Sentencia 26109 de septiembre 8 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: Rad.: 26109

Acta 78

Magistrado Ponente:

Eduardo López Villegas

Bogotá D.C., ocho de septiembre de dos mil cinco.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial de la Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP Electrocosta, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 13 de octubre de 2004, en el proceso promovido contra la recurrente por Rosa Elena Romero de Picot.

I. Antecedentes

Rosa Elena Romero de Picot demandó a la citada empresa con el fin de obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en su condición de beneficiaria de los derechos prestacionales de su cónyuge fallecido Oswaldo Picot Pupo. Así mismo, solicitó intereses por el no pago oportuno de las mesadas pensionales o indexación.

Como apoyo de la petición manifestó que su esposo con quien mantuvo sociedad conyugal vigente y convivencia por más de 20 años, al momento de su fallecimiento ocurrido el 26 de diciembre de 1998, disfrutaba de pensión vitalicia de jubilación de origen convencional, reconocida por la Electrificadora de Bolívar mediante Resolución 06 de 7 de enero de 1988, a partir del 1º de ese mes y año. La Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP Electrocosta S.A. ESP sustituyó patronalmente a la Electrificadora de Bolívar, asumiendo el pago de la pensión de jubilación del difunto Picot Pupo.

La entidad demandada dio contestación al libelo oponiéndose a las pretensiones de la actora; frente a la mayoría de los hechos dijo no constarle su existencia o que debían ser probados. Esgrimió en su defensa que la empresa no está obligada a cancelar a la viuda reclamante la pensión de jubilación convencional de que gozaba su cónyuge, por no existir disposición legal que así lo disponga. Además, durante la vinculación laboral, el trabajador fue afiliado al seguro social y se cotizó por el riesgo de IVM. Propuso la excepción de inexistencia de la obligación (fIs. 13 y 14).

El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena, mediante fallo de 27 de junio de 2003, condenó a la sustitución pensional en favor de la actora, de la prestación que en vida disfrutó Oswaldo Picot Pupo, a partir del 27 de diciembre de 1998. La deuda por mesadas causadas y no pagadas, la fijó en la suma de $ 102.872.420 más los intereses corrientes (fls. 533 a 537).

II. Sentencia del tribunal

Por apelación de la parte demandada, conoció el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que por fallo de 13 de octubre de 2004, confirmó la sentencia de primer grado en su integridad.

En lo que interesa al recurso extraordinario precisó el juzgador de segundo grado que no fue materia de discusión por parte de la entidad convocada a proceso, si la pensión convencional reconocida al fallecido era o no compatible con la de vejez que le reconociera el Seguro Social.

Por lo tanto el problema jurídico a dilucidar consistía en determinar si la demandante tenía o no derecho a la sustitución de la pensión convencional de que disfrutaba su cónyuge. Y entonces, sostuvo que:

“El artículo 46 de la Ley 100 de 1993 vigente al momento de producirse la muerte del señor Oswaldo Picot Pupo hoy reformado por el artículo 12 de la Ley 797 del 2003 consagra el derecho a la pensión de sobrevivientes a favor del grupo familiar del pensionado sin excluir de manera alguna, en sentir de la Sala, al grupo familiar del pensionado que se beneficiaba de la pensión convencional o de la pensión voluntaria reconocida por el empleador como tampoco lo excluye el artículo 1º de la Ley 33 de 1973 por la cual se transforman en vitalicia (sic) las pensiones a favor de las viudas, ni el Decreto 670 de 1974 reglamentario de esa ley, ni la Ley 113 de 1985 que en el parágrafo 1º del artículo 1º consagra el derecho de sustitución a favor de la cónyuge sobreviviente del trabajador fallecido que gozaba de la pensión, ni la Ley 71 de 1988 que en su artículo 3º extiende las previsiones sobre sustitución pensional señaladas en las leyes antes citadas al cónyuge sobreviviente o compañero o compañera permanente, a los hijos menores del inválido, entre otros. Estas normas jurídicas no hacen ninguna distinción al respecto, pues, si bien en el mencionado artículo 46 de la Ley 100 de 1993 se hace referencia al pensionado por vejez o invalidez por riesgo común, ello no quiere significar que el grupo familiar del pensionado fallecido que en vida disfrutaba de la pensión convencional no pueda tener derecho a la sustitución pensional o a la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su titular. Al no hacer la ley ninguna distinción al respecto no le es dado hacerla al intérprete. La Sala es del criterio que la norma citada de la Ley 100 de 1993 y las demás disposiciones atrás mencionadas, compatibles con aquella, se pueden aplicar tanto a la pensión legal como a la pensión convencional o a la pensión voluntaria ya que este derecho fue consagrado para brindarle especial protección a la familia, concretamente a la cónyuge sobreviviente que se beneficiaba de esa prestación, que por su estado de viudez seguramente necesitará para su supervivencia de la pensión de su fallecido esposo para poder llevar una vida en condiciones dignas. ... la juez a quo, contrario a lo expresado por el recurrente, lo que hizo fue aplicar la ley que consagra a favor de la cónyuge sobreviviente este derecho así la convención colectiva de trabajo no contemple o no haya contemplado la sustitución pensional ni haya hecho mención de ella, pues es la ley la que regula la materia y determina su alcance y contenido al consagrar la pensión de sobrevivientes a favor de los beneficiarios del pensionado y al señalar los requisitos para hacerse acreedor a ella”.

