Sentencia 27194 de marzo 30 de 2006

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 27194

Acta 21

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Javier Osorio López

Bogotá, D.C., treinta de marzo de dos mil seis.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el Instituto de Seguros Sociales, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, calendada 15 de marzo de 2005 y aclarada el 13 de mayo de igual año, en el proceso que al recurrente le promovió Luis Albeiro Gaviria Gaviria.

I. Antecedentes

El accionante en mención demandó en proceso laboral al Instituto de Seguros Sociales, procurando el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen común, las mesadas pensionales dejadas de percibir desde el momento en que se estructuró el estado de invalidez, los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas.

En sustento de sus pretensiones argumentó que es afiliado al Instituto demandado – Seccional Antioquía, para lo cual cotiza en salud y pensiones; que en la actualidad experimenta gran merma de capacidad laboral, cuya estructuración se remonta a la época en que estuvo laborando en forma subordinada a favor de sus empleadores; que a la fecha de estructuración y calificación del estado de invalidez, reunía las semanas necesarias para disfrutar del derecho pensional de origen común, conforme lo dispuesto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003; que el ISS determinó una pérdida de capacidad del 55.40%, siendo la estructuración del 5 de diciembre de 2002, y a su vez la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquía, estableció el 52.60% con fecha de estructuración que data del 14 de noviembre de 2002; que reclamó ante el ente accionado y este se ha negado al reconocimiento de su pensión de invalidez, no obstante estar incapacitado para realizar cualquier actividad de tipo dependiente; y agregó que el IBL siempre fue igual al mínimo legal.

II. Respuesta a la demanda

La entidad convocada al proceso al dar contestación al libelo demandatorio, se opuso al éxito de las pretensiones; en cuanto a los hechos aceptó la afiliación del actor al ISS, la reclamación que el asegurado elevó para obtener su pensión de invalidez y la negativa del Instituto a concederla, aclarando que ello obedeció a que no se cumplieron los requisitos que para tal efecto exige la ley, así mismo dijo ser cierto lo referente a la calificación que practicó el ISS y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, al igual que el monto del IBL, y frente a los demás supuestos fácticos manifestó que unos no le constaban y que otros no eran ciertos; propuso como excepciones las que denominó inexistencia de la obligación, prescripción, compensación, imposibilidad de condena en costas, e improcedencia del pago de intereses moratorios.

En su defensa argumentó en resumen que el demandante al momento de ser declarado invalido no cumplía con los requisitos contemplados en la Ley 100 de 1993, a fin de poder adquirir el derecho a la pensión de invalidez, dado que no se encontraba cotizando al sistema general de pensiones y tampoco tenía las 26 semanas en el año inmediatamente anterior exigidas en el literal b) del artículo 39 de la citada ley de seguridad social, por lo que en su defecto le concedió la indemnización sustitutiva por valor de $ 5.079.751,oo.

III. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, le puso fin a la primera instancia con sentencia del 28 de enero de 2005, en la que declaró que el actor cumple con los requisitos exigidos en la Ley 100 de 1993 para adquirir el derecho a la pensión de invalidez, y en consecuencia condenó al Instituto de Seguros Sociales a reconocer ese derecho pensional a partir de febrero de 2002 y a cancelar por mesadas atrasadas la suma de $ 13.131.500,oo, junto con los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la citada Ley 100, que se encuentren vigentes para el momento en que se haga el pago, declaró no probadas las excepciones propuestas por el demandado, e impuso las costas a cargo del ISS.

IV. Sentencia de segunda instancia

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, a través de la sentencia del 15 de marzo de 2005, aclarada el 13 de mayo del mismo año, confirmó la decisión de primer grado y se abstuvo de condenar en costas en segunda instancia.

El ad quem consideró en síntesis que el a quo no se equivocó cuando dispuso un nuevo dictamen a fin de esclarecer la fecha real de estructuración del estado de invalidez del accionante, en la medida que existía controversia en relación a este aspecto y frente a los dictámenes que habían emitido el ISS y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquía; que la nueva valoración se ajusta completamente al Decreto 917 de 1999; y en este orden al actor se le aplica el artículo 39 de la Ley 100 de 1993.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez de segundo grado textualmente dijo lo siguiente:

“(...) Según se dejó anotado, pretende el accionante que se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocerle la pensión de invalidez de origen común. Petición que fue aceptada por el Juez de primera instancia.

Inconforme con la decisión del Juzgado, el mandatario judicial de la accionada, recurrió la providencia y la sustentó basándose, fundamentalmente, en que el <Despacho se refiere solo para indicar que él es el encargado de decidir tal conflicto, pudiéndose auxiliar de peritos y más aún cuando hay contradicción entre el dictamen emitido por el ISS y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquía. Contradicción que, igualmente con el respeto que se merece, inventa el fallador, puesto que la única diferencia crucial entre ambos conceptos fue la fecha de estructuración de invalidez y el ISS acató inmediatamente el emitido por la Junta>.

Pues bien:

El artículo 40 del Decreto 2463 de 2001, es del siguiente tenor:

<ART. 40.—Controversias sobre los dictámenes de las juntas de calificación de invalidez. Las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos por las juntas de calificación de invalidez, serán dirimidas por la justicia laboral ordinaria de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Laboral, mediante demanda promovida contra el dictamen de la junta correspondiente>.

Igualmente el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, preceptúa:

<ART. 41.—El estado de invalidez será determinado de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes y con base en el manual único para la calificación de la invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, que deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación, para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de la capacidad laboral>.

De acuerdo con las normas citadas, el señor Juez de primera instancia, tenía la facultad de ordenar un nuevo dictamen, toda vez que la controversia radicaba en la fecha de estructuración de la invalidez del señor Luis Albeiro Gaviria Gaviria, por cuanto dentro del plenario existía controversia sobre la misma, esto es, entre el dictamen del Seguro Social y el de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquía.

Por tanto, se recalca, lo único que solicitó el señor apoderado de la parte actora fue que se determinara la fecha real de estructuración del estado de invalidez, por cuanto ya había sido declarado inválido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez. El nuevo dictamen se ajustó completamente a lo establecido en el Decreto 917 de 1999 que establece la forma como debe analizarse la fecha de estructuración o declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral.

