Sentencia 26560 de octubre 19 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Acta 91

Ref.: Expediente 26560

Magistrado Ponente:

Eduardo López Villegas

Bogotá D.C., diecinueve de octubre de dos mil cinco.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la Corporación Financiera del Pacífico S.A., en liquidación, contra la sentencia proferida el 4 de febrero de 2005 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en el proceso seguido por Rodolfo Sandoval Sandoval contra el recurrente.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

Encuentra la Sala que “la confesión plena del actor (fl. 197)” y el reclamo de folio 26, pruebas a que se refiere específicamente en la demostración del cargo para destacar que en la primera el actor “acepta que se pactó entre las partes salario integral” y que, en la segunda, como no figura reclamo ni de cesantía, ni intereses “con ello demuestra su pleno convencimiento de la existencia del ‘salario integral’, tan solo dan cuenta de que el actor reconoce que en febrero de 1996 la corporación demandada “procedió hacer (sic) un cambio en la modalidad de salario básico a la modalidad de salario integral” y de que, a la terminación de su contrato, se limitó a solicitar se le “precisara” la fecha en que se le liquidaría y pagaría la indemnización por despido a que afirma tener derecho y la compensación en dinero de las vacaciones que tiene acumuladas y pendientes, sin que ello en manera alguna logre desvirtuar la consideración básica del sentenciador, en el sentido de que como en el sub examine no se demostró “qué el salario integral que dice haber pagado la demandada haya sido pactado por escrito con el trabajador, tal modalidad no tiene valor...”

Salvo las aludidas pruebas, se limitó la censura anunciar las demás probanzas acusadas, sin hacer referencia alguna a su contenido, comprobar en qué consistió su valoración incorrecta e indicar qué es lo que dichas probanzas en realidad acreditan en contra de lo concluido por el juzgador, conforme lo exige el artículo 90-5-b del C. de P.L., por lo que, dado el carácter dispositivo del recurso extraordinario, no puede la Corte realizar la confrontación correspondiente.

Segundo cargo. Por la misma vía indirecta, acusa nuevamente la aplicación indebida de las disposiciones señaladas en el cargo anterior “por error de derecho ya que exige que exista un documento en que conste el acuerdo sobre salario integral como si se tratara de una prueba ad substantiam actus cuando puede haber otros medios probatorios para probar el acuerdo de voluntades”. Alega que “la confesión del actor ... desconocida por el ad quem constituye un error de derecho”.

V. Consideraciones de la Corte

De conformidad con el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el 18-2 de la Ley 50 de 1990, “... cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario integral que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios...” (negrillas fuera del texto), de donde se colige que se requiere el escrito, para que el pacto de salario integral tenga validez.

La estipulación escrita es, entonces, una solemnidad inherente a la esencia del acto, imprescindible para su eficacia. Así lo precisó la Sala en sentencia del 9 de mayo de 2003, radicación 19683, al advertir que si bien el documento en el que se pacte esa forma de remuneración no requiere fórmulas sacramentales para su elaboración, “el que deba constar por escrito si es una solemnidad, cuya inobservancia trae aparejada su inexistencia, cuyos efectos son los propios de la ineficacia como acto jurídico necesario”.

De tal modo, no incurrió el sentenciador en yerro alguno al concluir que “al no haberse demostrado que el salario integral que dice haber pagado la demandada haya sido pactado por escrito por el trabajador, tal modalidad no tiene valor...”.

No prospera la acusación.

Tercer cargo. Acusa la “infracción directa del artículo 22 de la Ley 510 de 1999, en concordancia con la resolución de la Superbancaria 775 de 1999, y con el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo con la sentencia de inexequibilidad de dicho artículo de la Ley 510 de 1999 C-1049 de agosto 10 de 2000 y artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por numeral 4º del artículo 6º de la Ley 50 de 1990”.

En su demostración advierte que el punto “es eminentemente jurídico pues el ad quem se revela (sic) a aplicar la norma del artículo 22 de la Ley 510 de 1999...” y sostiene:

“Es cierto que la inexequibilidad parcial decretada por la Corte tiene efecto inmediato, pero hacia el futuro mientras la misma sentencia no disponga que tiene efecto hacia el pasado cosa que no ocurrió según el texto de la sentencia en mención; por tanto, cuando el 2 de julio de 1999 procedió la demandada a acatar la resolución de Superbancaria que la obligaba a separar al revisor fiscal (principal o suplente) y a cancelar su registro en la cámara de comercio, la norma del citado artículo 22 estaba cobijada por la presunción de legalidad pues en ese momento no se conocía a la decisión de la Corte (1 año después) en agosto de 2000 y por lo mismo el despido del actor es legítimo y no tiene según su texto derecho a indemnización alguna. Otra cosa ocurriría si la sentencia de la Corte hubiera tenido efectos hacia el pasado, pero ello solo es posible, cuando la propia Corte según su jurisprudencia así lo declare; por tanto, se sigue el principio general según el cual la inexequibilidad tiene solo efectos hacia el futuro.

“Por tanto, la decisión del ad quem de darle efecto hacia el pasado a un acto cumplido bajo el imperio del artículo 22 de la Ley 510 de 1999, es injurídico, y por tanto la indemnización por despido del actor no tiene sustento, pues fue hecho el despido cuando existía y estaba amparado bajo presunción de legalidad el mencionado artículo 22 de la Ley 510 de 1999”.

VI. Consideraciones de la Corte

La infracción directa, como causal de casación, parte del supuesto indispensable de que la norma acusada deba ser necesariamente aplicada, so pena de desconocer el derecho que esta claramente consagra, de modo que de no ser procedente hacerla actuar en el caso controvertido, como sucede en el sub examine, resulta manifiestamente improcedente su acusación por infracción directa.

En el sub judice se predica la infracción en cuestión del artículo 22 de la Ley 510 de 1999 que reza en lo pertinente:

“La toma de posesión conlleva:

(...).

“PAR.—La separación de los administradores y del revisor fiscal por causa de la toma de posesión, al momento de la misma o posteriormente, da lugar a la terminación del contrato de trabajo por justa causa y por ello no generará indemnización alguna”.

Ahora bien: En el presente caso no existe discusión alguna en torno al hecho de que el cargo desempeñado por el actor era el de “asistente revisor fiscal”, por lo que resulta palmario que la norma que pretende hacer valer la corporación recurrente, no podía serle aplicable al trabajador que por tal motivo el tribunal no la infringió.

En nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha cuatro (4) de febrero de dos mil cinco (2005), proferida por la Sala Civil Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en el proceso seguido por Rodolfo Sandoval Sandoval contra la Corporación Financiera del Pacífico S.A., en liquidación.

Sin costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal».

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