Sentencia 270012331000200600290 01 de noviembre 17 de 2006

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad. 270012331000200600290 01

Magistrada Ponente:

Dra. María Nohemí Hernández Pinzón

Bogotá, D.C., diecisiete de noviembre de dos mil seis.

Actor: Alexander Mosquera Aguilar

Demandado: Agente Especial de las Empresas Públicas de Quibdó ESP.

Acción de cumplimiento - fallo

Decide la Sala la impugnación interpuesta por el actor contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó el 4 de julio de 2006, mediante la cual negó la acción de cumplimiento.

I. Antecedentes

1. La demanda.

Mediante escrito presentado el 27 de abril de 2006 ante la oficina de apoyo de la coordinación administrativa de Quibdó y con destino al Tribunal Administrativo del Chocó (fls. 1-6), el señor Alexander Mosquera Aguilar, obrando en nombre propio, instauró acción de cumplimiento contra el señor Julio Eliécer González Cuesta, designado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como agente especial de las Empresas Públicas de Quibdó ESP, para que se le ordene el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º, 2º y 3º de la Resolución SSPD 000031 de 11 de enero de 2005.

Como consecuencia de una decisión favorable al cumplimiento del acto administrativo citado, el actor pretende que el demandado adelante la estructuración de un proyecto de modernización empresarial, decrete las medidas, adelante los trámites y expida los actos administrativos necesarios para que se lleve a cabo la liquidación de las Empresas Públicas de Quibdó ESP.

Los hechos en que el actor fundamenta las pretensiones de la demanda, son los que se resumen a continuación:

a) El 11 de enero de 2005 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expidió la Resolución 000031, por medio de la cual ordenó la toma de posesión con fines liquidatorios de las Empresas Públicas de Quibdó ESP, y designó un agente especial que se encargaría de realizar las actuaciones necesarias para cumplir tal cometido.

b) Mediante escrito de 20 de abril de 2006, le solicitó al agente especial designado que diera cumplimiento a la Resolución SSPD 000031 de 2005.

c) A través de acto administrativo de 21 de abril de 2006, el señor Julio Eliécer González Cuesta, agente especial de las Empresas Públicas de Quibdó, le comunicó que dicha entidad se encontraba incursa en un proceso de toma de posesión, ante lo cual no era posible iniciar la inmediata liquidación solicitada.

d) La resolución referida empezó a regir a partir de la fecha de su expedición, es decir, el 11 de enero de 2005, y a la fecha de presentación de la demanda, el agente especial designado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no había iniciado las labores a él asignadas para llevar a cabo la liquidación de las Empresas Públicas de Quibdó ESP.

2. Contestación de la demanda.

El accionado contestó la demanda (fls. 21-24), oponiéndose a las pretensiones de la misma y, para el efecto, manifestó que la toma de posesión de una entidad no implica necesariamente que se liquide, pues a la luz de lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 142 de 1994, se tienen 2 años, prorrogables por 2 años más, para adelantar las medidas necesarias encaminadas a solucionar los problemas de la empresa intervenida y, si vencido este término dicho objetivo no se ha logrado, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenará la liquidación de la misma.

Al respecto, precisa que un particular no es quien decide cuándo y cómo se debe llevar a cabo la liquidación de una empresa que haya entrado en toma de posesión, ya que esta es una competencia exclusiva de la superintendencia referida. Agregó que se han tomado todas las medidas necesarias y correspondientes para adelantar la toma de posesión de la empresa.

Por otra parte, precisó que la Ley 222 de 1995 no es aplicable a las Empresas Públicas de Quibdó, por cuanto la misma no está en proceso de liquidación, sino que, está regida por la Ley 142 de 1994 y el Régimen Financiero y Cambiario, por encontrarse en un proceso concursal especial forzoso como es la toma de posesión.

Finalmente, manifestó que la presente acción es improcedente porque no se evidencia ningún hecho u omisión de su parte que permita deducir el incumplimiento de la resolución mencionada.

