Sentencia 26125 de marzo 9 de 2006 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 26125

Acta 18

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Javier Osorio López

Bogotá, D.C., nueve de marzo de dos mil seis.

EXTRACTOS: «VIII. Se considera

Como primera medida no es de recibo el reproche de orden técnico que efectuó el opositor al ataque, en el sentido de que el cargo formulado por la vía directa, debió orientarse bajo la modalidad de la interpretación errónea, con el objeto de cuestionar la tesis expuesta por la Corte acogida en la sentencia impugnada; habida consideración que el tribunal no fundó su decisión exclusivamente en la enseñanza jurisprudencial evocada, sino que adicionalmente se soportó en sus propios razonamientos que giran en torno a las disposiciones que estimó regulan la compactibilidad de pensiones a tener en cuenta en el asunto a juzgar, a lo deducido del texto convencional que consagra el derecho pensional, y a la fecha de reconocimiento de la pensión de jubilación a favor del actor, que condujo a esa corporación a concluir que dicha prestación concedida por la empresa y la de vejez otorgada por el Instituto de Seguros Sociales son compatibles.

Superado lo anterior, es de acotar que el recurrente enrostra al tribunal como error jurídico la falta de aplicación del artículo 17 literal b) de la Ley 6ª de 1945, y la aplicación indebida de las demás normas que integran la proposición jurídica, con lo cual persigue que se determine por la vía del puro derecho, que la pensión reconocida por la sociedad demandada antes del 17 de octubre de 1985, es de estirpe legal y no de carácter extralegal, al estar supeditada al cumplimiento de requisitos legales de tiempo de servicios y edad mínima, con independencia de su consagración en una cláusula convencional que establece un monto o porcentaje superior al límite legislado, resultando incompatible con la de vejez del ISS, pudiendo llegar a ser compartibles.

Habiéndose encaminado el ataque por la vía directa, los supuestos fácticos de la sentencia recurrida quedan incólumes, permitiendo solamente la disquisición jurídica del punto en discusión, y por tanto no es materia de controversia que al demandante por haber prestado sus servicios por más de 20 años y arribado a la edad de los 50 años, la empresa demandada le reconoció una pensión de jubilación a partir del 31 de diciembre de 1981, equivalente al 100% del promedio de salarios devengados durante el último año de servicios, según se desprende de la Resolución 106 del 21 de abril de 1982; que la accionada al afiliar a su trabajador al Instituto de Seguros Sociales, esa entidad de seguridad social le otorgó una pensión de vejez desde el 12 de diciembre de 1990, conforme la Resolución 6389 del 29 de mayo de 1992; que la Empresa de Energía de Bogotá optó por deducir de la pensión de jubilación el valor de la pensión de vejez, con efectividad al 1º de enero de 1993, a través de la Resolución 15197 del 19 de noviembre de 1992; y que la pensión concedida al accionante aparece consagrada en la cláusula 39 de la convención colectiva de trabajo, respecto de aquellos trabajadores que lleguen a los 50 años de edad, luego de prestar servicios en forma continua o discontinua por 20 o más años, cuya cuantía oscila entre el 85% al 100% de acuerdo a la tabla allí incorporada (fls. 8 a 13 y 105 - 106).

Sentando lo anterior, el tribunal erró al considerar compatibles ambas pensiones apartándose de la normatividad realmente aplicable al caso, pues le asiste la razón a la censura de que el ordenamiento legal que regula el derecho a la pensión de jubilación del actor es el denunciado en el cargo, esto es, el artículo 17 literal b) de la Ley 6ª de 1945, que se encontraba vigente para la época en que se comenzó el disfrute de la pensión de jubilación reconocida por la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá actualmente Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, que establecía el derecho a la pensión de jubilación “cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo”, que son los mismos requisitos que la aludida norma convencional estipuló y que la accionada tomó en cuenta para conceder la citada prestación.

En efecto, como el demandante adquirió el derecho a la pensión de jubilación con 50 años de edad y 20 años de servicio, se colige que su fuente es la ley, valga decir, la disposición legal aplicable a los servidores distritales que exige igual edad y tiempo de servicios, donde solo convencionalmente se modificó lo relativo al monto de la prestación al establecer un porcentaje superior, circunstancia que como lo ha reiterado esta corporación en diversas oportunidades, no por ello pierde o muta su naturaleza legal, y por ende no es factible otorgar a las pensiones reconocidas en estos precisos términos, el carácter de extralegal que halló el tribunal en su decisión, máxime que de igual manera se ha adoctrinado que por el fenómeno de la compartibilidad, una vez el Instituto de Seguros Sociales asume la pensión de vejez, el empleador solo está obligado al cubrimiento del mayor valor si lo hubiere respecto de lo que venía cubriendo por la de jubilación.

