113 parágrafo 5º numeral 1º de la misma convención relativo a una pensión proporcional de jubilación con trece o más años de servicios con el Estado y menos de quince cuando sumados su tiempo de servicio y edad alcanzaran o superaran el tope de 53, arguyendo tener derecho a esta prestación.

Alegó además, que “conforme a la ley” las personas vinculadas mediante contrato de trabajo en Colpuertos, que estuvieran ocupando cargos que según los acuerdos fueran señalados para ser desempeñados por empleados públicos, conservarían los derechos adquiridos en materia salarial, asistencial y prestacional, hasta tanto subsistiera su vinculación laboral, y que la convención contemplaba que el personal que en cualquier fecha se hubiere vinculado a la empresa mediante contrato de trabajo, se consideraría trabajador oficial cualquiera que fuese el cargo que estuviera desempeñando o llegare a desempeñar.

Manifestó que lo anterior significaba que no se le podía desvincular de la empresa en la forma en que se hizo y que lo máximo que podía haber hecho la entidad era declararlo insubsistente en el cargo de libre nombramiento y remoción que ocupaba pero que debía reubicarlo en otro por ser trabajador oficial y estar amparada convencionalmente su estabilidad.

La demandada compareció al proceso oponiéndose a todas las pretensiones, presentando excepciones previas de falta de agotamiento de la vía gubernativa y de falta de integración del litis consorcio (las cuales no prosperaron) y las de fondo de prescripción, inexistencia de la obligación, compensación y pago. Se observa que, sin perjuicio de la manera genérica como se ejerció el derecho de defensa al contestar el libelo en los términos reseñados, no se controvirtió en momento alguno la calidad de trabajador oficial que el accionante alegaba ostentar.

El señor Juez Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá absolvió a la demandada mediante sentencia de 23 de febrero de 2001 por considerar como inestimables los documentos recaudados como medios de prueba.

Del recurso de apelación propuesto por la parte actora correspondió conocer, por mecanismos de descongestión (Acu. 1220 de jun. 20/99 emitido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura), al Tribunal Superior de Montería.

El tribunal revocó dicha sentencia el 28 de junio de 2002, para condenar a la entidad a pagar al actor una pensión proporcional vitalicia de jubilación en cuantía de $ 2.431.362 mensuales a partir del 28 de agosto de 1998 (fecha en que cumplió 55 años de edad según el fallo), más los intereses de mora a la tasa máxima legal sobre todas y cada una de las mesadas atrasadas, hasta cuando se verificara el pago, para lo cual debería tenerse en cuenta la certificación que expidiera la Superintendencia Bancaria; se impusieron también costas.

Respecto de la motivación del a quo para proferir fallo absolutorio, estimó el tribunal que aquel violaba el debido proceso, al restarle valor probatorio a los documentos que sirvieron de base para evacuar la inspección judicial y al resto que aparecían en el expediente, los cuales habían sido aportados por la parte actora sin violar los principios de oralidad, publicidad y contradicción de la prueba. Estimó además que se violaba el derecho de defensa del demandante. Citó apartes de la Sentencia 11010 de 8 de marzo de 1999 de esta Sala, en la cual se analizó el valor probatorio de las copias simples de documentos dentro del proceso ordinario laboral; en consecuencia procedió a realizar el estudio de fondo del negocio.

El ad quem, examinó la naturaleza jurídica de la Empresa Puertos de Colombia, para determinar que era una empresa industrial y comercial del Estado (L. 154/59 y reestructurada por el D. 1174/80), lo cual, afirmó, implicaba que por regla general sus servidores eran trabajadores oficiales, exceptuados los de dirección y confianza que se determinaran en el estatuto de la empresa, los cuales serían empleados públicos.

Eje de la decisión del tribunal fue el siguiente aparte:

“Para el tribunal es claro, que en el expediente, no aparece acreditado los estatutos (sic) de la empresa, mientras que sí está demostrado que el actor se vinculó mediante un contrato escrito de trabajo el día 17 de junio de 1974, y que además era beneficiario de la convención colectiva, situación que se desprende de la liquidación de cesantía definitiva hecha por la empresa al señor Aristóbulo (sic) Salcedo en donde le reconoce prestaciones sociales conforme a la convención colectiva del (sic) trabajo vigente para los años 1987 - 1988, amén de que no aparece en el expediente investigación laboral alguna, ni que hubiere sido asistido por dos dirigentes sindicales, tal y como lo ordena la citada convención colectiva del (sic) trabajo en su arts. 2º, 7º y 12” (sic).

“Igualmente es preciso resaltar que conforme a los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, reglamentario de la Ley 171 de 1961, (sic) se previó las causales de justificación (sic) para dar por terminado los contratos de trabajo (sic) por parte del patrono, y en ella es claro, que no se consagró la declaratoria de insubsistencia como justa causa, y como es bien sabido, la justa causa de terminación del contrato de trabajo ha sido taxativamente fijada por la ley, y no puede el juzgador extenderla...” (negrillas fuera del texto).

Estimó procedente, además, señalar algunos apartes de la Sentencia C-484-95 de la honorable Corte Constitucional, relativa a criterios de definición de calidades de empleado público o de trabajador oficial.

Procedió entonces el juez de alzada al análisis de las pretensiones principales, para denegar “la pretensión principal Nº 1, 2 y 3 (sic) en donde se solicita el reconocimiento de una pensión proporcional de jubilación por despido injusto ...”, así como la “Pretensión principal Nº 4 y 5, (sic) es decir la indemnización por despido injusto y su indemnización moratoria, muy a pesar de tener derecho a ella ya que la demandada propuso válidamente la excepción de prescripción la cual prospera ...”; también denegó la pretensión subsidiaria prevista en el literal a), manifestando que “no es posible aplicar una convención vigente para los años 1991 - 1993 con efecto retroactivo, a un trabajador que fue despedido en agosto 2 de 1988, pues la ley y la convención no tienen efecto retroactivo”.

