Sentencia 26036 de febrero 22 de 2007

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Saavedra Becerra

Rad.: 25000-23-26-000-2000-0662-01 (26.036)

Actor: Jorge Enrique Sánchez Chávez y otros.

Demandado: Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional).

Ref.: Recurso de reposición

Bogotá, D.C., veintidós de febrero de dos mil siete.

Procede la Sala a resolver el recurso de reposición interpuesto por las partes demandante, demandada y Ministerio Público contra el auto que dictó la Sección Tercera del Consejo de Estado el 30 de agosto de 2006, por el cual improbó la conciliación judicial que celebraron las partes en audiencia de segunda instancia.

I. Antecedentes

1. Los señores Jorge Enrique Sánchez Chavez y Bertha María Tamayo, quienes actúan a nombre propio y en representación de los menores Dy Angelo, Jorge Luis, Gina Paola, Natalí, María Elena y Julio César Sánchez Tamayo, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional), para que se le declarara administrativamente responsable por “la violación de los derechos humanos y fundamentales” ocasionada con la muerte de su hija y hermana, la menor Leydi Dayan Sánchez Tamayo, cuando un agente de la Policía, en ejercicio de sus funciones y con su arma de dotación oficial, le disparó a la menor.

Solicitaron además que se condenara a la Nación a indemnizar los perjuicios morales y materiales que se relacionan a continuación:

— Los daños morales subjetivos por cada uno de los derechos violados (vida, familia, tranquilidad, derechos de los niños, 4.000 gramos oro para cada uno de los demandantes.

— Los perjuicios materiales padecidos por los padres y hermanos de la víctima, así:

“...en la cuantía que resulta de las bases demostradas en el curso del proceso, reajustadas en la fecha de ejecutoria de la providencia que la imponga. Igualmente pagará los intereses compensatorios de las sumas que por este concepto se condenen, desde el día 21 de marzo de 1998, hasta la fecha de ejecutoria de la providencia y el pago efectivo de esta suma por parte de las autoridades responsables; así mismo, el pago del equivalente del gramo oro al tiempo de la sentencia se hará con base en el certificado del su valor expedido por el Banco de la República” (fls. 3 a 4 cdno. 1).

2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Tercera A) dictó sentencia el 11 de septiembre de 2003, por la cual resolvió:

“1. Declárase a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, responsables de la muerte de la menor Leydi Dayan Sánchez Tamayo, según las consideraciones de la presente providencia.

2. Condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar por perjuicios morales, así:

a) Al señor Jorge Enrique Sánchez Chavez en su calidad de padre de la víctima, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, al momento de ejecutoria de la sentencia.

b) A la señora Bertha María Tamayo, en su condición de madre de la víctima, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, al momento de ejecutoria de la sentencia.

c) A los menores Dy Angelo, Jorge Luis, Gina Paola, Natalí, María Elena y Julio César Sánchez Tamayo en su calidad de hermanos de la víctima el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, al momento de ejecutoria de la sentencia, para cada uno de ellos.

3. Niéguense las demás pretensiones de la demanda.

4. Dése cumplimiento a los artículos 176 y 177 del CCA

5. En el evento que ésta sentencia no sea objeto de apelación, cúmplase lo preceptuado en el artículo 184 del CCA., toda vez que, la condena impuesta supera los trescientos (300) salarios mínimos mensuales” (fl. 117 cdno. ppal.).

El Tribunal estudió el asunto bajo el título jurídico de imputación de falla presunta del servicio y encontró acreditado que la muerte de la menor se produjo como consecuencia del disparo que realizó un agente de la Policía con su arma de dotación oficial y durante la prestación del servicio.

Declaró no probada la excepción propuesta por la Nación de culpa exclusiva de la víctima, pues consideró que el hecho de que la menor emprendiera la huida del sitio de los hechos ante la presencia policial, no justificaba la utilización del arma de dotación oficial y mucho menos accionarla contra los menores.

El a quo negó el reconocimiento de los perjuicios materiales porque no encontró acreditado el daño emergente y, en relación con el lucro cesante explicó:

“En el caso concreto el daño ocasionado fue precisamente la muerte de una menor (14 años de vida); no está demostrado que desarrollara una actividad productiva para la época de los hechos, lo que existe son medios de prueba que demuestran que se encontraba en su formación académica.

Es claro para la Sala que en el presente caso al momento de la ocurrencia del daño no existía el fundamento del lucro cesante, de la utilidad futura (la menor no ejercía una labor productiva); tampoco se presentaba el presupuesto genérico de la utilidad futura (mayoría de edad a efectos de presumir una capacidad para laborar).

No desconoce la Sala la existencia del perjuicio futuro a favor del propio menor de edad (casos de lesiones personales a menores de edad que le disminuyen su capacidad laboral cuando adquieren la mayoría de edad), pero en el caso que se estudia no se trata de lesiones personales y dada la muerte de la menor se reclama es a favor de sus padres” (fl. 115 cdno. ppal.).

Finalmente, ordenó a el reconocimiento de los perjuicios morales equivalentes a 100 smml, a favor de cada uno de los padres y a 50 smml para cada uno de los hermanos (fls. 103 a 117 cdno. ppal.).

3. La parte demandada apeló la anterior providencia. Insistió en que la culpa de la víctima fue concausal a la producción del daño, situación que da lugar a la reducción de la condena impuesta. Reiteró que cuando los miembros de la policía llegaron al lugar de los hechos, los menores dispararon un arma de fuego y generaron la reacción del uniformado, “máxime cuando los gendarmes acudieron al lugar de los hechos por una llamada de radio de la central anunciando que se trataba de una pandilla armada, versión que no ha sido desvirtuada y que obra también en el informe de novedad del 22 de marzo de 1998...” (fls. 129 a 132 cdno. ppal.).

4. Encontrándose el proceso para fallo, se citó a las partes a audiencia de conciliación a petición del Ministerio Público. El 17 de agosto de 2006, se celebró la audiencia en la cual las partes llegaron al siguiente acuerdo:

“1. Que el Ministerio de Defensa - Policía Nacional reconocerá y pagará el 100% de la condena impuesta en la providencia de primera instancia a favor de cada uno de los demandantes relacionados en la parte resolutiva de la misma, en donde se ordenó indemnizar los perjuicios morales.

