Sentencia 2607 de agosto 14 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

PLIEGO DE PETICIONES

PRESENTACIÓN FORMAL

EXTRACTOS: «La Resolución 425 de 15 de marzo de 1999, declaró ilegal el cese de actividades por no haber sido observado el procedimiento establecido en los artículos 444 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo. Señaló expresamente que, conforme al artículo 450 ibídem, la suspensión colectiva es ilegal cuando no se haya cumplido previamente el procedimiento del arreglo directo y cuando no haya sido declarada por la asamblea general de trabajadores.

Dispone el artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo:

“Siempre que se presente un conflicto colectivo que pueda dar por resultado la suspensión de trabajo, o que deba ser solucionado mediante el arbitramento obligatorio, el respectivo sindicato o los trabajadores nombrarán una delegación (de tres (3) de ellos) para que presente al patrono, o a quien lo represente, el pliego de las peticiones que formulan” (inexequible el aparte entre paréntesis).

El sindicato demandante aduce que presentó pliego de peticiones, en ejercicio del numeral 2º del artículo 373 del mismo ordenamiento; que le remitió múltiples petitorios a la empresa Carlima S.A., como fueron los oficios de 10 de agosto de 1998, de 15 de diciembre de 1998, de octubre de 1998, de enero 13 de 1999 y de febrero 8.

Reposan en el cuaderno Nº 2 los referidos documentos, que aparecen signados por el presidente y el secretario general. Su contenido, si bien es cierto que hace referencia a la manera como se vienen desarrollando las relaciones de trabajo, no lleva a afirmar en ninguno de los casos, que se trate de la formulación del pliego de peticiones, pues aun cuando nada dicen las normas pertinentes sobre la forma como debe presentarse, es imperiosa la observancia de un rigor propio del acto que se está ejerciendo y de una formulación claramente expuesta que conduzca inequívocamente al empleador a la conclusión de qué es lo que se presenta. Y ello es así porque el pliego de peticiones es el medio válido para plantear el conflicto colectivo.

Se observa que en el cuaderno Nº 2 reposan las peticiones formuladas por el sindicato. Una de ellas, la de agosto 10 de 1998 denuncia irregularidades ocurridas en la empresa e invoca en su apoyo los artículos 373, 475 y 476; el primero de ellos consagra en forma genérica las funciones principales de los sindicatos y los últimos las acciones para exigir el cumplimiento de la convención colectiva. Ello confirma aún más que no se trata del pliego de peticiones.

Puede leerse en el cuaderno Nº 2 la petición de octubre 28 de 1998, que señala en su encabezado que se trata de un derecho de petición instaurado en ejercicio del artículo 23 de la Constitución Política y más adelante se invoca en el escrito el artículo 373 del Código Sustantivo del Trabajo.

La solicitud de diciembre 15 es una querella instaurada ante el Ministerio de Trabajo, que contiene la solicitud de investigación y sanción contra la empresa; los documentos de enero 13 y febrero 8 de 1999, invocan así mismo el derecho de petición.

Debe observarse que el sindicato demandante informa que fue suscrita convención colectiva con la empresa el 2 de diciembre de 1997, “la cual regula las relaciones laborales de los trabajadores durante su vigencia”. De manera que si, como informa el mismo actor, se hallaba vigente tal convención, el procedimiento para dar inicio al conflicto colectivo debía estar precedido en primer lugar por la denuncia de la convención, en los términos del artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, para entonces sí proceder a la elaboración y presentación formal del pliego de peticiones.

No tuvo lugar en el sub judice el trámite legal referido y pese a ello y a la ausencia de pliego de peticiones, el sindicato se declaró en la asamblea permanente y en período de prehuelga a partir de enero treinta de 1999 (fl. 36, c. ppal.) y desde febrero 2 de 1999 entró en cese de actividades, como lo constatan las actas que levantó el Ministerio de Trabajo en visitas realizadas a la empresa los días 2 a 5, 8 a12 y 16 de febrero de 1999 (fl. 75 y ss. del cdno. 2).

En este orden, no hay duda que se vulneró el trámite previsto para la etapa de arreglo directo, así como las disposiciones sobre la denuncia de la convención, antes citadas.

Por otra parte, ninguna vulneración del derecho de defensa surge del hecho de que la entidad hubiera declarado la ilegalidad del cese sin previa vinculación del sindicato, pues el artículo 451 del Código Sustantivo del Trabajo no prevé trámite alguno y por ello la simple constatación del cese en alguna de las circunstancias descritas en el artículo 450 es suficiente para proferir la decisión. Además, en las diligencias de verificación del cese de actividades tuvo lugar la participación del sindicato.

Concluye la Sala que la resolución demandada estuvo expedida conforme a derecho y así lo declarará».

(Sentencia de 14 de agosto de 2003. Expediente 2607-99. Consejera Ponente: Dra. Ana Margarita Olaya Forero).

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