Concedió la pretensión subsidiaria prevista en el literal b), con el siguiente argumento:

“... fundada en el artículo 46 de la convención colectiva del trabajo vigente para los años 1987 - 1988, el tribunal accederá a ella y condenará a la demandada, pues si (sic) es claro que ella procede ya que se reúnen los requisitos allí previstos, es decir, un despido injusto, y un tiempo de servicio superior a 10 años y menos de 20, requisitos que el actor (sic) reúne, pues está acreditado que se vinculo (sic) mediante contrato escrito de trabajo con la Empresa Puertos de Colombia el 17 de junio de 1974 y fue despedido sin justa causa el 2 de agosto de 1988, para un tiempo efectivo laborado de 13 años 10 meses y 15 días, lo que significa que tiene derecho a una pensión proporcional de jubilación por despido injusto a partir del 28 de agosto de 1998, fecha en que cumplió los 55 años de edad, y además que el despido. (Sic) Y decimos que el despido del trabajador fue injusto porque si el actor era trabajador oficial —la declaratoria de insubsistencia no tiene aplicación— luego esa forma de desvinculación no está contemplada dentro de las justas causas de terminación del contrato de trabajo”.

A continuación indexó la base salarial sobre la cual liquidaría la pensión, con fundamento “en la providencia de fecha 8 de febrero de 1996 radicación 7996 emitida por la ... Sala Laboral, magistrado ponente Jorge Iván Palacio Palacio (sic) y siguiendo los lineamientos expuestos por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso ..., Sección Segunda (sic), Subsección B, exp. 2926-99 en la providencia de fecha 15 de junio de 2001”, obteniendo una pensión de $ 2.431.362 mensuales a partir del 28 de agosto de 1998 a la cual se condenó, más intereses moratorios sobre todas y cada una de las mesadas adeudadas; citó al efecto la Sentencia T-448 de 1996 de la Corte Constitucional atinente a intereses moratorios en pensiones.

Se interpuso recurso de casación en contra de dicha sentencia pero por profesional del derecho que en ese momento carecía de poder para actuar en el proceso. Aún así el tribunal concedió el recurso, mas la Corte, advertida de la irregularidad por escrito del apoderado del actor, por auto de 25 de febrero de 2003 (rad. 20598) declaró la nulidad de la actuación ante ella y la inadmisión del recurso disponiendo devolver el expediente al tribunal de origen.

El 16 de diciembre de 2004 se recibió en la Corte la demanda contentiva del recurso de revisión que se resuelve.

El recurso

La parte recurrente invoca como causales de revisión, las contempladas por los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 “Para que la honorable Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Laboral invalide la sentencia revisada y dicte la que en derecho corresponda”.

Fundamentó tales causales citando el texto del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y señalando que en el caso que nos ocupa la sentencia confutada cumple con los presupuestos para que pueda ser objeto de revisión respecto de las causales antedichas.

Inició su exposición con la argumentación relativa a la causal b). Señala que se interpone la acción con base en esta por cuanto la cuantía del derecho reconocido al señor Salcedo excede en un ciento por ciento lo debido, toda vez que en su calidad de empleado público no cumple los requisitos legales para obtener pensión de jubilación alguna y no era jurídicamente viable aplicarle una convención colectiva en cuyo trámite había intervenido como negociador delegado por la gerencia general de la empresa.

Expresó que “Según la causal de revisión planteada, nos encontramos frente a un evento en el cual la cuantía del derecho reconocido excede en un ciento por ciento (100%) lo debido, por cuanto el señor Salcedo Murillo no acredita los requisitos legales para obtener derecho pensional alguno” (negrillas fuera del texto).

A continuación el peticionario despliega una ilación argumentativa tendiente a demostrar la calidad de empleado público que ostentaba el señor Aristóbulo Salcedo: que su cargo de subgerente financiero era de alto nivel de dirección, confianza y manejo y que la categoría de su cargo estaba prevista dentro de los estatutos de Puertos de Colombia —Acuerdo 857 de 1981, aprobado por Decreto 2465 de 1981— el que en su artículo 38 decía que los subgerentes eran empleados públicos; que había actuado como delegado del gerente general de Puertos de Colombia en la negociación de la convención colectiva de trabajo 1987 - 1988 oficina principal de Bogotá, y que igual condición había tenido también en 1984.

Afirma que en febrero de 1988 había presentado renuncia protocolaria ante la posesión como gerente general de Enrique Pacheco Sánchez y, además, un día antes de la declaratoria de insubsistencia, había presentado renuncia del cargo ante la gerencia general, lo cual, en sentir del petente, acredita la mala fe al controvertir el retiro de la empresa alegando la calidad de trabajador oficial que no le era aplicable.

Arguyó también que no era posible jurídicamente declarar ilegal el despido, considerar que la respectiva indemnización se encontraba prescrita y, a su vez, reconocer una pensión proporcional por despido injusto, pues al estar prescrita la acción para declarar una ilegalidad en el despido, esta no puede generar efectos jurídicos como erróneamente se hizo al reconocer una pensión; trajo a colación la Sentencia 19557 de 15 de julio de 2003 proferida por esta Sala de la cual fue ponente la magistrada Isaura Vargas Díaz, referente a nueva posición en lo atinente a prescriptibilidad de los factores pensionales.

A continuación, el recurrente se refiere a la causal contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 (“Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso”), para expresar que teniéndose ya claridad que el cargo desempeñado por el señor Salcedo Murillo tenía la categoría de empleo público, entonces era ostensible que en la sentencia materia de la presente acción, se había presentado una flagrante violación del debido proceso por “defecto orgánico”, por cuanto el ad quem consideró al demandante como trabajador oficial y adujo que la declaratoria de insubsistencia no tenía aplicación tratándose de tal; y que, al partir de una premisa falsa, su conclusión también lo es; que si el señor Salcedo quería efectuar algún reclamo como consecuencia de su retiro de Puertos de Colombia, entonces la tenía que haber hecho era ante la jurisdicción contenciosa y que, como no lo hizo, la acción respectiva le había prescrito; arguyó que de este modo, el tribunal había violado de manera flagrante las garantías constitucionales del debido proceso y, en especial, la observancia de las formas de cada juicio, así como el principio del juez natural, razones suficientes —en su sentir— para calificar la providencia como una vía de hecho.

Recalcó que el tribunal no podía desconocer la verdad real que le ofrecían todos los elementos de juicio allegados al expediente, como fueron los de su hoja de vida y que daban cuenta de su desempeño en cargo clasificado como empleado público, no sólo al tiempo de su declaratoria de insubsistencia sino en otros de igual naturaleza, durante su permanencia en la liquidada empresa.

Concluyó manifestando que el espíritu del legislador, al expedir el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, no fue otro que el de la protección del patrimonio público y la observancia de la moral administrativa y que, en desarrollo de tales principios, el ministerio ejerce esta acción para contrarrestar la descomposición de que fue víctima la Nación por cuenta de las desaparecidas empresas. Citó al respecto apartes jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre la defensa de la moralidad administrativa y del patrimonio público y reiteró sus pretensiones.