Respecto al reconocimiento de los perjuicios materiales - lucro cesante, la Entidad acogió la propuesta de la señora apoderada de la parte accionante(1) en el sentido de reconocer por este concepto la suma de veintiocho millones trescientos catorce mil ochocientos ochenta y tres pesos con setenta y uno ($28’314.883,71) mcte., valor que se repartirá en partes iguales entre los padres de la menor; para efectos de la anterior liquidación se tomaron en cuenta las siguientes variables a) fecha de nacimiento de Leydy Dayan julio 18 de 1983, b) fecha de la audiencia de conciliación agosto 17 de 2006, c) salario mínimo para el año de 2006 - $408.000,oo menos el 25% de su propia manutención y, d) los perjuicios materiales por lucro cesante - se liquidan desde la fecha en que la menor habría alcanzado la mayoría de edad, y hasta que hubiese llegado a los 25 años de la misma. Es importante recalcar, que la Entidad acoge dicha propuesta a fin de atender la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de indemnizar a los familiares de la menor por violación a los derechos contemplados en los artículos 4º (A la vida), 8º (Garantías judiciales), 19 (Derechos de los menores) y 25 (Protección judicial), de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

2. El Ministerio de Defensa - Policía Nacional reconocerá los intereses de que trata el artículo 177 del CCA a partir de la ejecutoria del auto que apruebe la conciliación.

La señora agente del Ministerio Público manifestó que como lo expresó en el correspondiente alegato de conclusión rendido en esta instancia al encontrar demostrada la existencia de la falla en el servicio de la administración, los perjuicios generados y el nexo causal entre estos dos elementos, la sentencia de primera instancia debería ser confirmada y, en tales condiciones, no encuentra objeción alguna a la presente terminación anticipada del proceso por cuanto, además, en su opinión los elementos de juicio esgrimidos por la accionada tendientes a demostrar argumentalmente la culpa de la víctima como ipso de atenuación de responsabilidad del ente demandado carecen de respaldo probatorio.

Además, teniendo en cuenta la posibilidad de que el Estado colombiano reciba una condena internacional que eventualmente haga más gravosa la afectación del patrimonio público, considera el Ministerio Público que el reconocimiento que aquí se propone por concepto de lucro cesante se halla acorde con la posición absolutamente clara y definida que del concepto de indemnización integral de perjuicios, que han asumido reiterativamente los organismos internacionales, con la connotación que de esta expresión le han dado.

Finalmente, y teniendo en cuenta, que según información recibida del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el Estado colombiano tiene plazo hasta el 6 de septiembre del presente año, para demostrar su voluntad de acatar las observaciones formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comedidamente le solicito a la Sala darle prelación a la decisión sobre el acuerdo conciliatorio, sometido a su consideración a fin de evitar consecuencias internacionales negativas para nuestro país” (fls. 180 a 182 cdno. ppal.).

5. La Sección Tercera improbó dicho acuerdo mediante auto del 30 de agosto de 2006. Consideró que la Nación aceptó compensar los perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante cuando la sentencia de primera instancia no reconoció tal perjuicio; que no obra prueba que demuestre que la víctima desarrollara una actividad productiva para el momento de los hechos, sino que, por el contrario, la menor de edad se encontraba en formación académica.

Concluyó la Sala que el acuerdo logrado era lesivo del patrimonio público, al reconocerse perjuicios que no fueron reconocidos y que no están acreditados (fls. 192 a 196 cdno. ppal.).

6. Los demandantes, la Nación y la Procuradora Quinta Delegada ante el Consejo de Estado interpusieron oportunamente recurso de reposición contra la anterior providencia.

6.1. La parte actora informó que presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se responsabilice al Estado Colombiano por la muerte de Leydi Sánchez, con fundamento en la violación de los derechos a la vida y a la protección judicial de la menor, consagrados en los artículos 4, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación con dicho trámite informó:

Los actores presentaron una propuesta de solución amistosa “bajo la condición de que el proceso entonces pendiente ante la justicia militar fuera enviado a la justicia ordinaria; que el Estado reconociera su responsabilidad; que el Estado se comprometiera a garantizar la no repetición de los hechos; y reparara a los familiares de la víctima”, oferta que fue aceptada por el Estado Colombiano siempre y cuando los procesos disciplinario y contencioso administrativo fueran agotados.

Ante la propuesta de los actores y la respuesta del Estado, la Corte Interamericana formuló algunas recomendaciones, dentro de las cuales está la de reparar a los familiares de la víctima en forma integral, por las violaciones a la Convención Americana.

Para el cumplimiento de dichas recomendaciones, el Estado Colombiano realizó varias actuaciones y, en relación con la reparación integral a los actores, resolvió conciliar dentro de éste proceso.

La parte demandante citó casos en los cuales la Corte Interamericana estableció que toda violación de una obligación internacional que produzca un daño, trae como consecuencia el deber de repararlo de forma adecuada, obligación que se toma como principio del derecho internacional, con fundamento en el artículo 63.1(2) de la Convención Americana.

En relación con la compensación solicitada, dijo que, según la Corte Interamericana(3), la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere la plena restitución, cuando sea posible, consistente en el restablecimiento de la situación anterior; que cuando tal restablecimiento no es posible, el Tribunal Internacional debe determinar las medidas necesarias para garantizar los derechos vulnerados, reparar las consecuencias de las infracciones producidas y establecer el pago de una indemnización a título de compensación por todos los daños ocasionados.

Los demandantes se refirieron a la reparación integral ordenada por la Corte Interamericana en los casos que han sido tramitados ante ese órgano judicial internacional, en los cuales se considera que, por regla general, el acreedor de la reparación es la víctima de una violación de los derechos consagrados en la Convención Americana y que, excepcionalmente, se considera como parte lesionada a los familiares de la víctima, pues se presume que los padres, hermanos e hijos sufren un daño por las violaciones, sin perjuicio de que otros familiares puedan ser incluidos “si la evidencia permite una valoración razonable de que también sufrieron tormento moral”. En relación con los beneficiarios resaltó que la Corte Interamericana ha señalado que la obligación de repararlos deviene de la violación a los Acuerdos de derechos humanos y que para acreditar el derecho a la reparación, los beneficiarios o sucesores solo deben probar su relación con la familia.