Como corolario de lo anterior, al actor le es aplicable el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual se confirmará en su integridad el fallo venido en apelación por parte del señor apoderado de la parte demandada, sin éxito en sus súplicas”.

V. Recurso de casación

Inconforme con la anterior determinación el Instituto accionado interpuso el recurso extraordinario de casación, con el que persigue según se lee en el alcance de la impugnación, que se CASE totalmente la sentencia impugnada, en cuanto condenó al ISS a pagar la pensión de invalidez vitalicia retroactiva a mayo de 2002, con sus respectivos intereses moratorios; y en sede de instancia, la Corte revoque la decisión de primer grado, para en su lugar absolver al demandado de las pretensiones de la demanda inicial, proveyendo lo que corresponda por costas.

Con tal fin invocó la causal primera de casación laboral contemplada en los artículos 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 60 del Decreto 528 de 1964 y 7º de la Ley 16 de 1969, y formuló tres cargos que no fueron replicados, los cuales se estudiaran en el orden propuesto

VI. Primer cargo

Acusó la sentencia recurrida de violar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos “6º del Decreto 917 de 1999, 40 del Decreto 2463 de 2001, 31 del Decreto 758 de 1990, y 40 y 41 de la Ley 100 modificados por el Decreto 266 del 2000, y 141 de la Ley 100 de 1993”.

Violación que afirma se produjo por incurrir el Tribunal en los siguientes errores de derecho:

“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la fecha de estructuración de la invalidez fue el 11 de febrero del 2002.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la fecha de estructuración de la invalidez fue el 14 de noviembre del 2002.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante tenía más de 26 semanas de cotización en el año anterior a la fecha de estructuración de la invalidez.

4. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante tenía únicamente 24 semanas de cotización en el año anterior a la fecha de estructuración de la invalidez.

5. No dar por demostrado, estándolo, que el ISS le reconoció al demandante la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandado tenía derecho al reconocimiento de la pensión vejez”.

Adujo que los errores de derecho que anteceden tuvieron su origen en la errónea apreciación y falta de valoración de las siguientes pruebas:

“(...) pruebas erróneamente apreciadas:

1. La demanda (folio 1 a 6);

2. La Resolución 009082 de 2003 (folios 8 y 76);

3. El dictamen para la pérdida de la capacidad laboral de la Junta de Calificación de Invalidez (folio 10 y 74);

4. El resumen del dictamen de calificación del señor Luis Albeiro Gaviria Gaviria del 10 de junio de 2003 (folio 11 y 75);

5. La contestación de la demanda (folios 52 a 54);

6. La Resolución 12638 del 2 de agosto de 2004 (folios 77 a 79), y

7. El concepto médico de la Universidad de Antioquía (folios 83 a 87)”.

Las pruebas no apreciadas:

1. La liquidación de la indemnización por el riesgo de invalidez, vejez y muerte (folio 71 y 72);

2. La relación de novedades del ISS (folios 67 a 69);

3. Los períodos de afiliación al régimen de pensiones (folio 70), y

4. “Medicina laboral” ISS (folios 9 y 73)”.

En la sustentación del cargo, el recurrente planteó la siguiente argumentación:

“(...) Con las pruebas no apreciadas y, especialmente con las erróneamente apreciadas, el Juez de segunda instancia comete un error de derecho porque es únicamente la Junta de Calificación de Invalidez, en primera y segunda instancia, la que, tiene la posibilidad jurídica de determinar el grado de invalidez de un cotizante a ese riesgo y la respectiva fecha de estructuración del mismo.

Por esto, el artículo 6º del Decreto 917 de 1999 dice que:

<La calificación y expedición del dictamen sobre el estado de la invalidez corresponde a las Juntas de Calificación de Invalidez, quienes conocerán de los siguientes asuntos:

a) La calificación y revisión de la pérdida de la capacidad laboral y la incapacidad permanente parcial, en caso de controversia.

b) La calificación del origen, el grado, la fecha de estructuración y la revisión del estado de invalidez>. (Negrilla fuera del texto).

El error de derecho cometido por el ad quem fue haber tenido como prueba idónea para establecer la fecha de estructuración de la invalidez el concepto emitido por la Universidad de Antioquía, cuando la norma en mención dice que únicamente se puede probar esto mediante el dictamen de la calificación de las Juntas de Calificación de Invalidez.

Aparte de lo anterior, el Decreto 2463 del 2001, en su artículo 40, dice que <las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación de Invalidez serán dirimidos por la justicia ordinaria laboral de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Laboral, mediante demanda promovida contra el dictamen de la Junta correspondiente>.

Entonces, la sentencia impugnada cometió el error de derecho de no tener como prueba idónea, cuando legalmente debía hacerlo, el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez sino un concepto distinto. Además, las controversias que se susciten sobre el dictamen de las mencionadas Juntas deben ser dirimidas por la justicia ordinaria laboral mediante demanda a esas Juntas, situación que no sucedió en el presente caso.

La sentencia de segunda instancia, que confirmó la de primera, se basó en un concepto médico de la Universidad de Antioquía que no tenía recibo legal, porque, en primer lugar, la única entidad que puede, entre otras cosas, determinar la fecha de la estructuración de una invalidez son las Juntas de Calificación de Invalidez y, en segundo lugar, si no se está de acuerdo con las dos instancias que hay en esa Junta, se debe demandar a la tantas veces mencionada Junta de Calificación de Invalidez, y no al ISS.

Según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, el error de derecho se produce cuando se da por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley (radicación 21028 del 29 de septiembre de 2003). En este caso la sentencia del ad quem confirmando la de a quo se fundamentó en el concepto médico de la Universidad de Antioquía, el cual carece de valor probatorio porque la prueba que la norma indica es solemne, o sea, únicamente la puede expedir las Juntas Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, instituciones adscritas al Ministerio de Protección Social.

Además, hay que agregar que la sentencia de segunda instancia no apreció la liquidación de indemnizaciones del riesgo de invalidez, vejez y muerte que obra a folios 71 y 72 del expediente, y apreció equivocadamente las Resoluciones 00982 de 2003, 1263 del ISS (folio 77 a 79) sobre este mismo tema.

Si hubiera apreciado la prueba que está a folios 71 y 72, denominada <liquidación, indemnización y IVM por muerte>, y si se hubiera apreciado correctamente las Resoluciones 00982 de 2003 y 12638 (folio 77), por lo menos habría aceptado la excepción de compensación propuesta en la contestación de la demanda.

