•Sentencia 26T de marzo 16 de 2000

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Rad. Nº 20009026T, mar. 16/2000

M.S. Dra. Leonor Perdomo Perdomo.

Aprobado según acta dieciséis de dieciséis de marzo del dos mil.

Objeto de decisión

Resuelve la Sala la impugnación formulada por el Doctor Jesús Antonio Pineda Bocanegra Procurador 178 Judicial de Villavicencio, contra el fallo del once de febrero del año en curso, mediante el cual la Sala jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, negó el amparó de los derechos fundamentales de Petición y Libertad del señor Jesús Francisco García Cáceres.

Antecedentes

1. Del libelo de tutela.

El accionante Jesús Francisco García Cáceres actualmente privado de la libertad en la Colonia Penal de Oriente de Acacías, señala en su libelo de tutela que, fue condenado por un Juzgado Regional de Santafé de Bogotá D.C., a la pena de 40 meses de prisión al ser hallado responsable del delito de porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares en concurso con hurto calificado y agravado.

Precisa que el 12 de agosto de 1999 elevó solicitud de libertad condicional al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio, estrado que se abstuvo de resolverle dicha petición aduciendo la falta del cuaderno de copias del proceso, y acota que, con idéntico argumento el despacho le ha respondido dos solicitudes que en el mismo sentido ha formulado; razón por la que se ve obligado a instaurar la presente acción al considerar vulnerado su derecho fundamental de petición, toda vez que, se le ha dilatado la concesión de su libertad condicional (fl. 2 cdno. orig.).

2. Actuación procesal.

El 31 de enero del año en curso, la Sala presidida por el honorable magistrado Christian Eduardo Pinzón Ortíz del Consejo Seccional del la Judicatura del Meta al avocar conocimiento de la demanda de tutela entre otras pruebas dispuso la práctica de inspección judicial al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio a fin de corroborar el dicho del actor respecto del trámite que se le ha dado a las solicitudes referidas por el mismo en su libelo de demanda (fl. 6 cdno. orig).

En tal virtud, el 4 de febrero del año que discurre, se llevó a cabo la citada diligencia lográndose establecer que, con fecha 7 de abril de 1999 aparece un auto proferido por el Juzgado de Ejecución de Penas de Acacías en el que se indica la imposibilidad de resolver la petición de libertad condicional impetrada por el accionante por no contar con el cuaderno de copias de la causa seguida en contra del petente; ese mismo día se oficia al juzgado Regional de Santafé de Bogotá D.C., con el objeto de que se allegue con carácter urgente el citado cuaderno.

Aparecen igualmente cinco solicitudes de libertad condicional desde el mes de mayo hasta diciembre de 1999, que corrieron igual suerte que la anterior, como quiera que el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio, se abstuvo de emitir pronunciamiento de fondo al carecer del cuaderno de copias del expediente que cursó en contra del actor García Cáceres (fls. 41 al 46 cdno. orig.).

Vía fax el señor Jorge A. Cruz Rojas secretario del Centro de Servicios Administrativos de Santafé de Bogotá D.C., juzgados penales del circuito especializados, allegó al expediente de tutela oficio SE-0068 en el cual informó que el cuaderno de copias fue remitido por correo express el 2 de febrero del año que avanza al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio (fl. 50 cdno. orig.).

3. Fallo de instancia.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, en sentencia del once (11) de febrero del año en curso, resolvió no tutelar los derechos fundamentales de petición y libertad de Jesús Francisco García Cáceres.

En suma el a quo consideró que el juez de ejecución de penas accionado no vulneró el derecho fundamental de petición del petente, toda vez que, las solicitudes de libertad del actor “fueron resueltas mediante sendas providencias dictadas por el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad... además tales providencias le fueron notificadas al penado en la Penitenciaría, según constancia dejada por el asesor jurídico de la misma...”.

Para el fallador de primer grado cuando se eleva una petición al interior de un proceso en curso, como en el caso a estudio, basta con que el juez o funcionario judicial resuelva la misma notificándola conforme a ley tal como se hizo en el presente evento según constancia suscrita por el asesor jurídico del centro penitenciario en donde se halla recluido el actor.

