Sentencia 26251 de marzo 10 de 2006

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Acta 18

Radicación 26251

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Javier Osorio López

Bogotá, D.C., diez de marzo de dos mil seis.

Se resuelve el recurso de casación interpuesto por Víctor Julio Camacho Quintero contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el 30 de noviembre de 2004, en el proceso adelantado por el recurrente contra la sociedad Bavaria S.A.

I. ANTECEDENTES

Ante el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, Víctor Julio Camacho Quintero demandó a la sociedad Bavaria S.A. para que, previas las declaraciones de existencia de una convención colectiva que incumplió la demandada y del contrato de trabajo cuya terminación unilateral por parte de la empleadora es ineficaz, se le condene a reinstalarlo al cargo que ocupaba y a pagarle los salarios, prestaciones sociales y demás derechos insolutos más la indexación.

Fundamentó sus pretensiones en que prestó servicios a la demandada entre el 7 de diciembre de 1981 y el 11 de septiembre de 1999, cuando fue despedido en forma unilateral y sin justa causa por su empleadora, violando el trámite convencional previsto y sin tener en cuenta la estabilidad consagrada en la cláusula 13 convencional; ocupaba el cargo de segundo cocinero en el departamento de producción de Villavicencio y su último salario mensual fue la suma de $ 810.478.

II. RESPUESTA A LA DEMANDA

La demandada admitió la existencia del contrato de trabajo y sus extremos temporales, así como el cargo que desempeñó el actor y el último salario que devengó. Se opuso a las pretensiones de su exservidor, arguyendo que el contrato de trabajo terminó por justa causa y que el despido de que fue objeto no es una sanción disciplinaria, además de que le da a la cláusula 13 convencional un alcance que no tiene.

Propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones; pago; indebida aplicación, falta de aplicación e interpretación indebida de las normas legales y convencionales; cumplimiento de sus obligaciones; inexistencia del reintegro e inconveniencia del mismo; prescripción y caducidad.

III. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Fue proferida el 17 de septiembre de 2002 por el Juzgado de conocimiento y con ella condenó a la demandada a pagar al actor la suma de $ 19.328.279.34 por indemnización por despido sin justa causa con fundamento en el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. La absolvió de las demás pretensiones y dejó a su cargo las costas de la instancia.

IV. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por apelación interpuesta por ambas partes, el proceso subió al Tribunal Superior de Bogotá, corporación que mediante la decisión recurrida en casación, adoptada por mayoría, confirmó la decisión de primer grado y dejó la alzada sin costas.

El Tribunal prohijó la consideración de su inferior, según la cual el despido del demandante se produjo sin justa causa. Y en lo relativo al reintegro pretendido, dijo:

“En torno a este tópico debe considerarse que la convención colectiva de trabajo allegada en el proceso y vista a folios 203 y ss. no establece acción de reintegro alguna.

Y si bien se deduce que la demandada no tenía facultad legal para terminar el contrato de trabajo unilateralmente como quiera que la convención reduce las causales de terminación del contrato de trabajo, resulta pertinente señalar que la cláusula trece —ya citada— dispone que la terminación del contrato está subordinada a las causales establecidas en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, pero a juicio de la sala, si tal norma pretendiera eliminar la posibilidad de terminación del contrato por decisión unilateral de alguna de las partes contratantes se establecería una estabilidad absoluta que no se puede pretender dentro de las relaciones laborales, impidiéndole, tanto al trabajador como al patrono, dar por terminado el contrato de trabajo aduciendo alguna de las justas causas contempladas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo o sin justa causa y asumiendo las consecuencias que las leyes establecen al respecto. De suerte que se encontrarían los contratantes, en imposibilidad absoluta de finalizar el vínculo laboral por decisión unilateral, con lo cual se genera una estabilidad que vulneraría la voluntad de cualquiera de las partes de dar por terminado el contrato. Al respecto, no se olvide que es la voluntad de los contratantes de la cual surge el acuerdo que da nacimiento a la relación laboral. Inclusive, pese a la comisión de alguna falta o incumplimiento del contrato por una de las partes, la otra se encontraría en imposibilidad de finalizar el vínculo, de conformidad con los razonamientos de la parte actora.

Entonces, a juicio de la sala la reinstalación como consecuencia del despido injusto no puede surgir de la norma convencional en comento.

