Sentencia 26977 de noviembre 10 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

ACCIÓN DE REPETICIÓN

Contra funcionario que ejerció acoso sexual causante de condena al Estado.

EXTRACTOS: «La acción de repetición es un mecanismo judicial que la Constitución y la ley otorgan al Estado, y tiene como propósito el reintegro de los dineros que, por los daños antijurídicos causados, como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o ex servidor público, e incluso del particular investido de una función pública, hayan salido del patrimonio estatal, para el reconocimiento de la respectiva indemnización.

La finalidad de dicha acción es la protección del patrimonio estatal, necesario para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado social de derecho.

Como una manifestación del principio de responsabilidad, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que, “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este”.

En el mismo sentido, la acción de repetición figura en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430 de 2000, como un mecanismo para que la entidad condenada judicialmente, en razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario suyo, pueda solicitar de este, el reintegro de lo que ha pagado como consecuencia de una sentencia.

El mandato constitucional encuentra también desarrollo en la Ley 678 de agosto 3 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”.

Dicha ley define la de repetición como una acción civil de carácter patrimonial, que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que, como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa, haya dado lugar al reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.

El caso concreto

1. El 18 de agosto de 1995, el Ministerio de Minas y Energía presentó, dentro del término legal, acción de repetición contra Samuel Antonio Urrea Castaño, dado que, según dijo, fue la conducta dolosa del citado señor la que dio lugar a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida el 23 de julio de 1993, condenara a la entidad pública a pagar $ 17.528.425, a la señora Martha..., lo cual ocurrió el 5 de enero de 1995, según certificación expedida por el Jefe de la División de Pagaduría del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, obrante a folio 61, del cuaderno 1.

Si bien la demanda de repetición fue formulada antes de que entrara en vigencia la Ley 446 de 1998, debe entenderse, que el término de caducidad aplicable, en este caso, será el mismo que el de la acción de reparación directa, término que, de conformidad con el artículo señalado, vigente para la época de presentación de la demanda de repetición, era de dos años, contados a partir del acaecimiento del hecho generador de la repetición, es decir, el pago de la condena (1) .

2. Para que la entidad pública pueda ejercitar la acción de repetición se requiere: a) De la condena a una entidad pública, a reparar los daños antijurídicos causados a un particular, o de una conciliación u otra forma de terminación de un conflicto; b) Dicha condena, conciliación o forma de terminar el conflicto debe ser consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario o ex funcionario público, o del particular que ejerce funciones públicas.

En el presente caso, se encuentra acreditada la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra la entidad pública, como consecuencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por Martha.... En efecto, mediante sentencia de julio 23 de 1993, el Tribunal condenó al Ministerio de Minas y Energía, en los siguientes términos:

“1. Anúlase la Resolución 000390 del 7 de Abril de 1986, del Ministerio de Minas y Energía, mediante la cual se aceptó la renuncia presentada por Martha..., identificada con la C.C. Nº... del cargo de secretaria ejecutiva 5040-11 de la Dirección General de Minas, despacho del secretario general.

2. Como restablecimiento del derecho se ordena al Ministerio de Minas y Energía, reintegrar a la señora Martha..., al cargo que venía desempeñando o a otro de igual o superior jerarquía, dentro de dicha entidad, en las condiciones señaladas en la parte motiva de esta providencia (fl. 25, cdno. 2).

3. Condénase a la Nación - Ministerio de Minas y Energía, a reconocer y pagar a la actora de este proceso los sueldos, primas, vacaciones, bonificaciones y demás emolumentos que haya dejado de percibir por el normal desempeño del cargo, desde el momento del retiro hasta aquel en que efectivamente sea reintegrada al servicio del citado ministerio” (fl. 36, cdno. 1).

Teniendo en cuenta que el primero de los requisitos señalados está acreditado, se debe establecer si la conducta del funcionario público Samuel Antonio Urrea Castaño, en los hechos que dieron lugar a la condena de la entidad estatal, es constitutiva de dolo, como lo afirmara el tribunal:

“Las probanzas indican que el hecho es imputable al señor Samuel Urrea Castaño a título de dolo, pues está demostrado que la renuncia de Martha... como secretaria ejecutiva de la Dirección General de Minas, se debió al ambiente difícil que el referido funcionario propició, al asediarla constantemente con propuestas poco decorosas aprovechando su posición”.