III. Recurso de casación

Inconforme con el fallo anterior, la parte demandada interpuso recurso de casación, el cual concedido por el tribunal y admitido por esta Sala, se procede a resolver previo el estudio de la demanda del recurso extraordinario. No hubo réplica.

Pretende la censura que la Corte case totalmente el fallo del tribunal y en sede de instancia modificar la del juzgado y en su lugar absolver a la convocada a proceso de todas y cada una de las pretensiones del libelo inicial.

Para tal efecto formuló dos cargos, así:

Cargo primero. “Acuso la sentencia ... por violar en forma directa al dejar de aplicar, es decir, al desconocer los artículos 22, 467 y 470 (subrog. D.L. 2351/65 art. 37) del Código Sustantivo del Trabajo; lo cual condujo a la aplicación indebida del artículo 1º de la Ley 33 de 1973; el Decreto 670 de 1974; la Ley 113 de 1985, parágrafo 1º, artículo 1º; el artículo 3º de la Ley 71 de 1988 y los artículos 46 (modif. art. 12, L. 797/03) y 288 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con los artículos 468, 469 y 471 y ss. del Código Sustantivo del Trabajo; 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; 33 (modif. art. 9º, L. 797/03), y 47 (modif. art. 13, L. 797/03) de la Ley 100 de 1993 y 1618, 1619 y 1620 del Código Civil”.

En la demostración del cargo señala la censura que si el tribunal hubiera considerado que lo pactado en una convención colectiva es parte de un contrato de trabajo y que solo aplica a los trabajadores miembros del sindicato que las hayan celebrado, habría concluido que la única forma de extender a otras personas los beneficios en ella contenidos es mediante la consagración expresa de tal extensión y en los precisos términos que ella contenga.

De esta forma dice el censor, si el tribunal admitió que la fuente de reconocimiento de la pensión, es decir, la convención colectiva, no consagra regulación alguna en materia de pensión de sobrevivientes o de sustitución pensional, se aplican indebidamente las normas en que se apoyó el ad quem, pues esas instituciones jurídicas están expresamente consagradas para regular pensiones de carácter legal y no pensiones extralegales o voluntarias, las que “solamente pueden ser aplicadas de conformidad con lo que las partes expresamente hayan consagrado en la convención que, por lo tanto, constituye la única fuente formal para regular el derecho extralegal y especial acordado”.

Cargo segundo. Acusa la sentencia “por violar en forma indirecta y en la modalidad de aplicación indebida, el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 (modif. art. 12 - L. 797/03), el artículo 1º de la Ley 33 de 1973; el Decreto Reglamentario. 670 de 19 de 1974; el artículo 1º, parágrafo 1º de la Ley 113 de 1985 y el artículo 1º de la Ley 71 de 1988, por causa del desconocimiento de los artículos 467 y 470 (subrog. D.L. 2351/65 - art. 37) de Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 22 y ss. de Código Sustantivo del Trabajo; 468, 469, 471 y ss. del Código Sustantivo del Trabajo; 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; 33 (modif. L. 797/03, art. 9º) 47 (modif. L. 797/03, art. 13) y 288 de la Ley 100 de 2003 y 1618, 1619 y 1620 del Código Civil”.

