Sentencia 26064 de noviembre 24 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

INDEMNIZACIÓN POR FALTA DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES

Se examina la conducta de los implicados en el proceso de liquidación y pago de prestaciones.

EXTRACTOS: «El debate en causación gira en torno a la decisión del juez de alzada de absolver de la indemnización por mora que había impuesto el fallador de primer grado, por lo que la censura orienta este primer cargo a que se determine jurídicamente que la buena o mala fe de una empresa demandada, se debe colegir de la conducta de esta, y concretamente de la actuación o responsabilidad de su gerente o representante legal, para lo cual alude a la norma que regula la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, concretamente el artículo 92 de la Ley 489 de 1998 relativo a la representación legal de estas, y asegura que si el tribunal “hubiera aplicado las normas que definen la representación de la demandada y las funciones y responsabilidades del gerente, tendría que haber concluido que la buena fe no se puede deducir de lo afirmado por un tercero en el proceso”, específicamente un testigo.

El tribunal al revocar la condena por salarios moratorios, estimó que en la actuación estaba demostraba la buena fe de la demandada, bajo el razonamiento primordial de que “no hubo mala fe de la empleadora, al momento de hacer la liquidación final del contrato, pues el funcionario liquidador no tenía conocimiento de la situación laboral de hecho que rodeaba a la actora, e hizo la liquidación conforme al procedimiento interno establecido para ello, ateniéndose a lo encontrado en la carpeta laboral de la actora”, lo que extrajo del dicho del testigo Gregorio Jerez que fue la persona encargada de efectuar la liquidación definitiva de prestaciones sociales de la accionante.

Entonces, la inconformidad o cuestionamiento de índole jurídico que plantea el impugnante frente a la sentencia controvertida, discurre sobre el proceder del juez colegiado de haber acudido para resolver este punto litigioso, a la actuación de un funcionario encargado de elaborar liquidaciones, quien en su sentir carece de la categoría de representante del empleador y lo considera un tercero; cuando debió haber analizado la conducta directamente por el ente demandado en aras de tener por acreditada la buena o mala fe del empleador.

Así las cosas, abordando el tema de fondo ha sido reiterada y constante la doctrina jurisprudencial de esta corporación, en el sentido de que el análisis del concepto de la, indemnización por falta de pago, tanto en el sector privado como en el oficial, exige el examen de las circunstancias obrantes en el expediente que permita deducir si existió buena o mala fe en la conducta omisiva del obligado, para imponerle o no la ameritada condena, lo que implica la indagación a través de los distintos medios de convicción de las situaciones de hecho que surjan alrededor de esta temática (Sent. ene. 29/97 rad. 9223).

Dichas circunstancias o situaciones de hecho no están circunscritas a la actuación del gerente o representante legal de la demandada, toda vez que en asuntos como el que ocupa la atención a la Sala es perfectamente viable que por la posición que estos ostentan, no participen directamente en el proceso de liquidación y pago de los salarios y prestaciones sociales a favor de los trabajadores, sino que la empleadora lo haga por medio de ciertos empleados pertenecientes a dependencias especializadas de la empresa o funcionarios de entidades oficiales que cumplan funciones relacionadas con gestión de personal, que aunque no son verdaderos representantes del empleador en los términos de los artículos 32 del Código Sustantivo del Trabajo, 5º del Decreto 2127 de 1945 o del precepto legal denunciado artículo 92 de la Ley 489 de 1998, según sea el caso, de su actuación es que se puede derivar si la conducta de la demandada estuvo asistida o no de buena fe.

Lo anterior no significa como lo sugiere el censor, que con ello la responsabilidad del representante legal de la empresa, se está ocultando bajo la actuación de uno de sus subordinados, para el caso el liquidador de nóminas que practicó la liquidación definitiva de la demandante y compareció al proceso como tercero, dado que lo dicho se traduce a que el comportamiento que tuvo el empleador al momento deponer fin a un contrato de trabajo, se mide no solo por la postura asumida por los representantes de la entidad, sino también por la actuación de los diferentes empleados o funcionarios que en su momento intervienen en la liquidación y pago de acreencias laborales, donde por el contrario, su responsabilidad o una evento negligencia de su parte puede comprometer la conducta del patrono en la solución oportuna de las obligaciones a su cargo.

En estas condiciones, resulta errado sostener que para determinar la buena o mala fe de la accionada, únicamente se deba juzgar la actuación de los representantes directos del empleador, y por ende no es dable configurar un yerro jurídico cuando el sentenciador entra a considerar el actuar de los implicados en el proceso de liquidación y pago de prestaciones sociales de la entidad, ello con el propósito de esclarecer o definir el comportamiento del empleador.

En consecuencia, el tribunal no transgredió la normatividad acusada en este primer cargo, y es por esto, que el mismo no puede prosperar».

(Sentencia de casación, noviembre 24 de 2005. Radicación 26064. Magistrado Ponente: Dr. Luis Javier Osorio López).

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