Contestación de la demanda de revisión

El demandado fue notificado personalmente del auto admisorio de la demanda contentiva del recurso de revisión, recibiendo copia de la providencia y de la demanda con sus respectivos anexos; la secretaría de la Sala, en aras de preservar al máximo el derecho de defensa del demandado, mediante su comparecencia al trámite del recurso, también informó a quien había fungido como apoderado judicial del señor Aristóbulo Salcedo dentro del proceso ordinario del cual se derivó el recurso de revisión, del traslado hecho a este.

Al trámite compareció en nombre del demandado, quien fuera su apoderado judicial en el proceso ordinario, manifestando al dirigirse a la Sala: “... muy cordialmente me dirijo a Usted (sic), en uso del poder que me viene conferido el señor Aristóbulo Salcedo Murillo, (sic) dentro de la oportunidad legal para contestar la demanda de la referencia ...”; sin embargo, como se echa de menos el poder al cual se hace referencia y que legitimaría al profesional del derecho para actuar en sede de revisión en nombre de su otrora representado dentro del proceso ordinario, entonces no será posible reconocerle personería ni tener en cuenta la contestación (situación un tanto similar a la que él mismo puso de manifiesto en el fallido trámite del recurso de casación cuando solicitó a la Corte proveer sobre la irregularidad de haberlo propuesto por parte de la demandada quien no tenía poder realmente para tal efecto). Por otra parte, si al aludir al poder que le venía conferido, se refería al del proceso ordinario laboral primigenio, entonces es de señalar que aquél no lo habilitaba para actuar en sede de revisión pues este es un trámite totalmente distinto que no se ejercita dentro del mismo expediente (CPC, art. 70) como sí sucede con el recurso de casación.

Procédese entonces a resolver de plano, conforme lo dispone el artículo 34 de la Ley 712 de 2001.

Consideraciones

El recurso extraordinario de revisión se introduce en la jurisdicción laboral recientemente mediante el artículo 30 de la Ley 712 de 2001; procede contra las sentencias ejecutoriadas de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de las salas laborales de los tribunales superiores y de los jueces laborales del circuito dictadas en los procesos ordinarios. En caso de prosperar, se invalidará la sentencia respectiva y se dictará la que en derecho corresponda.

En el artículo 31 de esa ley se consagraron cuatro causales de dicho recurso, todas las cuales presuponen existencia de previa sentencia penal:

“1. Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida.

2. Haberse cimentado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falsos testimonios en razón de ellas.

3. Cuando después de ejecutoriada la sentencia se demuestre que la decisión fue determinada por un hecho delictivo del juez, decidido por la justicia penal.

4. Haber incurrido el apoderado judicial o mandatario en el delito de infidelidad de los deberes profesionales, en perjuicio de la parte que representó en el proceso laboral, siempre que ello haya sido determinante en este.

PAR.—Este recurso también procede respecto de conciliaciones laborales en los casos previstos en los numerales 1º, 3º y 4º de este artículo. En este caso conocerán los tribunales superiores de distrito judicial”.

Posteriormente la Ley 797 de 2003, en su artículo 20, estableció la “Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública” cuyo contenido reza:

“Las providencias judiciales que (en cualquier tiempo) hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan (sic) al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario ... y podrá solicitarse (en cualquier tiempo) por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y,

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.

(Las expresiones entre paréntesis fueron declaradas inexequibles mediante Sentencia C-835 de 2003. Negrillas al transcribir).

En la exposición de motivos de esta norma (Proyecto de ley número 56 de 2002 Senado, Gaceta del Congreso 350 de 23 de agosto de 2002, pág. 16) se explicó, concisa y claramente:

“Artículos 20 y 21. Revisión y revocatoria de pensiones.

Estos artículos contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera, se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación”.

(Al margen se señala que el artículo 21 del proyecto quedó finalmente correspondiendo al 19 de la ley y el cual reza:

“ART. 19.—Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Los representantes legales de las instituciones de seguridad social o quienes respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades competentes”.

Es decir, las entidades de seguridad social, o quienes respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas fijas o periódicas a cargo del tesoro público, y altas autoridades judiciales como la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, las salas laborales de los tribunales superiores, y el Consejo de Estado fueron dotadas de nuevos instrumentos jurídicos para hacer frente a la inclemente expoliación del tesoro público que desde múltiples frentes y bajo multiplicidad de modalidades se ejercita en el país.

Debe advertir la Corte, a propósito, que la utilización de estas causales por los legitimados para ello debe ejercitarse dentro de un estricto y responsable marco de autorregulación dentro del cual se armonicen plenamente los intereses públicos y los del demandado, de tal manera que este recurso extraordinario no se distorsione e hipertrofie en casos que no lo ameriten realmente, distrayendo a la administración de justicia de su trascendental función, sino que el uso del mismo se ha de limitar a sentencias en las cuales la violación al debido proceso y el exceso y abuso de la normatividad genitora de la prestación concedida judicialmente resulten groseramente evidentes y plenamente manifiestos, estructurando sin lugar a mayores inferencias conceptuales las dos nuevas causales; tal como sucede en el asunto que ocupa la atención de la Sala como más adelante se pondrá de presente.

Dado que la sentencia del Tribunal Superior de Montería concedió al señor Aristóbulo Salcedo una pensión proporcional vitalicia de jubilación por despido injusto, y que el recurso de casación propuesto en contra de dicha providencia resultó fallido por interponerlo quien no tenía poder para tal efecto, la ahora parte actora arguye en este trámite de revisión que el señor Aristóbulo Salcedo era empleado público y, en consecuencia, no podía habérsele dado por el tribunal el trato de trabajador oficial; que había sido negociador de la convención con base en la cual había solicitado y obtenido pensión de jubilación, y que como se le reconoció una pensión proporcional vitalicia a la que legalmente no tenía derecho, entonces se estaba en presencia de la causal de revisión prevista por el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es decir, que la cuantía de lo reconocido excede lo legalmente debido porque en realidad no tenía derecho a pensión alguna.

Como se observa, dentro de tal marco alude a una calidad especial que ostentó el señor Aristóbulo Salcedo Murillo dentro del trámite de la negociación colectiva de la cual se derivó la convención colectiva de trabajo que rigió las relaciones entre empresa y trabajadores en el período 1987 - 1988. Expuso así el recurrente:

“En la negociación de la convención colectiva de trabajo 1987 - 1988 oficina principal Bogotá, el señor Salcedo Murillo actuó como delegado del gerente general de Puertos de Colombia.