De otro lado, el reintegro con fundamento en lo dispuesto en el parágrafo transitorio del artículo 6º de la Ley 50 de 1990 tampoco está llamado a prosperar pues si bien el contrato terminó de forma unilateral e injusta, no se cumple el otro requisito comoquiera que al entrar en vigencia la Ley 50 de 1990 (ene. 1/91) el actor no cumplía con el requisito de tener más de 10 años al servicio de la demandada, dado que inició la prestación del servicio a favor de la demandada el día 7 de diciembre de 1981.

En tales condiciones, considera la Sala que no era procedente el reintegro del actor”.

V. RECURSO DE CASACIÓN

Fue interpuesto por la demandante con la finalidad de que se case la sentencia para que en instancia se revoque la del a quo y en su lugar se acceda a las pretensiones de su demanda inicial.

Para el efecto presenta dos cargos que, con vista en la réplica, se decidirá a continuación:

VI. PRIMER CARGO

Así lo formula:

“Se acusa la sentencia impugnada por la causal prevista en el numeral 1º del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, artículo 7º de la Ley 16 de 1969.

PRIMER CARGO:

Impugnación. 

La sentencia impugnada violó la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, de los artículos 467 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo, en armonía con el artículo 140 ibídem, dentro de la preceptiva del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991.

Errores de hecho manifiestos: 

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la Convención Colectiva de Trabajo en su cláusula 13ª no establece acción de reintegro alguna (fl. 411).

2. Dar por demostrado, sin estarlo, el recurso de la parte actora pretende además se declare la ineficacia de la terminación del contrato y se ordene la reinstalación del actor al cargo que desempeñaba (fl. 410), cuando esta corresponde a la demanda desde su inicio.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que el efecto de la aplicación de la cláusula 13ª convencional elimina la posibilidad de terminación del Contrato de Trabajo por decisión unilateral de alguna de las partes (fI. 411).

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que con la reinstalación del Actor se establecería una estabilidad absoluta (fl. 411).

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que con la reinstalación del Actor en los términos de la cláusula 13a convencional, al patrono se le estaría impidiendo dar por terminado en Contrato de Trabajo aduciendo alguna de las justas causas contempladas en el artículo 62 del CST (fl. 411).

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que la reinstalación generaría una imposibilidad absoluta de finalizar el vínculo laboral por decisión unilateral (fl. 411).

7. Dar por demostrado, sin estarlo, que como consecuencia del despido injusto no puede surgir de la norma convencional en comento (fl. 411).

8. Dar por demostrado, sin estarlo que la norma contenida en la cláusula 13a convencional impide a la demandada a despedir bajo las justas causas de terminación unilateral del Contrato de Trabajo la cuales se subordina en los términos del literal a) artículo 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965, que se encuentra allí acertados.

9. No dar por demostrado, estándolo, que la Convención Colectiva de Trabajo obrante en el expediente establece en su cláusula 13a la garantía de estabilidad, la cual está subordinada a la causales allí descritas en caso de terminaciones de contrato de trabajo.

10. No dar por demostrado, estándolo, que la cláusula 2a de la Convención Colectiva de Trabajo le es aplicable al Actor en cuanto a favorabilidad, en caso de cualquier duda en aplicación las cláusulas y reconocimiento de derechos.

11. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada está obligada en los términos de la cláusula 13a convencional a sustentar el despido invocando una de las causales de terminación, so pena de declarar la ineficacia del mismo.

12. No dar por demostrado, estándolo, que la aplicación de la cláusula 13a convencional procede a favor de la demandada, cuando demuestre la causal y justa causa comprobada donde se originó la decisión de terminación de Contrato de Trabajo.

13. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada vulneró la cláusula 13a convencional al despedir sin justa causa al actor y sin previa calificación de la falta que se le imputó.

14. No dar por demostrado, estándolo, que la terminación unilateral del Contrato de Trabajo es ineficaz al excluir del campo de aplicación convencional al actor en su condición de beneficiario y con Contrato de Trabajo a término indefinido suscrito entre las partes.

Sustentación del cargo 

Los errores de hecho anteriormente indicados, y los cuales se califican de manifiestos y evidentes, son consecuencia de haber apreciado indebidamente la prueba que a continuación hago referencia.

Pruebas no apreciadas 

La Convención Colectiva de Trabajo vigente para el período comprendido entre el 1º de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2000, suscrita entre Bavaria S.A. y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Bavaria S.A. y sus filiales Sinaltrabavaria, con sello de depósito ante el Ministerio de la Protección Social.

El Tribunal en cuanto al reintegro a folio 410 considera que el recurso de la parte actora pretende además se declare la ineficacia de la terminación del contrato y se ordene la reinstalación del actor al cargo que desempeñaba. Lo anterior, no corresponde solamente recurso, su origen está en la demanda como pretensión única...