De otro lado, adujo el a quo que si bien, no prospera el amparo constitucional, resulta importante resaltar el hecho de que las respuestas emitidas por el estrado demandado no definieron “el fondo de la cuestión planteada, limitándose simplemente a quejarse de no tener Ia copia del expediente a su disposición...”, a pesar de contar con los datos suministrados por la cárcel, las constancias de trabajo y estudio así como las calificaciones de conducta del interno y tener la posibilidad de solicitar copia a otras autoridades, como las que relacionan los artículos 501 y 502 del Código de Procedimiento Penal.

Precisó el fallador que si el demandante estima que su privación de la libertad ha sido prolongada ilícitamente, tanto las normas de procedimiento penal como la Carta Magna, lo autorizan para que ejerza la acción pública de habeas corpus, mecanismo expedito que desplaza en su efectividad a la acción de tutela.

Termina el juez de instancia haciendo las operaciones aritméticas que le permiten concluir que el accionante ha redimido 6 meses y 14 días de pena, tiempo que sumado al que lleva privado de la libertad García Cáceres arroja un total de 36 meses 10 días equivalentes a más de las dos terceras partes de la sanción impuesta, puntualizando que el análisis de los demás requisitos exigidos a fin de acceder a la concesión del subrogado que demanda, son del resorte exclusivo del juez natural en razón de la autonomía judicial que caracteriza las actuaciones del juez encargado de vigilar la ejecución de la pena impuesta al petente.

A fin de establecer la posible responsabilidad disciplinaria que le asiste al juez regional —hoy del circuito especializado— que falló en el proceso penal en contra del actor, debido a la “negligencia demostrada... en remitir las copias, o por lo menos copia auténtica de la sentencia proferida en contra del peticionario...”, el a quo remite con destino al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca copia auténtca por duplicado del acta de diligencia de inspección judicial que se practicó en el curso de la presente acción y del oficio aportado al expediente vía fax visible a folio 50 del mismo (fls. 51 y ss. cdno. orig.).

4. Razones del impugnante.

Enterado de la decisión adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, el Doctor Jesús Antonio Pineda Bocanegra representante de la Procuraduría 178 Judicial de Villavicencio, impugnó dicho fallo sustentando por escrito su disenso en los siguientes términos:

Censura el actuar del juez a quo toda vez que, la solicitud de libertad del actor formulada desde el 7 de abril de 1999, a la fecha no ha recibido respuesta, en tal sentido, cita textualmente el argumento que se esbozó en la sentencia materia del recurso donde se precisó: “no ha sido posible hasta la fecha proferir resolución despachando favorable o desfavorablemente la petición del interno...”; razón por la que reclama la protección excepcional a favor del condenado, habida cuenta de que las determinaciones emitidas por el despacho accionado, “vacías de sustancia”, no satisfacen la solicitud hecha entorno a la concesión del subrogado penal de la libertad condicional elevada por García Cáceres.

Finaliza haciendo alusión a la legitimidad que le asiste como representante del Ministerio Público para impugnar la sentencia de instancia, en virtud del mandato que prevé el artículo 277 superior numerales 2º y 7º de los cuales transcribe lo pertinente (fls. 61 al 64 cdno. orig.).

Consideraciones de la Sala

Acorde con el inciso primero del artículo 116 de la Constitución Política la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las respectivas Salas de los Consejos Seccionales de la Judicatura como órganos integrantes de la rama judicial les asiste la facultad de administrar justicia, razón por la cual, tienen competencia para conocer de las acciones de tutela formuladas por cualquier persona que reclama el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente conculcados.

Así mismo, por ser su superior jerárquico esta corporación es competente para conocer en segunda instancia de los fallos proferidos por los consejos seccionales, tal como lo prevé el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

1.De la legitimidad del Ministerio Público para impugnar el fallo de tutela.