3. La providencia impugnada.

Mediante sentencia de 4 de julio de 2006 (fls. 59-65), el Tribunal Administrativo del Chocó negó la acción de cumplimiento incoada.

Para el a quo, el actor interpretó erróneamente el alcance de la Resolución SSPD 000031 de 11 de enero de 2005, en cuanto dedujo de ella la obligación imperativa a cargo del agente especial designado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de llevar a cabo la liquidación de las Empresas Públicas de Quibdó ESP.

Sobre el punto, aclaró que los artículos 58 a 60 de la Ley 142 de 1994, que establecen las causales y los alcances de la toma de posesión de una empresa, en concordancia con el artículo 121 ibídem que consagra el procedimiento de la misma para las empresas de servicios públicos, otorgan un plazo máximo de 2 años para superar los problemas que dieron origen a la medida y, en lo que respecta al caso concreto, los 2 años para llevar a cabo la orden de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios vencen el 11 de enero de 2007.

Finalmente, concluyó que no es posible ordenar el cumplimiento de un acto administrativo que aún está siendo desarrollado dentro del marco legal establecido para ello.

4. La impugnación.

El actor impugnó la decisión de instancia (fls. 68-71), manifestando que no comparte lo expuesto por el a quo, en el sentido de afirmar que él incurre en una interpretación errónea del artículo 121 de la Ley 142 de 1994, pues del mismo infiere que la toma de posesión puede estar encaminada a cumplir dos objetivos, de un lado, que se inicien las actuaciones administrativas necesarias para solucionar los problemas que dieron origen a esa medida y, de otro, la liquidación de la empresa intervenida.

Posteriormente invoca el artículo 1º de la Resolución SSPD 000031 de 11 de enero de 2005 (1) y manifiesta que el contenido de ese acto administrativo es claro al ordenar la liquidación de las Empresas Públicas de Quibdó.

Por otra parte, precisa que no se puede confundir la facultad que tiene la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de decidir la liquidación de una empresa intervenida cuando se ha vencido el plazo para promover su recuperación, con la obligación de iniciar una liquidación directa previamente ordenada por dicho ente de vigilancia y control, como ocurre en el caso concreto.

Por último, concluye que la resolución objeto de la presente acción impuso una clara obligación al agente especial designado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en cuanto a tomar ciertas medidas administrativas encaminadas a la liquidación de las Empresas Públicas de Quibdó ESP, las cuales no se han llevado a cabo, pues afirma que dentro del acervo probatorio del caso concreto no obra ninguna prueba que constate lo contrario.

II. Consideraciones

1. Competencia.

A pesar de que desde el 1º de agosto de 2006 entraron en funcionamiento los juzgados administrativos y que de acuerdo con el parágrafo transitorio del artículo 3º de la Ley 393 de 1997 la competencia del Consejo de Estado para decidir en segunda instancia las acciones de cumplimiento cesaría en aquel momento, la Sala continúa siendo competente para conocer del presente asunto porque se encontraba pendiente de decisión antes de que ello ocurriera.

2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento.

La acción de cumplimiento consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política, tiene por finalidad hacer efectivo el derecho del que goza toda persona, natural o jurídica, pública o privada, en cuanto titular de intereses jurídicos, de exigir tanto a las autoridades públicas como a los particulares que ejerzan funciones de esta índole, el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que ha impuesto ciertos deberes u obligaciones a tal autoridad, la cual se muestra renuente a cumplirlos, a fin de hacer efectiva la observancia del ordenamiento jurídico existente.

De acuerdo con la Ley 393 de 1997, los requisitos mínimos exigidos para que la acción de cumplimiento prospere son los siguientes:

a) Que el deber jurídico que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1º).

b) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, frente a los cuales se reclama su cumplimiento (arts. 5º y 6º).

c) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber antes de instaurar la demanda, ocurrida ya sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (art. 8º).

d) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico contenido en un acto administrativo, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace improcedente la acción, así como también conduce a ese estado el pretender el cumplimiento de normas con fuerza material de ley que establezcan gastos a la administración y cuando se persiga la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela. (art. 9º).