El Tribunal determinó ausencia de responsabilidad del Actor, sin embargo, desvió la decisión sin observar que el Actor ejerce la acción consagrada en el artículo 476 del CST y entrar a determinar que la demandada procedió contra norma convencional (cláusula 13ª) al despedir sin justa causa, por cierto caprichosa y ausente de cualquier tipo de sustento jurídico, sustentado con las pruebas obrantes en el expediente y que se reducen a la comunicación de terminación de Contrato de Trabajo de fecha 10 de septiembre de 1999 a folios 186 y 187, copia del libro KAISEN a folios 33 a 45, interrogatorio de parte al representante legal de la demandada a folios 106 y 107, testimonio rendido por el compañero de trabajo señor Ricaurte Benítez a folios 127 a 123, descargos rendidos por el actor a folios 133 y 134, descargos del señor Henry Acosta a folios 137 A 140, descargos del Actor por los hechos ocurridos el 31 de agosto de 1999 a folios 141 a 143, Convención Colectiva de Trabajo a folios 203 a 282, Reglamento Interno de Trabajo a folios 283 a 325, que condujeron a determinar en las dos instancias lo siguiente...

El Tribunal adicionalmente entra a determinar lo siguiente:

‘... lademandadanoteníafacultadlegalparaterminarelcontratodetrabajounilateralmentecomoquieraquelaconvenciónreducelascausalesdeterminacióndelcontratodetrabajo(fl. 411) (Subrayé y Resalté)’.

Como consecuencia de lo anterior solo era viable, para los efectos de la cláusula 13ª convencional, tener en cuenta que la demandada no probó la existencia de causal alguna para terminar el Contrato de Trabajo al Actor”.

El recurrente a continuación reproduce el aparte pertinente de la sentencia sobre el alcance que le da a la cláusula 13 convencional y dice que la interpretación del ad quem se aparta del verdadero espíritu de la norma convencional. Luego de transcribir dicha cláusula, anota que de ninguno de los acápites de la norma, se desprende lo que quiso decir el Tribunal “y menos que exista imposibilidad absoluta de finalizar el vínculo laboral por decisión unilateral. Esta interpretación del Tribunal es totalmente equivocada, ya que lo textualmente indicado no da motivo de interpretación y lo que se precisa es que la demandada para “la terminación de los contratos queda subordinada a las causales establecidas en los artículos 61 (art. 6º, D. Leg. 2351/65 ordinales a), b), e), f), g), i), y 62 (art. 7º, D. Leg. 2351/65) del Código Sustantivo del Trabajo...”. Es evidente que no existe condición en la cláusula 13 convencional para que equivocadamente se interprete que allí se da una estabilidad absoluta como lo afirma el Tribunal.

En lo restante, la censura afirma que la disposición convencional tantas veces mencionada, “no restringe su campo de aplicación, sino que la demandada está subordinada a probar la causal invocada, lo que no hizo en este proceso y donde se deriva la ineficacia del despido. Lo contrario sería permitir el abuso de la facultad para dar por terminado el Contrato de Trabajo y la cláusula 13ª sobre estabilidad sería despojada de su esencia sin mandato legal...”.

VII. LA RÉPLICA

Observa que la sentencia se encuentra ajustada a derecho. Que la convención colectiva de trabajo que se acusa como inapreciada, sí fue tenida en cuenta por el Tribunal. Que gran parte de los errores de hecho involucran cuestionamientos jurídicos y que es incontrastable que la convención no contempla reintegro u otra figura similar.

VIII. SE CONSIDERA

Dejando de lado los atinados reproches de la parte opositora, debe precisar la Corte que en realidad el tema central de la controversia que propone la censura es el alcance de la cláusula 13ª del convenio colectivo obrante en autos, de la cual dijo el Tribunal que no consagra el reintegro del trabajador cuando es injustamente despedido, al paso que para la censura, cualquier determinación patronal de terminar el contrato de trabajo sin justa causa comprobada, de acuerdo con esa disposición, genera el restablecimiento del vínculo contractual laboral.

Así las cosas, la mencionada norma convencional es del siguiente tenor:

“... Estabilidad. “Todos los trabajadores de carácter permanente que están actualmente al servicio de la Empresa, continuarán amparados por contrato a término indefinido, pero la terminación de los contratos queda subordinada a las causales establecidas en los artículos 61 (art. 6º, D. Leg. 2351/65 ordinales a), b), e), f), g), i), y 62 (art. 7º, D. Leg. 2351/65) del Código Sustantivo del Trabajo.