Y con base en este error de derecho, además, condena a cancelar intereses moratorios derivados de la falta de pago de las mesadas pensionales.

En resumen, lo que había que definir con las pruebas adecuadamente producidas era la fecha de estructuración del estado de invalidez. El ISS en la Resolución 00982 de 2003 dice que esta se produjo el 14 de noviembre de 2002 y en la Resolución que desató el recurso de apelación, la 12638 de fecha 2 de agosto de 2004, se confirma que es el 14 de noviembre de 2002 la fecha de la estructuración, o sea, la misma fecha fijada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez.

Por lo tanto, a la violación de la ley sustancial se llegó indirectamente como consecuencia de haber incurrido el sentenciador de segunda instancia en un grave error, de orden fáctico, proveniente de un yerro de derecho en la apreciación de las pruebas que obran en el proceso. Porque no aceptó el Tribunal la prueba idónea exigida por la ley en calidad de solemne o ad sustantiam actus para acreditar la fecha de estructuración del estado de invalidez”.

VII. Se considera

Sea lo primero advertir que la censura revela una notable confusión en relación al concepto de error de hecho y de derecho en casación laboral, por lo siguiente:

El recurrente comienza por enunciar seis yerros que aunque denominó “de derecho” son más errores de hecho, pues apuntan a demostrar los supuestos razonamientos equivocados del Tribunal, en relación a la fecha de estructuración de la invalidez, el número de semanas cotizadas en el año que antecedió a ese estado, el reconocimiento de la indemnización sustitutiva y el derecho a acceder a la pensión implorada, todos ellos derivados de la errónea apreciación de la demanda inicial y su contestación, las resoluciones del ISS que negaron la pensión de invalidez y concedieron la indemnización sustitutiva, el dictamen o resumen de pérdida de capacidad laboral de la Junta de Calificación de Invalidez de Antioquia, y el concepto médico de la Universidad de Antioquia, al igual que de la inestimación de la liquidación de la indemnización por el riesgo de IVM, la relación de novedades del ISS, los períodos de afiliación del régimen de pensiones y el dictamen de medicina laboral del ISS.

El desarrollo del cargo no se acomoda jurídicamente a ninguno de los yerros fácticos atribuidos, en la medida que aquel está circunscrito exclusivamente a acreditar que la fecha de estructuración de la invalidez se estableció con un medio probatorio no autorizado por la ley; lo que significa, que el ataque pone de presente el verdadero error de derecho que se imputa, que en palabras del censor se hace consistir en que el ad quem tuvo en cuenta “como prueba idónea para establecer la fecha de estructuración de la invalidez el concepto emitido por la Universidad de Antioquía, cuando la norma en mención dice que únicamente se puede probar esto mediante el dictamen de la calificación de las Juntas de Calificación de Invalidez”, argumento bien ajeno de los yerros que se anotan como esencia del cargo.

Cabe recordar que el error de hecho tiene su origen en un raciocinio desacertado del fallador en su actividad probatoria, que lo conduce a hallar probado lo que no está acreditado y a no dar por demostrado lo que sí está establecido en el plenario, como consecuencia de la errada valoración o inapreciación de un medio de convicción calificado; mientras que el error de derecho, se presenta cuando el juzgador da por comprobado un hecho con un elemento probatorio cualquiera, siendo que la ley le exige para su demostración una prueba solemne, o también cuando no ha apreciado, debiendo hacerlo, una probanza de esa naturaleza, que es condición para la validez sustancial del acto que contiene.

Así las cosas, el cargo encaminado por la senda indirecta trae una mixtura indebida de esas dos categorías de yerros que compromete su prosperidad.

Pues bien, aunque la Sala disculpara esa inconsistencia, y se atuviera exclusivamente a la sustentación de la acusación que como se dijo enrostra al fallo impugnado un error de derecho, con fundamento en que el juzgador no estimó “como prueba idónea, cuando legalmente debía hacerlo, el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez sino un concepto distinto”, ello estructurado bajo la premisa que el aludido dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez es una prueba con “calidad de solemne o ad sustantiam actus para acreditar la fecha de estructuración del estado de invalidez” (Resalta la Sala), lo cierto es que el cargo no podría salir avante, habida cuenta que esta Corporación ha adoctrinado que el dictamen proveniente de esta clase de Juntas no es una prueba solemne, tal como se dejó sentando en sentencia del 29 de junio de 2005 radicado 24392, reiterada en decisión del 30 de agosto de igual año Rad. 25505, en donde en esta última se puntualizó:

“(....) Para el efecto, la censura acude al error de derecho para estructurar el yerro que le atribuye al juzgador, que se presenta cuando se da por comprobado un hecho con un elemento probatorio cualquiera, siendo que la Ley le exige para su demostración una prueba solemne, o también cuando no ha apreciado, debiendo hacerlo, una probanza de esa naturaleza, que es condición para la validez sustancial del acto que contiene.

Al respecto, en sentencia reciente del 29 de junio de 2005 radicado 24392, esta Sala de la Corte definió por mayoría que el dictamen emanado de la Junta de Calificación de Invalidez no es una prueba solemne y en esa oportunidad dijo: <El ataque esta edificado fundamentalmente en la aseveración según la cual el juzgador de segundo grado incurrió en un error de derecho consistente en dar por probado que no hubo accidente de trabajo, pese a que la prueba solemne acerca de la calificación de origen del accidente lo acredita fehacientemente, es decir el dictamen emanado de la junta de calificación. Planteamiento que resulta inexacto pues la referida prueba no es más que un experticio (sic) que la ley estableció debía ser practicado por unos determinados entes, lo cual difiere claramente de lo que es una prueba solemne>. (Resalta la Sala).

Lo anterior es así por cuanto la prueba solemne o ad solemnitatem, es una formalidad que impone la ley para la validez del acto, que en otras palabras es aquella que las partes o los interesados deben necesariamente ajustarse en rigor para la existencia jurídica de un acto, contrato o convenio, entre los cuales no encaja el dictamen pericial que es una de las pruebas que dispone la Ley, es ad probationen y obviamente no es de esencia contractual, sino que tiende a acreditar o demostrar un presupuesto o supuesto fáctico (para el caso el porcentaje de pérdida de capacidad laboral) que sirva como sustento o soporte para obtener un derecho perseguido, como por ejemplo el reconocimiento de un auxilio, incapacidad, prestación económica, indemnización, pensión, etc..