Es tan evidente que el señor Salcedo Murillo ostentaba un cargo calificado en la categoría de empleado público del más alto nivel jerárquico dentro de la empresa Puertos de Colombia que en la negociación de la convención colectiva 1987 - 1988 actuó como negociador por parte de la empresa, de acuerdo con la designación que efectuara el gerente general, según oficio del 14 de enero de 1987, el cual reposa en la hoja de vida y encontramos copia a folio 592 del cuaderno principal. Esta situación se constata además a folio 26 del cuaderno principal en relación con quienes suscriben la citada convención y manifiesta: “Entre los suscritos, vicealmirante (r) Benjamín Alzate Reyes, gerente general de la Empresa Puertos de Colombia, quien obra en representación de la misma, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 1º, numeral 6º del Decreto-Ley 1174 del 14 de mayo de 1980 (Por el cual se reestructura la empresa Puertos de Colombia “Colpuertos”), Héctor García Angarita, Augusto Emilio Peláez Benítez, Aristóbulo Salcedo Murillo. Delegados para las negociaciones, designados por el gerente general de la Empresa Puertos de Colombia, por una parte, y ...”.

Pero resulta que en la sentencia objeto de esta acción se le reconoció al señor Salcedo Murillo, pensión proporcional por despido injusto, con base en el artículo 46 de la prenombrada convención colectiva, a pesar de su comprobado papel protagónico como negociador delegado por parte de la gerencia de la empresa, situación que hace palmaria su calidad de empleado público de alto nivel directivo y de confianza, situación que demuestra la improcedencia del reconocimiento pensional y además denota la mala fe del demandante, quien a sabiendas de su estatus en la empresa y su condición de negociador, alegando una calidad de trabajador oficial que no corresponde a la realidad, solicita reconocimiento de beneficios pensionales.

Es más, no era la primera vez que el señor Salcedo Murillo desarrollaba estas labores dentro de la negociación de una convención colectiva. El 23 de octubre de 1984 el gerente general de Puertos de Colombia ... le comunicó: “Me permito comunicar a usted que la gerencia general, debidamente autorizada mediante Acuerdo 907 de 1984 de la honorable junta directiva nacional, ha tenido a bien designarlo como negociador de la administración de la empresa, en la etapa de arreglo directo, del pliego de peticiones que han de presentar los trabajadores de la oficina principal (Bogotá). Al escoger su nombre, la gerencia ha analizado sus capacidades, sus dotes de hombre de bien y su lealtad para con la administración de la empresa, todo lo cual compendia los requisitos necesarios para atender tan delicada labor” (resalta la Sala).

De otra parte, el despacho de segunda instancia desconoció el relevante hecho de que el ex empleado en la negociación de la convención colectiva 1987 - 1988 actuó como negociador por parte de la empresa, ... violando los planteamientos jurisprudenciales al respecto que plantean que los trabajadores directivos y los representantes del empleador están excluidos de los beneficios de la convención ...”.

Citó apartes de pronunciamientos jurisprudenciales de la Sala Laboral de la Corte y del Consejo de Estado al respecto.

De otra arista, estima que el reconocimiento se produjo con violación del debido proceso porque, como el ahora demandado en realidad era empleado público, entonces las pretensiones que tramitó por vía del ordinario laboral ante la jurisdicción del trabajo, en realidad debían haberse canalizado mediante acción ante lo contencioso administrativo demandando la nulidad de la resolución que lo declaró insubsistente, y al no hacerlo así se violaron las garantías constitucionales del debido proceso, la observancia de las formas propias de cada juicio, así como el principio del juez natural.

La Sala estima que admitir la argumentación del recurrente, en cuanto la calidad de empleado público o trabajador oficial del señor Salcedo Murillo, implicaría el revivir en sede de revisión un debate que la entidad debió y fue libre de plantear, a través de su representación judicial, dentro del ordinario laboral en el cual se profirió la sentencia cuestionada y lo cual, se observa, nunca realizó, no siendo de recibo entonces, el apelar al recurso de revisión para, por esta vía, intentar enjugar el déficit de diligencia evidenciado en quienes fungieron como sus apoderados y generar una réplica o extensión de una instancia ya definitivamente clausurada en oportunidad legal.

Es ostensible que en la demanda genitora del ordinario laboral promovido por el señor Aristóbulo Salcedo en contra de la Nación - Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, se planteó claramente la controversia: el actor manifestó haberse vinculado a la empresa Puertos de Colombia mediante contrato de trabajo y que tenía calidad de trabajador oficial, solicitando rubros económicos derivados de tal calidad (cuaderno de copias Nº 1; fls. 3 a 11 correspondientes a actuación ante el juzgado); luego, correspondía a la demandada desvirtuar aquellos planteamientos en esos momentos procesales, y no ahora en el trámite de este recurso. Sin embargo, la contestación de la demanda visible del folio 87 al 89 del mismo cuaderno, lo que pone de manifiesto es la tradicional, y ya no permitida, elusiva forma de contestar sin decir nada concreto y sin ni siquiera suministrar las razones de la defensa, con excepciones de fondo genéricas y gaseosas, para, a continuación, el apoderado inicial proceder a sustituir el poder (fl. 86); es decir, la representación judicial de la demandada eludió el debate al que se le convocaba. A la primera audiencia no se asistió, pudiéndose allí complementar, concretar o mejorar la defensa a través de excepciones (fl. 100, cdno. copias Nº 1). Tampoco se vislumbra que haya habido alegaciones de alguna clase, por parte de la apoderada judicial sustituta de la recurrente, para desvirtuar las alegaciones del actor.

El Tribunal de Montería (fls. 40 a 60 cdno. copias Nº 3) analizó el tema concreto de la discusión que planteaba el actor respecto de su calidad de trabajador oficial y concluyó, con base en razonamientos jurídicos, fundamento jurisprudencial y análisis probatorio, que la naturaleza jurídica de la empresa Puertos de Colombia era la de una empresa industrial y comercial del Estado y, como consecuencia de la ausencia procesal de los estatutos de la misma, con los que se probase el carácter de empleado público del accionante, definió que este era un trabajador oficial, con las respectivas consecuencias jurídicas que de tal calificación se desprendían.