3. El caso concreto.

El demandante solicita que se revoque el fallo de 4 de julio de 2006, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Chocó negó la acción de cumplimiento. Para el a quo, la toma de posesión con fines liquidatorios de las Empresas Públicas de Quibdó ESP ordenada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la Resolución 00031 de 11 de enero de 2005, no implicaba la liquidación, razón por la cual no era posible acceder a la pretensión de cumplimiento de ese acto administrativo y la consiguiente disposición de las medidas tendientes a la liquidación reclamada en la demanda.

Por su parte, el actor insiste en la impugnación en que el acto administrativo objeto de cumplimiento sí obliga al agente especial de las Empresas Públicas de Quibdó ESP a liquidarlas.

Pues bien, ante tal disparidad de criterios, corresponde a la Sala determinar si de la Resolución 00031 de 11 de enero de 2005 expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se desprende la obligación del demandado de realizar los actos necesarios para su liquidación. Con tal propósito, se iniciará por establecer el marco jurídico de la toma de posesión para conocer su finalidad según las modalidades que pueden decretarse y, definido esto, se abordará el estudio del contenido de aquel acto administrativo para definir si hay lugar a ordenar su cumplimiento al demandado.

3.1. La toma de posesión de las empresas de servicios públicos.

El artículo 370 de la Constitución Política atribuyó al Presidente de la República la función de señalar las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y de ejercer, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten.

La de la superintendencia es, entonces, una verdadera atribución de policía administrativa que materializa la intervención del Estado en el mercado de los servicios públicos domiciliarios y que cuenta con desarrollo legal en el numeral 1º del artículo 79 del referido régimen, según el cual corresponde a la mencionada entidad “Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus violaciones, siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad”.

Una de las manifestaciones del poder de intervención de la superintendencia en las empresas de servicios públicos domiciliarios es la toma de posesión que le corresponde ordenar por expreso mandato de los artículos 59, inciso primero y 79, numeral 10, de la Ley 142 de 1994, por cualquiera de las causales descritas en el mismo artículo 59 y con fines de administración o de liquidación, conforme lo disponen el artículo 121 ibídem y el Decreto 556 de 2000 que lo reglamenta, normas estas últimas que expresamente señalan lo siguiente:

“Ley 142 de 1994. Artículo 121. Procedimiento y alcances de la toma de posesión de las empresas de servicios públicos. La toma de posesión ocurrirá previo concepto de la comisión que regule el servicio, y puede realizarse también para liquidar la empresa. No requiere citaciones o comunicaciones a los interesados antes de que se produzca el acto administrativo que la ordene; pero tal acto, que se notificará al representante legal de la empresa o, en su defecto, a cualquier funcionario que se encuentre en las dependencias de esta, es recurrible en el efecto devolutivo.

La superintendencia podrá pedir a las autoridades competentes, en el evento de toma de posesión, que declaren la caducidad de los contratos de concesión a los que se refiere esta ley.

Los ingresos de la empresa se podrán utilizar para pagar los gastos de la administración de la superintendencia. Cuando la toma de posesión no sea una sanción para la empresa, se la indemnizará plenamente por los perjuicios que le pueda haber ocasionado.

Si después del plazo prudencial señalado por el superintendente para la toma de posesión de una empresa de servicios públicos, para administrarla, que no podrá ser superior a dos (2) años, por razones imputables a sus administradores o accionistas, no se superan los problemas que dieron origen a la medida, la superintendencia podrá ordenar que se liquide la empresa.

Se aplicarán, en estos casos, y en cuanto sean pertinentes, las normas relativas a la liquidación de instituciones financieras. Las referencias que allí se hacen respecto a la Superintendencia Bancaria y al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras se entenderán hechas a la Superintendencia de Servicios Públicos; las que se hacen al consejo asesor se entenderán referidas a la comisión de regulación; las hechas a los ahorradores se entenderán hechas respecto a los acreedores, y las hechas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público se tratarán como inexistentes.

