Sentencia 26775 de abril 4 de 2006 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

LA FUERZA MAYOR NO ES CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

Si la empresa no puede continuar, se deben aplicar las reglas para su clausura definitiva.

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo López Villegas

Ref.: Expediente 26775

Bogotá, D.C., cuatro de abril de dos mil seis.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado judicial de la Corporación Financiera del Pacífico S.A. - Corpacífico, en liquidación, contra la sentencia de 7 de febrero de 2005, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso promovido contra la recurrente por Carlos Alberto Correa Cadavid.

I. Antecedentes

1. Carlos Alberto Correa Cadavid demandó a Corpacífico, con el fin de obtener el pago entre otras acreencias laborales, de la indemnización por despido injusto indexada.

Como apoyo de su pedimento indicó que prestó servicios a la entidad convocada a proceso entre el 1º de diciembre de 1995 y el 30 de junio de 1999, en virtud de un contrato de trabajo a término fijo de un año que se fue renovando automáticamente. El vínculo laboral terminó de manera intempestiva y sin causa justificada por decisión unilateral de la entidad. El cargo desempeñado fue el de vicepresidente ejecutivo con un salario integral de $ 6’539.000 al momento del despido, más otras cantidades reconocidas mensual y permanentemente como mantenimiento del vehículo, afiliación a celular, cuota de acción en el club, etc. La demandada adujo para dar por terminado su contrato laboral, que la Superintendencia Bancaria mediante Resolución 775 de 1999, dispuso la toma inmediata de bienes, haberes y negocios de la Corporación Financiera del Pacífico, lo cual conlleva dentro de sus principales efectos, la disolución de la institución de la que se toma posesión y la separación de los directores y administradores. Sin embargo, no citó norma laboral alguna en respaldo de su decisión, ni solicitó autorización del Ministerio de la Protección Social como se exige para los eventos de clausura o liquidación de la empresa (fls. 2 a 14).

2. La demandada contestó el libelo oponiéndose a las pretensiones; negó unos hechos y acepto otros, propuso como excepciones la de prescripción, inexistencia de la obligación, falta de causa, pago, cobro de lo no debido, entre otras. Adujo en su defensa que el contrato de trabajo terminó por cuanto se configuró una causal de fuerza mayor, que conllevaba la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato de trabajo y por lo tanto este quedó terminado por ministerio de la ley (fls. 38 a 45).

3. El juzgado de conocimiento que lo fue el Tercero Laboral del Circuito de Cali, mediante fallo de 28 de mayo de 2003, absolvió a la corporación demandada de todos los cargos elevados en su contra (fls. 490 a 503).

II. Sentencia del tribunal

En virtud de la apelación interpuesta por la parte demandante, conoció el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que en sentencia de 7 de febrero de 2005, revocó la de primer grado y condenó a la Corporación Financiera del Pacífico a pagar al actor la suma de $ 46.757.992,79, por concepto de indemnización por despido injusto, debidamente indexada.

En lo que interesa al recurso extraordinario señaló el juzgador de segundo grado que de conformidad con la carta de despido obrante al folio 20, la empresa para poner fin a la relación laboral adujo justa causa consistente en que la Resolución 775 de 1999 de la Superintendencia Bancaria donde se dispuso la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la Corporación Financiera del Pacífico, así como la separación de los administradores y directores de administración de los bienes de la intervenida, de tal forma que tenía la obligación de cumplir en forma imperativa lo dispuesto en la citada resolución.

Asentó el tribunal que el argumento de la entidad al justificar el despido en el artículo 1º de la Ley 95 de 1890 “comoquiera que la circunstancia planteada en esta norma como justificante de la terminación unilateral por parte del patrono, debe ser contrastada con los principios y valores de la Constitución Política, entre los cuales se resaltan los del trabajo, la justicia y la igualdad. De igual forma esta Sala rechaza la aplicación... del artículo 22 de la Ley 510 de agosto 3 de 1999, toda vez que a la fecha de terminación de la relación laboral, es decir, 30 de junio de 1999, resulta obvio que tal norma no se encontraba vigente y por lo tanto no era aplicable al caso sub judice”.

Más adelante anotó que no se encontraba probado que el actor en su calidad de vicepresidente ejecutivo de la demandada, hubiese sido responsable de los hechos que dieron lugar a la posesión de los bienes, haberes y negocios con fines de liquidación por parte de la Superintendencia Bancaria de Colombia, “situación que nos permite concluir que la causa esgrimida por la empleadora para dar terminación de manera unilateral a la relación laboral, tanto antes como después de la vigencia de pluricitada norma, deviene ilegal y la consecuencia jurídica deberá ser la indemnización...”.

