Sentencia 2584 de marzo 22 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 25000 23 27 000 2006 02584 01

Magistrado Ponente:

Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié

Actor: Luis Eduardo Beltrán Farías C/ Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Otros.

Asuntos Constitucionales - Acción de Tutela

Fallo

Bogotá, D.C., veintidós de marzo del año dos mil siete.

Decide la sala la impugnación interpuesta por Luis Eduardo Beltrán Farías, contra el fallo 23 de enero de 2007, proferido por la Sección Cuarta, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que rechazó por improcedente la acción de tutela incoada contra la dirección ejecutiva nacional de administración judicial, la dirección ejecutiva seccional de administración judicial y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En sentir del actor le fueron vulnerados sus derechos fundamentales a la vida digna, la salud y la seguridad social.

Antecedentes

Hechos

Se sintetizan en los siguientes:

Indicó el señor Luis Eduardo Beltrán Farías que fue objeto de un proceso penal, por lo que el 23 de julio de 2003 la Fiscalía 7ª de la unidad de fiscales delegados ante el Tribunal Superior de Bogotá, dispuso la imposición de una medida de aseguramiento y como consecuencia solicitó a la corporación se procediera a la suspensión del cargo que venía desempeñando como Juez 5 Penal Municipal de Bogotá, lo cual se hizo efectivo a través del Acuerdo 22 de agosto 20 de 2003, dejándolo separado del cargo y en consecuencia, sin percibir los salarios correspondientes.

Afirmó que el 6 de abril de 2006, es decir, pasados 2 años y 8 meses, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo de segunda instancia, lo absolvió de los hechos y cargos que le fueron imputados. Por Acuerdo 13 del 24 de abril de 2006, la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá, levantó la suspensión al doctor Luis Eduardo Beltrán Farías, en su condición de Juez 5 Penal Municipal a partir de la fecha y de conformidad con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia. El mismo día, el actor se reintegró al cargo en carrera judicial.

Que con oficio de abril 26 de 2006, solicitó ante la dirección ejecutiva seccional de administración judicial, el reintegro a la nómina y el reconocimiento de los salarios dejados de percibir durante el tiempo que estuvo suspendido.

Sostuvo que la dirección ejecutiva seccional de administración judicial mediante escrito DRH-3850 de agosto 8 de 2006, realizó la liquidación de los salarios dejados de percibir y fue informado que el oficio sería trasladado al grupo de sentencias de la dirección ejecutiva nacional de administración judicial.

Afirmó que la accionada, mediante escrito le comunicó que para obtener la totalidad de los salarios solicitados, debía llenar unos requisitos, los cuales cumplió a cabalidad, pero, que para el momento de la presentación de la acción de tutela no se había efectuado dicho pago, pues según informes de aquella, el Ministerio de Hacienda no había efectuado el giro correspondiente que por ley de presupuesto corresponde para cubrir dicho gasto.

Consideró violados sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y a la seguridad social, por parte de la dirección ejecutiva nacional de administración judicial, la dirección ejecutiva seccional de administración judicial y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al no efectuarse el pago de los salarios que le corresponden, así como el aporte al sistema de seguridad social.

Petición

Solicitó:

“Solicito como pretensión que se ordene a las entidades accionadas, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dirección ejecutiva nacional de administración judicial y dirección ejecutiva seccional de administración judicial, que de manera inmediata y sin más dilaciones efectué (sic) el pago de los salarios dejados de recibir por el suscrito y ya liquidados, para que a la vez se realicen los descuentos de ley y se realicen los pagos que por concepto de seguridad social corresponden”.

Trámite

Fue admitida la acción, se tramitó, se comunicó a la accionada y al tercero interesado.

Contestación

El director ejecutivo seccional de la administración judicial con escrito de 16 de enero de 2007, respecto a la acción adelantada dijo:

Que “... el 8 de agosto de 2006, la división de asuntos laborales de la dirección ejecutiva de administración judicial, elevó solicitud para cuantificar y liquidar las sumas dejadas de percibir por salarios y prestaciones sociales. Solicitud esta, que fue atendida mediante oficio DRH-SC 3849 del cual anexo copia”.

Indicó que su competencia llega hasta liquidar los salarios dejados de percibir, pero el pago efectivo le corresponde a la dirección ejecutiva de administración judicial, por intermedio del rubro de sentencias, lo que le corresponde exclusivamente al superior jerárquico.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público con escrito de enero 16 de 2007, solicitó ser desvinculado o en su defecto se declare improcedente la acción, por cuanto el actor cuenta con otros mecanismos de defensa y no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable para que proceda la tutela como mecanismo transitorio.