“Decreto 556 de 2000. Artículo 1º. A la toma de posesión para la administración de las empresas de servicios públicos domiciliarios se aplicarán, en cuanto sean pertinentes, las normas contenidas en el estatuto orgánico del sistema financiero y en las que lo desarrollen, relativas a la toma de posesión de instituciones financieras.

“Artículo 2º. De conformidad con el artículo 24 numeral 5º de la Ley 510 de 1999, en los procesos de toma de posesión de las empresas de servicios públicos domiciliarios para su administración o liquidación, de competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el superintendente podrá designar una junta asesora del funcionario encargado de la administración o liquidación, en la cual deberán estar representados por lo menos dos (2) de los acreedores mayoritarios de la empresa”.

De acuerdo con los preceptos transcritos, la toma de posesión para administrar está encaminada a superar problemas imputables a los administradores o accionistas de la empresa, en un término máximo de 2 años. Así se desprende, además, del numeral 60.2 del artículo 60 de la Ley 142 de 1994, que dice:

“Artículo 60.—Modificado por la Ley 689 de 2001, artículo 8º. Efectos de la toma de posesión. Como consecuencia de la toma de posesión se producirán los siguientes efectos:

“(…)

“2. Cuando la toma de posesión tenga como causa circunstancias imputables a los administradores o accionistas de la empresa, el superintendente definirá un tiempo prudencial para que se superen los problemas que dieron origen a la medida. Si transcurrido ese lapso no se ha solucionado la situación, el superintendente ordenará la liquidación de la empresa”.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en ejercicio de su función de órgano de consulta (L. 142/94, art. 79, nums. 3º y 6º), al conceptuar que: “La toma de posesión para administrar es una de las modalidades de toma de posesión cuyos propósitos fundamentales, entre otros, son los de garantizar la continuidad y calidad debidas del servicio y superar los problemas que dieron origen a la medida…” (2) .

A la misma conclusión se llega de la lectura de la parte final del inciso tercero del artículo 115 del estatuto orgánico del sistema financiero, aplicable a la toma de posesión y liquidación de las empresas de servicios públicos domiciliarios por expreso mandato de la Ley 142 de 1994 (art. 121, inc. quinto), que sobre el punto prevé que: “si durante la administración de la entidad se encuentra que no es posible restablecerla para que desarrolle regularmente su objeto social, se podrán adoptar, previa decisión en tal sentido de la Superintendencia Bancaria, las medidas necesarias para su liquidación”.

Esta posición coincide también con la expuesta por la Sección Tercera de esta corporación, que en reciente pronunciamiento, obrando como juez de la acción popular, enfatizó en que la toma de posesión para administrar está precedida por “factores administrativos que podrían subsanarse con una gestión adecuada en dos años” (3) .

A su turno, la toma de posesión con fines liquidatorios, como su mismo nombre lo indica, tiene por objeto adelantar una serie de medidas preventivas que apuntan a la liquidación de la empresa, pero que por sí mismas no tienen por efecto la liquidación inmediata. De modo que no son identificables los conceptos de toma de posesión con fines liquidatorios y liquidación; por el contrario, son instituciones jurídicas con causas y consecuencias bien distintas.

El primer rasgo distintivo entre una y otra figura es la regulación independiente con que cuentan, tanto en el estatuto orgánico del sistema financiero como en la Ley 142 de 1994. En el primero, la toma de posesión se encuentra establecida en los artículos 114 a 117 y 290 a 291, en cuanto a las causales, la procedencia de la medida y los efectos; en la segunda, está prevista en los artículos 58 a 60 y 121 en los mismos aspectos anteriores.

Por su parte, de la liquidación se ocupan en el EOSF los artículos 293 y siguientes y, en el régimen de servicios públicos, la liquidación de las empresas que prestan tales servicios aparece regulada por los artículos 61, parte del 121 y 123.