Para la Sala previo a resolver de fondo la impugnación elevada por el doctor Jesús Antonio Pineda Bocanegra representante de la Procuraduría 178 Judicial de Villavicencio, contra el fallo del once de febrero del año en curso, mediante el cual la Sala Jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, negó el amparo de los derechos fundamentales de petición y libertad del señor Jesús Francisco García Cáceres; resulta obligado hacer algunas consideraciones en torno a la facultad de que goza el inconforme para recurrir la sentencia objeto de disenso.

Para que el agente de la procuraduría actúe no necesita estar personalmente interesado en el caso, ni tampoco exhibir un poder conferido por la persona afectada. Su función no es la de representar intereses particulares en virtud del mandato judicial sino la de buscar, a nombre de la sociedad, la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas residentes en Colombia. Así las cosas, si la acción de tutela es una de las vías para ello, su actividad, ordenada a actuar dentro del trámite del proceso constitucional, la cumple a cabalidad quien hoy disiente del fallo, cuando vislumbrando que han sido violados los derechos fundamentales del accionante recurrió la sentencia de tutela.

La legitimidad para actuar en cabeza del funcionario en cita, no admite discusión en el caso presente, pues éste goza entre otras de la prerrogativa de recurrir el fallo de tutela de primer grado, de conformidad con la normatividad en vigor y los hechos por él alegados como factores de vulneración de derechos fundamentales del interno García Cáceres, habida cuenta que, además de las razones valederas que señaló el representante de los intereses de la sociedad en su escrito de impugnación, cuando citó textualmente el mandato previsto en los numerales 2º y 7º del artículo 277 de la Carta Política, es claro que la procuraduría tiene la función de intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o “de los derechos y garantías fundamentales”, en tal sentido se tiene que el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 al establecer justamente las reglas pertinentes a la determinación de la legitimidad e interés en materia de tutela señala que: “también podrán ejercerla el defensor del pueblo y los personeros municipales”.

En efecto, acorde con lo previsto en el artículo 281 de la Constitución Política el defensor del pueblo forma parte del Ministerio Público y ejerce sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación y el artículo 14 de la Ley 24 de 1992 precisó que “todas las entidades públicas y órganos del Estado, así como los particulares a quienes se haya atribuido la prestación de un servicio público deberán colaborar en forma diligente y oportuna con el Defensor del Pueblo para el cabal cumplimiento de sus funciones”, (subrayado fuera de texto), fundamentos en derecho que son suficientes, y no dejan duda sobre la potestad que le asiste al representante del Ministerio Público hoy impugnante para demandar la revisión del fallo de tutela de primera instancia, máxime si la honorable Corte Constitucional en pretérita ocasión al pronunciarse sobre la legitimidad de la personería para actuar en sede de tutela anotó: “la facultad en cuestión corresponde al propósito que animó al constituyente en el sentido de asegurar, por todos los medios posibles y por distintas vías institucionales, la efectividad de los derechos básicos de las personas” (1) .

(1) Sentencia SU-257 del 28 de mayo de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

Así las cosas, la mentada atribución adquiere mayor razón de ser en casos como el sub examine, dada la indefensión del actor al estar limitado entre otros en el ejercicio de su derecho fundamental a la libertad, lo que supone dificultad para ejercer de manera integral las acciones consagradas en la Carta Política, en su defensa, lo cual exige la presencia activa y real del Estado a través de los órganos encargados de velar por la intangibilidad de orden jurídico y por el imperio de los derechos humanos.

2. Procedencia del amparo a fin de proteger el derecho fundamental al debido proceso.

Ahora bien, en el caso a estudio el petente supone conculcado su derecho fundamental de petición, por parte del juzgado encargado de vigilar la sanción que le fuera impuesta, como quiera que no obstante su insistencia ante dicho estrado, al demandar pronunciamiento sobre la solicitud de libertad condicional, éste tan sólo le ha enterado de que por ausencia del cuaderno de copias del expediente contentivo de la actuación penal que curso en su contra, no ha podido resolver sobre la procedencia o no del beneficio de excarcelación, limitándose a decirle que en repetidas oportunidades se ha oficiado al juzgado regional —hoy penal del circuito especializado—, para que se allegue el referido paginario a fin de darles curso a las mentadas solicitudes.