En este orden de ideas, al no poderse aseverar que la pensión que se le confirió al accionante es de origen extralegal, por el hecho de haber considerado la empleadora para su reconocimiento el monto pensional previsto en el acuerdo colectivo de voluntades, cuando en puridad de verdad este derecho tiene su fundamento en lo regulado por el referido literal b) del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, no era dable que el ad quem a fin de determinar la naturaleza jurídica de la pensión, estimara únicamente el supuesto no discutido de su consagración convencional.

Así las cosas, no obstante que la pensión de jubilación reconocida al demandante se causó en el año 1981, es decir con antelación al 17 de octubre de 1985 que fue cuando entró en vigencia el Decreto 2879 de 1985 que aprobó el Acuerdo 29 de igual año, y que dicha prestación se consagró convencionalmente, lo cierto es que mantuvo su estirpe legal por contemplar los requisitos de tiempo de servicios y edad que señalaba el ordenamiento legal que gobierna el asunto y que el tribunal dejó de aplicar.

En consecuencia, el fallador de alzada cometió el yerro jurídico que le endilga la censura, al concluir que la pensión de jubilación referida en la convención era compatible con la de vejez del Instituto de Seguros Sociales, pues de acuerdo con lo visto, la primera de las mencionadas fue reconocida por el cumplimiento de requisitos legales, que conlleva necesariamente a que para efectos de la subrogación del riesgo por parte del ISS y la compartibilidad de pensiones, ha de considerarse su naturaleza legal.

Al margen de lo anterior, es de acotar que el pronunciamiento jurisprudencial en que se apoyó el tribunal que data del 30 de enero de 2001 radicado 14.207, no se aviene al caso, dado que en esa oportunidad se partió del supuesto de la existencia de una pensión de origen estrictamente convencional o extralegal reconocida antes del 17 de octubre de 1985, mientras que en el sub lite como quedó analizado, se está en presencia de una pensión de naturaleza legal mejorada convencionalmente en cuanto a su monto.

Finalmente es de agregar, que en un proceso seguido contra la misma demandada Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, esta Sala de la Corte, definió que para esta clase de eventos con características correlativas y en relación con los servidores distritales, la norma legal aplicable era el artículo 17 literal b) de la Ley 6ª de 1945, al igual que reiteró por mayoría, que ante la identidad de requisitos pensionales entre una convención colectiva de trabajo y la ley, así difiera en el monto por haberse pactado convencionalmente un mayor porcentaje o valor del establecido legalmente, la pensión de jubilación no deja de ser legal, resultando en consecuencia incompatible con la de vejez del Instituto de Seguros Sociales, tal como ocurre en el presente caso, criterio jurisprudencial que se mantiene invariable por no existir razones suficientes para modificarlo. Ciertamente, en sentencia del 4 de mayo de 2005 radicado 24371, esta corporación puntualizó:

“(...) A no dudarlo, la cuestión jurídica que deberá definir la Corte es: la pensión de jubilación reconocida por la demandada al demandante, antes del 17 de octubre de 1985, es de carácter extra legal y, por lo tanto, resulta compatible con la de vejez concedida por el Instituto de Seguros Sociales; o la naturaleza jurídica de la primera es legal y, por consiguiente, es incompatible con la segunda, pero podrían llegar a ser compartibles.

En la búsqueda de esa definición, importa recordar que esta Sala de la Corte ha explicado que una pensión de jubilación no pierde o cambia su carácter legal, así haya sido consagrada en una cláusula convencional, siempre que su reconocimiento se hubiese supeditado al cumplimiento de los requisitos legales mínimos de tiempo de servicios y de edad, aunque su monto o porcentaje sean superiores a los límites fijados en la ley.

Al respecto, en la sentencia de 7 de febrero de 2002 (Rad. 16891), se asentó:

“Aún en el supuesto que fuera posible hacer abstracción de las irregularidades anotadas y se emprendiera el examen de fondo de la acusación se hallaría que de todas maneras el cargo no está llamado a prosperar porque en la decisión acusada se estableció que la pensión de jubilación reconocida por la entidad demandada es de origen legal, concedida conforme a las disposiciones aplicables a los trabajadores oficiales del nivel territorial que exigían 20 años de servicios y 50 años de edad, y que solo se modificó convencionalmente en lo relativo a su monto. Modificación que no implica una alteración de la esencia de la pensión reconocida por la demandada y que obviamente es lícita, porque solamente se trata de una garantía que supera el mínimo previsto en la ley sin alterar el origen y la esencia de la prestación legal sobre la cual se aplicó. Por consiguiente, no es admisible otorgar a las pensiones reconocidas por la empresa y sobre las cuales versa la controversia en este asunto, el carácter de extralegales que aduce la acusación para demostrar la supuesta equivocación jurídica que atribuye a la decisión recurrida”.

