•Sentencia 2624 de marzo 25 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

SENTENCIA DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

NO PERJUDICA A QUIEN NO INTERVINO EN EL PROCESO

EXTRACTOS: «Decide la Sala la apelación interpuesta por la parte demandada y por el tercero interviniente contra la sentencia del 31 de julio de 1998, a través de la cual el Tribunal Administrativo del Tolima accedió a las súplicas de la demanda formulada por Orlando Buriticá González contra el Decreto 447 del 18 de abril de 1997 expedido por el Gobernador del Departamento del Tolima.

La demanda

Estuvo encaminada a obtener la nulidad del Decreto 447 del 18 de abril de 1997, por el cual el Gobernador del departamento del Tolima reintegró al señor José Alfredo Posada Romero al cargo de rector del Colegio “Juan XXIII” del corregimiento de Padua, municipio de Herveo, y revocó el Decreto 016 de enero 30 de 1993, mediante el cual se nombró a Orlando Buriticá González en el cargo de rector del mismo plantel y se ordenó que continuara como profesor de tiempo completo.

(...).

Consideraciones

En el presente caso el actor demanda la nulidad del acto por el cual se revocó su nombramiento respecto del cargo de rector del Colegio Juan XXIII, del corregimiento de Padua, municipio de Herveo (Tolima). Al respecto se tiene:

A través del Decreto 016 del 30 de enero de 1993 el Alcalde Municipal de Herveo Tolima nombró al actor como rector de secundaria en el Colegio Juan XXIII, del corregimiento de Padua del mismo municipio, en reemplazo de José Alfredo Posada Romero, a quien se le revocó su nombramiento a través del Decreto Municipal 04 del 8 de enero de 1993. Es de observar que en las consideraciones del Decreto 016 de 1993 se destacó la certificación del jefe de la oficina seccional de escalafón del Tolima, conforme a la cual el libelista cumplía a cabalidad con los requisitos para el cargo. Así mismo, que contra él no cursaba proceso disciplinario ni se hallaba pendiente sanción disciplinaria alguna, que existía disponibilidad presupuestal, que el cargo se hallaba vacante, y que atendiendo al hecho de que para el municipio de Herveo no se presentó ningún aspirante a concurso se hizo necesario promover a un docente como rector. Este decreto de nombramiento fue confirmado mediante el Decreto 042 del 29 de marzo de 1993.

Como bien se aprecia, con arreglo al artículo 16 del Decreto 1706 de 1989 el nombramiento del actor se hizo dentro de los marcos de la legalidad, pues como claramente lo establece el precitado artículo 16:

“Cuando en una entidad territorial no se presentaren docentes para los concursos, o se hubiere agotado la lista de elegibles, el alcalde nominador proveerá las vacantes de acuerdo con los requisitos exigidos en el estatuto docente y los procedimientos de que trata el artículo 10 del presente decreto”.

Del cotejo practicado entre el Decreto 016 de 1993 y el artículo 10 del Decreto 1706 de 1989, en el marco del estatuto docente, surge reafirmada la certeza de que el nombramiento contenido en aquél se ajustó literalmente a los dictados del derecho, tal como lo puso de presente el procurador tercero delegado (E) en lo contencioso ante el Consejo de Estado.

Los decretos 04 y 016 de 1993 fueron enviados por el Gobernador del Tolima al tribunal administrativo del mismo departamento, con el fin de que se les hiciera el escrutinio de exequibilidad. Al efecto el tribunal se pronunció mediante sentencia del 17 de agosto de 1993 declarando su exequibilidad. Decisión esta que en todo caso hizo tránsito a cosa juzgada material. Desde otro ángulo de la presente litis se observa cómo a través de sentencia del 25 de enero de 1995 el Tribunal Administrativo del Tolima declaró la nulidad del artículo 1º del Decreto 04 del 8 de enero de 1993, por el cual el Alcalde de Herveo revocó el nombramiento de José Alfredo Posada Romero respecto del cargo de rector del Colegio Juan XXIII del corregimiento de Padua. Es decir, el nombramiento de la persona que el actual demandante vino a sustituir en virtud del Decreto 016 de 1993.

Se pregunta la Sala: ¿Qué poder vinculante albergaba la prenotada sentencia del Tribunal del Tolima en relación con Orlando Buriticá González, quien según se aprecia en la misma, no tuvo participación procesal alguna por aquellas calendas?

