Sentencia 2665 de abril 10 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

PERSONERÍAS MUNICIPALES

CARECEN DE PERSONERÍA JURÍDICA

EXTRACTOS: «El libelo introductorio señala como entidad demandada la Personería Municipal de Santiago de Cali, en cuanto la Resolución 17 de 1999 objeto de censura, fue proferida por la señora personera de ese municipio. De esta manera, el tribunal en el auto admisorio de la demanda ordenó notificar en forma personal a la citada funcionaria, sin vincular a ninguna otra entidad.

La Constitución Política en su artículo 118 precisa en cabeza de quienes se halla la función de Ministerio Público, en los siguientes términos:

“El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas”.

De acuerdo con lo anterior, las personerías municipales son órganos de control estatal que representan y salvaguardan los intereses de la colectividad ante las demás autoridades administrativas y judiciales, cumpliendo funciones de Ministerio Público a nivel local, en lo que atañe a la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, así como, las demás funciones que por disposición legal le corresponden, conforme al artículo 178 de la Ley 136 de 1994.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al referirse al régimen de las personerías municipales señaló:

“(...) el régimen de las personerías, que comprende, de una parte, su organización; y, de otra, su actividad o función, pertenece, por una u otra, al régimen administrativo de los municipios o distritos colombianos.

Como organización, las personerías integran la administración municipal, en tanto que corresponde al concejo municipal o distrital determinar, conforme a la ley, su estructura y funciones, y elegir al personero, de conformidad con lo previsto en el artículo 313, numerales 6º y 8º de la Constitución; del mismo modo, corresponde a los alcaldes y al Concejo, elaborar y aprobar los presupuestos de las Personerías (L. 166/94)

Por consiguiente, la circunstancia de que la Constitución, en el artículo 118, señale que el Ministerio Público será ejercido, entre otros, por los personeros municipales, no priva a las personerías de su carácter de organismos municipales o distritales, dado que, como lo anota el señor procurador primero delegado ante la corporación, no están integradas dentro de la organización de la Procuraduría General de la Nación, cabeza del Ministerio Público.

Como actividad o función, las Personerías municipales y distritales tienen a su cargo el “control administrativo” en el municipio (L. 136/94, art. 168), que comprende, entre otras atribuciones, las de “vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas municipales”, “ejercer la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas municipales...”, “vigilar la distribución de recursos provenientes de las transferencias de los ingresos corrientes de la Nación al municipio o distrito y la puntual y exacta recaudación e inversión de las rentas municipales...” (L. 136/94, art. 178, nums. 3º, 4º, 21), funciones estas que no son exclusivas del Ministerio Público” (1) .

(1) Sentencia de 18 de enero de 2000, expediente AI-046, M.P. Juan Alberto Polo Figueroa.

Ahora bien, el artículo 168 de la Ley 136 de 1994 establece que las personerías municipales “cuentan con autonomía presupuestal y administrativa” pero no les confiere personería jurídica. Tal carácter deviene de la Constitución, de la ley o del acto de creación del ente; luego resulta incuestionable que aquellas carecen de la condición que las habilita para comparecer por sí mismas al proceso.

En este orden, surge evidente que debió llamarse al proceso al municipio de Santiago de Cali, por ser la persona jurídica legitimada para comparecer al proceso en defensa del acto demandado. Para ello era imperativo notificar personalmente el auto admisorio de la demanda al señor alcalde municipal, por ser el representante legal del municipio, según las voces del artículo 314 superior; y 315, numeral 3º ejusdem; al no haber instaurado la acción contra la entidad territorial, la demanda sin duda resulta inepta, pues la acción se instauró contra quien no estaba investido de la capacidad para ser parte en el proceso, lo que conduce a afirmar que se vinculó al proceso a quien no estaba legitimado por pasiva para comparecer».

(Sentencia de 10 de abril de 2003. Radicación 2665-02. Consejero Ponente: Dr. Alberto Arango Mantilla).

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