Sentencia 2717 de noviembre 30 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

PERSONA QUE REEMPLAZA AL CONGRESISTA TITULAR

RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EXTRACTOS: «De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 78 de 1986, la Sala es competente para conocer del recurso de apelación propuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander que decretó la nulidad de la elección del alcalde del municipio de San José de Cúcuta, para el período 2001-2003.

Análisis de la impugnación

La crítica central de los recurrentes contra la sentencia que se entra a revisar, parte de la indebida aplicación del artículo 179-8 de la Constitución Política y de las normas que lo desarrollan, porque en este caso arroja un elemento jurídico mal calificado por la primera instancia, es el concepto del período de los suplentes o no elegidos al Congreso de la República, cuando son llamados a reemplazar al titular de la curul, concepto que cambia fundamentalmente la idea de la acumulación de cargos, que es la práctica inhabilitante denunciada.

Para la Sala es correcto el criterio de los recurrentes por las razones que se exponen a continuación:

1. Enseña con suma claridad el proceso que el señor Manuel Guillermo Mora Jaramillo no fue elegido representante a la Cámara por el Movimiento Político Apertura Liberal, para el período 1998 a 2002, por el departamento de Norte de Santander, oficio al que se había postulado en el segundo renglón de la lista encabezada por el señor Miguel Ángel Flórez Rivera, en la contienda electoral del 8 de marzo de 1998 (fls. 131 y 132). De esa lista obtuvo curul el citado primer renglón, como consta en el Acuerdo 04 del 22 de abril de 1998 del Consejo Nacional Electoral, que declaró la elección de los representantes de ese departamento, entre los cuales no figura el demandado (fls. 133 y 138).

2. Ni se ha denunciado ni está acreditado que el señor Mora Jaramillo hubiera sido elegido o designado para otra corporación o cargo cuyo período, coincidiera con el de alcalde municipal de San José de Cúcuta, 2001-2003, que ganó en las elecciones del 29 de octubre de 2000.

3. También se halla establecido que el actual alcalde de Cúcuta, más de un año antes de serlo, desempeñó el cargo de Representante a la Cámara, del 1º de septiembre al 30 de noviembre de 1999 (fl. 17), llamado por la mesa directiva de la corporación, pues ocupó el segundo renglón de Miguel Ángel Flórez Rivera, elegido único representante de esa lista. Y fue llamado para facilitar la licencia no remunerada del titular, concedida en la misma resolución (fl. 142).

4. Los anteriores hechos, sin embargo, llevaron al a quo a reconocer la violación de los artículos 179-8 de la Constitución Política, 95, parágrafo, de la Ley 136 de 1994 y 44-4 de la Ley 200 de 1995.

El texto de las citadas normas es el siguiente:

“Artículo 179 de la Constitución Política

8. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente” (3) .

(3) En sentencias C-93 de 1994 y C-656 de 1997 la Corte Constitucional ha manifestado que esta inhabilidad es aplicable a todos los ciudadanos que aspiren a ser elegidos en corporaciones o cargos públicos.

Ley 136 de 1994 

“Artículo 95, parágrafo.

Nadie podrá ser elegido simultánea/ ~ente alcalde o miembro de una corporación o cargo público, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente”.

Ley 200 de 1995 

“Artículo 44. Otras incompatibilidades

4. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación o un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente”.

Los textos transcritos son iguales, con la única salvedad del segundo, el del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, que exige que los antecedentes ocurran simultáneamente, adverbio indicativo de que la doble elección debe producirse al mismo tiempo, condición no contemplada por la Carta, que por eso mismo estaría limitándola y que no tiene en cuenta la Sala por no ser thema decidendum y por hallarse definida la incompatibilidad en el artículo 179 superior. Se tiene en cuenta, entonces, que se exige la doble elección, que en ella estén involucrados cargos públicos y una corporación, y que el período de uno tropiece en cualquier tiempo con el período del otro cargo.

Para la Carta es indiferente que las dos elecciones se cumplan en la misma fecha, no así los períodos de los cargos logrados por la misma persona, períodos que deben sobreponerse, encontrarse en alguna época.

Ahora bien, aplicando esos elementos de la incompatibilidad, al caso subexamine, se tiene:

a) Que existe identidad personal, pues al mismo ciudadano se imputa el hecho de haber sido elegido congresista y alcalde de la ciudad capital del departamento.

b) Que la doble elección sea para miembro de una corporación y un cargo público. Según la Constitución, el Congreso de la República lo componen el Senado y la Cámara de Representantes (art. 114), son sus integrantes miembros de una corporación pública o cuerpo colegiado de elección directa (arts. 133 y 134) y servidores públicos (art. 123). El alcalde es el jefe de la administración local, representante legal del municipio (art. 314) y ejerce las funciones públicas que enumera el artículo 315 ibíd.