De suerte que, no es del caso calificar como prueba solemne el dictamen pericial con el que se busca establecer la pérdida de capacidad laboral, así provenga de la Junta de Calificación de Invalidez.

En tales circunstancias al no estarse en presencia de una prueba solemne, no se es dable hablar de error de derecho, lo cual compromete la prosperidad del cargo”.

En estas condiciones, por virtud de que la prueba que la censura estima idónea para acreditar la fecha de estructuración del estado de invalidez, carece de la condición de solemne o ad sustantiam actus, no tiene cabida el error de derecho que planteó el ataque.

De otro lado, si lo que pretende el censor es controvertir el valor probatorio del dictamen o concepto médico emanado de la Universidad de Antioquía, como prueba hábil o idónea para demostrar la fecha de estructuración de la invalidez, al expresar en uno de los pasajes de la sustentación que “En este caso la sentencia del ad quem confirmando la del a quo se fundamentó en el concepto médico de la Universidad de Antioquía, el cual carece de valor probatorio” (resalta la Sala), debió en este punto orientar el ataque por la vía directa y no por la senda seleccionada, por corresponder a un aspecto de puro derecho.

Al respecto conviene acotar que conforme el criterio reiterado de esta Sala de la Corte, la acusación de asuntos concernientes a la aducción, aportación, validez y decreto de pruebas solo es susceptible de impugnación por la vía directa.

En relación a este puntual aspecto es oportuno traer a colación lo expresado en sentencia del 7 de febrero de 2001 radicado 15.438, en la que se dijo:

“(...) Resulta claro entonces que el tribunal restó valor probatorio a los documentos en cuestión por considerar que no fueron controvertidos en el proceso y que no cumplen con los requisitos del artículo 185 del C. de P.C. y, en este orden de ideas, conforme a reiterada jurisprudencia de esta Sala, el ataque debió formularse por vía directa, imputándose la violación de medio de las reglas procesales pertinentes, pues antes de incurrir el sentenciador en un equivocado entendimiento de los hechos por omisión de la prueba —que es lo que estrictamente puede conducir al error de hecho manifiesto— lo que en realidad habría infringido es la ley instrumental que gobierna la producción, aducción o, para el caso que nos ocupa, la validez, de los elementos probatorios legalmente admisibles”.

Colofón a lo anterior, es que el cargo se desestima.

VIII. Segundo cargo

La censura acusó la sentencia impugnada de violar por la vía directa, en el concepto de interpretación errónea de los artículos “6º del Decreto 917 de 1999, el 40 del Decreto 2463 de 2001 y el artículo 40 y 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el Decreto 266 del 2000, lo cual condujo a aplicar el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y a la falta de aplicación del artículo 31 del Decreto 758 de 1990”.

Para su demostración argumentó lo siguiente:

“(...) Este cargo no es fáctico, sino de derecho. Entonces, acepto las pruebas.

El artículo 6º del Decreto 917 de 1999 dice, literalmente, que la Junta de Calificación de Invalidez tendrá por objeto la determinación del grado de invalidez, y <la fecha de estructuración>. A pesar de que mencionada la norma, la sentencia impugnada la interpreta equivocadamente, porque, dice textualmente, <el nuevo dictamen se ajustó completamente a lo establecido en el Decreto 917 de 1999 que establece la forma como se debe analizarse (sic) la fecha de estructuración o la declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral>.

La interpretación errónea consiste en que la norma establece claramente que es la Junta de Calificación de Invalidez la que debe determinar <la fecha de la estructuración>, y la sentencia de segunda instancia la interpreta como si la misma estableciera es la <forma como se debe analizarse (sic) la fecha de estructuración o la declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral> y, como consecuencia de esto, le otorga validez al dictamen emitido por la Universidad de Antioquia.

La falla que comete el Tribunal es un error acerca del contenido de esa norma, porque la cita en su sentencia pero le da un pensamiento distinto al aplicarla. Como dice De La Plaza, citado por Murcia Ballén, <se la entendió sin embargo equivocadamente y así la aplicó>.

Citando nuevamente al Maestro Murcia Ballén, él menciona que la Corte ha manifestado: <Interpretar erróneamente un precepto legal es, pues, en casación aplicarlo al caso litigado por ser pertinente pero atribuyéndole un sentido o alcance que no le corresponde. (...) Se aplica la disposición legal que corresponde, pero con una inteligencia que no puede dársele>.

El haber interpretado equivocadamente que otro ente distinto a la Junta de Calificación de Invalidez tenía la facultad para determinar la fecha de la ocurrencia de la invalidez, lo llevó a interpretar, también equivocadamente, el artículo 40 del Decreto 2463 de 2001 citado literalmente en la sentencia impugnada: <las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación de Invalidez, serán dirimidas por la justicia laboral ordinaria>.

Y al haber interpretado equivocadamente los dos artículos de los decretos, mencionados antes, consecuencialmente le dio un alcance distinto al artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el decreto 266 del 2000.

Y el haber interpretado erróneamente el artículo 6º del Decreto 917 de 1999 y el artículo 40 del Decreto 2463 del 2001, lo condujo a aplicar equivocadamente el artículo 141 de la Ley 100 de 1993”.

IX. Se considera

Este cargo se encamina a que se determine jurídicamente que la Junta de Calificación de Invalidez por mandato legal es el único ente al cual le está adjudicado de acuerdo a su competencia, establecer el estado de invalidez y demás aspectos que surgen alrededor de tal condición, ello respecto a controversias en las que se persiga su prestación, con lo que el sentenciador de instancia no podría para estos precisos fines acoger una experticia de otra entidad distinta.

Vista la motivación de la sentencia impugnada, el fallador de alzada al analizar el ordenamiento que gobierna a las Juntas de Calificación de Invalidez, coligió que el juez de conocimiento sí podía ordenar un nuevo dictamen ante la controversia o discordia suscitada de la fecha de estructuración de la invalidez, respecto de la señalada en los dictámenes tanto de la entidad de seguridad social como de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, y por consiguiente avaló e imprimió valor probatorio al nuevo dictamen o concepto médico rendido en el transcurso del proceso por una Institución ajena al organismo en comento, destacando que el estado de invalidez del accionante se había declarado con el dictamen de la Junta Regional de Antioquia.