Los errores de hecho que se le atribuyen al fallo son los siguientes:

“1. No dar por demostrado, estándolo, que la convención colectiva de trabajo aplicable al señor Picot, es un acuerdo que solo lo cobija a él como miembro del sindicato que la suscribió y no a su cónyuge supérstite.

“2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandante estaba cobijada por la convención colectiva que le era aplicable únicamente a su difunto esposo.

“3. Dar por demostrado, estándolo, que la convención colectiva aplicable al señor Picot, consagraba sustitución pensional o pensión de sobrevivientes, de la pensión extralegal voluntaria que tal convención colectiva consagra.

“4. No dar por demostrado, estándolo, que en ninguna de las convenciones colectivas obrantes en el proceso, aplicables al caso en estudio, se consagró sustitución pensional o pensión de sobrevivientes”.

Como pruebas erróneamente apreciadas denuncia las convenciones colectivas de 1976 a 1999 y la Resolución 06 de enero 7 de 1983, expedida por la Electrificadora de Bolívar S.A. (fl. 284).

Este cargo se sustenta con argumentos similares al anterior.

IV. Consideraciones de la Corte

La Corte procederá al estudio conjunto de los dos cargos propuestos contra la sentencia del tribunal, no obstante que se orientan por vías distintas, en atención a que acusan básicamente las mismas disposiciones y su desarrollo se plantea en forma muy similar, en relación con la transmisión de las pensiones de jubilación convencional a los herederos, cuando los acuerdos respectivos no hayan regulado el tema.

Previamente se anota que no fue materia de discusión en el proceso la compartibilidad o no de la pensión de jubilación convencional de que disfrutaba en vida el cónyuge de la demandante y en esa medida está ese punto por fuera de controversia.

En relación con el tema de las prestaciones de jubilación extralegales, y respecto de las cuales no haya sido objeto de previsión la transmisión a los herederos, esta Sala en sentencia de 26 de enero de 2005 Radicado 23718, sentó el criterio de que se rigen por las mismas normas de la pensión legal en cuanto a los alcances y repercusiones del derecho con posterioridad a la muerte del titular; esa posición fue reiterada en fallo de 26 de abril del mismo año Radicado 23856, frente a una pensión de origen convencional como es aquí el caso. Referente a la primera de las decisiones citadas se ha de destacar la argumentación por medio de la cual, el beneficio de la transmisión pensional se hace descansar en la naturaleza misma del derecho con independencia de su fuente. Señaló la Corte textualmente:

“En torno al tema conviene puntualizar que las pensiones de jubilación de cualquier orden tienen como finalidad el pago de una suma periódica pagada por el ex empleador o por un ente de seguridad social o de previsión social, según el caso, luego de terminada la relación de trabajo y que pretende solventar las necesidades del trabajador y de su núcleo familiar a partir del momento en que se supone queda imposibilitado para seguir laborando en razón de la edad y deja de percibir un salario; así mismo la figura de la sustitución pensional busca que el fallecimiento del jubilado no deje desprotegido a su entorno familiar más cercano, como quiera que la transmisión del derecho está concebida a favor de personas que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad como son el cónyuge sobreviviente, usualmente de avanzada edad, y los hijos menores o incapacitados para trabajar. Esas son razones de peso adicionales para concluir que el principio general en materia de pensiones, incluso las voluntarias, es su carácter vitalicio, con la única excepción de aquellas concedidas temporalmente, hipótesis en que esa circunstancia debe aparecer nítida y explícitamente consignada en el acto respectivo.

“Cabe también anotar que la esencia de las susodichas pensiones es que ellas se otorgan en ausencia de los requisitos legales o convencionales para acceder a una pensión cualquiera, ya que si estos últimos se configuran, la pensión será legal o convencional y se gobernará por las disposiciones inherentes a esta prestación, aunque se denomine formalmente como voluntaria”.

Como no existen razones para variar dicha jurisprudencia, hay que concluir que no incurrió el tribunal en los yerros que se le endilgan, y por lo tanto los cargos no prosperan.

Sin costas en casación por no haber sido causadas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de trece (13) de octubre de dos mil cuatro (2004) proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso seguido por Rosa Elena Romero de Picot contra la Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP Electrocosta.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Eduardo López Villegas—Gustavo J. Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Náder—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz.

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.

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