Por no existir prueba que contradiga a la conclusión que llegó el tribunal, se deduce que la conducta del señor Samuel Urrea Castaño no fue consecuente con el comportamiento ejemplar que se le exigía como servidor público” (fl. 98, cdno. 3).

Según el tribunal, la conducta desarrollada por el ex agente estatal Urrea Castaño es constitutiva de dolo, dado que ejerció presiones malintencionadas e indecorosas sobre la señora Martha..., aprovechando su condición de jefe inmediato, circunstancia que propició la creación de un ambiente difícil y hostil, en el lugar de trabajo, y como quiera que ella no accedió a las propuestas formuladas por él, se vio en la necesidad de renunciar al cargo que desempeñaba en el Ministerio de Minas y Energía.

Para la época en que se presentaron los hechos, de conformidad con las pruebas allegadas al expediente, se encuentra acreditado que, el 13 de diciembre de 1985, fue nombrado mediante Decreto 3671, el señor Samuel Urrea Castaño, en el cargo de director general del Ministerio de Minas y Energía, el cual desempeñó hasta el 28 de agosto de 1986, cuando le fue aceptada la renuncia mediante Decreto 2677 (fls. 1, 2, 3 cdno. 1). De igual manera, a folio 5, del cuaderno 1, obra prueba, en fotocopia autenticada, del acta de posesión de la señora Martha..., en el cargo de secretaria ejecutiva del Ministerio de Minas y Energía, con fecha de abril 1º de 1985, así como de la Resolución 000390 de abril 7 de 1986, mediante la cual se le aceptó la renuncia al cargo que ocupaba (fl. 6, cdno. 1).

En cuanto a la conducta imputada al señor Urrea, obra en el expediente la declaración de la ofendida, quien sobre lo sucedido, señaló:

“PREGUNTADO: Haga un relato de todo lo que le conste en relación con la conducta asumida por el señor Samuel Antonio Urrea Castaño durante la permanencia en el Ministerio de Minas y Energía. CONTESTÓ: Yo entré el 14 de agosto de 1988 (sic) a trabajar en el Ministerio de Minas como secretaria y fui secretaria del señor en mención, ya que era el Director General de la Dirección General de Minas, era mi jefe inmediato, el empezó con sus exigencias de que me quedara tarde, y luego un acoso muy acelerado, propuestas distintas, incluso sacó a mi ayudante Manuel Herrera, llegó el momento en que dejó que yo hiciera todo, yo tenía una relación y mi jefe se enfurecía por las visitas, hacía incluso comentarios de lo que quería conmigo a su conductor, cuando yo no accedí a sus deseos (sic) inició una agresión y guerra psicológica violenta, yo enviaba copias al ministro, a todas las instancias posibles, hasta que me desesperé y pasé mi carta de renuncia, ese mes me llamó el ministro para que retirara la renuncia que no se justifica[b]a ensuciar el nombre de su amigo, yo le dije que yo no la retiraba, hacia el año 1985, llegó la resolución de destitución y salí de la entidad, y yo fui con todos esos documentos a donde el abogado José Antonio Tejada que inició un proceso judicial, eso duró casi ocho años y salió el proceso a favor, condenando [a] la Nación por acoso sexual, saliendo la noticia en el periódico del 24 de julio de 1993 (sic) Espectador (sic) (fl. 63, cdno. 1).

Como quiera que las pruebas practicadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Minas y Energía fueron trasladadas, en fotocopia autenticada, por petición de la parte actora, serán valoradas en este proceso, teniendo en cuenta que, en la contestación de la demanda, el apoderado del señor Urrea Castaño pidió que fueran tenidas como pruebas las que obran en el expediente y las solicitadas por la parte actora (fl. 54, cdno. 1).