Sobre este puntual aspecto, esta Sala de la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse y definir, que las Juntas de Calificación de Invalidez ya sea Regionales o Nacionales, son las llamadas a determinar el estado de invalidez en reclamaciones de pensiones de esta naturaleza, y por ende el juzgador está obligado a optar por dicho dictamen, aunque debe tener en cuenta que el mismo se haya sujetado al trámite y parámetros de las normas reglamentarias que regulan la materia. En sentencia del 30 de agosto de 2005 radicado 25505, se sostuvo:

“(...) Es sabido que para obtener la pensión de invalidez se requiere que el afiliado al sistema de seguridad social haya sido declarado inválido, así mismo que para determinar ese estado, la Ley 100 de 1993 estableció un procedimiento especial y adjudicó para su calificación la competencia exclusiva a las Juntas de Calificación de Invalidez, Regionales o Nacional, siguiendo las directrices de orden técnico y científico que para tal efecto establece el manual único de calificación de invalidez.

Por consiguiente, cuando se trate de demandar el reconocimiento y pago de una pensión por invalidez, es imprescindible obtener el dictamen de las aludidas Juntas de Calificación de Invalidez, según el mandato expreso de los artículos 41 y s.s. de la Ley 100 de 1993, y una vez allegado al proceso, el juez de instancia debe perentoriamente acogerlo, pero eso sí como lo advirtió la Sala en sentencia del 25 de mayo de 2005 radicado 24223 <siempre y cuando el mismo esté sujeto al trámite y parámetros previstos en las normas reglamentarias, sin perjuicio de lo que puedan deducir de otras pruebas aportadas al proceso y que en un momento dado les ofrezcan una mejor o mayor convicción, por corresponder a la verdad que emerge del proceso>.

De tal modo, que en los conflictos que versen sobre una pensión de invalidez, es perentorio que el juez de instancia en principio obtenga y acoja el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez.

Descendiendo al asunto a juzgar, el Tribunal interpretó correctamente las normas denunciadas, puesto que en ningún momento desconoció la competencia legal y exclusiva de las Juntas de Calificación de Invalidez, hasta el punto que el estado de invalidez finalmente lo extrajo del porcentaje de pérdida de capacidad dictaminado por la Junta Regional de Antioquia, al inferir que el actor “ya había sido declarado invalido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez”.

La circunstancia de que el ad quem haya dispuesto la práctica de otra prueba para verificar la fecha de estructuración de la invalidez contenida en el dictamen de la Junta de Calificación, debido a la no coincidencia con la fecha establecida en el dictamen de medicina laboral del ISS, —supuesto fáctico no discutido en este cargo—, probanza que se obtuvo a través de una entidad distinta a las Juntas y se acogió en ese específico punto por brindarle al sentenciador una mayor convicción, de ninguna manera viola alguna de las disposiciones que integran la proposición jurídica, ni va en contravía de las atribuciones, facultades o competencias de los mencionados entes de creación legal.

En este orden de ideas, el ad quem al dar por acreditada en el caso en particular la invalidez con el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, asegurándose de la fecha de estructuración que era objeto de esclarecimiento, con un medio probatorio diferente, no cometió el error jurídico que se le atribuye.

En consecuencia, el cargo, no prospera.

Al margen de lo dicho, importa agregar que así no se tuviera como fecha de estructuración de la invalidez el 11 de febrero de 2002 que aparece reseñada en el concepto médico laboral de la Universidad de Antioquia, y sí el 14 de noviembre de 2002 que estableció inicialmente la Junta de Calificación de Invalidez de Antioquia, de todos modos al demandante le asiste el derecho a acceder a la pensión de invalidez a cargo del Instituto de Seguros Sociales, dado que conforme a lo adoctrinado recientemente por esta Sala de la Corte, resulta improcedente que se le denegara el derecho pensional reclamado por no haber cotizado 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la última fecha de las señaladas.

Lo anterior por cuanto, remitiéndose esta Corporación a la resolución del ISS que le negó al actor la pensión de invalidez No. 009082 del 25 de agosto de 2003, se lee que el asegurado “acredita aportes durante 906 semanas” (resalta la Sala, folio 8 y 76 del cuaderno principal), cotizaciones anteriores a ese estado que sin hesitación alguna contribuyen a la obtención de la prestación y superan con creces las exigencias de la normatividad anterior, esto es, el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual año, que prevé como requisito haber cotizado para el seguro de invalidez, vejez y muerte, 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la fecha de la invalidez o 300 en cualquier tiempo, aportes que no pueden ser desconocidos por la modificación introducida por la Ley 100 de 1993, siendo suficientes para que la entidad de seguridad social reconozca el derecho que sobre esta pesa.

En efecto, la Sala replanteó el tema y en sentencia del 5 de julio de 2005 radicado 24280, reiterada en decisiones del 19, 25 y 26 de julio del mismo año, radicación 23178, 24242 y 23414, respectivamente, y recientemente en fallo del 31 de enero de 2006 radicado 25134, sostuvo que pese a no alcanzarse a cotizar 26 semanas durante el año anterior al estado de invalidez, empero al tener el afiliado un número considerable de semanas cotizadas, concretamente más de 300 en cualquier época, tiene derecho a la pensión de invalidez. En la primera de las decisiones citada, la Corte razonó diciendo:

“(...) El Tribunal exigió el cumplimiento de las cotizaciones al ISS, en la proporción señalada por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en tanto que la censura argumenta que tal requisito contraviene los principios de la seguridad social.

Pues bien, la seguridad social, como lo advierte la acusación, tiene su sustento en el artículo 48 de la Constitución Política y en la Ley 100 de 1993, como derecho inherente al ser humano y, por consiguiente, con la garantía para este de protección y amparo frente a las posibles contingencias que puedan afectarlo junto con su núcleo familiar, derivadas de la prestación de un servicio, de la ejecución de una relación laboral del trabajo independiente o sencillamente del amparo previsto para quienes se aplica el régimen subsidiado, entre otros. De allí, la efectiva acción del legislador, para procurar la realización de los fines del régimen de la seguridad social y para cubrir aquellas contingencias, como la enfermedad, la invalidez, la vejez y la muerte.