Y en la sentencia de 13 de marzo de 2002 (Rad. 16817) se dijo lo siguiente:

“Importa recordar que el mero hecho de que el porcentaje del salario base de liquidación de la pensión legal de jubilación sea superior al previsto por el legislador, no es suficiente para aseverar, válidamente, que se trata de una pensión distinta a la legal, pues con ello, además de desconocerse la posibilidad de que por factores particulares del contrato de trabajo, como por ejemplo un mayor tiempo de servicio al indicado como mínimo por la ley, el empleador asuma el mayor valor que voluntariamente, por pacto colectivo o convención se haya establecido en beneficio de quien le prestó su fuerza laboral, se altera la naturaleza jurídica de la prestación”.

El anterior criterio fue reiterado en la sentencia de casación del 11 de julio de 2003, radicación 20002, en la que Corte se pronunció de la siguiente manera:

“para “cuando se consolidó el derecho” —enero 12 de 1978, esto es, cuando cumplió 50 años de edad— ‘estaba vigente el literal b, artículo 17 de la Ley 6ª de 1945 que exigía para la jubilación 50 años de edad indistintamente fuere varón o mujer y 20 años de servicio, condiciones que cumplía el Sr. Arcadio Olave’.

“Hechas las anteriores precisiones, cabe hacer notar que el tribunal no apreció erróneamente la resolución mediante la cual la demandada le reconoció al demandante la pensión de jubilación (fls. 11 a 12), pues, de su simple lectura, no es posible deducir que la naturaleza jurídica de la prestación era distinta a la que concluyó el juzgador porque en ella “se adiciona el monto pensional con un 20%”, como lo afirma el recurrente, en atención a que, como ya lo asentó la Corte en sentencia de 13 de marzo de 2002 (Rad. 16.817), “el mero hecho de que el porcentaje del salario base de liquidación de la pensión legal de jubilación sea superior al previsto por el legislador, no es suficiente para aseverar, válidamente, que se trata de una pensión distinta a la legal, pues con ello, además de desconocerse la posibilidad de que por factores particulares del contrato de trabajo, como por ejemplo un mayor tiempo de servicio al indicado como mínimo por la ley, el empleador asuma el mayor valor que voluntariamente, por pacto colectivo o convención se haya establecido en beneficio de quien le prestó su fuerza laboral, se altera la naturaleza jurídica de la prestación”.

El tribunal concluyó que la pensión de jubilación que reconoció la demandada al demandante, con anterioridad al 17 de octubre de 1985, fue de carácter extra legal, por considerar que difiere del supuesto de la edad de 55 años, exigido por el artículo 68 del Decreto 1848 de 1969, como que se concedió a una edad inferior a la legal, lo que, en su criterio, supone su compatibilidad con la de vejez conferida por el Seguro Social.

Sin embargo, en la Resolución 374 de 17 de mayo de 1983, se expresa que Pedro Arturo Guio Ponguta solicitó el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación, a la que considera tener derecho en razón de los servicios prestados a la Empresas Unidas de Energía Eléctrica de Bogotá, hoy Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá “por un lapso superior a 23 años”. Se dice, igualmente, que a la solicitud acompañó partida de bautismo, con la que acredita haber cumplido 50 años de edad y que “con las anteriores bases y de conformidad con lo dispuesto por las leyes 4ª de 1966 y 5ª de 1969, en armonía con el literal b) del artículo 39 de la convención colectiva de trabajo vigente, se elaboró la liquidación” (fls. 16 a 19).

Advierte la Corte que la mención que en tal documento se hace de la convención colectiva, solo apunta al porcentaje de la cuantía de la pensión allí reconocida. No se avista en él referencia alguna al régimen convencional vigente entonces sino, por el contrario, a una variedad de normas legales como disposiciones aplicables, por lo que no podía el tribunal aducir que esta pensión era de origen extra legal.

Lo anterior refleja que para el reconocimiento pensional del beneficiario aludido, la empresa enjuiciada tomó en cuenta un tiempo de servicios de 20 años y 50 años de edad.