En segundo lugar, la toma de posesión con fines liquidatorios y la liquidación se diferencian, como se vio, en cuanto a la finalidad que persiguen. Así, el inciso segundo del artículo 115 del EOSF, señala que “La toma de posesión tendrá por objeto establecer si la entidad debe ser objeto de liquidación; si es posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones para que los depositantes, ahorradores e inversionistas puedan obtener el pago total o parcial de sus acreencias”.

En igual sentido, el inciso tercero del artículo en cita advierte que la toma de posesión “no impedirá que, si en el desarrollo del proceso de liquidación se encuentra que es posible colocar la entidad en condiciones de desarrollar su objeto social o realizar actos que permitan a los ahorradores, inversionistas o depositantes obtener mejores condiciones para el pago total o parcial de sus acreencias… se adopten, previa decisión en tal sentido de la Superintendencia Bancaria, las medidas para el efecto”.

La Ley 142 de 1994, al referirse a la toma de posesión con fines liquidatorios, simplemente anuncia que el acto administrativo que la ordena no requiere citaciones o comunicaciones a los interesados.

Respecto de la liquidación propiamente dicha, el artículo 293 del EOSF señala como finalidad “la pronta realización de los activos y el pago gradual y rápido del pasivo externo a cargo de la respectiva entidad hasta la concurrencia de sus activos…”.

En la normatividad que rige los servicios públicos domiciliarios, la liquidación está prevista en el artículo 61 como una decisión a cargo de los socios de la empresa o del superintendente, con la expresa condición de que se garantice la prestación del respectivo servicio a la comunidad, a través de la celebración de “los contratos que sean necesarios”.

Al referirse a la liquidación de las sociedades, la doctrina autorizada reconoce en ella la finalidad de “realizar un conjunto de operaciones materiales y jurídicas tendientes a establecer qué tiene y qué debe la sociedad; cumplir obligaciones pendientes; saldar el pasivo externo y determinar el activo neto divisibles entre los asociados, así como la distribución del remanente entre ellos” (4) .

En tercer lugar, en tratándose de toma de posesión con fines liquidatorios, el encargado es un “agente especial” (EOSF, art. 116, lit. a), en tanto que la dirección del proceso de liquidación compete a un liquidador (EOSF, art. 295). Sobre el tema, el artículo 123 de la Ley 142 de 1994 advierte que: “La liquidación de las empresas de servicios públicos se hará siempre por una persona que designe o contrate la superintendencia; el liquidador, dirigirá la actuación bajo su exclusiva responsabilidad, y la terminará en el plazo que señale el superintendente. El liquidador tendrá las facultades y deberes que corresponden a los liquidadores de instituciones financieras, en cuanto no se opongan a normas especiales de esta ley”.

A propósito de la toma de posesión con fines liquidatorios, la Superintendencia de Servicios Públicos ha indicado lo siguiente:

“(…) De suerte que la toma de posesión busca mantener como causa final próxima la continuidad del servicio y como causal final a corto plazo la liquidación de la prestadora por lo cual la gestión que se adelante debe ir encaminada a todas las actividades necesarias y suficientes para mantener el servicio. Con otras palabras, será el liquidador quien tome las medidas necesarias para conformar la masa liquidatoria y siguiendo lo ordenado por el parágrafo 2º del artículo 300 del estatuto financiero pague las acreencias de la empresa de conformidad con la prelación de pago de créditos de conformidad con las reglas contenidas en el Código Civil” (5) .

La diferencia entre toma de posesión con fines liquidatorios y liquidación también fue advertida por la Sección Tercera de esta corporación en el antecedente previamente invocado, así:

“(…) Al paso que, en cuanto hace a la toma de posesión para liquidar (inciso primero del artículo 121 citado), la ley no estipuló un plazo perentorio para adoptar la medida, de modo que la fase de administración temporal del prestador intervenido que suele preceder a la decisión de liquidación y que busca no interrumpir la prestación del servicio, podría superar ese término (el de 2 años previsto para la toma de posesión para administrar), toda vez que este supuesto no se subsume en la hipótesis legal reseñada” (texto entre paréntesis en cursiva es del original).