Sobre el punto es claro que la supuesta omisión referida por el actor por parte del juez accionado al omitir dar el trámite a las plurales solicitudes de libertad que de conformidad con la inspección judicial obrante en la presente actuación, ha elevado ante dicho estrado desde el 30 de marzo hasta el 27 de diciembre de 1999, se debe analizar como posible causa de vulneración no del derecho de petición como erróneamente lo entendió el juez de instancia, sino de la garantía constitucional al debido proceso considerado también como el derecho de acceder a la administración de justicia.

Así pues, en relación con el examen del derecho fundamental vulnerado en el presente caso resulta necesario retomar qué fue lo que sucedió en el actuar procesal génesis de inconformidad por parte del actor:

Se recuerda pues que en la diligencia de inspección judicial que llevó a cabo el juez de tutela de primer grado, se logró establecer que el interno García Cáceres demando por primera vez la concesión del subrogado penal de la libertad condicional el 30 de marzo de 1999, pretensión que el juez encargado de vigilar la ejecución de la pena no pudo resolver de fondo en atención a que no contaba con los elementos de juicio necesarios para tal fin, vale decir, el cuaderno de copias del proceso fallado en contra del petente por un juzgado regional de la ciudad capital, e igualmente se constató que aduciendo el mismo argumento el despacho accionado dejó de resolver de fondo en cinco oportunidades igual número de peticiones de libertad del actor, enterándolo eso sí de que se había reiterado la solicitud de envío del referido cuaderno al juzgado regional que lo condenó en primera instancia.

En este orden de ideas, corresponde al juez de tutela decidir si en el dispendioso trámite mencionado se vulneró el derecho de petición, o si, realmente, lo que existió fue violación al debido proceso, y por ende en este caso, al acceso a la administración de justicia.

La Corte Constitucional en relación con el examen de la naturaleza propia de los derechos fundamentales: petición (art. 23) o debido proceso (art. 29), éste último entendiendo que lleva consigo el acceso a la administración de justicia (art. 228), ha hecho las distinciones pertinentes, las cuales resulta oportuno recordar, y que quedaron consignadas en la Sentencia T-334 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo así:

“Debe distinguirse con claridad entre aquellos actos de carácter estrictamente judicial y los administrativos que pueda tener a su cargo el juez. Respecto de estos últimos son aplicables las normas que rigen la actividad de la administración pública, es decir, en la materia bajo análisis las establecidas en el Código Contencioso Administrativo (D. 01/84).

En cambio las actuaciones del juez dentro del proceso están gobernadas por la normatividad correspondiente, por lo cual las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso.

(...).

Por ello, el eventual ejercicio de la acción de tutela ante la mora del juez en decidir sobre un determinado asunto a su consideración dentro del proceso judicial tendría fundamento como ya lo ha expresado esta Corte en que tal conducta, en cuanto desconozca los términos de la ley y carezca de motivo probado y razonable, implica dilación injustificada, es decir vulneración palmaria del debido proceso (C.P., art. 29) y obstáculo para el acceso de la persona a la administración de justicia (C.P., art. 229)...” (negrillas fuera de texto).

En el caso bajo estudio el juez colegiado de primera instancia ubicó la situación de hecho revelada por el actor en la demanda de tutela, como un comportamiento omisivo que potencialmente podía vulnerar el derecho fundamental de petición, y no el debido proceso, desestimando que el reclamo del actor se centraba en la mora del accionado para resolver las solicitudes de libertad, actuar que vulneró a todas luces el derecho constitucional que norma el canon 29 superior, dada la desproporcionada y evidente dilación del trámite de su pedido, por parte del Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Villavicencio.

En este orden de ideas, la Sala se aparta pues de las motivaciones esbozadas por el a quo al fallar la acción constitucional en primer lugar, por que éste erró al estudiar la solicitud de protección al amparo de las regulaciones que prevé el derecho de petición cuando lo obvio era considerar el petitum del actor bajo la óptica del derecho fundamental personal al debido proceso, en atención a que la demanda de pronunciamiento elevada por García Cáceres, obligaba al juez ejecutor de la sanción penal a cumplir con su función jurisdiccional, profriendo decisión a tiempo en la cual se avalara o no la pretensión de excarcelación del accionante (2) .