Con base en el concepto de reparación dado por la Corte Interamericana, que no debe entenderse de manera restringida como el reconocimiento del lucro cesante, del daño emergente y del daño moral, sino que debe incluir la compensación del “bien fundamental vida”, los actores señalaron que la Corte repara los daños materiales por lucro cesante de la siguiente manera:

“...constituye todos el (sic) ingreso que la víctima no recibió como resultado de la violación. Se refleja el efecto dañino tanto sobre condiciones objetivas que efectivamente disfrutaba la víctima, así como la probabilidad que existía de que dichas condiciones continuase (sic) y progresasen si la violación ni se hubiera consumado. Para esto se tiene encuenta (sic) el nivel de educación de la víctima, calificaciones personales, salarios, etc.

Frente a las víctimas que no laboraban al momento de los hechos, y donde el Estado ha alegado que no genera lucro cesante, la Corte aplica una presunción de que toda persona desarrolla a partir del momento en que alcanza la mayoría de edad, actividades productivas y percibe, al menos un ingreso equivalente al salario mínimo legal vigente en el país que se trata. Este principio se aplica aún si la víctima estaba desempleadas (sic) ocasionalmente”.

Concluyó que aunque no se demostró que la menor Leydi Sánchez estuviera trabajando al momento de su muerte, lo cierto es que el hecho de que la víctima fuera estudiante exclusivamente, no puede considerarse como una prueba en contra, toda vez que los menores de edad no deben trabajar de acuerdo con los Derechos del Niño y, en relación con el acuerdo conciliatorio en lo que atañe con el lucro cesante afirmó:

“Pese a lo anterior la parte actora cedió en la pretensión que (sic) el lucro cesante se estimara hasta la expectativa de vida de la víctima, tal y como lo ha establecido la Corte Interamericana, y aceptó que se liquidara a partir de que la menor cumpliera su mayoría de edad, hasta los 25 años fecha en que probablemente tendría un hogar y ya no ayudaría al sostenimiento de sus padres. Dado que se probó que la menor se encontraba estudiando al momento de los hechos, se presume que al cumplir sus 18 años tendría un trabajo donde devengara por lo menos un salario mínimo y sobre esta base y con las fórmulas establecidas por la jurisprudencia se efectuó la respectiva liquidación” (fls. 197 a 210 cdno. ppal.).

6.2. La Nación solicitó tener en cuenta los siguientes hechos para efectos de revocar el auto recurrido y en su lugar aprobar el acuerdo conciliatorio:

— Que la Ley 16 de 1972 incorporó al derecho interno la Convención Americana de Derechos Humanos, obligándose a acatar las disposiciones relacionadas con la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su respectiva Comisión.

— Que el Presidente de la República sancionó la Ley 288 de 1996 a través de la cual se establece la indemnización de perjuicios a favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

— Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso de la menor Leydi Sánchez y luego del respectivo trámite, estableció la responsabilidad del Estado Colombiano en la ocurrencia de los hechos(4).

Con base en los anteriores hechos y con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política, que señala que los tratados y convenios internacionales que reconocen derechos humanos, ratificados por el Congreso, hacen parte del bloque de constitucionalidad, advirtió, finalmente, que el plazo otorgado por la Comisión Interamericana para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe “de Artículo 50 CADH” es la última oportunidad del Estado Colombiano para solucionar un caso de derechos humanos de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno, específicamente en relación con el monto de las indemnizaciones, pues, en caso de que no se repare “en forma justa”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos “haría más gravosa la situación” (fls. 245 a 247 cdno. ppal.).

6.3. La Procuradora Quinta Delegada ante el Consejo de Estado dijo que se debe aprobar el acuerdo conciliatorio porque éste no resulta lesivo al patrimonio del Estado. Adujo que la Nación decidió conciliar en este caso, no por azar, sino por recomendación directa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Ministerio Público hizo un recuento de los casos en que la Corte Interamericana ha reparado integralmente en los eventos de violación de derechos humanos, reparación que incluye el reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante aun cuando las víctimas son menores de edad.

Consideró que el acuerdo conciliatorio no desborda los parámetros esbozados por la Comisión Interamericana en materia de reparación integral y destacó el concepto que rindió la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con ocasión de la muerte de la menor Leydi Sánchez que, por tratarse del caso concreto, se resaltan los siguientes apartes citados por el Ministerio Público:

“...En lo referente a la violación del derecho a la vida y otros derechos (integridad persona, garantías judiciales y protección judicial), por no ser posible la restitutio in integrum en razón de la naturaleza del bien afectado, la Corte ha considerado de conformidad con la jurisprudencia internacional, que la reparación se realiza mediante una justa indemnización o compensación pecuniaria, la cual es fijada en la correspondiente sentencia. Además, de que se hace necesario añadir medidas de carácter positivo que el Estado está en la obligación de adoptar para asegurar que no se repitan los hechos lesivos del caso concreto.

Así, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte IDH, la reparación integral, en sentido amplio o restitutio in integrum, comprende todas aquellas medidas destinadas a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, y la indemnización que hasta el momento, ha sido ordenada por la Corte en todos los casos en que ha encontrado que ha ocurrido una violación de los derechos humanos imputable al Estado. Cuando se trata de la violación del derecho a la vida, la indemnización adquiere una forma sustitutiva, toda vez que la violación de éste derecho no admite la restitutio in integrum.

....Para que la indemnización sea considerada justa debe ser adecuada, es decir, que sea suficiente para compensar los daños causados con una suma equivalente. Y puede comprender los siguientes aspectos:

1. Indemnización por Daño material.....la Corte determina la fijación de un monto indemnizatorio con la finalidad de compensar las consecuencias patrimoniales de las violaciones que son declaradas en la correspondiente sentencia, para lo cual toma en cuenta las circunstancias particulares del caso concreto, la prueba ofrecida en él, su jurisprudencia y los alegatos relevantes presentados por la Comisión, los representantes y el Estado. Este daño material comprende la pérdida de ingreso de la víctima (concepto admisible al lucro cesante), o el daño emergente y el daño patrimonial familiar.

...En las circunstancias de carencia o ausencia de elementos probatorios, y ante la dificultad de prever el futuro económico o profesional de la víctima, Vr. Gr. que la víctima hubiera podido, eventualmente, seguir estudios universitarios y finalizar una carrera profesional, la Corte se ha inclinado por aceptar que la víctima perdió una (sic) chance u oportunidad, y en consecuencia se ha causado un daño material correspondiente a la pérdida de los ingresos futuros de la víctima, los cuales se deben tasar basándose en el salario mínimo para la respectiva profesión u oficio.