En el mismo fallo, la Sección Tercera enfatizó en que la liquidación debía estar precedida de la decisión sobre la sustitución del prestador del servicio público objeto de la medida:

“… no es posible retirar a un prestador de servicios públicos —mediante su liquidación— si no hay quién lo pueda sustituir, al menos transitoriamente, hasta tanto se adopta una solución definitiva.

“(…)

“Adicionalmente, la ley no brindó las herramientas necesarias para que la superintendencia pueda adoptar los correctivos que amerita el prestador tomado en posesión, de modo que factores estructurales o exógenos no pueden solucionarse con una buena gestión, lo que implicaría que no quedaría más remedio que la liquidación, la cual solo podría tener lugar cuando se sustituya al prestador objeto de la toma de posesión”.

Con apoyo en lo anteriormente expuesto, la Sala encuentra que la toma de liquidación con fines liquidatorios es una medida previa y diferente a la liquidación, pues a esta última puede llegar la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios atendiendo a los resultados de la primera.

3.2. La Resolución 00031 de 11 de enero de 2005 no implica la liquidación de las Empresas Públicas de Quibdó.

Teniendo en cuenta lo anterior, la toma de posesión con fines liquidatorios que dispuso la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre las Empresas Públicas de Quibdó a través del acto administrativo objeto de cumplimiento, no obliga al agente especial a tomar las medidas propias de la liquidación de las sociedades. Antes bien, los deberes del demandado se contraen a cumplir las “medidas preventivas” dispuestas en el artículo 3º de la parte resolutiva del acto que ordenó la toma de posesión, que corresponden, principalmente, a las previstas en el artículo 116 del EOSF.

De hecho, una de las órdenes impartidas en la aludida resolución a cargo del agente especial es “adelantar la estructuración de un proyecto de modernización empresarial”, lo que demuestra la intención de encontrar la solución a la ineficiencia que llevó a la empresa a ser objeto de la toma de posesión con fines liquidatorios.

Además, en el comunicado de prensa emitido el 12 de enero de 2005 por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con ocasión de la toma de posesión de las Empresas Públicas de Quibdó, anunció que la finalidad de la medida era “restablecer los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo” al municipio (6) .

Siendo así, se concluye que no hay lugar a acceder a la orden de cumplimiento de la Resolución 000031 de 11 de enero de 2005 proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pues en ella no está contenida la obligación de liquidar las Empresas Públicas de Quibdó, como lo persigue el actor, sino de adelantar el agente especial demandado medidas preventivas encaminadas a la recuperación de las mismas y a garantizar la prestación continua de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

Por último, sin perjuicio de lo anterior, considera pertinente la Sala informar que durante la investigación que precedió esta providencia, se supo a través de la página web de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que mediante Resolución 40455 de 24 de octubre de 2006, la entidad ordenó la liquidación de las Empresas Públicas de Quibdó, lo que demuestra que la intención del demandante, de todos modos, fue concretada en un acto administrativo distinto al que buscaba hacer efectivo a través de la presente acción de cumplimiento, como lo imponía la normatividad previamente estudiada.

Ante tales circunstancias, la decisión que corresponde adoptar en este caso es denegar las pretensiones de la demanda debido a la inexistencia de la obligación reclamada por el actor y, como el a quo decidió equivocadamente negar la acción, la Sala la modificará en el sentido indicado.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Modifícase la sentencia de 4 de julio de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, en el sentido de denegar las pretensiones de la demanda.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Reinaldo Chavarro Buriticá—María Nohemí Hernández Pinzón—Darío Quiñones Pinilla—Filemón Jiménez Ochoa.

(1) Este artículo establece lo siguiente: “Ordénase la toma de posesión con fines liquidatorios de las Empresas Públicas de Quibdó, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución”.

(2) Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Concepto 476 de 1999.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 26 de enero de 2006, expediente AP-1944.

(4) Narváez García, José Ignacio. Teoría General de las Sociedades. Editorial Legis, octava edición, Bogotá, 1998.

(5) Concepto 476 de 1999.

(6) www.superservicios.gov.co

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