No cabe duda de que, para la fecha en que empezó el disfrute de la pensión de jubilación reconocida por la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, estaba vigente el artículo 17, literal b) de la Ley 6ª de 1945, que establecía el derecho a la pensión de jubilación para el empleado u obrero que haya llegado o llegue a 50 años de edad, después de 20 años de servicio continuo o discontinuo, disposición legal aplicable entonces a los servidores distritales, como es el caso del demandante.

Siendo palmar que la normatividad legal que regulaba el derecho a la pensión de jubilación del aludido servidor público era el susodicho artículo 17, literal b) de la Ley 6ª de 1945 que, como ya se dijo, reclamaba como requisitos para dicha prestación 50 años de edad y 20 años de servicio continuo o discontinuo, bien puede decirse que existe identidad en los requisitos para acceder a la pensión de jubilación entre la convención colectiva de trabajo y la Ley 6ª de 1945, difiriendo la una de la otra solamente en cuanto al monto de la mesada pensional, que en el convenio colectivo es superior al legal (resalta la Sala).

Por ende, por el simple hecho de que en el caso analizado se hubiese tomado en cuenta el monto pensional previsto en el régimen contractual colectivo y de conformidad con el tiempo de servicio, no por ello puede afirmarse que el derecho tiene origen extra legal.

En consecuencia, no podía acudir el tribunal al artículo 68 del Decreto 1848 de 1969 para determinar los requisitos legales para acceder a la pensión de jubilación que correspondía al actor, por cuanto esa no era la norma que regulaba su situación pensional.

De otra parte, cabe precisar respecto del fenómeno jurídico que se ha denominado “subrogación pensional”, que ha dicho la Corte que cuando el Instituto de Seguros Sociales reconoce al trabajador la pensión de vejez, el empleador oficial solo está obligado al cubrimiento del mayor valor o monto de la pensión, como aquí ocurrió, puesto que si una de las finalidades de la Ley 90 de 1946 fue establecer un sistema de seguro social obligatorio orientado por principios técnicos y razones de equidad y justicia social, que reemplazara el de las prestaciones patronales de origen legal, liberando al empleador de la cobertura de determinados riesgos laborales y del respectivo pago de los derechos surgidos de ellos para que fueran asumidos por los seguros sociales creados por dicha ley, carecería por completo de sentido que, pese a afiliar a sus trabajadores al Instituto de Seguros Sociales y realizar los aportes exigidos en los reglamentos de dicha entidad, esa subrogación en el pago de las prestaciones legales no pudiera ocurrir y continuara de todas maneras el empleador obligado a satisfacerlas, por cuanto ello iría en contra de los principios orientadores de ese sistema de seguridad social, al permitir una injustificada y doble cobertura tratándose de la misma prestación social.

Así lo explicó en la sentencia del 7 de febrero de 2002, radicación 16891, que fue tomada en consideración por el fallador de segundo grado:

“En torno al tema de la subrogación de las pensiones de jubilación del sector oficial del orden nacional y territorial por la de vejez a cargo del ISS es oportuno anotar que desde la organización del seguro social obligatorio, se estableció la sustitución de la pensión de jubilación patronal por la de vejez a cargo del ICSS (ver L. 90/46, art. 76) y así quedó definido para el sector particular en los términos del artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo, que previó la liberación del patrono respecto a aquellas pensiones, “... cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, de acuerdo a la ley...”. No obstante para los trabajadores oficiales no sucedió lo mismo, en vista de que no se previó, como en el sector particular, un principio de transitoriedad del régimen pensional a cargo del empleador para derivar en la asunción total del riesgo por el seguro, sino que por el contrario subsistieron estatutos especiales que no contemplaban tal asunción y se expidieron nuevos como el Decreto 3135 de 1968 reglamentado por el 1848 de 1969 que tampoco previeron tal subrogación, sin perjuicio de que los trabajadores oficiales pudieran ser afiliados al ISS conforme lo autorizó el régimen de este.

“Respecto a este tema, la Sala en sentencia del 10 de agosto de 2000, radicación 14163, explicó:

“... en vigencia de la normatividad precedente a la Ley 100 de 1993, la cual rige para el asunto bajo examen, tratándose de trabajadores oficiales no son aplicables las mismas reglas dirigidas a los particulares, a propósito de la asunción del riesgo de vejez por el ISS, pues si bien los reglamentos del instituto autorizaban la afiliación de servidores públicos vinculados por contrato de trabajo, no se previó en el estatuto pensional de estos (ver por ejemplo D. 3135/68, D.R. 1848/69 y L. 33/85) que el sistema del seguro reemplazara absolutamente su régimen jubilatorio, como sí aconteció para los particulares en el artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo, y no se contempló por consiguiente una transición del uno al otro, de forma que este régimen jubilatorio subsistió a pesar de la afiliación de los empleados al ISS y, forzosamente, en estos términos, la coexistencia de sistemas debe armonizarse con arreglo a los principios de la seguridad social. Por consiguiente, bajo los parámetros que propone el propio recurrente, emerge legalmente viable la pensión en la forma en que fue reconocida por el tribunal, esto es, a cargo de la entidad obligada, pero con la posibilidad para esta de ser relevada en todo o en parte al iniciarse el pago por el ISS de la pensión de vejez...”.