(2) “... el juez que se abstiene injustificadamente de darle trámite a una solicitud procesal pertinente y oportuna viola el derecho de acceso a la administración de justicia, contenido en el derecho al debido proceso” (Sent. T-298, jun. 20/97 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

Y, en segundo lugar, porque el colegiado de primer grado, incurrió en contradicción cuando en el fallo hoy impugnado, de un lado desestima la vulneración del derecho fundamental de petición al precisar que las solicitudes de libertad “... fueron resueltas mediante sendas providencias dictadas por el juez primero de ejecución de penas y medidas de seguridad...” (fl. 5 sentencia de primera instancia), pero de otro, lineas más adelante anota: “...entiende la dual que no prospera el amparo constitucional solicitado y habrá de denegársele, a pesar de apreciar la Sala la demora en la respuesta mediante sendas providencias emitidas con relación a las peticiones de libertad cursadas por el procesado penalmente sin que definieran el fondo de la cuestión planteada, Iimitándose simplemente a quejarse de no tener la copia del expediente a su disposición...” (subrayado fuera de texto).

Razonamiento que desconoce la constante jurisprudencia de nuestro más alto tribunal constitucional en torno al derecho que norma el artículo 23 de la Constitución Política, toda vez que en términos de éste “...el derecho de petición no tendría sentido si se entendiera que la autoridad ante quien se presenta una solicitud respetuosa cumple su obligación notificando o comunicando una respuesta apenas formal en la que no se resuelva sobre el asunto planteado. El derecho de petición lleva implícito un concepto de decisión material, real y verdadero, no apenas aparente.

Por tanto se viola, cuando a pesar de la oportunidad de la respuesta, en ésta se alude a temas diferentes de los planteados o se evade la determinación que el funcionario deba adoptar...” (3) .

(3) Corte Constitucional, Sentencia T-575 de 1994, M.P. José Hernández Galindo.

Nótese pues que incluso en el hipotético caso de que el devenir fáctico que reveló el demandante en su libelo de tutela se pudiera tomar como supuesta causa de vulneración del derecho fundamental de petición, el amparo invocado tendría que prosperar toda vez que, el alcance de la referida garantía constitucional debe ir mucho más allá de la respuesta formal, que aunque sea oportuna no queda satisfecha cuando siendo competente la autoridad a quien dirige su petición, ella se limita a enviar una contestación vacía de contenido, en la que, finalmente, aparentando que se atiende a la persona, en realidad no se decide sobre el tema objeto de inquietud dejándola en el mismo estado de desorientación inicial. Lo anterior habida cuenta de que el argumento contentivo en las respuestas que dio el accionado al condenado García Cáceres en el sentido de que sus pretensiones no se podrán resolver como quiera que se estaba a la espera del cuaderno de copias, para nada satisface la solicitud de libertad condicional elevada por él mismo.

Probado como está que el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad demandado, desconoció en detrimento de los intereses del actor los términos que señala el estatuto adjetivo penal para resolver las plurales solicitudes de libertad que desde el mes de marzo del año próximo anterior hasta el mes de diciembre de la misma anualidad, elevó el condenado Jesús Francisco García Cáceres, vulnerándosele en consecuencia al penado su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y por ende el debido proceso que prevé el cánon 29 de la Carta Magna, para la Sala contrario a lo argumentado por el a quo, la protección excepcional que regula el artículo 86 superior estaba llamada a prosperar, no obstante de un lado, el juez primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Villavicencio haya aducido como justificante para emitir pronunciamiento de fondo en torno a las solicitudes elevadas por el actor el hecho de que el Juzgado Regional de Santafé de Bogotá D.C., no hubiese remitido a tiempo el cuaderno de copias del susodicho proceso, y de otro el secretario del centro de servicios administrativos de los juzgados penales del circuito especializados de la capital explicara que la tardanza para enviar los cuadernos de copias, se debió a que éste había sido desanotado con un número diferente al real, razón por la cual los mismos habían sido remitidos al juzgado noveno de ejecución de penas y medidas de seguridad de Santafé de Bogotá D.C., circunstancias que el penado no estaba en la obligación de soportar; y que imponen de la Sala disponer la compulsa de copias respectiva con destino a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura del Meta, para que investigue la presunta mora en la que incurrió el juez primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Villavicencio.