No es permisible, entonces, pretender —mediante el recurso extraordinario de revisión— desquiciar el fallo ejecutoriado del ad quem, por la vía de la reapertura en este trámite, de discusiones que se debieron afrontar en su debido momento en el proceso ordinario, solicitando y aportando el material probatorio que acreditara lo que ahora arguye la recurrente, sobre calidad de servidor y exponiendo el análisis jurídico del caso para rebatir lo afirmado por el demandante Salcedo.

No es dable imputar violación del debido proceso, de las formas propias de cada juicio y del principio del juez natural, bajo la premisa falsa de estimar comprobado que el señor Salcedo era empleado público y que por ende la vía contenciosa era la llamada a ser la destinataria de sus pretensiones. Es de recordar que pacíficamente, de vieja data, la jurisprudencia ha estimado que basta que el actor alegue la existencia de un contrato de trabajo para que inmediatamente se radique en el juez laboral la competencia para conocer del proceso, definiéndose el asunto en el fallo, absolviendo si no se acredita la existencia de aquél. Acá, se siguieron las formas propias del juicio ordinario laboral y quienes fallaron eran los llamados legalmente a hacerlo.

De manera que, las argumentaciones fácticas y jurídicas de la recurrente respecto de la calidad de la vinculación del ahora demandado debieron haberse desplegado durante el trámite del proceso ordinario. Y luego, el desquiciamiento del fallo del ad quem por presunta infracción de la ley sustancial, ya fuera por falta de aplicación, aplicación indebida, interpretación errónea, o por error de hecho o de derecho correspondía ventilarse a través del específico remedio del recurso de casación, mas como tampoco la diligencia para interponerlo fue lo acontecido, este resultó fallido por falta de poder de quien lo propuso, consolidándose entonces la firmeza de la sentencia.

Sobre los alcances, restricciones y limitaciones del recurso de revisión se han hecho pronunciamientos por la Sala de Casación Civil de esta Corte, los que acoge esta Sala y con base en los cuales se han expresado los anteriores planteamientos. Así, aquella Sala ha dicho:

En fallo de 16 de enero de 1995, expediente 4125:

“Por aplicación del principio de la cosa juzgada, el ordenamiento positivo dota a la sentencia ejecutoriada del atributo de ser inmutable, intangible y definitiva; de ese modo y para siempre se define por parte de la jurisdicción el derecho disputado en juicio, se pone fin al litigio, se otorga seguridad y certeza jurídica a las partes y se impide el replanteamiento indefinido del mismo asunto ya desatado por medio de la sentencia que se dicta como culminación de un proceso.

Empero, ante la necesidad de dejar sin vigor una sentencia inicua, proferida en desmedro de la realidad de los hechos debatidos en juicio, ya por causas totalmente ajenas a las partes u ora por medios ilícitos o dictada que haya sido con violación del derecho de defensa o de la cosa juzgada, se ha instituido legalmente el recurso de revisión por unas precisas causales consagradas en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, cuya especificidad le otorga a dicho recurso la condición de ser un instrumento excepcional o extraordinario que, por su esencia y finalidad, no puede ser medio sustitutivo de otras formas de impugnación ni propicio para debatir de nuevo la cuestión litigiosa como si se tratase de una instancia más del proceso”.

En Sentencia 82 de 1997:

“Calificado positiva y doctrinalmente como extraordinario en razón de estar instituido contra determinadas resoluciones judiciales y por los motivos expresamente previstos en la ley, el recurso extraordinario de revisión constituye la más clara manifestación de que la cosa juzgada, instituto jurídico que dota de firmeza, inmutabilidad y coercibilidad a los fallos, debe ceder ante la iniquidad de que estos adolezcan, colocando como prioritario para el derecho la consecución de la justicia, o al menos de sentencias justas. Pero no se trata acá de una justicia entendida como se la define clásicamente en el sentido de darle a cada cual lo que le corresponde, sino como un valor que se logra en la medida en que otros tantos que lo acompañan puedan conseguirse. Por eso es por lo que las sentencias objeto del recurso de revisión, no obstante estar amparadas de las presunciones de acierto y legalidad, y muy a pesar de poder “dar el derecho y por eso la razón”, pueden ser atacadas por este medio impugnativo cuando en su producción se infringieron esos otros valores que como el de la lealtad procesal —protegido cuando para su transgresión se utilizaron hechos u omisiones fraudulentas—, o el derecho de audiencia y contradicción, deben estar presentes en todo fallo judicial.

En pronunciamiento 34 de 2004:

“El recurso extraordinario de revisión lo ha estructurado la ley como salvedad al principio de la inmutabilidad de los fallos que hacen tránsito a cosa juzgada material, al establecer que por medio del mismo es dable que una de tales decisiones en firme permita ser estudiada, a condición de que estén presentes aquellas circunstancias de las expresamente contempladas en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil.

Por tratarse de un instrumento excepcional de censura y por tener motivos expresos, su esencia es reducida y, en consecuencia, restricta su hermenéutica, motivo por el cual no permite al recurrente una amplia actividad, en el sentido de volver a proponer todos los temas estudiados y dirimidos en la sentencia recurrida, ni al juzgador se le otorga dilatado campo de acción para que pueda emprender el escudriñamiento detallado del pleito, aún por su propia iniciativa; por el contrario, este recurso se reduce a comprobar si se está en presencia de alguno de los eventos claramente establecidos por el legislador y si se ofrece la evidencia fáctica que lo estructure”.

Aclarados en forma suficiente los anteriores aspectos, señala ahora la Sala que, dado que no fue dilucidado por el ad quem, ni de oficio o a petición de parte, lo relativo al cuestionamiento de haber fungido el señor Aristóbulo Salcedo como negociador —por parte de la empresa— de la convención colectiva de trabajo, de la cual se derivó la pensión que el tribunal le reconociera entonces, la Corte procederá al análisis de esta circunstancia.

De manera reiterada y pacífica la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido, y se reitera, que aun cuando un sindicato sea mayoritario no es posible aplicar la convención colectiva de trabajo en beneficio de quienes han representado o representan al empleador en el trámite de la negociación de aquella.

Así, en sentencia de casación de 12 de diciembre de 1986 se expresó por esta Sala:

“Por su esencia misma, las negociaciones colectivas del trabajo deben desarrollarse entre uno o más sindicatos y uno o más patronos, con fundamento en el pliego sindical de peticiones y para regular las actividades laborales en la empresa o empresas respectivas.

Una de las partes, la sindical, representa la fuerza de trabajo. La otra, patronal, representa la organización y el patrimonio empresarial”.