Cuando se trate de aprendices o de la realización de una obra o labor determinada, o de la ejecución de un trabajo temporal, ocasional o transitorio, la Empresa podrá celebrar contratos a término fijo por el tiempo que dure la ejecución de los mismos, únicamente quedando también subordinada a la terminación de estos contratos a las causales establecidas en los citados artículos 61 y 62 del Código Sustantivo del Trabajo” (fl. 213).

De la cláusula transcrita no aparece consagrada de manera expresa el reintegro del trabajador despedido, por lo cual la inferencia que hace el Tribunal, de ella no resulta ostensiblemente equivocada. Y al no se(sic) manifiestamente errada, no puede configurarse un error de hecho en la casación laboral, pues de acuerdo con el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, el yerro fáctico capaz de desquiciar una sentencia a través del recurso de casación, debe aparecer manifiesto en los autos.

En un caso similar en el que la demandada es la misma que aparece como tal y respecto de la misma estipulación convencional, dijo la Sala en sentencia del 2 de mayo de 2005, radicación 24095, lo siguiente:

Del mismo modo, la Sala no encuentra que el convencimiento a que llegó el Tribunal en este aspecto, resulte discordante con el texto convencional o se pueda considerar su apreciación como manifiestamente equivocada, habida cuenta que esta cláusula de estabilidad no solo se refiere a los modos de terminación del contrato de trabajo, donde se excluyó efectivamente el literal h) del artículo 6º de del Decreto-Ley 2351 de 1965 (art. 61 del CST actualmente modificado por el art. 5º de la L. 50/90), sino que también menciona las justas causas para la extinción del vínculo, al señalar a reglón seguido las causales establecidas en el artículo “62 (art. 7º, D. Leg. 2351/65) del Código Sustantivo de Trabajo”, lo cual significa, que por voluntad de las partes pactantes, la empleadora tiene la facultad de acudir a esa última regulación para poner fin a un contrato de trabajo cuando se presente alguna de las justas causas allí comprendidas, lo que se traduce en que no existe la estabilidad absoluta que pregona la censura.

Por manera que, en el sub lite no se presentó el pregonado incumplimiento que se alega respecto de la convención colectiva de trabajo, y en tales condiciones el despido del demandante resulta legal y eficaz, como bien se concibió en el fallo que se revisa, por lo que la parte actora impetró y denominó como derecho a “reinstalación” no puede salir avante.

Es más, por no ser las estipulaciones de una convención colectiva de trabajo normas legales sustanciales de alcance nacional, tiene aplicación lo que repetidamente ha sostenido esta corporación frente a la comprensión y apreciación de esta clase de normatividad de carácter extralegal, valga decir, que únicamente en el evento de una interpretación absurda por parte del sentenciador, la Corte puede separarse de aquella para ultimar un yerro manifiesto por la errónea valoración de una prueba, que no es el caso que nos ocupa. De igual manera, ha de acotarse que su estimación, valoración y hermenéutica, quedan enmarcadas dentro de la potestad legal de apreciación libre de los medios probatorios que tienen los jueces conforme al artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.

Adicionalmente es menester traer a colación, el pronunciamiento de la Corte sobre la interpretación de las cláusulas convencionales, vertido en la sentencia del 7 de abril de 1995, radicación 7243, que en lo pertinente dice:

“Conviene reiterar lo ya dicho en otras ocasiones en las cuales la Corte, volviendo sobre lo que constituye su verdadera labor doctrinaria, ha dejado claramente sentado que no es función suya en sede de casación fijar el sentido como norma jurídica a las convenciones colectivas, puesto que no obstante la gran importancia que tienen en las relaciones obrero-patronales y en la formación del derecho del trabajo, jamás pueden participar de las características propias de las normas de alcance nacional y, por lo mismo, son las partes en primer término las llamadas a determinar su sentido y alcance.

Precisamente en razón del origen y finalidad de la convención colectiva de trabajo carece ella del alcance nacional que tienen las leyes de trabajo, sobre las cuales sí le corresponde a la Corte interpretar y sentar criterios jurisprudenciales, por lo que en tanto actúa como tribunal de casación lo único que puede hacer, y ello siempre y cuando las características del desatino sean de tal envergadura que puedan considerarse errores de hecho manifiestos, es corregir la equivocada valoración como prueba de tales convenios normativos de condiciones generales de trabajo; pero sin que ningún caso pueda entenderse que lo resuelto en un particular y específico asunto constituya jurisprudencia.