...En conclusión, de acuerdo con su jurisprudencia, la Corte IDH indemniza la pérdida de ingresos como parte del daño material. Adicionalmente, si no es posible establecer el monto del ingreso que tendrían se indemniza de acuerdo con el salario mínimo legal del país. En el caso concreto de muerte de niños presume de manera razonable que entrarían al mercado laboral y por ello procede la indemnización por pérdida de ingresos pese a la ausencia de material probatorio que permita determinar la actividad laboral que hubiesen realizado por lo cual se utiliza el salario mínimo legal del país.

...Conforme a las posiciones sostenidas la jurisprudencia por la (sic) Corte Interamericana de Derechos Humanos...respecto a la indemnización por lucro cesante o pérdida de ingresos, específicamente en los casos de niños y niñas, se encuentra razonable presumir que los mismos se incorporarían al mercado laboral a su mayoría de edad. Lo cual hace a sus familiares beneficiarios de este rubro de la indemnización, como derechohabientes.

En cada caso corresponde probar cual sería el ingreso que recibiría y los fundamentos probatorios a considerar varían, desde considerar el grado de escolaridad, la posición social, el aporte familiar, etc. Pero incluso, aún en el caso que no sea posible determinar a que labor se dedicaría el niño en su edad adulta, es válido presumir que al menos recibiría un salario mínimo mensual y con base en ello se fija el monto de la indemnización.

Estas presunciones son plenamente válidas tanto en derecho interno....como en derecho internacional.

...En este sentido, en el caso de Leydi Dayan Sánchez, es posible llegar a afirmar la certeza del perjuicio si se toman en consideración los siguientes hechos: el grado de escolaridad de la niña, la unidad familiar, la posición socioeconómica e indicios como el ingreso del salario mínimo legal y la edad de establecimiento familiar en Colombia”(5) (fls. 248 a 265 cdno. ppal.).

Previo a resolver se hacen las siguientes,

II. Consideraciones

Corresponde a la Sala resolver el recurso de reposición interpuesto contra el auto que improbó la conciliación, al ser procedente de conformidad con lo dispuesto por los artículos 180 del Código Contencioso Administrativo y 65 A de la Ley 23 de 1991.

1. La providencia recurrida improbó el acuerdo conciliatorio con fundamento en que lesionaba el patrimonio público debido a que la sentencia de primera instancia no reconoció el lucro cesante a favor de los actores, porque no se acreditó que la víctima directa desarrollara una actividad productiva para el momento de su muerte.

2. Los recurrentes por su parte, alegaron que la conciliación no es lesiva del patrimonio público toda vez que este se logró por recomendación de la Comisión interamericana de derechos humanos y no desborda los límites fijados por tal organismo internacional.

Adujeron además que, según el artículo 93 de la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales que reconocen derechos humanos y que son ratificados por el Congreso, hacen parte del bloque de constitucionalidad.

Finalmente advirtieron que el plazo otorgado por la Comisión interamericana para el cumplimiento de las recomendaciones es la última oportunidad para que el Estado colombiano solucione un caso de derechos humanos con base en el ordenamiento jurídico interno y que, en el evento en que no se repare de forma justa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos haría más gravosa la situación.

3. En materia de violación de derechos humanos, la Ley 288 del 5 de julio de 1996 (6) , por la cual se establecen instrumentos para la indemnización de los perjuicios causados a las víctimas de violaciones de derechos humanos, de conformidad con lo dispuesto por los órganos internacionales de derechos humanos, introdujo el procedimiento a seguir para efectos de la conciliación prejudicial y judicial en estos casos especiales, que no siguen la normativa tradicional, que en cualquier caso debe cumplir con los siguientes requisitos:

— Que exista una decisión previa de la Comisión interamericana de derechos humanos en la que se concluya que el Estado colombiano incurrió en violación de derechos humanos en un caso concreto y se establezca que, como consecuencia, deba indemnizar los perjuicios causados (7) .

— Que exista concepto previo (8) favorable al cumplimiento de la decisión adoptada por el órgano internacional, por parte de un comité constituido por los ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, de Justicia y del Derecho y de Defensa Nacional (9) *.

El acuerdo de las partes debe estar avalado por el agente del Ministerio Público y será objeto de revisión por parte de la jurisdicción contencioso administrativa, para que el magistrado estudie, únicamente, si la conciliación resulta lesiva al patrimonio público y si está viciado de nulidad.

Como se observa, la Ley 288 de 1996 establece un procedimiento diferente al comúnmente adoptado en materia de conciliaciones, solo en relación con la indemnización de perjuicios a las víctimas de violaciones de derechos humanos, en cumplimiento de lo dispuesto por los órganos internacionales de derechos humanos.

5. Teniendo en cuenta que en la providencia recurrida se concluyó que el acuerdo conciliatorio no está viciado de nulidad, la Sala se limitará a resolver si la conciliación lesiona el patrimonio público, con base en los argumentos planteados por los recurrentes.

a. La Convención americana de derechos humanos y el Estado colombiano.

a.1. La Comisión interamericana y la Convención americana de derechos humanos.

La Comisión interamericana de derechos humanos (10) es un organismo internacional que está a cargo de la promoción y defensa de los derechos humanos, y que, junto con los Estados que hacen parte del tratado internacional para la protección de estos derechos, puede someter un caso por violación de los derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano judicial encargado para decidir. Ambos organismos internacionales son competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes.

Dentro de las funciones de la Comisión interamericana se encuentra la de formular recomendaciones a los Estados parte, con el fin de que estos adopten las medidas necesarias para la protección de los derechos humanos.

La Ley 16 del 30 de diciembre de 1972 (11) , por la cual se aprobó la Convención americana sobre derechos humanos (Pacto de San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969), señala el procedimiento para la protección de los derechos humanos ante los organismos internacionales señalados:

— Recibida la petición, la Comisión interamericana determina si reconoce su admisibilidad y, en caso positivo, solicita información al Estado parte al que pertenezca la autoridad presuntamente responsable de la violación de los derechos humanos, con el fin de verificar los motivos de la solicitud.