La elección del alcalde es un hecho indiscutible en este proceso, que recayó en el señor Mora Jaramillo quien viene desempeñando el cargo en la ciudad de Cúcuta. Pero el predicado de su elección como representante a la Cámara, es inexacto, debido a que la lista que acogió su nombre en el segundo lugar, sólo obtuvo la primera curul; realmente el demandado nada ganó, pero en esas circunstancias subsistió con la calidad de candidato, como virtual congresista, con la expectativa de llegar a serlo en cualquier momento, supliendo las faltas absolutas o temporales del congresista, a voces de los artículos 134 (A. Leg. 03/93) y 261 de la Carta. El candidato suplente, de acuerdo con estas normas constitucionales, será congresista cuando tome posesión del cargo llenando una falta absoluta o transitoria del congresista elegido, y puede conservar la investidura durante el resto del período, si suple una falta absoluta, o hasta que lo desaloje el titular, si la falta es transitoria. Con las consecuencias jurídicas que más adelante puntualiza la Sala.

El señor Guillermo Mora Jaramillo, esa es la conclusión sensata, no fue elegido representante a la Cámara para el período constitucional 1998-2002, porque su situación está así calificada por la propia Carta Política.

c) La coincidencia de períodos, consiste en que el perteneciente al cargo de congresista, debe concurrir con el de alcalde, total o parcialmente. El período del primero es de cuatro años, que en este caso se inició el 20 de julio de 1998 y concluirá el 20 de junio de 2002, según los artículos 132 y 138 de la Carta; el período del segundo es de tres años que se inició el 1º de enero del presente año y finalizará el 31 de diciembre de 2003, según los artículos 314 de la Carta y 1º de la Ley 163 de 1994.

El desacierto de la primera instancia estriba en considerar congresista elegido y no candidato al demandado, que son conceptos tan diferentes como realidad y virtualidad, y ese error la lleva a acomodarle el cuatrienio constitucional.

La Constitución establece diferencias entre los términos congresista y candidato (suplente) al Congreso de la República, como se expresó en acápites anteriores. Además, para completar el análisis, según la misma Carta constituye falta temporal del congresista, la licencia sin remuneración que no podrá ser inferior a tres meses (A. Leg. 03/93, art. 261).

Pues bien, con motivo de una situación administrativa de retiro temporal del cargo, cuya legalidad no fue objeto del juicio, el señor Mora Jaramillo ingresó al Congreso en remplazo del titular, por el término de noventa días, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1999. Esta situación administrativa la gobierna el parágrafo primero del precitado artículo 261 de la Carta, de la siguiente manera:

“Las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución Nacional y las leyes, se extenderán en igual forma a quienes asuman las funciones de las faltas temporales durante el tiempo de su asistencia”.

Con la atención puesta en el texto transcrito, desaparecen las dudas de manera irreprochable, respecto de la coincidencia de los períodos de los cargos públicos acumulados por una misma persona. Porque el candidato que asume las funciones de las faltas temporales del congresista, queda sometido al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los titulares, pero por el tiempo que dure su asistencia, disposición especial que prevalece sobre la regla general del cuatrienio de los congresistas, porque limita a un período relativo y determinable el de los candidatos que suplen ausencias precarias.

El señor Guillermo Mora Jaramillo, de acuerdo con lo expuesto in extenso, no fue elegido congresista de la República; como suplente de una lista y con motivo de una falta temporal del titular desempeñó ese cargo durante tres meses, y esa circunstancia la reglamenta la excepción a la regla general, es decir que solamente dentro de ese lapso puede serle aplicable el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución Nacional para los congresistas.

En conclusión, no hay coincidencia alguna de los períodos, ni total ni parcialmente, de los dos cargos desempeñados por el señor Mora Jaramillo, pues el de congresista transcurrió durante tres meses del año 1999 y el de alcalde comenzó el 1º de enero del presente año.

Decisión

Como lo ha definido reiteradamente la jurisprudencia, las inhabilidades deben estar expresamente consagradas y definidas por norma constitucional o legal; en este asunto lo pertinente es el régimen de inhabilidades de los alcaldes, contenido en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, que contempla las prohibiciones para entrar a desempeñar dicho cargo y hace anulable el acto de elección lo cual no ocurre en este caso, pues el hecho que se imputa al alcalde no se enmarca en esa disposición.

Por lo tanto se revocará la sentencia de primera instancia que así lo consideró, y en su lugar se desatenderán las pretensiones de las demandas acumuladas».

(Sentencia de noviembre 30 de 2001. Radicación 2717. Consejero Ponente: Dr. Roberto Medina López).

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