“Entonces, cuando el patrono es una persona moral o ente colectivo, para actuar en la vida del derecho requiere necesariamente la intervención de personas físicas que lo representen. Estos seres humanos vienen a encarnar pues, a personificar materialmente ante los ojos ajenos al ente colectivo, de por sí imperceptible por ser inmaterial. Sus personeros, pues, corporizan al patrono incorpóreo”.

“A su vez, la culminación normal, generalizada y pacífica de las negociaciones colectivas es la firma de una convención colectiva de trabajo, que proviene del acuerdo de voluntades entre dos partes contratantes y no de un mero acto unilateral del patrono. El contenido de la convención debe superar siempre el mínimo de derechos, amparos y prerrogativas que la ley les concede a los trabajadores, so pena de que lo estipulado en mengua del estatuto legal adolezca de nulidad, hasta el punto de tenerse como no escrito o inexistente”.

“La convención le impone pues al patrono obligaciones por encima del mínimo legal y les concede a los trabajadores beneficiarios de ella los derechos correlativos. El patrono asume así la posición de deudor y el empleado favorecido la de un acreedor. Si así no fuese, la convención colectiva jamás podría ser fuente de obligaciones laborales, ya que sin acreedor y deudor no puede nacer a la vida jurídica una obligación”.

“De allí se desprende como corolario ineludible que quien sea el patrono o lo personifique al celebrarse una convención colectiva, adquiere por virtud de ese acto la calidad de deudor frente a los trabajadores amparados por ese acto jurídico que, a la vez, toman la calidad de acreedores inmediatos, potenciales o futuros de los beneficios que así se pactaron”.

“De consiguiente, quien actúe por la parte patronal y ostente la representación de un ente colectivo a tiempo de celebrarse la convención, no puede transmutarse a través de una extraña e inconcebible alquimia jurídica en simple trabajador, para beneficiarse como tal de las estipulaciones convencionales que aceptó como aquella parte patronal, ni aún bajo el pretexto de la extensión de su amparo a todos los servidores de la empresa por ministerio de la ley”.

“Si tal fenómeno se aceptara por vía de simple hipótesis, llegarían a confundirse, en el caso de aquellos personeros, las calidades de acreedor y de deudor en un mismo sujeto, lo cual conduciría inexorablemente a que la pretendida obligación no pudiera existir en derecho”.

“Entonces, si en el ente colectivo patronal hay el deseo de favorecer laboralmente a quienes sean sus personeros legales, han de ser la asamblea de accionistas, la junta de socios, la junta directiva u otros organismos supremos de la colectividad así organizada, quienes les conceden esos beneficios por acto unilateral y en cantidad o calidad igual, superior o inferior a lo pactado para los trabajadores ordinarios en convención colectiva, que es necesariamente acto jurídico bilateral”.

“No cabe duda alguna, por lo tanto, que en el presente caso los doctores ... como gerentes o personeros de la flota y de la transportadora que fueron, no gozaban del amparo de las convenciones colectivas firmadas por Anegran y aquella entidad patronal y que, en consecuencia, ninguna cuota sindical debieron pagar como contraprestación a un beneficio que jurídicamente no podían tener ...” (negrillas fuera del texto).

En sentencia de nueve (9) de julio de mil novecientos noventa y dos, (1992), rad. 4685 la Sala manifestó:

“Por otra parte, como lo explicó el Tribunal Supremo del Trabajo, en nuestro medio las leyes laborales “no deben aplicarse al pie de la letra, con exactitudes matemáticas que contraríen la naturaleza humana que las inspira y justifica” ... Según este criterio jurisprudencial expresado hace más de ocho lustros, pero que hoy conserva plena vigencia, se entiende la razón por la cual algunos representantes del empleador deban ser excluidos de los beneficios extralegales establecidos en las convenciones colectivas de trabajo sin que ello implique la violación del artículo 10 del Código Sustantivo del Trabajo que consagra la igualdad de los trabajadores ante la ley sin distinción de carácter intelectual o material de la labor que realizan, ni quebrantamiento de los preceptos legales que fijan el ámbito de aplicación de la convención colectiva de trabajo, ni infracción de ninguna otra norma de las que en relación con este aspecto de su acusación cita el recurrente, sin que ello implique tampoco desconocimiento de que la persona jurídica que obra como empleadora y la persona natural que le sirve de órgano representativo, y es además su trabajador, son personas diferentes”.

“El fundamento de esta “ética y jurídica tesis” de la Corte, como denomina la réplica la interpretación de la ley que hizo la Sala en su sentencia de 12 de diciembre de 1988, no es otro diferente al que destaca la parte opositora: la regla moral que rige toda obligación y todo contrato, incluido el de trabajo, según la cual una misma persona no puede actuar en un convenio como parte y contraparte, ni representar simultáneamente a ambas partes, cuando sus intereses sean opuestos o puedan llegar a serlo”.

“Esta regla ética que inspira nuestra legislación positiva explica la razón de ser de las prohibiciones e incompatibilidades consagradas en normas como las contenidas en los artículos 501, 1855, 2170, 2171 del Código Civil y 838, 839, 906 y 1274 del Código del Comercio, entre otros, según los cuales no es lícito que quien tiene el deber de cuidar de los intereses económicos de otro o de ser su representante, pueda hacer negocios en su personal beneficio y en detrimento de aquel a quien tutela o representa, o ejecutar actos que puedan afectar negativamente los intereses patrimoniales de su representado”.

“Con la mira de evitar componendas en el adelantamiento de la negociación colectiva, que al igual que cualquier otro negocio debe realizarse sin contravenir los principios de moralidad sobre los cuales descansa una sociedad, la Sala hizo la interpretación cuya modificación pretende el recurrente ...”.

“Como es elemental, en la sentencia de 12 de diciembre de 1988 la Sala no se limitó a realizar una simple repetición literal de los textos legales, pues no es esa la función que está llamado a cumplir un juez al que legalmente se le ha encomendado sentar jurisprudencia sobre los puntos de derecho que ameritan una ponderada reflexión a fin de que, al delimitar el sentido de la ley, la conclusión lograda resulte satisfactoria para la mayoría de los integrantes del grupo social”.

“Esta interpretación de los textos del Código Sustantivo del Trabajo y de las normas que lo modifican, por medio de las cuales se regula lo concerniente a la aplicación de los beneficios obtenidos en una convención colectiva y según la cual quienes hayan actuado de algún modo en representación del empleador durante los trámites propios de su celebración quedan por ese hecho excluidos de dicho régimen extralegal, se muestra tan acertada que inclusive ha sido recogida por el propio legislador mediante la Ley 4ª de 1992 al disponer en su artículo 9º que “los negociadores, en representación de la parte empleadora en las negociaciones de estas empresas (las industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta) no se podrán beneficiar del régimen prestacional obtenido mediante la convención”.