Dijo que cualquier trámite interno que implique el cumplimiento de obligaciones con cargo al presupuesto de la rama judicial —Consejo Superior de la Judicatura— dirección ejecutiva de administración judicial, no es responsabillidad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, razón por la cual no está legitimado para actuar.

Indicó que han cumplido con la función del giro de los recursos correspondientes, de tal manera que se han asignado unos rubros para las sentencias de la rama judicial.

El director administrativo de la división de procesos de la dirección ejecutiva de administración judicial con escrito de 17 de enero de 2007 solicitó negar el amparo, en tanto el actor cuenta con otros mecanismos de defensa judicial, no demostró perjuicio irremediable y además se encuentra vinculado a la rama judicial, por lo cual percibe las acreencias laborales correspondientes y cuenta con servicio de salud.

Dijo que esa entidad no le dio cumplimento a la sentencia de abril 6 de 2006, porque el actor no acreditó los requisitos legales que en varias oportunidades le fueron informados entre ellos allegar a la solicitud de pago, la primera copia auténtica de la respectiva sentencia, según lo ordenado por el Decreto 768 de 1993, artículo 3º, modificado por el Decreto 818 de 1994 artículo 2º.

Señaló que la dirección ejecutiva de administración judicial, cancela de conformidad con los turnos con los que entregan la documentación que Ilena los requisitos exigidos por la ley y que para el presente caso, el turno es el 106, el cual se efectuará cuando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realice el respectivo trámite presupuestal.

Respecto a los aportes a seguridad social que no se realizaron durante el tiempo de suspensión del actor en el cargo, señaló que esta cotización se cancela cuando se pague efectivamente la sentencia, pues allí es donde se efectúan las deducciones parafiscales.

El fallo impugnado

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, con fallo de enero 23 de 2007, rechazó por improcedente la acción de tutela al considerar que el actor cuenta con otros mecanismos de defensa judicial y no demostró perjuicio irremediable que permitiera el amparo transitorio.

Impugnación

El actor con escrito de 31 de enero de 2007, impugnó la anterior decisión en la que reitera lo expuesto en su escrito inicial de tutela y solicita revocar el fallo, condenar a las demandadas al reconocimiento y pago de los salarios y aportes a seguridad social dejados de pagar durante el tiempo de suspensión de que fue objeto.

Dijo que no es justo que deba esperar más tiempo para que se haga efectivo el pago, o en su defecto tenga que iniciar el proceso ejecutivo tal como lo prevé el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, porque ya padeció suficiente con la suspensión injusta de la cual fue víctima.

Insistió en que se encuentra desprotegido y que “... No es la vía judicial del cobro coactivo frente a la justicia ordinaria, el mecanismo judicial idóneo para garantizar el acceso al sistema de seguridad social a que tengo derecho y que se me esta (sic) vulnerando por parte de las autoridades administrativas aquí tuteladas ...” (fl. 122).

Respecto al perjuicio irremediable indicó que si bien hoy tiene seguridad social, en caso de una contingencia de salud o pensión se le daría el tratamiento de una persona nueva en el sistema, todo por la falta de pago a seguridad social, y es ahí donde radica el daño, pues si requiere un determinado número de semanas por alguna adversidad, ni él, ni su familia tendrían antigüedad de cotización, ya que recalca, aparece como nuevo afiliado, lo cual no es cierto, pues fueron la suspensión y el no pago, los que produjeron ese equívoco.

Concluyó solicitando se ampare su derecho a la seguridad social, actualizando el pago al sistema, para que ante una eventual necesidad se le proporcione el trato a que tiene derecho, luego de haber prestado sus servicios a la rama judicial por más de 20 años, pues no es suficiente con estar vinculado, sino que se tenga un mínimo de semanas cotizadas para ciertas contingencias.

Consideraciones de la Sala

Toda persona puede acudir al mecanismo de la acción de tutela para que le sean protegidos los derechos constitucionales fundamentales que considere le fueren amenazados o vulnerados por la autoridad pública. Se exceptúa de la anterior disposición cuando el agraviado cuente con otros mecanismos de defensa judicial, caso en el cual es improcedente, a menos que se utilice para efectos de evitar un perjuicio irreparable, evento en el cual procede la tutela como mecanismo transitorio.