Y entendido el derecho a la seguridad social, dentro de esa especial categoría, sobre los principios que lo inspiran, vale decir, la eficiencia, la integralidad, la universalidad, y la solidaridad, es indudable que no podría truncársele a una persona el derecho a pensionarse, como en este caso, si ha cumplido aportaciones suficientes para acceder a él, bajo un régimen como el del Acuerdo 049 de 1990, porque, en perspectiva de la finalidad de protección y asistencia de la población, con el cubrimiento de los distintos riesgos o infortunios, no resultaría viable vedar el campo de aplicación de dicha normativa, con el pretexto de que la nueva ley, sin tener en cuenta aquella finalidad y cotizaciones, exige que se aporten por lo menos 26 semanas anteriores a la invalidez (si se trata de un cotizante), o, contabilizadas en el año anterior al suceso, así no se encuentre cotizando, o se halle desafiliado. Desde luego que no se desconoce el efecto general inmediato de las normas laborales, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 16 del C. S. del T. Lo que ocurre es que en eventos como el analizado, se debe tener en cuenta que para acceder a la pensión de invalidez, así como a la causada por muerte, no resulta válido considerar como único parámetro para determinar si existe o no el derecho correspondiente, la fecha del respectivo acontecimiento (incapacidad para laborar o deceso); es necesario adicionalmente observar el conjunto de postulados y la naturaleza misma del derecho a la seguridad social, con miras a lograr el amparo y la asistencia propuestos constitucionalmente, y a los cuales se arriba con la puesta en vigor de las instituciones legalmente previstas.

Resultaría el sistema ineficaz, sin sentido práctico y dinámico además, si se negara el derecho pensional a quien estuvo o está afiliado a la seguridad social, y cumplió con un número de aportaciones tan suficiente —971— que, de no haber variado la normatividad, se repite, para disminuir la densidad de cotizaciones, con inmediatez al año anterior al infortunio, hubiera obtenido el derecho pensional sin reparo alguno. De suerte que no resulta acorde con la lógica, ni conforme con los ordenamientos constitucionales y legales, que una modificación como la introducida por la Ley 100 de 1993, desconozca aquellas cotizaciones, y le impida procurarse su subsistencia y, posiblemente, la de su grupo familiar, a través de la pensión, pues ello contrariaría los principios del régimen antes anotados, que le permiten, a quien ha padecido una novedad hacerle frente, mediante el acceso a la pensión, como consecuencia de los aportes válidamente realizados antes de su acaecimiento.

Es indudable que el propósito del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 fue hacer más sencillo el reconocimiento de la pensión de invalidez, frente a las disposiciones anteriores a su vigencia que regulaban el tema.

Efectivamente dentro del antiguo régimen era indispensable para pensionarse haber cotizado como mínimo 150 semanas dentro de los 6 años anteriores al advenimiento de la invalidez o un mínimo de 300 semanas en cualquier tiempo, mientras que en el nuevo régimen basta estar cotizando y haber completado 26 semanas en el momento de invalidarse o las mismas 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior a ese insuceso para conseguir el mismo resultado.

Pero sería una paradoja jurídica entender que quien había cotizado dentro del régimen anterior con abundancia de semanas, como acontece con la actual demandante, quede privada de la pensión por falta de las 26 semanas exigidas en el nuevo régimen, ya que de antemano tenía consolidado un amparo para sobrellevar la invalidez dentro del régimen antiguo, amparo este que ni los principios constitucionales tutelares del trabajo humano ni la justicia y la equidad permiten desconocer. Más aun cuando la entidad obligada a reconocer la pensión de invalidez ya lo estaba dentro del antiguo régimen, sin que ahora pueda escudarse en el nuevo, para abstenerse de cumplir ese deber jurídico que de antemano ya pesaba sobre tal entidad.

Aun cuando pudiera argumentarse que la ausencia legal de un régimen de transición frente a la pensión de invalidez, como sí lo tiene la de vejez, impide tener en cuenta las cotizaciones pagadas suficientemente por quien no aportó el mínimo de 26 semanas requerido en el mencionado artículo 39 de la Ley 100 de 1993, cabe decir que la situación es distinta en uno u otro caso, porque en la de vejez es viable para el legislador considerar la mayor o menor aproximación a la edad y al total de cotizaciones exigidas bajo un régimen, para determinar el grupo de la población que eventualmente puede acceder a esa prestación (por el transcurso del tiempo —hecho determinable—, ya para completar cierta edad, o, para sumar un período de cotizaciones); mientras que en la de invalidez, obedece a contingencias improbables de predecir, y por ende, no regulables por un régimen de transición.

Desde la anterior perspectiva, la invalidez simplemente llega, y ese hecho impide, a quien la padece en más del 50% (proporción establecida legalmente, igual en el Acuerdo 049 de 1990, que en la Ley 100 de 1993), laborar y procurarse un modo de subsistencia, de forma que el sistema no puede dejar de prestarle la asistencia debida, teniendo en cuenta las cotizaciones antecedentes a ese estado, las cuales, sin lugar a duda, deben tener un objetivo práctico, tendiente a no dejar desamparado a quien aportó al régimen, así que posteriormente, al cumplir la edad para una eventual pensión por vejez, de esta no puede despojársele, pero mientras ello sucede, no debe quedarse sin defensa, por la ineficacia, que pretende la demandada, se le dé a las citadas aportaciones, que finalmente contribuyeron a la consecución de la prestación, por vejez, por invalidez o por muerte.

Por todo lo dicho, resulta viable predicar que el Tribunal incurrió en la infracción legal denunciada. Por consiguiente se casará la sentencia, en cuanto infirmó la decisión condenatoria de primer grado”.

X. Tercer cargo

Ataca la sentencia acusada de violar por la vía directa, en el concepto de interpretación errónea el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Para sustentar el cargo esgrime la siguiente argumentación:

“(...) La interpretación errónea del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 consiste en que el ad quem no consideró para aplicarlo la buena o mala fe del ISS al no conceder la pensión de invalidez, cuando, según sus propios dictámenes y el de la Junta Regional de Calificación no tenían la obligación jurídica de hacerlo.

