Sentencia 26336 de marzo 30 de 2006 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

PRUEBAS EN EL PROCESO LABORAL

Aportación irregular o por fuera de término.

EXTRACTOS: «Los cargos orientados por la senda indirecta someten a consideración de la Corte, el tema relativo a la apreciación por parte del juzgador de las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, para lo cual el recurrente se duele que el tribunal con la documental que obra a folio 67 del cuaderno principal, que fue aportada con la contestación de la demanda inicial, que se tuvo como presentada de manera extemporánea, no hubiere dado por demostrado el fallecimiento del señor Carlos Arturo Mejía Bohórquez que se afirma ocurrió el 19 de febrero de 2002, respecto de quien la demandante invoca su condición de compañera permanente para reclamar la pensión de sobrevivientes, y en este orden plantea dos errores, uno de hecho y otro de derecho, ambos fundados en la falta de apreciación del aludido documento que según se lee en la decisión impugnada corresponde a un registro civil de defunción, donde el segundo yerro trae como ingrediente adicional que al tratarse de una prueba ad sustantiam actus que acredita el estado civil de las personas, en este caso la muerte, era de forzosa estimación.

El juez de apelaciones para adoptar su determinación y revocar la sentencia condenatoria del fallador de primer grado, concentró su estudio principalmente en la no valoración del documento de folio 67 allegado por el instituto demandado al dar respuesta al libelo introductorio, y en torno a este aspecto sostuvo, que no era dable con ese preciso elemento probatorio dar por establecido el óbito del señor Mejía Bohórquez “ya que la demanda fue contestada por fuera de los términos que la ley concede para el efecto, lo que implica que las pruebas allegadas con ella no se puedan apreciar, pues desdicen de lo establecido en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido que toda decisión judicial debe fundamentarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”. Así mismo, adujo que la prueba testimonial no era idónea para demostrar el estado de defunción de una persona, y en estas condiciones al no obrar la prueba pertinente o una supletoria de las previstas en el artículo 105 del Decreto-Ley 1260 de 1970, esto es, las actas o folios reconstruidos o el folio resultante de una nueva inscripción, en definitiva la parte actora no logró acreditar como le correspondía el presupuesto de la muerte del afiliado.

En orden a lo anotado, la demostración de los cargos está dirigida a criticar el proceder del ad quem al inapreciar una prueba que en sentir del censor “fue incorporada de manera legítima”, bajo la argumentación de que el verdadero alcance del artículo 174 del Código de Procedimiento Civil sobre la necesidad de la prueba, se contrae a que el sentenciador debe fundamentar su decisión con el acervo probatorio recaudado durante el transcurso del proceso “independiente de quien lo hubiere aportado”; que lo reglado en el artículo 177 ibídem en relación a la carga de la prueba, no impide que la probanza pueda ser “suministrada en el transcurso del proceso por la misma parte contra quien se reclama la aplicación de la disposición legal que regula el caso”; que el artículo 183 ídem dispone que “cuando se trata de prueba documental, también se apreciará la que se acompañe a los escritos de demanda o de excepciones o sus respectivas contestaciones, acerca de lo cual el juez debe resolver sobre su admisión, cuando decida sobre la solicitud de las pedidas por las partes”; que “En el caso bajo examen, el ad quem al enlistar las ‘pruebas que obran en el proceso’ admitió como tales en el numeral 4º ‘Los documentos presentados con la contestación de la demanda’ (fls. 47 al 71)”. En el folio 67 aparece la copia del registro de defunción del señor Carlos Arturo Mejía Bohórquez emanado de la Notaría Primera de Cartago (V). Por tanto, el tribunal con este proceder incorporó al proceso al decidir la alzada, la prueba sobre el fallecimiento que, contrariamente, desconoce posteriormente sin fundamento jurídico plausible”; que existiendo la prueba idónea del estado civil de una persona, al juez no le era permitido ignorarla “una vez que haya sido allegado al juicio el documento que lo acredita”; que “Se rebela el tribunal contra esta norma (refiriéndose al artículo 105 del Decreto 1260 de 1970), al no dar por acreditado el deceso de que se viene hablando, no obstante aparecer en los autos la copia del registro civil de defunción, expedido con las formalidades de que trata el artículo 105 ibídem”; que “Por sí sola, esta particularidad del registro y de sus copias determina que su incorporación al proceso, independientemente de las circunstancias que se hayan dado para ello, obliga al fallador a tenerlo en cuenta como prueba del estado civil”; que “En relación con este punto, valdría la pena pensar acerca de si el hecho de que la contestación de la demanda haya sido presentada por fuera de término, implica que los anexos (así los trata el artículo 18 de la Ley 712 de 2001 que modificó sustancialmente el artículo 31 del CPL), que no son propiamente la respuesta a la demanda que se da por no contestada, quedan arropados también bajo esa consideración y no puedan ser estimados ni siquiera como indicios graves, según la sanción que en el parágrafo segundo de este artículo se le impone a la falta de contestación de la demanda dentro del término legal”.