III. Recurso de casación

Inconforme la parte demandada propone recurso extraordinario, el cual una vez concedido por el tribunal y admitido por esta Sala, se procede a resolver, previo estudio de la demanda de casación. No hubo réplica.

Pretende la casación parcial de la sentencia de segundo grado, en cuanto condenó al pago de la indemnización por despido indexada; en sede de instancia, pidió la confirmación de la decisión absolutoria dictada por el juzgador a quo.

Con tal fin formula dos cargos, así:

Cargo primero. Acusa la sentencia “por violar, por la vía indirecta y en la modalidad de aplicación indebida del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 y a su vez modificado por el numeral 3º del artículo 6º de la Ley 50 de 1990; ordinal b) del artículo 116 del Decreto 663 de 1993 (estatuto orgánico del sistema financiero) en relación con la Resolución 775 del 25 de mayo de 1999, de la Superbancaria, artículo 1º de la Ley 96 de 1890; artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo y artículo 8º de la Ley 153 de 1887”.

Como errores evidentes de hecho señala:

“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la orden de la Superintendencia Bancaria de tomar posesión de los bienes de la demandada y de ordenar la cancelación del registro de la cámara de comercio de los administradores no conlleva la terminación legal del contrato de trabajo celebrado con el actor.

“2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada despidió sin justa causa al demandante.

“3. No dar por demostrado, estándolo, que la orden contenida en la Resolución de la Superbancaria 775 de 1999 obligó a la demandada a terminar el contrato de trabajo del actor”.

Como pruebas erróneamente apreciadas indica el contrato de trabajo para prestar servicios a partir del 1º de diciembre de 1995 por un año que fue renovándose automáticamente (fl. 19 y 19 vto.); certificación sobre los salarios devengados por el actor (fls. 485 a 487); carta de terminación del contrato (fl. 10); resolución de la Superbancaria 775 de 1999 (fl. 128 a 132); notificación de la Resolución 775 de 1999 al actor en su calidad de vicepresidente ejecutivo (fl. 133); y certificado del Banco de la República sobre variación del IPC (fl. 126) y ponderado correspondiente (fl. 5 del cuaderno del tribunal).

Refiere como medio de convicción que estima fue preterido por el tribunal, la confesión del actor al absolver la primera y tercera pregunta del interrogatorio de parte (fls. 160 y 161).

En la demostración del cargo aduce el censor que la terminación de contrato de trabajo del demandante se dio en virtud de un mandato legal, que

“... constituye un motivo de causa justa para terminar el contrato pues el Decreto 663 de 1993 le dio a la Superbancaria la facultad de intervenir instituciones financieras para liquidarlas cuando se presentaran hechos que obliguen tal intervención del Estado en defensa del patrimonio de sus acreedores. Así, el interés público debe primar sobre el interés privado de un administrador de la entidad para continuar ejerciendo las funciones de administrador para las cuales fue contratado. Es evidente que el actor era administrador y que fue él quien se notificó de la Resolución 775 de 1999 de la Superbancaria (fl. 133)”.

Cargo segundo. Acusa la sentencia “por violar por la vía directa en la modalidad de infracción directa del ordinal b del artículo 116 del Decreto 663 de 1993 (estatuto orgánico del sistema financiero) en concordancia con la Resolución de Superbancaria 775 de 1999, y artículo 1º de la Ley 95 de 1890 y artículos 16 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo lo que condujo a aplicar el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, a su vez modificado por el numeral 3º del artículo 6º de la Ley 50 de 1990, y artículo 8º de la Ley 153 de 1887”.

Al sustentar la acusación, estima el impugnante que el tribunal se rebeló contra el ordinal b del artículo 116 de 1993, que dispone que la Superbancaria al tomar posesión de una entidad financiera para liquidarla, ello conlleva “La separación de los administradores y directores de la administración de los bienes de la intervenida”.

Añade que

“Era por tanto obligación legal la separación del actor como vicepresidente financiero y allí obraba la liquidadora a dar por terminado el contrato de trabajo por orden de autoridad como lo es la Superbancaria con relación a las entidades financieras sometidas a su control”.

IV. Consideraciones de la Corte

La Corte procederá al estudio conjunto de los dos cargos que se elevan contra el fallo del tribunal, pues aunque el primero de ellos se dice planteado por el sendero fáctico, en realidad, al igual que el segundo, contiene disquisiciones jurídicas sobre la procedencia de la indemnización por despido en los eventos en que la separación del cargo de los administradores y directivos de las entidades vigiladas se da como consecuencia de la intervención de la Superintendencia Bancaria con fines liquidatorios.

