Sentencia 27067 de febrero 28 de 2006 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 27067

Acta 16

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Isaac Nader

Bogotá, D.C., veintiocho de febrero de dos mil seis.

EXTRACTOS: «I. Antecedentes

Pretendió la accionante que se ordenara al ISS le reconociera la pensión de sobrevivientes negada mediante Resolución 6457 de 1996, por ser ella quien convivió como compañera permanente con el asegurado Julio César Viteri Maldonado, durante los últimos seis años de la muerte de este, la cual ocurrió el 22 de enero de 1994.

Adujo que el ISS se equivocó al conceder la pensión a la cónyuge sobreviviente Lucero Vega Arias, porque con esta no hacía vida marital al acaecer el fallecimiento de Viteri Maldonado. Deprecó, consecuencialmente, el pago retroactivo de la pensión, desde el 23 de enero de 1994, los intereses moratorios por no pago oportuno y la indexación de lo adeudado.

El ISS se opuso porque, de una parte, la actora no acreditó los requisitos de ley y, por la otra, el asegurado fallecido “era casado y velaba por su familia, tal como se pudo evidenciar en la investigación de convivencia y dependencia económica”. Propuso las excepciones de prescripción y pago; esta última por haber reconocido a la cónyuge supérstite Lucero Vega Arias la pretensa pensión, conforme a la Resolución 3219 del 24 de mayo de 1996.

En fallo del 2 de septiembre de 2004 el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cali, que tramitó el litigio en primera instancia, declaró el derecho pensional a favor de la accionante, pero parcialmente la prescripción de las mesadas y negó las demás súplicas de la demanda. Ambas partes apelaron la sentencia y el Tribunal Superior de Cali la confirmó en todas sus partes.

(...).

B. Consideraciones de la Corte.

El alcance de la impugnación limita a la Corte a establecer, exclusivamente, si el ISS debe pagar con retroactividad las mesadas pensionales, es decir, antes de la sentencia, dado que el recurrente no discute la concesión del derecho a la demandante.

Pues bien, el argumento tenido en cuenta por la corporación de segunda instancia para obligar al instituto a cancelar las mesadas anteriores a su decisión fue, sencilla y llanamente, el incumplimiento del ISS del artículo 34 del Decreto 758 de 1990. Esta disposición, citada en la sentencia recurrida, imponía a la entidad demandada el deber de suspender el trámite de la prestación a conceder si con relación a ella se presentaban varias personas con pretensiones excluyentes. Al encontrar la colegiatura falladora que el ISS, en vez de abstenerse de reconocer el derecho en disputa, lo que hizo fue concederlo a la cónyuge supérstite para, a continuación, negarlo a la sedicente compañera permanente, consideró al instituto incurso en una trasgresión legal, razón por la cual lo obligó a asumir las consecuencias de un pago mal hecho.

No se advierte, entonces, por qué hay una aplicación indebida de la regla jurídica anotada por parte del Tribunal Superior de Cali, como lo denuncia el cargo. El texto de la norma no ofrece duda acerca de que basta la presencia de una disputa entre dos o más personas, que se dicen beneficiarias de la prestación reclamada, para que la conducta a seguir por parte de la entidad obligada a otorgarla suspenda el trámite de su reconocimiento. La teleología de la norma, que no se discute en este evento dada la vía escogida por el censor, no es otra distinta a que sea la jurisdicción, y no la entidad de seguridad social, la encargada de definir la controversia, porque los efectos de la decisión judicial han de ser los de una sentencia declarativa y no constitutiva. Es decir, el reconocimiento se retrotrae al momento de la consolidación del derecho pensional, en este caso, desde la fecha del fallecimiento.

En el recurso no se controvierten los soportes fácticos de la conclusión del tribunal en este particular aspecto. Por el contrario, toda la demostración del cargo contiene la aceptación de que ante el instituto se presentaron al menos la demandante y la cónyuge supérstite a reclamar la pensión.

Incluso, consta que el ISS negó en principio el reconocimiento a la segunda; pero todavía más, el folio 78 da cuenta del aviso de prensa del 11 de marzo de 1994, en el que la regional del Valle informa que a reclamar prestaciones se presentaron Maura Consuelo, la demandante, y Lucero, quienes adujeron el “parentesco” de “compañera” y “esposa”, respectivamente. Luego, si en marzo de 1994 ya existía una disputa, el ISS estaba en la obligación legal de suspender el trámite y esperar la definición del conflicto por parte de un juez laboral. Sin embargo, contra expresa prohibición legal prosiguió la actuación y el 24 de mayo de 1996 reconoció a la señora Lucero Vega Arias como titular de la pensión de sobreviviente. Y si bien es cierto que no actuó de manera arbitraria porque fundamentó la decisión en pruebas, aspecto que la sentencia reprochada no cuestiona, también lo es que carecía de competencia para pronunciarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 785 de 1990. Actuó el ISS, en consecuencia, por fuera del marco legal al cual estaba obligado y, es apenas obvio, que en esas circunstancias el pago ordenado deviene ilegal. Argumentar ahora la demandada el haber dirimido la discusión conforme a la investigación adelantada por ella misma, no cambia la situación anómala en la que incurrió, ni mucho menos puede servir para eximirse de responsabilidad en virtud del principio “nemo auditu...r”.

Por lo anterior, el cargo no prospera. Sin costas en el recurso por no haberse causado.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 13 de abril de 2005, en el proceso promovido por Maura Consuelo León Larrahondo contra el Instituto de Seguros Sociales y Lucero Vega Arias.

Sin costas.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

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