Luis Enrique Triviño Méndez, quien declaró en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho manifestó:

“PREGUNTADO: Sírvase decirnos si conoce a la señora Martha..., en caso afirmativo desde cuándo la conoce, expresando las circunstancias y tiempo del conocimiento y si ha tenido relaciones de amistad o de trabajo con dicha persona. CONTESTÓ: Sí la conozco, ella trabajó conmigo en el Ministerio de Minas, hace unos cuatro (4) años, trabajamos como seis meses en la misma oficina, la Dirección General de Minas. (...) Sí ella, se quejaba de malos tratos por parte del jefe inmediato. Maltratos que los pudimos observar los compañeros, porque él no disimulaba. Por ejemplo él siempre la perseguía queriéndola enamorar pero en una manera muy hostigante y brusca, ejemplo, si la señora Martha llegaba bien arreglada, él le decía que cómo estaba hoy de buena. También acostumbraba hacerla entrar al despacho de él y le hacía cerrar la puerta. Luego ella salía quejándose, que él la tocaba y que le proponía cosas indebidas. También como los archivadores eran en la misma oficina donde nosotros trabajábamos, entonces le mandaba desarchivar algo y pasaba por el lado y la tocaba. Ella siempre se estuvo quejando de esa persecución, diciéndonos que si no conseguía el traslado le tocaba renunciar. PREGUNTADO. Sírvase decirnos, qué cargo desempeñaba la persona que usted denomina jefe de la señora Martha... y qué cargo desempeñaba dicha señora, indicándonos la División, Sección o Grupo dentro de la organización del Ministerio. CONTESTÓ: “El era el jefe de la Dirección General de Minas y ella era la secretaria de él. (...) Lo antes dicho me consta, porque yo lo viví de cerca. La vi varias veces llorar, quejándose de los sucedido y manifestándole a más compañeros lo que venía sufriendo” (fl. 131, cdno. 1).

Por su parte, Alfonso Garay, quien se desempeñaba como conductor del señor Urrea Castaño, señaló:

“PREGUNTADO: Sírvase decirnos si conoce a la señora Martha..., en caso afirmativo nos indicará las circunstancias y el tiempo de ese conocimiento y sí tuvo relaciones de amistad y de trabajo con dicha persona. CONTESTÓ: Bueno, yo la conocí en el ministerio, hace años, y mis relaciones fueron de trabajo que fue como la conocí allá, en el Ministerio de Minas. PREGUNTADO: Sírvase decirnos qué cargo desempeñaba la señora Martha ... en el Ministerio de Minas y qué cargo desempeñaba el testigo para 1986, indicándonos la sección, división o grupo a que pertenecían cada uno de ustedes. CONTESTÓ: Bueno, la señora Martha era la secretaria del doctor Urrea, el Director de Minas, la conocí ahí, y yo era el conductor de él, ese era el cargo mío (...) En una ocasión pues él me comentaba en el carro, que le gustaba la hembra, pues que él tenía deseos de estar con ella. Eso me lo comentaba a mí dentro del carro. Y en una ocasión en la oficina, le mandó la mano, le cogió la cola, le mandó la mano y ella se salió de la oficina, se fue llorando y creo que por este motivo más tarde supe que la habían retirado, no sé exactamente los días, es que él la perseguía constantemente, la perseguía mucho (...) en una ocasión él me decía que le gustaba la vieja, que sino era posible que se acostara con él la echaba” (fl. 135, cdno. 1).

La versión de la señora Martha..., en cuanto al acoso sexual de que fue víctima por parte de su jefe inmediato, el ex director general del Ministerio de Minas y Energía, Samuel Urrea Castaño, coincide con las declaraciones de Luis Enrique Triviño, compañero de trabajo de la víctima, quien advirtió del permanente asedio al que fue sometida por su jefe, a tal punto, que tales escenas se repetían constantemente en presencia de las demás personas que laboraban en ese lugar; dicha circunstancia la llevó a tomar la decisión de renunciar al cargo de secretaria de la dirección ejecutiva del Ministerio de Minas y Energía. Lo manifestado por este testigo es confirmado por Alfonso Garay, conductor del señor Urrea Castaño, quien señaló que su jefe ejercía un acoso sexual permanente, verbal y físico, sobre la señora Martha..., lo cual resultaba evidente a los ojos de los demás. Según el señor Garay, en reiteradas ocasiones observó la forma como su jefe la acosaba sexualmente, en otras, fue el mismo señor Urrea quien le comentó que si no obtenía lo que buscaba, la despediría.

Tales declaraciones resultan contundentes a la hora de valorar la conducta indecorosa asumida por el señor Urrea, en relación con el trato dado a su subalterna, pues se trata de personas que laboraban en el mismo lugar donde se presentaron los hechos, el uno como compañero de oficina de la víctima, el otro como conductor del vehículo asignado al agresor, quienes fueron testigos presenciales de las degradantes humillaciones a las que fue sometida la señora Martha..., en su condición de mujer, madre y esposa.