En el caso sub examine pretende el señor Luis Eduardo Beltrán Farías el amparo de sus derechos fundamentales a la vida digna, la salud y la seguridad social que considera vulnerados por la dirección ejecutiva nacional de administración judicial, la dirección ejecutiva seccional de administración judicial y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en tanto, no le han pagado los salarios dejados de percibir, ni han cotizado al sistema de seguridad social, durante el tiempo en que fue suspendido del cargo de Juez 5 Penal Municipal de Bogotá D.C.

De lo probado en el expediente:

Oficio 0496 de abril 26 de 2006, mediante el cual el actor solicitó la inclusión en nómina y el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de suspensión (fls. 1-2).

Oficio DEAJ06-6299 de mayo 12 de 2006, proferido por la Sala Administrativa Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, donde le solicitan al señor Beltrán Farías, remita copia del Acuerdo 22 de agosto 20 de 2003 y la sentencia de noviembre 11 de 2005, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá (fl. 16).

Oficio DEAJ06-7037 de mayo 24 de 2006, proferido por la Sala Administrativa Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, donde le solicitan al señor Beltrán Farías el cumplimiento de otros requisitos para dar cumplimiento a la sentencia de abril 6 de 2006, proferida por la Corte Suprema de Justicia (fls. 17-18).

Oficio DRH-3850 de agosto 8 de 2006, emitido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, a través del cual le informaron al actor que la liquidación ordenada a su favor había sido remitida con destino a la dirección ejecutiva nacional, con oficio DRH-SC-3849 de agosto 8 de 2006 (fl. 19).

Oficio de 1º de agosto de 2006, por medio del cual el actor allegó la documentación requerida en oficios de mayo 12 y 24 de 2006, proferidos por la Sala Administrativa Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (fIs. 21 - 22).

Con oficio DEAJ06-11510 de agosto 16 de 2006, la dirección ejecutiva de administración judicial, le solicitó al actor, allegar la primera copia de la sentencia de abril 6 de 2006, proferida por la Corte Suprema de Justicia (fl. 60).

Con oficio de septiembre 11 de 2006, el señor Beltrán aportó lo solicitado en oficio DEAJ06-11510 de agosto 16 de 2006 (fl. 61).

Con oficio de noviembre 6 de 2006, el señor Beltrán reiteró la solicitud de pronto pago de sus acreencias (fls. 63-64).

Manifestó el director administrativo de la división de procesos de la dirección ejecutiva de administración judicial en su escrito de contestación, el turno que le correspondió al actor es el 106 se le dará cumplimiento al pago, en la medida que vaya ingresando la partida presupuestal respectiva.

De los documentas que reposan en el expediente, se observa que por decisión judicial el Juez 5 Penal Municipal de Bogotá fue suspendido del cargo e igualmente, por decisión judicial (Tribunal Superior de Bogotá), se levantó la suspensión y fue reintegrado al cargo el 24 de abril de 2006.

Durante el lapso que fue suspendido el actor estuvo privado de sus ingresos y tampoco realizaron los aportes a la seguridad social, afrontando un proceso de carácter penal del cual sale exonerado, carga de por sí suficiente para soportar las adicionales como la privación de su sistema de salud al que estaba afiliado y el pago de sus salarios.

La anterior circunstancia y a pesar de que el actor cuente con otros medios de defensa judicial, hace pensar a la Sala que el ciudadano Luis Eduardo Beltrán Farías se encuentra en un estado especial frente a la de los demás que se hallan en turno para el pago ordenado mediante decisiones judiciales.

En efecto, el actor no es un acreedor más de la rama judicial. Debe tenerse en cuenta que el pago que se está ordenando es por la manera abrupta en que se le dejaron de pagar sus salarios y demás acreencias laborales.

Por lo tanto, la Sala modificará la decisión de primera instancia, en el sentido de requerir a la dirección ejecutiva de administración judicial para que gestione lo necesario y acelere el pago de los salarios y prestaciones sociales adeudadas al actor con el fin de que en el término de tres meses se le cancele la obligación, para evitar en el futuro que vulneren los derechos fundamentales al actor.

En mérito a lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA :

MODIFÍCASE la sentencia impugnada, así:

REQUIÉRASE a la dirección ejecutiva de administración judicial para que gestione lo necesario y acelere el pago de los salarios y prestaciones sociales adeudadas al actor con el fin de que en el término de tres (3) meses se cancele la obligación.

Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

Magistrados: Ligia López Díaz, Presidente—María Inés Ortiz Barbosa—Juan Ángel Palacio Hincapié—Héctor J. Romero Díaz.

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