— En caso de que encuentre que existe violación a los derechos humanos, la comisión declara la responsabilidad del Estado parte y cita a las partes para buscar una solución amistosa; si ambas partes aceptan el arreglo, la comisión realiza un informe en el que plasma las recomendaciones pertinentes y fija un plazo en el cual el Estado debe tomar las medidas necesarias para remediar la situación examinada.

— Las actuaciones a las que se obliga el Estado parte al acoger las recomendaciones, son objeto de verificación por parte de la comisión y, en caso de incumplimiento, la comisión puede presentar el caso ante la Corte.

Para que la Corte Interamericana sea competente para conocer de un caso por violación de los derechos humanos, es necesario que el respectivo Estado haya aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana, en relación con la interpretación o aplicación de la Convención americana de derechos humanos.

Particularmente Colombia, al ser Estado parte de dicho tratado, se obligó a acatar las disposiciones relacionadas con la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su respectiva comisión (L. 16/72 y L. 288/96).

En efecto, el artículo 93 de la Constitución Política dispone que los tratados y convenios internacionales, ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos prevalecen en el ordenamiento interno. El Estado colombiano aceptó el bloque de constitucionalidad que está compuesto por las normas constitucionales y por los tratados internacionales de derechos humanos de que trata el artículo 93 de la Constitución Política (12) , entre ellos, la Convención americana de derechos humanos.

Con fundamento en la anterior disposición constitucional y en atención a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de su jurisprudencia, y la Comisión interamericana, mediante sus recomendaciones, interpretan y desarrollan los contenidos de la Convención americana de derechos humanos, los lineamientos que se trazan en dichos fallos y recomendaciones deben ser tenidos en cuenta por los diferentes operadores jurídicos de los Estados parte.

Así también lo dispone el artículo 1º de la Ley 288 de 1996: “El Gobierno Nacional deberá pagar, previa realización del trámite de que trata la presente ley, las indemnizaciones de perjuicios causados por violaciones de los derechos humanos que se hayan declarado, o llegaren a declarase (sic), en decisiones expresas de los órganos internacionales de derechos humanos...”.

Por consiguiente, los tratados internacionales como la Convención americana de derechos humanos, incorporada al derecho interno a través de la Ley 16 de 1972 e incluida en el bloque de constitucionalidad, son obligatorios para el Estado colombiano al tener el mismo rango que una norma constitucional y prevalecer sobre el ordenamiento interno, el cual se debe analizar a la luz de las interpretaciones realizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de los derechos fundamentales.

a.2. Lineamientos propuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante daños causados con ocasión de masacres y atentados terroristas.

Las decisiones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se fundamentan en la Convención americana de derechos humanos, a través de una interpretación que desborda los límites del ordenamiento jurídico interno, toda vez que esta se centra en el ser humano (13) .

Con base en ese postulado, ante la existencia de una situación internacionalmente ilícita, por acción o por omisión atribuible a un Estado, constitutiva de una violación de la obligación internacional adquirida por el respectivo Estado, la Corte decide el caso bajo el régimen de la responsabilidad objetiva, ya sea de forma directa (la responsabilidad se predica de uno de los agentes del Estado parte) o indirecta (se imputa la responsabilidad al Estado parte por su omisión en la protección de los derechos humanos) (14) .

En interpretación de la Convención americana, que hace parte del bloque de constitucionalidad colombiano, la Corte ha indemnizado a los damnificados de los daños causados con ocasión de las masacres y atentados terroristas con base en los siguientes criterios:

“347. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no ser esto posible, como en el presente caso, cabe al Tribunal Internacional determinar una serie de medidas para que, además de garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias producidas por las infracciones y se establezca, inter alia, el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados (15) . La obligación de reparar, que se regula en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el derecho internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado invocando disposiciones de su derecho interno (16) .

348. Las reparaciones consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos material e inmaterial.

... 370. La Corte determinará en este acápite lo correspondiente al daño material, para lo cual fijará un monto indemnizatorio que busque compensar las consecuencias patrimoniales de las violaciones que han sido declaradas en la presente sentencia, tomando en cuenta el reconocimiento de responsabilidad internacional y las circunstancias del presente caso, la prueba ofrecida, su jurisprudencia y los alegatos relevantes presentados por la comisión, los representantes y el Estado (17) .

... 9. El Estado violó, en perjuicio de los niños Wilmar de Jesús Restrepo Torres, Jorge Correa Sánchez, Omar Daniel Pérez Areiza, José Leonel Areiza Posada y Marco Aurelio Areiza Posada, el derecho a las medidas de protección que por condición de menor requerían, consagrado en el artículo 19 (Derechos del niño) de la convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de respetar los derechos) de dicho tratado, por las razones expuestas en los párrafos 239 a 248 de esta sentencia.

23. El Estado debe pagar a las personas señaladas en los anexos I y III del presente fallo, en el plazo de un año, por concepto de la indemnización por daño material, las cantidades fijadas en el párrafo 379 y en los anexos I y III de la presente sentencia, en los términos de los párrafos 358, 359, 363, 364, 376, 377, 417 y 420 a 424 de la misma” (18) .

Los parámetros otorgados en ese caso para el pago de la indemnización por daño material son los que se relacionan a continuación:

“... la compensación que les corresponda por el daño inmaterial sufrido se ceñirá a los parámetros de los familiares identificados de las víctimas (supra párrs. 356 y 357 e infra párr. 359), siempre que se presenten ante las autoridades competentes del Estado, dentro de los veinticuatro meses siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia, y aporten la información oficial necesaria para su identificación y comprobación de parentesco (19) .

359. La distribución de las indemnizaciones entre los familiares de las personas privadas de la vida, por concepto del daño material e inmaterial correspondiente a dichas personas, se hará de la siguiente manera (20) :

a) el cincuenta por ciento (50%) de la indemnización se repartirá por partes iguales entre los hijos de la víctima y el restante cincuenta por ciento (50%) de la indemnización deberá ser entregado a quien fuera cónyuge o compañera permanente de la víctima, al momento de la privación de la vida de esta;

b) en el caso de que la víctima no tuviere hijos o hijas, ni cónyuge o compañera o compañero permanente, la indemnización se distribuirá de la siguiente manera: el cincuenta por ciento (50%) se les entregará a sus padres. Si uno de ellos ha muerto, la parte que le corresponde acrecerá a la del otro. El restante cincuenta por ciento (50%) se repartirá en partes iguales entre las hermanas y los hermanos de la víctima; y

c) en el evento que no existieren familiares en alguna o algunas de las categorías definidas en los literales anteriores, lo que le hubiere correspondido a los familiares ubicados en esa o esas categorías, corresponderá proporcionalmente a la parte que les corresponda a los restantes.