La presión permanente de que fue víctima la señora Martha..., y los constantes rechazos a las propuestas malintencionadas de su jefe, crearon un ambiente difícil de trabajo, que la llevaron a tomar la decisión de renunciar al cargo de secretaria ejecutiva del Ministerio de Minas y Energía, renuncia que fue presentada ante el secretario general de dicha entidad, el 11 de marzo de 1986, en los siguientes términos:

“De manera respetuosa me permito presentar a usted renuncia del cargo que ocupo en este ministerio, como secretaria ejecutiva 5040-11 de la Dirección General de Minas, el cual vengo desempeñando desde el 12 de agosto de 1981, por cuanto se me ha hecho imposible laborar en el ambiente de intriga y mesquindades (sic) que ha impuesto el nuevo Director de Minas Samuel Urrea Castaño, secundado por la camarilla de áulicos oportunistas de siempre” (fl. 122, cdno. 1).

El 20 de marzo siguiente, la señora Martha... dirigió una carta al entonces Ministro de Minas y Energía, Iván Duque Escobar, en la que concretó las acusaciones contra el señor Urrea Castaño:

“Al respecto me permito manifestar que si bien se trata de una situación desagradable, atentatoria contra mi dignidad, buenas costumbres, mi condición de mujer casada y madre pongo en su conocimiento los siguientes hechos:

Desde que el doctor Urrea Castaño se posesionó del cargo de Director General de Minas, se puso a la tarea de asediarme permanentemente; en repetidas ocasiones me hacía invitaciones a “tomar algo”, expresión que usted señor Ministro y yo sabemos lo que significa. Para demostrar que no son falsas imputaciones lo que hago con este escrito, señalo por ejemplo el día 14 de febrero de 1986, fecha en la cual se celebró la clausura del seminario sobre “Integración, consolidación programática, secciones regionales mineras”, me llamó para invitarme que al finalizar el acto nos podríamos tomar unos tragos. Como en ocasiones anteriores rechacé tal invitación, a lo cual reaccionó bruscamente, increpándome el porqué “yo no asistía a ningún acto social del ministerio”, replicándole que por ser un acto de mi libre y personal elección y además por carecer de tiempo para ello, me abstenía de asistir.

A partir de ese día, su actitud hacía mi se volvió francamente hostil, llegando a tener para conmigo detalles desobligantes como dar portazos, mirarme y tratarme de manera despectiva” (fls. 8, 9, cdno. 1).

Las pruebas allegadas no dejan duda de la situación difícil que debió padecer la afectada, como consecuencia del acoso sexual permanente al que fue sometida por su jefe. Tal conducta, censurable desde todo punto de vista, no se adecua a la que debe observar todo servidor público, que está en la obligación de acatar la Constitución, la ley y los reglamentos, y de observar una conducta acorde con su condición de servidor público.

El trato al que fue sometida la señora Martha..., por parte del ex director general del Ministerio de Minas y Energía, constituye un caso típico de acoso sexual, definido por la Organización Internacional del Trabajo (2) , OIT, como:

“... cualquier tipo de acercamiento o presión de naturaleza sexual tanto física como verbal, no deseada por quien la sufre, que surge de la relación de empleo y que da por resultado un ambiente de trabajo hostil, un impedimento para hacer las tareas y/o un condicionamiento de las oportunidades de ocupación de la persona perseguida.

Según la OIT, para que haya acoso sexual deben integrarse tres elementos: un comportamiento de carácter sexual, que no sea deseado y que la víctima lo perciba como un condicionante hostil para su trabajo, convirtiéndolo en algo humillante.

Por otro lado, el acoso sexual viola derechos sexuales básicos como el derecho a la libertad sexual (la posibilidad de los individuos de expresar su potencial sexual, libres de coerción, explotación o abuso en cualquier tiempo y situaciones de la vida) y el derecho a la autonomía sexual, integridad sexual y seguridad del cuerpo sexual, lo que incluye el control y el placer de nuestros cuerpos libres de violencia de cualquier tipo. Y, todos los especialistas concluyen que, cuando esta violación a la integridad humana se da en el ámbito del trabajo, representa una violación del derecho de trabajar en un ambiente digno y humano, es decir, es también violencia laboral (...).