Aplicando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, respecto del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, porque del artículo acusado no encontramos, debemos mencionar la radicada con el número 7393 del 18 de septiembre de 1995, que dice: <En caso de que este derecho indemnizatorio sea reclamado por la vía judicial, la jurisprudencia ha precisado que el juzgador no debe proferir condena automática ante el hecho de la falta de pago, sino que ha de examinar la conducta patronal y si de esa emerge la buena fe exonerar al patrono. Dicha buena fe alude a que el empleador se abstenga de cancelar los derechos laborales a la finalización del nexo, entendida plausiblemente que no estaba obligado a hacer/o, siempre y cuando le asistan serías razones objetivas y jurídicas para sostener su postura de abstención, es decir, que sus argumentos para no haber pagado resulten valederos>.

Al haberle dado una aplicación incorrecta a las pruebas mencionadas anteriormente, el fallador de segunda instancia no se le pasó por la mente examinar la buena fe del ISS, cuando según sus propios dictámenes, que fueron ratificados por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, se determinó que el inválido tenía solo 24 semanas en el último año de servicios, y no 26 o más como exige la norma respectiva para conceder la pensión. Por lo tanto, el ISS no podía pagar la pensión de invalidez sino pagarle la indemnización sustitutiva.

Hay que tener en cuenta que si los funcionarios del ISS hubieran reconocido y pagado una pensión de invalidez sin que esta reuniera los requisitos legales, su actuar podría haber sido penalizado. Igualmente, se debe tener en cuenta que el dictamen de la Universidad de Antioquía fue ordenado por el juez, pero se negó la pensión con base en las Resoluciones del propio ISS corroboradas por el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez”.

XI. Se considera

En el presente cargo la censura somete a consideración de la Corte el tema relativo a los efectos de la mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por el incumplimiento en la cancelación de las mesadas pensionales, para que se decida por la vía del puro derecho, si de acuerdo al correcto entendimiento de la norma, el juzgador en este evento debe o no examinar la conducta de la entidad obligada al reconocimiento y pago del derecho pensional, para poder imponer los respectivos intereses moratorios.

En relación con este aspecto en concreto, es de advertir que esta Sala de la Corte, tuvo la oportunidad de estudiar y definir que estos intereses moratorios no tienen el carácter de sanción, y consecuente con lo anterior no es dable vinculárseles para su pago a la existencia de la buena o mala fe, en la medida que el precepto legal que los consagró no trae esa exigencia de responsabilidad o eximente de ella. Es así que en sentencia que data del 24 de julio de 2002 radicación 17890, se dijo:

“(....) Y en lo que hace con la equivocada hermenéutica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la censura le enrostra al Tribunal haberle dado a los intereses consagrados en esa norma el carácter de pena o sanción; exigir la existencia de una sentencia judicial para colegir su pertinencia, afirmando que la buena o mala fe del deudor en nada influye para su causación, porque para que ella se produzca lo único que se requiere es el retardo o mora en la obligación principal.

En efecto, como surge de la sinopsis del fallo impugnado, lo que asentó el juez de la alzada fue que la condena no era procedente por cuanto la Caja Nacional de Previsión Social demandada no tenía certeza de a quién le correspondía el derecho a disfrutar la sustitución pensional, razón por la cual no era dable atribuirle responsabilidad.

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993, preceptúa <Intereses de Mora. A partir del 1º. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago>.

El espíritu del soporte legal traído a colación, radica en que ante la “mora” en el pago de la obligación pensional, surgen de manera accesoria los intereses, sin miramientos o análisis de responsabilidad, buena fe, cumplimiento condicionado o eventuales circunstancias.

Por tanto, los razonamientos del ad quem sobre motivos justificativos de la mora en el pago de la pensión, para liberación de los intereses por esa tardanza, llevan una inteligencia equivocada del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, al agregarle al contenido del citado precepto, exigencias de responsabilidad y eximientes de ella no previstos por el legislador.

Y ello es así porque, como es apenas natural, para que se presente la mora en el pago de las mesadas pensionales que pueda dar lugar a la obligación de la entidad correspondiente de pagar los intereses, solamente debe estarse frente al incumplimiento de la obligación a su cargo la que, en tratándose de una sustitución pensional, se da cuando los beneficiarios con derecho a esa prerrogativa prestacional la reclaman. Y en este caso, ante la existencia de una controversia sobre el requisito de convivencia del causante, para radicar el real beneficiario, ha debido la demandada proceder al pago por consignación, mientras la justicia determinaba lo pertinente, para evitar los efectos de la mora previstos en el artículo 141 de la ley ya citada.

Por manera que se está ante un desacierto hermenéutico con la entidad suficiente para desquiciar el fallo, cuando el Tribunal concluyó que para la imposición de los intereses de mora era necesario que se diera el cumplimiento de la condición consistente en el trámite previo de un proceso que dirimiera judicialmente entre los varios presuntos beneficiarios.

Además, aludió al incumplimiento injustificado como supuesto del surgimiento de los intereses, mención de la cual es posible inferir que les dio el carácter de pena o sanción y los vinculó para su pago a la existencia de buena o mala fe, conceptos que no corresponden a la concepción y filosofía de la <mora>”.

Y en decisión del 27 de febrero de 2004 radicado 21892, la Corte precisó:

“(...) En cuanto a lo planteado en el tercer cargo basta decir que la Corte ha precisado, entre otros pronunciamientos, en los del 12 de junio (Rad. 18789) y 4 de Septiembre (Rad. 20487) del año 2003, que para la imposición de los intereses moratorios regulados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no es necesario que el fallador tenga que analizar la conducta de buena o mala fe de la entidad a la cual se le está reclamando el reconocimiento y pago de una pensión, porque los mismos no tienen carácter de sanción, sino de resarcimiento por la tardanza en la concesión de la prestación a la que se tiene derecho”.

Por consiguiente, el Tribunal no incurrió en el yerro jurídico que se le endilga al confirmar la condena de los intereses moratorios, sin detenerse a analizar la buena o mala fe del Instituto demandado.

El cargo, en consecuencia, no prospera.

Dado que no se formuló réplica, no hay lugar a costas en el recurso extraordinario.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, el 15 de marzo de 2005 y aclarada el 13 de mayo del mismo año, en el proceso adelantado por Luis Albeiro Gaviria Gaviria contra Instituto de Seguros Sociales.

Sin Costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Luis Javier Osorio López—Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas —Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego —Isaura Vargas Díaz.

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.