363. En el caso de las víctimas o los familiares de estas, acreedoras de las indemnizaciones que se establecen en la presente sentencia, que hubieren fallecido, que fallezcan antes de que les sea entregada la indemnización respectiva o que se identifiquen posteriormente, se aplicarán los mismos criterios de distribución de la indemnización indicados en el párrafo 362.

376. Respecto de los acuerdos conciliatorios presentados como prueba ante este tribunal que ya hayan sido resueltos en los procesos contencioso administrativos (supra párr. 125.101), la Corte recuerda el principio que establece que las indemnizaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores. Según fue señalado (supra párrs. 335 a 343), dichos acuerdos establecen indemnizaciones por concepto de daños materiales y morales, que incluyen algunos de los aspectos que abarcan las reparaciones por dichos conceptos otorgados por la Corte. Por lo anterior, el tribunal tomará en cuenta los casos de las personas que han sido beneficiadas a través de dichos acuerdos en esos procesos contencioso administrativos, tanto en relación con el daño material, como con el daño inmaterial cuando corresponda...

... 417. Para dar cumplimiento a la presente sentencia, Colombia deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño material (supra párrs. 371 a 379) e inmaterial (supra párr. 390), el reintegro de costas y gastos (supra párr. 416) y colocar las placas conmemorativas para recordar los hechos de las masacres de Ituango (supra párr. 408), dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la misma. Así mismo, el Estado deberá efectuar la publicación de las partes pertinentes de esta sentencia (supra párr. 410), dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la misma. A su vez, Colombia deberá realizar inmediatamente las debidas diligencias para activar y completar eficazmente, en un plazo razonable, la investigación para determinar la responsabilidad intelectual y material de los autores de las masacres y de las personas cuya aquiescencia y colaboración hizo posible la comisión de la misma (supra párrs. 399 a 402). En cuanto al tratamiento adecuado debido a los familiares de las víctimas ejecutadas, este deberá brindarse en forma inmediata, y por el tiempo que sea necesario (supra párr. 403). Finalmente, el Estado deberá implementar programas de educación en derechos humanos y derecho internacional humanitario permanentes dentro de las fuerzas armadas colombianas, en un plazo razonable (supra párr. 409).

... 420. El Estado deberá cumplir sus obligaciones de carácter pecuniario mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional del Estado, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago” (21) .

Además de los anteriores lineamientos utilizados por la Corte Interamericana para determinar las respectivas indemnizaciones, ese órgano judicial internacional incluye el concepto de “daño al proyecto de vida”, que explicó, en otro caso, así:

“atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas. El proyecto de vida se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto pueda tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. En rigor, las opciones son la expresión y la garantía de la libertad. Difícilmente se podría decir que una persona verdaderamente libre sí carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural culminación. Esas opciones poseen, en sí mismas, un alto valor existencial. Por lo tanto, su cancelación o menoscabo implican la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no puede ser ajeno a la observación de esta Corte. (...). El ‘daño al proyecto de vida’, entendido como una expectativa razonable y accesible en el caso concreto, implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en forma irreparable o muy difícilmente reparable. Así la existencia de una persona se ve alterada por factores ajenos a ella, que le son impuestos en forma injusta y arbitraria, con violación de las normas vigentes y de la confianza que pudo depositar en órganos de poder público obligados a protegerla y a brindarle seguridad para el ejercicio de sus derechos y la satisfacción de sus legítimos intereses. Por todo ello, es perfectamente admisible la pretensión de que se repare, en la medida posible y con los medios adecuados para ello, la pérdida de opciones por parte de la víctima, causada por el hecho ilícito” (22) .

a.3. Recomendaciones de la Comisión interamericana de derechos humanos.

Este particular asunto se puso a consideración de la Comisión interamericana de derechos humanos que, como se dijo, es el órgano internacional a cargo de la protección de este tipo de derechos y está facultada para presentarlo a la Corte Interamericana, en caso de incumplimiento de las recomendaciones, con el objeto de que dicho organismo judicial lo decida.

En el caso concreto, la Comisión interamericana consideró que el Estado colombiano tenía responsabilidad en la ocurrencia de los hechos y formuló algunas recomendaciones, que de ser acogidas, excluyen el trámite del proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas la de reparar a los familiares de la víctima en forma integral, por las violaciones a la Convención americana. Así mismo, dentro del escrito de recomendaciones, la comisión hizo la siguiente salvedad:

“El Estado colombiano, no puede invocar disposiciones de derecho interno para incumplir con las obligaciones contraídas con la ratificación de tratados de derechos humanos. La jurisprudencia internacional tiene establecido que las dificultades de derecho interno son un simple hecho, y no eximen a los Estados partes en los tratados de derechos humanos de la responsabilidad internacional por el no cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas”.

Esa particular recomendación fue aceptada por la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y por tal razón resolvió conciliar dentro de este proceso. Los antecedentes del trámite conciliatorio se relacionan a continuación:

— Los actores, familiares de Leydi Sánchez, solicitaron ante la Comisión interamericana de derechos humanos que se declare responsable al Estado colombiano por la muerte de la menor, con fundamento en la violación de los derechos a la vida y a la protección judicial de la menor, consagrados en los artículos 4º, 8º y 25 de la Convención americana sobre derechos humanos.

— Durante el trámite ante ese órgano internacional, los familiares de la menor accedieron a solucionar el conflicto de forma amistosa y propusieron, para tal fin, que el Estado reconozca su responsabilidad, que se comprometa a garantizar la no repetición de los hechos y que repare a los familiares de la víctima.

— El Estado colombiano aceptó esa oferta, bajo la condición de que los procesos disciplinario y contencioso administrativo fueran agotados.

— Ante la propuesta de los actores y la aceptación del Estado, la Comisión interamericana formuló recomendaciones, entre ellas, la de reparar de forma integral a los familiares de la víctima por las violaciones a la Convención americana.