El ordinal b del artículo 116 del Decreto 663 de 1993 o estatuto orgánico del sistema financiero, acusado como preterido por el tribunal en el fallo gravado, disponía entre los efectos de la toma de posesión por parte de la Superintendencia Bancaria de una institución vigilada para efectos de su liquidación por las causales previstas en el artículo 114 ibídem, “b) La separación de los administradores y directores de la administración de los bienes de la intervenida”.

La infracción directa como modalidad de trasgresión de la ley sustantiva, se refiere a la inaplicación por parte del fallador de un determinado precepto legal por ignorancia o rebeldía, es decir, que el operador judicial se abstiene de hacerle producir efectos a la norma no obstante que ella gobierna la controversia sometida a su conocimiento.

De la providencia acusada se desprende el desapercibimiento del ad quem de las normas del estatuto orgánico del sistema financiero que, en su versión inicial, regulan la separación de los administradores de una entidad financiera por consecuencia de la intervención que en ella hace la Superintendencia Bancaria; ciertamente, le bastó descartar la aplicación de la Ley 510 de 1999, por cuanto no regulaba la situación bajo estudio acaecida con anterioridad a su expedición, pero, dejando incompleto el ejercicio argumental, no se adentró a determinar cuál era la norma que, en lugar de la que desestimaba, sí tenía aplicación, y que es por la cual la censura reclama infracción directa.

Así por tanto los cargos son fundados pero, como por razonamientos diferentes a los planteados por el ad quem, la decisión de este se ha de mantener, no son prósperos.

La invocación del artículo 116 del Decreto 663 de 1993, se hace por considerar la censura que en él se consagra una justa causa de despido o, es su segundo planteamiento, porque con su aplicación se configura una fuerza mayor, la que echa de menos en las consideraciones del tribunal, al no haber sustentado el fallo en el artículo 1º de la Ley 95 de 1890.

La estabilidad laboral es un derecho de los trabajadores, cuya garantía se cifra en que los contratos de trabajo solo terminan, ope legis, por las causales expresamente señaladas en la ley, incluida la decisión unilateral de una de las partes, en las condiciones y consecuencias previstas también de manera explícita.

El derecho a la estabilidad se traduce, cuando es conculcado, en el derecho al reintegro, en precisas y restrictivas circunstancias determinadas en la ley, o acordadas en convenios o pactos colectivos o contratos de trabajo, o en el derecho a una indemnización, liquidada bajo las reglas del derecho común, o con las tarifas señaladas en el derecho laboral de acuerdo con las modalidades de duración del contrato, o también establecidas en alguna de las fuentes normativas del derecho laboral.

La terminación del contrato de trabajo por motivos o en circunstancias diferentes a las previstas en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, constituye violación al derecho de la estabilidad, y por tanto da el derecho a reclamar su garantía.

Bajo las anteriores premisas se ha de indicar que la autorización de separar a administradores y directores de la administración de los bienes, a la Superintendencia Bancaria, no cabe dentro de alguna de las previsiones del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, ni constituye una causa más para agregar a las que taxativamente señala el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965.

Ciertamente, la previsión del artículo 116 del Decreto 663 de 1993, se ha de entender como una autorización legal para dar por terminado el contrato de trabajo; no podría cumplirse de otra manera la separación de la administración de aquellos trabajadores de nivel directivo y administrativo, cuya función queda desprovista de contenido, y su alto rango, es de presumir, impide soluciones decorosas para que sus servicios puedan ser aprovechados en otra área.

No pasa desapercibido para la Sala, que el ad quem dio por sentado que el despido era ilegal, y aunque, como ya se dijo, sus razonamientos lo fueron sobre una norma distinta y posterior, —Ley 510 de 1999— esta era de contenido similar a la del artículo 116 del estatuto orgánico del sistema financiero, por lo que conviene precisar, que no puede ser ilegal el despido que tiene por fuente la ley; solo lo podría ser si su texto es expulsado del ordenamiento jurídico, ora en sede de exequibilidad, ora previa aplicación de la excepción de inconstitucionalidad.

Sin embargo una autorización legal de despido no es equivalente a una causal para el despido justo, que requiere de disposición expresa. Valga ilustrar esta aseveración con la comparación entre el artículo 116 del Decreto 663 de 1993, y el artículo 22 de la Ley 510 de 1999; en esta última preceptiva la circunstancia de la toma de posesión es señalada expresamente como causal de justificación del despido, y por ende, a contrario sensu, la omisión de tal tratamiento en el estatuto orgánico lleva a entender que el despido es meramente legal.