Aclaración de voto

Comparto la decisión adoptada pero en mi opinión no incurrió la recurrente en ninguna irregularidad cuando denunció que el Tribunal cometió un error de derecho cuando tuvo por probado una invalidez con un medio de prueba diferente al dictamen emitido por una junta de calificación del estado de invalidez, pues la ley ha asignado una competencia específica en relación con las controversias relacionadas con la perdida de la capacidad laboral, que no puede ser desconocida por los jueces acudiendo a las facultades establecidas en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en materia de apreciación de la prueba, pues por virtud de esa delegación legal, en un proceso judicial será el dictamen de las juntas establecidas para el efecto, el medio de convicción idóneo para establecer tanto el estado como el origen de la invalidez.

Así se desprende de lo que explicó la Corte en la sentencia del 3 de abril de 2001, radicado 15137, en la que, memorando el criterio vertido, entre otras, en las sentencia del 16 de diciembre de 1997 (Rad. 9978), que dijo fue aclarada por la radicada bajo el número 11910, proferida el 29 de septiembre de 1999, en la cual se ratificó que dichas juntas son las únicas facultadas por la ley “para emitir el dictamen sobre el grado de reducción de capacidad laboral de una persona, como fundamento de su pretendida pensión de invalidez”.

En efecto, en tal providencia se precisó:

“Significa lo anterior que es fundada la acusación que al fallo le formula la recurrente, pues al haberse basado el Tribunal en el dictamen rendido por el médico del Ministerio de Trabajo, cuando se encontraba ya en vigor la Ley 100 de 1993, e igualmente el artículo 47 del Decreto 1295 de 1994 y los artículos 1º y 3º del Decreto 303 de 1995, se rebeló contra los preceptos de dicha ley y sus decretos reglamentarios en cuanto establecen que el estado de invalidez debe acreditarse mediante el dictamen proveniente de las juntas de calificación de invalidez”.

Y aun cuando no desconozco que en determinadas oportunidades y dada la conformación de dichas juntas, otros medios probatorios puedan ofrecer un mayor grado de persuasión al juzgador, ello en modo alguno significa que pueda restársele valor probatorio a un dictamen emitido por una junta de calificación de invalidez en ejercicio de sus atribuciones legales, con mayor razón si se toma en consideración que dichos dictámenes pueden ser controvertidos de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley, tanto cuando se han proferido antes de iniciado el proceso judicial en el que se aporten como prueba, como cuando se han producido una vez iniciado este.

Por lo tanto, no comparto la afirmación ahora efectuada por la Sala, pues en últimas conduce a dejar sin efectos prácticos la competencia otorgada a las señaladas juntas y hace inane acudir ante ellas cuando se trate de establecer el estado de invalidez o su origen.

Fecha ut supra,

Gustavo José Gnecco Mendoza 

Salvamento de voto

Con el respeto acostumbrado me aparto de la decisión de la mayoría, en cuanto dispuso NO CASAR la sentencia y accedió al reconocimiento de indemnización plena de perjuicios como consecuencia de un estado de invalidez no probado de conformidad con la ley, por lo que paso a exponer.

Las disposiciones que regulan el tema de la determinación del estado de invalidez, y concretamente el Decreto 917 de 1999, tienen vocación de aplicación universal, pues fueron dictadas para la determinación de las incapacidades y el estado de invalidez en el mundo del trabajo y el de la seguridad social, para la definición de las prestaciones de la Ley 100 de 1993, en cualquiera de los dos regímenes; para efectos de la protección social- por la remisión a la Ley 361 de 1997 que comprende a toda la población discapacitada; y para ser aplicadas a todos los habitantes del territorio nacional, como a todos los trabajadores de cualquier orden o sector, como se desprende del texto de la norma que, para señalar el campo de aplicación, dispone en su artículo 1º que “El Manual Único para la Calificación de la Invalidez contenida en este decreto se aplica a todos los habitantes del territorio nacional, a los trabajadores de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y del sector privado en general, para determinar la pérdida de la capacidad laboral de cualquier origen ...”.

El artículo 6º del Decreto 917 en comento, determina que la calificación y expedición del dictamen sobre el estado de la invalidez corresponde a las Juntas de Calificación de Invalidez, y de acuerdo con lo que viene de explicarse, se considera que incluso para efectos de la determinación de esa discapacidad física para la indemnización plena de perjuicios por culpa comprobada del patrono prevista en el artículo 216 de Código Sustantivo del Trabajo, debe acudirse de manera indefectible a dicha prueba.

En esa misma línea, el Decreto 2463 de 2001 “por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez” en el artículo 1º referente al campo de aplicación incluye a los trabajadores no afiliados al sistema de seguridad social y a las personas que requieran el certificado de pérdida de capacidad laboral para reclamar un derecho o para aportarlo como prueba en los procesos judiciales o administrativos. Si bien esta normatividad no era aplicable al sub litem si deja ver la tendencia legislativa a consagrar el dictamen de las Juntas de Calificación de Invalidez como la única prueba apta para demostrar el estado de invalidez y su porcentaje en el universo de actuaciones judiciales y administrativas.

Ese entendimiento hace de esa prueba un poderoso instrumento para racionalizar, regular y darle seguridad jurídica esas situaciones evitando iniquidades.

En ese orden de ideas, en mi concepto, el Tribunal al haber dado por demostrado el estado de invalidez del actor, con un elemento de convicción distinto, incurrió en el error de derecho que se le atribuye, y por lo tanto la Corte debió darle prosperidad a la acusación.

Desde las épocas del extinto Tribunal Supremo del Trabajo, se ha abogado por el respeto de la prueba solemne. En la sentencia de casación de 9 de octubre de 1947, G. del T., t. II, núms. 5 a 16, p.419 se señaló al respecto:

“El Tribunal supremo no considera procedente que la omisión de pruebas legales, exigidas preceptos vigentes, y que además se refieren a solemnidades indispensables para la validez de un acto o contrato, pueda aceptarse sin consecuencias para las partes o pasarse por alto en los litigios del trabajo en atención solamente al espíritu que informa al derecho social. El nuevo derecho no es negación de pruebas en ningún caso y las partes no deben dejar de probar porque se trate de los litigios laborales, para solo hacerlo en los civiles o mercantiles”.

Fecha ut supra,

Eduardo López Villegas