— Para el cumplimiento de dichas recomendaciones, el Estado colombiano realizó varias actuaciones y, en relación con la reparación integral a los actores, resolvió conciliar dentro de este proceso.

— En una primera audiencia que resultó aplazada, celebrada el 4 de mayo de 2006, la parte demandante propuso a la Nación conciliar sobre el 100% de la condena impuesta en primera instancia y sobre el monto de los perjuicios materiales solicitados en la modalidad de lucro cesante, pues consideró que así se repararía integralmente el daño causado, teniendo en cuenta que este caso “se encuentra actualmente ante la Comisión interamericana de derechos humanos y en tránsito de llegar a la Corte Interamericana, instancia donde se ha solicitado el reconocimiento de perjuicios materiales (lucro cesante, daño emergente), perjuicios morales y violación a los artículos 8º y 25 de la convención relacionados a la justicia...la propuesta es que se reconozca este perjuicio material - lucro cesante contabilizándose a partir de la fecha en que la menor hubiese adquirido su mayoría de edad hasta por lo menos los 25 años, fecha en la cual se supone ya tendría una vida familiar, este reconocimiento solicitamos se haga incluso en un 75% teniendo en cuenta que el 25% restante lo hubiese utilizado para su sostenimiento económico y en tal virtud este 75% debidamente actualizado sea reconocido a los padres...”.

— La Nación, luego de estudiar la propuesta de la parte demandante aceptó los términos de la misma al afirmar que “en aras de realizar una reparación integral, reconoce la indemnización material por lucro cesante en las condiciones expuestas por la parte demandante”.

En consecuencia, las partes acordaron en audiencia celebrada el 17 de agosto de 2006 lo siguiente:

“1. Que el Ministerio de Defensa - Policía Nacional reconocerá y pagará el 100% de la condena impuesta en la providencia de primera instancia a favor de cada uno de los demandantes relacionados en la parte resolutiva de la misma, en donde se ordenó indemnizar los perjuicios morales.

Respecto al reconocimiento de los perjuicios materiales - lucro cesante, la entidad acogió la propuesta de la señora apoderada de la parte accionante en el sentido de reconocer por este concepto la suma de veintiocho millones trescientos catorce mil ochocientos ochenta y tres pesos con setenta y uno ($ 28’314.883,71) mcte, valor que se repartirá en partes iguales entre los padres de la menor; para efectos de la anterior liquidación se tomaron en cuenta las siguientes variables a) fecha de nacimiento de Leydy Dayan julio 18 de 1983, b) fecha de la audiencia de conciliación agosto 17 de 2006, c) salario mínimo para el año de 2006 - $ 408.000 menos el 25% de su propia manutención y, d) los perjuicios materiales por lucro cesante - se liquidan desde la fecha en que la menor habría alcanzado la mayoría de edad, y hasta que hubiese llegado a los 25 años de la misma. Es importante recalcar, que la entidad acoge dicha propuesta a fin de atender la recomendación de la Comisión interamericana de derechos humanos, en el sentido de indemnizar a los familiares de la menor por violación a los derechos contemplados en los artículos 4º (a la vida), 8º (garantías judiciales), 19 (derechos de los menores) y 25 (protección judicial), de la Convención interamericana de derechos humanos.

2. El Ministerio de Defensa - Policía Nacional reconocerá los intereses de que trata el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo a partir de la ejecutoria del auto que apruebe la conciliación.

La señora agente del Ministerio Público manifestó que como lo expresó en el correspondiente alegato de conclusión rendido en esta instancia al encontrar demostrada la existencia de la falla en el servicio de la administración, los perjuicios generados y el nexo causal entre estos dos elementos, la sentencia de primera instancia debería ser confirmada y, en tales condiciones, no encuentra objeción alguna a la presente terminación anticipada del proceso por cuanto, además, en su opinión los elementos de juicio esgrimidos por la accionada tendientes a demostrar argumentalmente la culpa de la víctima como ipso de atenuación de responsabilidad del ente demandado carecen de respaldo probatorio.

Además, teniendo en cuenta la posibilidad de que el Estado colombiano reciba una condena internacional que eventualmente haga más gravosa la afectación del patrimonio público, considera el Ministerio Público que el reconocimiento que aquí se propone por concepto de lucro cesante se halla acorde con la posición absolutamente clara y definida que del concepto de indemnización integral de perjuicios, que han asumido reiterativamente los organismos internacionales, con la connotación que de esta expresión le han dado.

Finalmente, y teniendo en cuenta, que según información recibida del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el Estado colombiano tiene plazo hasta el 6 de septiembre del presente año, para demostrar su voluntad de acatar las observaciones formuladas por la Comisión interamericana de derechos humanos, comedidamente le solicito a la Sala darle prelación a la decisión sobre el acuerdo conciliatorio, sometido a su consideración a fin de evitar consecuencias internacionales negativas para nuestro país” (fls. 180 a 182, cdno. ppal).

Cabe resaltar entonces, que la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, en ejecución del compromiso internacional adquirido con los demandantes ante la Comisión interamericana de derechos humanos, concilió sobre el 100% de la condena impuesta en la sentencia de primera instancia y reconoció, además, los perjuicios materiales solicitados en la demanda, bajo la interpretación que los organismos internacionales, tanto la comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han realizado sobre la Convención americana de derechos humanos.

b. Conclusiones sobre la legalidad de la conciliación.

Con fundamento en los anteriores parámetros, se observa que el acuerdo conciliatorio no es lesivo al patrimonio público por las siguientes razones:

— Resulta acorde con la vinculación a que se sometió el Estado frente a la recomendación de la Comisión Interamericana, realizada en interpretación de la Convención americana de derechos humanos, porque dicha recomendación, cuando es aceptada, obliga a los Estados (23) .

— Lo propuesto por la Comisión interamericana guarda coherencia con los lineamientos planteados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos similares.

Finalmente, con la aprobación de la conciliación, el Consejo de Estado aplica íntegramente el tratado internacional sobre derechos humanos, como lo es la Convención americana de derechos humanos.