La separación de los administradores no solo ha de responder a una racionalidad administrativa y una concepción del ejercicio de control, sino también debe guardar coherencia con las normas que gobiernan el mundo del trabajo, en especial, cuando las medidas adoptadas alteran, modifican o afectan los derechos de los trabajadores; la vocación tuitiva del derecho laboral no se resigna en ámbitos legislativos especiales; por el contrario sus normas prevalecen sobre cualesquiera otras de rango legal, como lo estipula el artículo 20 del Código Sustantivo del Trabajo; la protección de los ahorradores no puede ser invocada para desconocer los derechos de los trabajadores.

La jurisprudencia tradicional de esta Sala de la Corte, ha diferenciado la legalidad del despido de la justificación del mismo, esto es, la terminación unilateral por mera causa legal, de aquella que procede por justa causa, con la consecuencia divergente de que en el primer caso, hay lugar a reconocer al trabajador la correspondiente indemnización.

No puede esta Sala hacer caso omiso de las relevantes consideraciones de constitucionalidad de una norma del talante del artículo 116 del Decreto 663 de 1993, hechas en la sentencia objetada a propósito de la versión plasmada en la Ley 510 de 1999, y a la luz del derecho constitucional al debido proceso de un trabajador directivo o administrador que sea separado de la administración de los bienes, como consecuencia de la intervención de la autoridad de control, y como una de las medidas para hacer efectiva la toma de posesión de la entidad con el fin de iniciar su proceso de liquidación.

Este mandato ex lege persigue el fin de tutelar los intereses de los ahorradores, depositantes, asegurados e inversionistas, impone reconducir la administración de la entidad financiera hacia unos objetivos precisos y restringidos, como es el de liquidarla, asumiendo la Superintendencia de manera íntegra y directa la responsabilidad de la administración; es inherente a ese cometido el que deban ser separados quienes cumplían tal función en la entidad.

Esta es una de aquellas causales de despido que están relacionadas con la gestión de la entidad o de la empresa, con una racionalidad que se finca en requerimientos técnico-administrativos o de la actividad productiva, o en la organización del trabajo, esto es, referidas únicamente a condiciones objetivas que se evalúan con prescindencia de la personalidad o la individualidad de los trabajadores; frente a esta eventualidad está por demás el adelantamiento de un trámite disciplinario; por fuerza de las cosas, carece de sentido determinar culpas del trabajador cuando no hay cargos en contra suya, o no es del caso su formulación.

Efectivamente, la toma de posesión es un mecanismo de intervención para, entre otros objetivos, defender a los usuarios del servicio financiero, pero no el de sancionar a directivos o administradores, lo cual tiene sus cauces diversos.

Como se indicó atrás, la reclamación de la censura se fundamenta también, en la invocación de la fuerza mayor, originada en un despido por orden de autoridad.

En coherente correspondencia con la premisa señalada, —que las causales de terminación del contrato de trabajo son taxativas—, la Sala ha de recoger y corregir anterior jurisprudencia para en su lugar asentar que la fuerza mayor no es una causal con la virtualidad de poner fin al vínculo contractual, solo obra como causal de suspensión temporal, en los términos que dispone el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo; no se opone lo anterior a que si el evento irresistible apareja consecuencias irreparables y definitivas que impidan la continuidad de la empresa, las nuevas circunstancias se sujeten a lo previsto por la ley para la clausura definitiva de la empresa.

Por lo demás, la fuerza mayor ha de consistir en un hecho externo y extraño a la actividad productiva o institucional y a la esfera de influencia de las determinaciones del empresario, y por lo mismo imprevisible para él; y ello no puede predicarse de la intervención de la autoridad que surge del desarrollo mismo de la gestión del objeto social, de una contingencia ponderable, pues es riesgo propio de los negocios su fallecimiento; por lo demás, la actuación de la autoridad del órgano de control no impide las ejecuciones del empleador, solamente lo sustituye.

Por las razones anteriores no prosperan los cargos.

Sin costas en el recurso extraordinario por no haber sido causadas. Y por ser fundados los cargos.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de siete (7) de febrero de dos mil cinco (2005), proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en el proceso seguido por Carlos Alberto Correa Cadavid contra la Corporación Financiera del Pacífico S.A. en Liquidación - Corpacífico S.A.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal.

Eduardo López Villegas—Gustavo José Gnecco Mendoza— Carlos Isaac Nader—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz. 

María Ismenia García Mendoza, Secretaria

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