Ciertamente ninguno, y por ello mismo el nominador al darle cumplimiento a la sentencia debió reintegrar a José A. Posada Romero a un cargo equivalente al que desempeñaba al momento de la revocatoria del nombramiento reivindicado judicialmente, que no al que ocupaba previamente. Y esto es así por cuanto que, a más de que Orlando Buriticá González no intervino en el comentado proceso, en modo alguno podía el nominador insistir en tan perniciosa forma de remediar las inconsistencias cometidas al nombrar y remover funcionarios docentes. Claro es que hallándose a la sazón Orlando Buriticá González en el desempeño de sus funciones como rector del Colegio Juan XXIII del corregimiento de Padua, ninguna sentencia podía afectar su estabilidad laboral en la medida en que él no hubiese podido actuar como extremo procesal en las respectivas y necesarias ritualidades que informan el principio del debido proceso, pues si por de pronto existió una judicialización que para algunos podría tener un “efecto” inercial frente a Orlando Buriticá, es lo cierto que él jamás tuvo oportunidad de participar en el proceso por el cual se declaró la nulidad del Decreto 04 de 1993, y a cuya explicación ya concurrimos en líneas anteriores.

Sucede que las cosas no discurrieron en la forma y términos que ampara la ley, pues según consta en autos, a través del Decreto 447 del 18 de abril de 1997 el Gobernador del Departamento del Tolima revocó el Decreto 016 del 30 de enero de 1993, por el cual se había nombrado al actor en el cargo de rector del Colegio Juan XXIII del corregimiento de Padua, del municipio de Herveo (Tolima). Por contraposición, a través del mismo acto el Gobernador “reintegró” a José Alfredo Posada Romero al cargo que ejercía el libelista, preservando al punto la continuidad de éste en el mismo colegio, pero como profesor de tiempo completo.

Para acceder a tan curiosa decisión el nominador adujo como fundamento primordial la sentencia del 25 de enero de 1995, a través de la cual el Tribunal Administrativo del Tolima declaró la nulidad del artículo 1º del Decreto 04 del 8 de enero de 1993 esto es, del acto que había revocado el nombramiento de José Alfredo Posada Romero respecto del cargo de rector del Colegio Juan XXIII.

Igualmente el gobernador estribó su decisión revocatoria en el hecho de que, según él, el nombramiento del libelista quebrantaba el estatuto docente por cuanto no se había surtido a cabalidad el correspondiente concurso de méritos, agregando al punto que merced a sus nuevas responsabilidades en materia de manejo y administración del servicio educativo departamental se hacía necesario clarificar situaciones de hecho propiciadas con anterioridad por los mandatarios municipales. Vale decir, a instancias del acto acusado el gobernador se anunció como el auténtico redentor de los “entuertos” cometidos en otro tiempo por los burgomaestres en el desempeño de su potestad nominadora.

Pues bien, ocurre que ni el acto de nombramiento del demandante fue irregular ni la sentencia que anuló el Decreto 04 de 1993 podía extender sus efectos hasta él. Y aun en el evento de una tal irregularidad del nominador, ante la inexistencia del consentimiento expreso y directo del actor en trance de revocatoria, el remedio sólo podía ser de estirpe judicial, esto es, a partir de una demanda del nominador contra su propio acto. Pero como las cosas no sucedieron a derechas, ni medió el menor ejercicio de inteligencia administrativa, palmario resulta el quebrantamiento del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, relativo a la revocación de los actos de carácter particular y concreto, al igual que la violación del artículo 175 in fine del mismo código, en la medida en que la sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho no tiene la virtualidad de perjudicar a quien no haya intervenido en el proceso donde se tomaron resoluciones que pudieran afectarlo negativamente. Contrario sensu, las resoluciones que se adopten en el sub examine sí cubren y afectan por entero la situación laboral de José Alfredo Posada Romero, quien sin lugar a dudas actuó como tercero interviniente, siendo su último episodio el de apelante según se ha visto.

Con arreglo a lo anterior no puede menos que reconocerse el precario, coyunturalista y arbitrario criterio con que ejerció la función nominadora el Gobernador del Tolima en el sub lite, donde a más de vulnerarle al demandante los derechos derivados del acto particular y concreto de nombramiento, se configuró una clara extralimitación de funciones a términos del artículo 6º de la Carta Política y del estatuto único disciplinario. Ese proceder nominador, donde una falencia se cubre con un nuevo yerro, requiere a cambio hoy una voluntad de servicio que trascendiendo la llamada Escuela de Alto Gobierno encauce sus funciones en procura de la gestión efectiva que reclama la Constitución.

Consecuentemente la Sala considera que las pretensiones del actor están llamadas a prosperar, por lo cual habrá de confirmarse la sentencia de primer grado».

(Sentencia de marzo 25 de 1999. Expediente 2624-98. Consejero Ponente: Dr. Carlos A. Orjuela Góngora).

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