Por lo expuesto, se

RESUELVE:

1. SE REPONE el auto que dictó la Sección Tercera el 30 de agosto de 2006 y en su lugar se dispone:

1. APRUÉBASE la conciliación lograda entre los demandantes Jorge Enrique Sánchez Chávez, Bertha María Tamayo, Dy Angelo Sánchez Tamayo, Jorge Luis Sánchez Tamayo, Gina Paola Sánchez Tamayo, Natalí Sánchez Tamayo, María Elena Sánchez Tamayo y Julio César Sánchez Tamayo, y la Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional), en la audiencia que se realizó el 17 de agosto de 2006.

2. DECLÁRASE terminado el proceso.

3. EXPÍDANSE copias con destino a las partes en aplicación de los artículos 115 del Código de Procedimiento Civil y 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995, las cuales se entregarán al apoderado que las ha venido representando.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Mauricio Fajardo Gómez, presidente—Ruth Stella Correa Palacio—Enrique Gil Botero—Alier E. Hernández Enríquez—Ramiro Saavedra Becerra.

1 En una primera audiencia que resultó aplazada, celebrada el 4 de mayo de 2006, la parte demandante propuso a la Nación conciliar sobre el 100% de la condena impuesta en primera instancia y sobre el monto de los perjuicios materiales solicitados en la modalidad de lucro cesante, pues considera que así se repararía integralmente el daño causado, teniendo en cuenta que este caso “se encuentra actualmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en tránsito de llegar a la Corte Interamericana, instancia donde se ha solicitado el reconocimiento de perjuicios materiales (lucro cesante, daño emergente), perjuicios morales y violación a los artículos 8 y 25 de la Convención relacionados a la justicia...la propuesta es que se reconozca este perjuicio material – lucro cesante contabilizándose a partir de la fecha en que la menor hubiese adquirido su mayoría de edad hasta por lo menos los 25 años, fecha en la cual se supone ya tendría una vida familiar, este reconocimiento solicitamos se haga incluso en un 75% teniendo en cuenta que el 25% restante lo hubiese utilizado para sus sostenimiento económico y en tal virtud este 75% debidamente actualizado sea reconocido a los padres....” (fl. 172 cdno. ppal.). La Nación, luego de estudiar la propuesta de la parte demandante aceptó los términos de la misma al afirmar que “en aras de realizar una reparación integral, reconoce la indemnización material por lucro cesante en las condiciones expuestas por la parte demandante” (fls. 177 y 179 cdno. ppal.).

2 El artículo 63.1 de la Convención Americana dispone: “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

3 La actora citó el caso “Maritza Urrutia”.

4 La Comisión Interamericana resolvió en el caso concreto, en relación con la compensación a favor de los familiares de la menor, lo siguiente: “En materia de reparaciones la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene establecido que las indemnizaciones conllevan al resarcimiento de los perjuicios materiales e inmateriales, comprendiendo los primeros el daño emergente y el lucro cesante, y que en el caso de los niños, cuando no hay un hecho cierto que permita establecer qué actividad desarrollaban en el futuro, la compensación indemnizatoria se fija en equidad, concepto que es mucho más gravoso para el Estado que los parámetros fijados en las disposiciones de derecho interno. El Estado Colombiano, no puede invocar disposiciones de derecho interno para incumplir con las obligaciones contraídas con la ratificación de tratados de derechos humanos. La jurisprudencia internacional tiene establecido que las dificultades de derecho interno son un simple hecho, y no eximen a los Estados partes en los tratados de derechos humanos de la responsabilidad internacional por el no cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas” (fl. 247 cdno. ppal.).

5 La Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, miembro del Comité que representa al Estado Colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó concepto favorable en el caso de Leydi Sánchez ante ese organismo internacional.

(6) Publicada en el Diario Oficial 42826 del 9 de julio de 1996.

(7) En el caso concreto, la Comisión interamericana declaró la responsabilidad del Estado colombiano por la muerte de Leydi Sánchez y ordenó la indemnización integral a favor de los damnificados, con base en los criterios esbozados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con la interpretación de la Convención americana de derechos humanos.

(8) El parágrafo primero del artículo 2º de la Ley 288 de 1996, señala que el concepto favorable para cumplir con las decisiones de los órganos internacionales debe fundamentarse, entre otros elementos, en las pruebas recaudadas y en las providencias de los procesos judiciales internos (administrativos o disciplinarios) y en la actuación adelantada ante el respectivo órgano internacional.

(9) Particularmente, la dirección de derechos humanos y derecho internacional humanitario de relaciones exteriores rindió el concepto.

(10) Fue creada en 1959 mediante la Resolución VIII de la Quinta reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores.

(11) Publicada en el Diario Oficial 33780 del 5 de febrero de 1973, pág. 321.

(12) Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias proferidas por la Corte Constitucional: C-225 de 1995 y C-582 de 1999.

(13) “La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un cuarto de siglo”. Escrito de la juez Cecilia Medina Quiroga intitulado “Las obligaciones de los Estados bajo la Convención americana sobre derechos humanos”. San José de Costa Rica, 2005, pág. 217.

(14) Sobre el tema puede consultarse la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 29 de julio de 1988 dentro del caso “Velásquez Rodríguez”.

(15) Cfr. caso Baldeón García, supra nota 5, párr. 176; caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 9, párr. 197; y caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 12, párr. 296.

(16) Cfr. caso Baldeón García, supra nota 5, párr. 175; caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 9, párr. 197; y caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 12, párr. 296.

(17) Cfr. caso Baldeón García, supra nota 5, párr. 183;caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 12, párr. 301; y caso López Álvarez, supra nota 232, párr. 192.

(18) Sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos el o(sic) de julio de 2006, en el caso de las masacres de Ituango V.s. Colombia.

(19) Cfr. caso de la masacre de Pueblo Bello, supra nota 9, párr. 237; caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 12, párr. 178; y caso masacre plan de Sánchez. Reparaciones (art. 63.1 Convención americana sobre derechos humanos). Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serie C No. 116, párr. 67.

(20) Cfr. caso Baldeón García, supra nota 5, párr. 182; caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 9, párr. 240; y caso Blanco Romero y otros, supra nota 5, párr. 72.

(21) Ibídem.

(22) Sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Loayza Tamayo, sentencia de reparaciones, párrs. 147 y ss.

(23) El artículo 1º de la Ley 288 de 1996 dispone que el Gobierno Nacional deberá pagar las indemnizaciones de los perjuicios causados por violaciones de los derechos humanos que se hayan declarado por parte de los órganos internacionales de derechos humanos, como la Comisión interamericana.