También cabe recordar que por imperativo legal los contratos y convenios entre particulares —y la convención colectiva de trabajo no es otra cosa diferente a un acuerdo de voluntades sui generis— deben interpretarse atendiéndose más a la intención que tuvieron quienes lo celebraron, si dicha intención es claramente conocida, que a las palabras de que se hayan servido los contratantes. Esta regla de interpretación de los acuerdos de voluntad está expresada en el artículo 1618 del Código Civil, y un(sic) cuando referida en principio a los contratos de derecho común, también debe ser tomada en consideración por los jueces del trabajo en la medida en que no pugne con los principios generales protectores del derecho del trabajo; y por ello no puede el juez en estas materias apartarse de lo literal de la palabras para imponerle a las partes obligaciones que van más allá del texto del convenio normativo, salvo que claramente aparezca que la intención de quienes celebraron la convención colectiva fue diferente.

Y dado que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo faculta a los jueces laborales para que en las instancias aprecien libremente la prueba, es un deber de la Corte, en su condición de tribunal de casación y en todos los casos en que no se configure error de hecho manifiesto, respetar las apreciaciones razonables que de la convención colectiva de trabajo —mirada ella como prueba de las obligaciones que contienen— haga el tribunal fallador, sin que para nada interese cuál pueda ser su personal convencimiento. Mucho menos interesa que en asuntos similares, pero contando con elementos de juicios diferentes, haya podido —actuando en instancia— expresar un determinado parecer al valorar las pruebas del proceso”.

Por tanto, no prospera el cargo.

IX. SEGUNDO CARGO

Afirma que la sentencia “violó la ley sustancial por la vía directa, por infracción directa de los artículos 21 del CST y 53 de la Constitución Nacional. Que regulan el principio de favorabilidad en materia laboral, infracción que condujo a la violación de los artículos 467, 468, 469 y 476 del CST, en relación con los artículo (sic) 140 ibídem, dentro de la preceptiva del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991.

En la demostración sostiene que el juzgador de segundo grado no aplicó el principio constitucional y legal de favorabilidad “al no prohijar que la expresión convencional ‘la terminación de los contratos queda subordinada a las causales...’, contenida en la cláusula 13ª de la Convención Colectiva de Trabajo y que hace referencia a que la demandada puede decidir el despido, siempre y cuando el trabajador beneficiario de la convención, esté inmerso en una de las causales de la norma insertada que corresponde al literal a) artículo 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965”.

Manifiesta que con el criterio que adoptó, el Tribunal “privilegió un criterio restringido, en contravía de lo expresado por este principio constitucional, que le es obligatorio aplicar cuando el texto de la fuente del derecho invocado pueda surgir objetivamente varias interpretaciones, debiendo tomar la que más favorezca al trabajador y privilegiar la voluntad de las partes que al contratar colectivamente supeditaron que para la terminación del contrato de trabajo se estaba subordinado a justas causas debidamente comprobadas”.

Continúa su argumentación reiterando en lo esencial los planteamientos atrás esbozados.

X. LA RÉPLICA

Precisa que como para el Tribunal no hubo duda sobre la inexistencia del reintegro partiendo del texto convencional, no estaba sometido a escoger entre dos interpretaciones. Que la alegación de la censura es jurídicamente inadmisible, ya que excluye a las partes la posibilidad de terminar unilateralmente el acuerdo que ellas mismas celebraron.

XI. SE CONSIDERA

Las razones aducidas por la Corte en la anterior acusación y que la llevaron a declararla infundada, son igualmente pertinentes para desestimar la presente.

Con todo, dada la formulación del cargo por la vía directa, la censura debe compartir los fundamentos fácticos que da por acreditados la sentencia que se impugna, por lo que en esas condiciones, si el Tribunal consideró que la cláusula 13 de la convención colectiva de trabajo aportada a los autos “no establece acción de reintegro alguna”, no puede el impugnante, bajo el pretexto del principio de favorabilidad, apartarse de dicho supuesto para colegir en contrario que dicha acción si existe, pues ello implicaría examinar esa prueba del proceso, labor que es ajena a la violación directa de la ley escogida para intentar desquiciar la sentencia.

En las anteriores circunstancias, no prospera el cargo.

Las costas del recurso extraordinario son a cargo del impugnante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el 30 de noviembre de 2004, en el proceso ordinario adelantado por Víctor Julio Camacho Quintero contra la sociedad Bavaria S.A.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Luis Javier Osorio López—Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz.

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.