Sobre el asunto la honorable Corte Constitucional en Sentencia T-009 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra precisó:

“Además en este caso, las autoridades demandadas olvidaron que el actor no estaba obligado a soportar los inconvenientes que a la administración se le presentaron en relación con la forma de resolver el asunto puesto a su consideración. Es por eso que aspectos tales como lo trámites internos entre las entidades, la competencia sobre el impulso de los procesos, las interpretaciones jurídicas sobre procedimientos y facultades, etc., discrepancias que en este asunto ocurrieron y dilataron la resolución de los beneficios pedidos, por su sola ocurrencia no resultan justificación suficiente para una demora de cuatro años...”.

En relación con este debate, decidir a cuál de los referidos estrados judiciales le asiste la razón, y por ende si la demora estaba justificada desde las órbitas propias de sus funciones, se advierte, no corresponde al juez de tutela tomar tal decisión, sino a las entidades de control encargadas de examinar las conductas correspondientes.

3. Carencia actual de objeto.

En copiosa jurisprudencia la honorable Corte Constitucional ha sostenido que la efectividad de la acción de tutela reside en la posibilidad de que el juez, si observa que en realidad existe la vulneración o amenaza alegada por quien solicita protección imparta una orden encaminada a la defensa actual y cierta del derecho en disputa.

Sin embargo si la situación de hecho que genera la violación o la amenaza ya ha sido superada, el instrumento constitucional de defensa pierde su razón de ser. Es decir, la orden que pudiera impartir el juez, ningún efecto podría tener en cuanto a la efectividad de los derechos presuntamente conculcados, por lo que el proceso carecería de objeto y la tutela resultaría entonces improcedente (4) .

(4) Sentencia T-012 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

En el caso sub examine, la Sala observa que el juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Villavicencio el 3 de marzo del año que discurre, allegó vía fax a la corporación, el auto interlocutorio mediante el cual se resolvió de fondo la solicitud del actor objeto de la presente demanda, reconociéndole a su favor 6 meses y 19 días de redención de pena, y negándole la concesión del subrogado penal de la libertad condicional (fls.4 al 6 cdno. orig. C.S.J).

Evidente el hecho de que la causa génesis de la presente acción de tutela, fue satisfecha estando en curso la misma, lo que indica la carencia actual de objeto del medio excepcional de protección que regula el artículo 86 de la Constitución Política, toda vez que el petitum elevado por García Cáceres pe resuelto, la Sala ve la necesidad de prevenir a los accionados —D. 2591/91, art. 24—, para que en lo sucesivo se abstengan de incurrir en la misma conducta que dio origen a la presente acción, evitando así la eventual vulneración de derechos fundamentales, so pena se hacerse merecedores a las sanciones que prevé la codificación reguladora del citado mecanismo de protección. Razón suficiente para que la Sala obedeciendo el mandato que prevé el canon 26 del Decreto 2591 de 1991, disponga la cesación de la actuación impugnada en el presente evento.

Por lo anteriormente expuesto el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

1. DISPONER LA CESACIÓN DE LA ACTUACIÓN IMPUGNADA, en aplicación del artÍculo 26 del Decreto 2591 de 1991, por las razones y en los términos consignados en la parte motiva de esta sentencia.

2. COMPULSAR COPIAS con destino a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, para que investigue la presunta mora en la que incurrió el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio.

3. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia la Secretaría Judicial de esta Sala REMITIRÁ el presente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese notifíquese a las partes en los términos de los artículos 16 del decreto en cita y 5º del reglamento 306 de 1992.

Cúmplase.

Amelia Mantilla Villegas—Presidente—Leonor Perdomo Perdomo—Eduardo Campo Soto—Fernando Coral Villota—Miryam Donato de Montoya—Jorge Alonso Flechas Díaz—Edgardo José Maya Villazón—Silfa María Blanco Giraldo—Secretaria Judicial.

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