“Este respaldo del propio legislador a la interpretación que el recurrente critica, es un argumento adicional, si acaso el expresado por la sentencia del 12 de diciembre se considerara insuficiente, para que la Corte persista en considerar que el genuino sentido de los preceptos legales anteriores a la Ley 4ª de 1992 es el explicado en el fallo que el recurrente califica como una interpretación equivocada, sin que pueda argumentarse que esta regla legal únicamente cobijaría a los negociadores en representación de la parte empleadora cuando la convención colectiva se celebre entre una empresa estatal o una sociedad de economía mixta y su correspondiente sindicato, pero no tiene aplicación cuando se trata de un empleador particular por cuanto, y como es sabido, donde exista la misma razón debe existir la misma disposición ...”.

En fallo de 28 de noviembre de 1994, rad. 6962, expuso la Corte:

“La ley fija el campo de aplicación forzoso de un acuerdo colectivo. En principio solamente es aplicable a los propios contratantes, a los afiliados al contrato que lo celebró, a los adherentes al convenio y a quienes con posterioridad a su firma se afilien a aquél; pero también ordena su extensión a todos los trabajadores de su empresa —cuando el sindicato pactante agrupe a más de la tercera parte de su personal— y en el evento de que un acto gubernamental así lo disponga, previo cumplimiento de los presupuestos indicados en el artículo 472 ...

Excepcionalmente, por razones especiales, la jurisprudencia ha admitido la exclusión del ámbito de aplicación, por convenio entre las partes, de ciertos trabajadores, generalmente directivos de la empresa, dado su carácter de representantes del empleador, o incluso sin necesidad de acuerdo expreso, en tratándose de representantes legales o negociadores de la parte patronal”.

Y en sentencia de homologación de seis de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) dijo la Sala:

“El artículo 471 del Código Sustantivo del Trabajo ... dispone que si en la convención colectiva es parte un sindicato cuyos afiliados excedan de la tercera parte del total de los trabajadores de la empresa, las normas de la convención se extienden a todos los trabajadores de la misma, sean o no sindicalizados, con lo cual pudiera pensarse, como lo hace el sindicato recurrente, que en la hipótesis de la norma jurídica, quienes ostentan la condición de representantes del empleador deben ser necesariamente, como cualquier otro trabajador, beneficiarios de la convención”.

“Ese entendimiento del precepto legal, con todo, no corresponde a su verdadero alcance. La exclusión de algunos representantes del empleador de los beneficios de la convención colectiva ... obedece a un principio general de derecho, pues en toda obligación y en todo contrato, incluido el de trabajo, una misma persona no debe actuar como parte y contraparte, ni representar a ambas partes simultáneamente cuando sus intereses sean opuestos o puedan llegar a serlo. Esta consideración de la Corte fue expuesta en la sentencia de 12 de diciembre de 1982 y reiterada en la proferida el 9 de julio de 1992 (rad. 4685), al precisarse que dicha regla de nuestra legislación positiva explica la razón de ser prohibiciones e incompatibilidades como las consagradas en los artículos 501, 1855, 2170, 2171 del Código Civil y 838, 839, 906 y 1274 del Código de Comercio, entre otras, según las cuales no es lícito que quien tiene el deber de cuidar los intereses económicos de otros, o de representarlo, pueda hacer negocios en su personal beneficio y en detrimento de aquél en cuyo nombre actúa, o ejecutar actos que puedan afectar negativamente los intereses de su representado, con lo que se afianza la certeza de que la convención colectiva de trabajo no necesariamente debe aplicarse a todos los trabajadores de la empresa, pues de sus beneficios pueden ser excluidos aquellos que representan al empleador ...” (negrillas fuera del texto).

A folio 622 del cuaderno 1 obra copia de oficio proveniente del gerente general de Puertos de Colombia dirigido al señor Aristóbulo Salcedo M., y en la cual expresa:

“Apreciado doctor:

En mi condición de gerente general me permito comunicarle su nombramiento como negociador por parte de la administración de la Empresa Puertos de Colombia, en la iniciación de las conversaciones en la etapa de arreglo directo y posteriores, que se adelantarán con los negociadores delegados de los trabajadores de la oficina principal de la empresa, desde el día 15 de enero de 1987 a partir de las 9:00 a.m. en la cra. 10ª Nº 15-22 Piso 8º Biblioteca de Colpuertos Bogotá ...”.

En el mismo cuaderno, del folio 28 al 79 milita copia de la convención colectiva de trabajo suscrita entre Puertos de Colombia y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Puertos de Colombia oficina principal “Sintrapocol” para los años 1987 - 1988.

A folio 29 se observa que, por parte de la empresa intervienen para la celebración del contrato colectivo, los señores vicealmirante Benjamín Alzate Reyes, como gerente general y, como delegados, para las negociaciones por parte de la empresa, designados por aquél, los señores Aristóbulo Salcedo Murillo, Héctor García Angarita y Augusto Peláez Benítez.

A folio 76 se observa que el señor Salcedo Murillo suscribe dicha convención como negociador de la empresa.

Los anteriores medios de prueba acreditan entonces fehacientemente que el señor Aristóbulo Salcedo Murillo fungió como negociador de la convención colectiva de trabajo en la cual el Tribunal Superior de Montería halló la pensión de jubilación que mediante fallo judicial, previa petición, reconocería al señor Salcedo.

En consecuencia, tuviese la calidad que tuviese, empleado público o trabajador oficial, lo que sí está claro es que, dado el papel protagónico que el señor Salcedo había tenido en la negociación colectiva que dio como resultado la convención colectiva que rigió en Colpuertos en el lapso 1987 - 1988, la misma era inaplicable a él, conforme lo venía expresando la jurisprudencia desde mucho antes como ya se vio.

Por lo tanto, sin hesitación y mayor disquisición, por la claridad del asunto, concluye la Sala que cabe razón al recurrente en lo atinente a la estructuración de la causal b) de revisión de pensión concedida por autoridad judicial, consagrada por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues, ciertamente, si el actor no podía ser legal destinatario de las prerrogativas de una convención en cuyo trámite había representado a la estatal empleadora, entonces es obvio que la cuantía de cualquier prestación que obtuviera judicialmente, o por otro medio, proveniente de aquel contrato colectivo, estaría excediendo la que legalmente le correspondía pues a la misma no tenía derecho.

