Sentencia 2649-03 de marzo 18 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN B

SUPRESIÓN DE CARGOS

PARA ATENDER FUNCIONES MEDIANTE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EXTRACTOS: «En el sub lite se probó que la parte actora prestó sus servicios a la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia como aseador nivel 1 grado 1, desde 22 de agosto de 1986 hasta 17 de marzo de 1997.

Encontrándose probado dentro del proceso la inscripción en el escalafón a carrera administrativa al momento de la desvinculación en el cargo de aseador mediante Resolución 31 del 16 de diciembre de 1993, emanada de la Comisión Seccional del Servicio Civil, como se menciona en la comunicación del secretario de la Comisión Seccional del Servicio Civil el 17 de diciembre de 1993. No obstante, tal acreditación no impide que la administración por razones ligadas a la propia eficacia y eficiencia de la función pública, pueda suprimir determinados cargos, por cuanto ello puede ser necesario para que el Estado cumpla sus cometidos. Por consiguiente, cuando existan motivos de interés general que justifiquen la supresión de cargos en una entidad pública, es legítimo que el Estado lo haga, sin que pueda oponérsele los derechos de carrera de los funcionarios ya que estos deben ceder ante el interés general, tal como lo expresó la Corte Constitucional en sentencia C-527 de 1994 con ponencia del doctor Alejandro Martínez Caballero.

Los contratos administrativos por los cuales se ha mantenido el servicio por intermedio de empresas particulares que contratan personal para seguir cumpliendo con el aseo en este caso; esta conducta administrativa per se no implica una violación al decreto citado, por cuanto las funciones de aseador pese a ser atribuciones de carácter permanente, no son inherentes a las funciones propias del departamento, por lo que nada impide que para el cumplimiento de dichas funciones, el departamento contrate con compañías privadas especializadas en dichos servicios.

Sobre este punto, la Sala de Consulta del Consejo de Estado en concepto de agosto 27 de 1997, radicación Nº 951 con ponencia del H. magistrado Javier Henao Hidrón, manifestó:

“... La Sala considera que por fuera del ejercicio propiamente de funciones públicas, y por tanto no correspondientes al objeto principal de la entidad, es decir, dentro del ámbito de las actividades complementarias de apoyo a la función administrativa, es procedente la contratación con particulares.

Mediante el contrato de suministro es viable entonces que la administración pública cumpla actividades de apoyo y complementación de la función administrativa, tal como ocurre en los casos específicos de la atención de los servicios de aseo, mantenimiento, cafetería y vigilancia, siempre que se obre con sujeción a los principios orientadores de la función administrativa: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”.

Y si en gracia de discusión se hubiesen celebrado contratos de prestación de servicios para realizar la misma función que cumplía la parte actora, mal podría declararse la nulidad de un acto con base en hechos posteriores a él, toda vez que la ilegalidad de un acto surge antes o al momento de su expedición, por lo que no podemos afirmar que existen violaciones futuras.

En este orden de ideas, como los razonamientos planteados por la parte actora en el recurso de apelación no desvirtuaron la legalidad del acto acusado, se impone la confirmación del fallo de primera instancia».

(Sentencia de 18 de marzo de 2004. Expediente 02649-03. Consejero Ponente: Dr. Tarsicio Cáceres Toro).

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