Visto lo anterior, lo que principalmente está esgrimiendo la censura es una infracción procesal probatoria, al considerar que el juez colegiado estaba en la obligación de valorar o apreciar un documento que en su criterio hace parte del caudal probatorio recaudado, como primera medida porque una de las partes lo arrimó al proceso, con independencia de la forma en que aparece aportado, que en el asunto a juzgar lo fue como anexo al escrito de contestación allegado por fuera del término legal previsto para tal efecto, y en segundo lugar, por la circunstancia de que a su juicio se resolvió su incorporación en la propia sentencia recurrida al enunciarse la documental de folio 67 como una de las pruebas obrantes en el plenario, no obstante que a renglón seguido el mismo juzgador le restó valor probatorio por no estar supuestamente allegada en su oportunidad; reproches todos estos, que están íntimamente ligados con la aportación, decreto y validez de la prueba, lo cual envuelve un cuestionamiento eminentemente jurídico, cuyo ataque necesariamente debió encausarse por la vía directa o del puro derecho, más no por el sendero escogido.

Cabe advertir que ha sido criterio inveterado de esta corporación, que la acusación de aspectos concernientes a la aducción, aportación, validez y decreto de pruebas sólo es susceptible de impugnación por la vía directa. En relación a este punto es oportuno traer a colación lo expresado en sentencia del 7 de febrero de 2001 radicado 15438, reiterada en decisión del 2 de febrero de 2006 radicación 25.032, en la que se dijo:

“(...) Resulta claro entonces que el tribunal restó valor probatorio a los documentos en cuestión por considerar que no fueron controvertidos en el proceso y que no cumplen con los requisitos del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil y, en este orden de ideas, conforme a reiterada jurisprudencia de esta Sala, el ataque debió formularse por vía directa, imputándose la violación de medio de las reglas procesales pertinentes, pues antes de incurrir el sentenciador en un equivocado entendimiento de los hechos por omisión de la prueba —que es lo que estrictamente puede conducir al error de hecho manifiesto— lo que en realidad habría infringido es la ley instrumental que gobierna la producción, aducción o, para el caso que nos ocupa, la validez, de los elementos probatorios legalmente admisibles”.

Por consiguiente, la censura equivocó el sendero de violación a fin de atacar la conclusión esencial del tribunal.

Pues bien, aunque la anterior deficiencia conduce indefectiblemente a desestimar los cargos, la Sala encuentra oportuno, dada la trascendencia del tema argüido por la acusación, referirse al mismo desde el punto de vista meramente doctrinario.

En efecto:

Los jueces están obligados a proferir su decisión apoyados únicamente en las pruebas que regular y oportunamente se han allegado al proceso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, y a su vez para que una prueba pueda ser apreciada deberá “solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello” conforme lo enseña el artículo 183 ibídem.

Lo anterior guarda armonía con lo dispuesto en el artículo 60 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que reza: “El juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas apegadas en tiempo”.

Así las cosas, importa destacar que una prueba es inexistente o más bien inoponible en la medida que no sea debidamente incorporada al proceso, esto es, de manera regular y en tiempo, dado que no basta con que una de las partes en forma desprevenida o extemporánea la hubiera allegado y que como consecuencia de ello obre en el expediente, para que el juzgador pueda válidamente considerarla e impartirle valor probatorio al momento de proferir la decisión de fondo, pues en estos casos se requiere del pronunciamiento previo del juez de conocimiento en relación a su aportación, a efecto de cumplir con los citados principios y por ende con el debido proceso al tenor del artículo 29 de la Carta Mayor.