El acoso sexual es una forma de discriminación por razón del género, tanto desde una perspectiva legal como en su concepto. Si bien los hombres pueden ser también objeto de acoso sexual, la realidad es que la mayoría de víctimas son mujeres. El problema guarda relación con los roles atribuidos a los hombres y a las mujeres en la vida social y económica que, a su vez, directa o indirectamente, afecta la situación de las mujeres en el mercado de trabajo.

El acoso sexual se presenta de muchas formas. Una de las más notorias es el llamado acoso quid pro quo, expresión que describe la situación de la empleada obligada a elegir entre acceder a unas demandas sexuales o perder algún beneficio, algo que le corresponde por su trabajo. Dado que esto solo puede ser cometido por alguien con el poder de dar o quitar un beneficio derivado del empleo, este acoso quid pro quo es una forma de acoso sexual que entraña un abuso de autoridad por parte del empleador. Semejante chantaje sexual se considera en general particularmente reprobable, puesto que supone una violación de la confianza y un abuso de poder (...).

Las consecuencias del acoso sexual pueden ser demoledoras para la víctima. Además de los dañinos efectos físicos y psíquicos mencionados antes, la víctima corre el riesgo de perder su trabajo o experiencias relacionadas con él, tales como su formación profesional, o llegar a sentir que la única solución posible es renunciar a todo ello. El acoso sexual lleva a la frustración, pérdida de autoestima, absentismo y una merma de la productividad”.

La conducta asumida por el señor Urrea Castaño frente a su subalterna, prevalido de su condición de superior jerárquico, es una muestra clara de abuso de poder y de extralimitación en el ejercicio de sus funciones, pues desconoció abiertamente los deberes que su condición de agente estatal le impuso; más aún, lejos de ser una conducta desprevenida y aislada, fue intencional, querida y permanente, ya que sometió a la señora Martha... a un trato degradante, discriminatorio y humillante, y ni siquiera vaciló en hacer públicas sus intenciones.

Así las cosas, resulta evidente el comportamiento reprochable y malicioso del ex agente estatal, comportamiento que se puede calificar como de doloso, dado que pretendió alcanzar un resultado contrario a derecho, consciente de que con su conducta quebrantaba una obligación y vulneraba un interés jurídico ajeno.

Con su actuar, el señor Urrea vulneró varias disposiciones del ordenamiento constitucional, entre ellas, el artículo 6º, según el cual: “Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”; El artículo 12: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”; El artículo 43: “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”.

Conforme a lo anterior, se concluye que la conducta dolosa del señor Urrea Castaño fue la causante de que la señora Martha... renunciara al cargo de secretaria ejecutiva de la Dirección General del Ministerio de Minas y Energía, y de que dicha entidad haya sido condenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a pagar a la víctima, las sumas de dinero dejadas de percibir durante el tiempo que permaneció por fuera de la entidad.

En esas condiciones, se encuentran suficientemente acreditados los presupuestos del artículo 90 de la Carta Política, por lo que el señor Samuel Urrea Castaño será condenado a reintegrar, a la Nación-Ministerio de Minas y Energía, la suma pagada por esta, como consecuencia de la condena impuesta.

Para tal propósito se actualizará la condena impuesta por el tribunal, el 1º de octubre de 2003, esto es, la suma de $ 49.598.182, de conformidad con la siguiente fórmula:

(Índice final )

Ra = Vh ———————————————————

(Índice inicial)

(159.82) (agosto/ 2005)

Ra = $ 49.598.182. ————————————————————= $ 54.928.844

(144.31) (octubre / 2003)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia de octubre primero de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. Condénase al señor Samuel Urrea Castaño, identificado con la cédula de ciudadanía 8.236.532 de Medellín, a pagar a la Nación - Ministerio de Minas y Energía la suma de cincuenta y cuatro millones novecientos veintiocho mil ochocientos cuarenta y cuatro mil pesos mcte. ($ 54.928.844).

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese».

(Sentencia de 10 de noviembre de 2005. Expediente 26977. Consejero Ponente: Dr. Alier E. Hernández Enríquez).

(1) El artículo 45, numeral 9º, de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señaló un término de caducidad de dos años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad.

(2) http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/doc/cinter/pacto/cue_gen/aco_sex.htm

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