En consecuencia, la sentencia confutada habrá de invalidarse, pero sólo en lo relativo a las condenas impuestas a la Nación ya que sobre las absoluciones impartidas respecto de pretensiones principales y resto de subsidiarias el demandante Salcedo mostró conformidad al no recurrir en casación, y, en cuanto a la parte demandante en el recurso de revisión, limitó su ataque a las condenas que se le impusieron. Es patente que la causal de revisión que se abrió paso sólo irradió parte del fallo, luego entonces la parte no afectada por aquella debe mantenerse incólume.

Se absolverá entonces a la demandada de todas las condenas que le fueron impuestas. Basten como fundamento de la sentencia sustitutiva las motivaciones expuestas anteriormente. El señor Aristóbulo Salcedo será condenado en las costas de ambas instancias del proceso. No habrá costas en el recurso de revisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

RESUELVE:

1. Declarar que prospera el recurso de revisión propuesto por el Ministerio de la Protección Social, a través de apoderado judicial, en contra de la sentencia (ejecutoriada) proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería el 28 de junio de 2002 dentro del proceso ordinario laboral promovido por el ciudadano Aristóbulo Salcedo Murillo en contra de la Nación, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

2. Invalidar los numerales 1º, 2º, 3º y 4º de dicha sentencia contentivos de revocatoria de fallo de primera instancia y condena a la Nación - Ministerio del Trabajo y Seguridad Social a pagar al señor Aristóbulo Salcedo Murillo pensión proporcional de jubilación por despido injusto en cuantía de $ 2.431.362 pesos mensuales a partir del 28 de agosto; intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley sobre todas las mesadas atrasadas, y condena en costas.

3. Confirmar la sentencia absolutoria que dentro del mencionado ordinario laboral profirió el señor Juez Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá el 23 de febrero de 2001 pero por las razones expuestas en la parte motiva del presente fallo.

4. Costas de ambas instancias del proceso a cargo del demandante.

5. Sin costas en el recurso de revisión.

6. Comuníquese esta decisión, anexando copia de la misma, al Tribunal Superior de Montería y al señor Juez 17 Laboral del Circuito de Bogotá.

Notifíquese, cúmplase y archívese el expediente.

Magistrados: Francisco Javier Ricaurte Gómez—Gustavo José Gnecco Mendoza (con salvamento de voto)—Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz.

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.

SALVAMENTO DE VOTO

Con el acostumbrado respeto, apoyado en las razones que expongo a continuación brevemente, me aparto de la decisión que, al encontrar configurada la causal b) de revisión establecida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declaró próspero el recurso de revisión propuesto por el Ministerio de la Protección Social.

Para negar la primera de las causales propuestas por el accionante en revisión, luego de considerar que la calidad de empleado público del señor Salcedo Murillo debió plantearse en el proceso ordinario laboral; que no es dable acudir al recurso de revisión para intentar suplir la falta de diligencia evidenciada por los apoderados del recurrente y que no es admisible que se pretenda reabrir el trámite de discusiones que se debieron afrontar en su debido momento, se concluyó en la sentencia de la cual me aparto que “las argumentaciones fácticas y jurídicas de la recurrente respecto de la calidad de la vinculación del ahora demandado debieron haberse desplegado durante el trámite del proceso ordinario”.

Sin embargo, a pesar de tan explícitas expresiones, las cuales comparto, por entender que lo relativo a la calidad de negociador del señor Salcedo no fue dilucidado por el ad quem, se decidió por la mayoría que el citado señor no podía ser destinatario legal de las prerrogativas de una convención colectiva en la que participó representando a la entidad oficial que era su empleadora, razón por la cual se declaró próspero el recurso de revisión.

En mi opinión, respecto del específico asunto de la calidad de negociador de Aristóbulo Salcedo Murillo caben las mismas observaciones efectuadas por la Sala para desestimar la primera causal de revisión respecto de la sentencia gravada, en la que se alegaba la violación al debido proceso, pues por corresponder a una situación directamente relacionada con el derecho por aquél demandado, debió ser suficientemente debatida en el trámite del proceso ordinario laboral, pese a lo cual la entidad allí demandada no lo esgrimió como argumento para sustentar su defensa.

Y si ello es así, pienso que tampoco era la acción de revisión la instancia oportuna para traer ahora a la palestra una cuestión jurídica que debió discutirse en su oportunidad.

Por otra parte, es cierto que a pesar de que así la calidad de negociador de la convención colectiva del ahora accionado no hubiese sido alegada por la entidad demandada en el proceso ordinario, el tribunal debió estudiar todas las cuestiones relacionadas con el derecho deprecado, dentro de las cuales, desde luego, estaba la dicha calidad. Y si no hizo alusión a las pruebas que la acreditan y por ello no se refirió a ese asunto, pudo incurrir en un desacierto fáctico al no dar por establecido un hecho con clara incidencia en la decisión que adoptó. Pero ese dislate ha podido ser controvertido suficientemente por la empresa accionada dentro del mismo trámite del proceso ordinario, a través de la interposición oportuna del recurso extraordinario de casación contra la aludida sentencia del Tribunal de Montería.

Mas si a pesar de interponerlo, dicho recurso no le fue concedido por razones atribuibles a quienes actuaron como sus apoderados y perdió la oportunidad concedida por las leyes para hacer adecuado uso del derecho de defensa y plantear las razones por las cuales no era procedente la condena que le fue impuesta, estimo que no es la acción de revisión el ámbito procesal pertinente para, como se dijo con acierto en relación con el primer motivo de revisión en la decisión de la cual me separo, “intentar enjugar el déficit de diligencia evidenciado en quienes fungieron como sus apoderados y generar una réplica o extensión de una instancia ya definitivamente clausurada en oportunidad legal”.

Por último si, como igualmente se afirma por la mayoría, el uso de la revisión “se ha de limitar a sentencias en las cuales la violación al debido proceso y el exceso y abuso de la normatividad genitora de la prestación concedida judicialmente resulten groseramente evidentes y plenamente manifiestos, estructurando sin lugar a mayores inferencias conceptuales las dos nuevas causales”, sinceramente creo que el yerro del tribunal no encaja dentro de esa caracterización efectuada por la Sala.

Las anteriores consideraciones, reitero, me llevan a salvar mi voto.

Fecha ut supra. 

Gustavo José Gnecco Mendoza. 

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