Lo dicho significa, que no es viable la apreciación de una prueba inoportunamente allegada y menos que no hubiese sido decretada como tal en alguna de las etapas procesales prescritas para esos específicos fines, puesto que permitirlo, sería ir en contra del mandato de la mencionada norma constitucional que señala como “nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

La circunstancia de que el tribunal al historiar los antecedentes del proceso y la actuación surtida al momento de dictar sentencia, mencione todas las pruebas que figuran en el expediente, incluyendo las no decretadas, no conduce a que un elemento probatorio aportado irregularmente o por fuera de término, se tenga como legalmente incorporado en ese estado del proceso, a fin de poderse valorar. Del mismo modo, esa situación en particular, no se puede tener como el decreto de la prueba por parte del ad quem haciendo uso de la facultad oficiosa, en la medida que una actuación en este sentido requiere de un pronunciamiento que anteceda a la decisión de fondo, y además que se enmarque dentro de los eventos en que el juez colegiado puede disponer y practicar pruebas en segunda instancia, valga decir, en los casos contemplados en el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 41 de la Ley 712 de 2001, cuya potestad está encaminada a obtener una prueba decretada dejada de practicar en primera instancia sin mediar culpa de la parte interesada, o, porque se considere necesaria para desatar la apelación o consulta.

De otro lado, los anexos que acompañan la respuesta a la demanda hacen parte del cuerpo de la misma, es así que de tenerse por no contestada no es factible que se decreten como prueba las pedidas por la parte accionada, y es por esto, que las probanzas allegadas por fuera de la oportunidad procesal correspondiente no hacen parte del caudal probatorio, a no ser que posteriormente cualquiera de los falladores de instancia, de acuerdo a sus facultades, decida decretarlas como prueba de oficio.

Así mismo, la consecuencia prevista en el parágrafo 2º del artículo 18 de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, consistente en que “La falta de contestación de la demanda dentro del término legal se tendrá como indicio grave en contra del demandado”, no prueba el estado civil de las personas, es más ni siquiera se admite la confesión para estos eventos habiéndose dado respuesta en tiempo y aceptado tal presupuesto, según lo dejó sentado esta corporación en sentencia del 8 de marzo de 2004 radicado 21501, reiterada en decisión del 24 de junio del mismo año radicación 21556, en cuya parte pertinente se puntualizó

“(...) Así entonces, la condición de cónyuge del empleador fallecido, calidad en la cual la demandada fue llamada al proceso, debía necesariamente ser probada mediante el registro civil de matrimonio. Dando por sentada esta aseveración, fuerza concluir que la confesión no puede ser admitida como medio probatorio del estado civil de la demandada —ni siquiera en la legislación anterior se comprendía dentro de las posibles pruebas supletorias— por cuanto, tal como lo dispone el literal c) del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, uno de los requisitos para que pueda tenerse como tal es precisamente que recaiga sobre hechos respecto de los cuales <la ley no exija otro medio de prueba>”.

En estas condiciones, el hecho de que aparezca un documento en el plenario, no convalida de ninguna manera su aportación irregular o por fuera de término, máxime que como ocurre en el sub lite, la parte actora tuvo la oportunidad de allegar desde la presentación de la demanda introductoria, el registro civil de defunción en cuestión que le sirviera de soporte para obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, sin que lo hiciera en el respectivo evento procesal, corriendo por tanto con las consecuencias desfavorables de su negligencia, quedando con su proceder sometido a la espera de que a alguno de los juzgadores de instancia decretara dicha prueba documental de oficio, lo cual desafortunadamente en este evento no sucedió y se desaprovechó esta oportunidad para definir de fondo la procedencia o no del derecho pensional implorado.

Por todo lo visto, los cargos se desestiman».

(Sentencia de casación, 30 de marzo de 2006. Radicación 26336. Magistrado Ponente: Dr. Luis Javier Osorio López).

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