Entonces, es claro que, para efectos de establecer la compartibilidad de la pensión de jubilación conferida por la demandada al actor, debe considerarse que esa prestación le fue reconocida por el cumplimiento de los requisitos legales, contrario a lo establecido por el juzgador de segundo grado, prestación que, en consecuencia, para efectos de la subrogación por el Seguro Social, debe estimarse de naturaleza legal, razón por la cual el tribunal incurrió en violación de la ley al concluir que podía percibirse simultáneamente, con la reconocida por ese instituto”.

Por todo lo dicho, es que el cargo está llamado a prosperar y habrá de casarse parcialmente la sentencia impugnada.

Como consideraciones de instancia son suficientes las argüidas en sede de casación, con lo cual se revocará las condenas impartidas por el juez de primer grado, para en su lugar absolver a la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, de todas y cada una de las súplicas contenidas en la demanda con que se dio apertura a la controversia, declarándose probada la excepción propuesta por la demandada de inexistencia de la obligación.

En lo atinente con las costas, no hay lugar a ellas en el recurso extraordinario por la prosperidad de la acusación, y las de primera instancia quedan a cargo de la parte demandante.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C. Sala Laboral, el 29 de octubre de 2004, en el proceso adelantado por Manuel Alfredo Martínez Sánchez contra la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, en cuanto modificó la decisión de primer grado para declarar probada la excepción de prescripción sobre las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 23 de mayo de 1999 y confirmó las condenas impuestas por el a quo.

En sede de instancia, se REVOCA los numerales primero, segundo y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., calendada 25 de febrero de 2004, y en su lugar, ABSUELVE a la accionada de los conceptos señalados en estos ordinales y se condena en costas a la parte actora. Se CONFIRMA el numeral tercero de dicho fallo, relacionado con las restantes absoluciones, aunque por razones diferentes a las expuestas por el a quo, declarándose probada la excepción de inexistencia de la obligación.

No hay lugar a costas en el recurso extraordinario y las de primera instancia serán a cargo del actor, tal como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

SALVAMENTO DE VOTO

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, nos permitimos manifestar nuestra discrepancia, en torno a la conclusión que se consigna, respecto a la naturaleza de la pensión de jubilación reconocida al demandante por parte de la entidad demandada, que a juicio de la mayoría es de carácter legal y por ende no compatible con la de vejez que otorga el Instituto de los Seguros Sociales.

Contrario al criterio mayoritario, consideramos que la jubilación otorgada por la empresa accionada es de naturaleza extralegal y, en consecuencia, compatible con la posteriormente concedida por el Instituto de Seguros Sociales, puesto que aquella fue reconocida con anterioridad al 17 de octubre de 1985, mediante Resolución 106 de 21 de abril de 1982 (fl. 8 y 9), prueba esta de la que clara y palmariamente se deduce, que la jubilación fue concedida de acuerdo no solo con la ley sino con los parámetros previstos en la convención colectiva de trabajo suscrita entre la empresa demandada y su sindicato de trabajadores.

Es que la sola variación del porcentaje de la pensión del 100%, como se lee en la mencionada resolución, conduce a concluir que su origen es extralegal, aun en el supuesto de que las normas legales vigentes para ese momento previeren los mismos requisitos de edad y tiempo de servicios.

Estimamos que si las partes negociadores de un pliego de peticiones (representantes de la empresa y de los trabajadores), se reúnen y acuerdan consagrar el derecho a la pensión en un precepto convencional, aún estableciendo para su disfrute los mismos presupuestos señalados en la ley, es indudable que su motivación no es otra que la de prever que, si eventualmente desaparece o se modifica la norma legal, continúe vigente el beneficio convencional, en la medida en que las partes pactantes no pueden ignorar la existencia y vigencia del principio del mínimo de derechos consagrados en la ley, así como que la convención colectiva es un medio de negociación que indefectiblemente tiende siempre a mejorar los beneficios previstos en la ley para los trabajadores.

En los anteriores términos dejamos consignada nuestra posición sobre el tema controvertido.

Cordialmente,

Camilo Tarquino Gallego. 

Francisco Javier Ricaurte Gómez. 

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