Sentencia 27237 de mayo 2 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 27.237

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Ayda Esperanza González Cardoza

Demandado: Municipio de Cali - Secretaría de Obras Públicas

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del presente asunto, por virtud del recurso de apelación formulado por la demandada contra la sentencia del 31 de octubre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se declaró la responsabilidad del municipio de Cali, en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que en la demanda —presentada en feb. 1º/2000— la parte actora solicitó el equivalente a 1500 gramos de oro, por concepto de perjuicios morales, esto es, $ 26’994.255(1) y la cuantía mínima exigida para entonces por la ley, para que un proceso fuera de doble instancia, en acción de reparación directa, era de $ 26’390.000(2).

2.2. Caducidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo,(3) aplicable para la época de los hechos y de la presentación de la demanda, la acción de reparación directa caducaba al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. En el presente asunto, los hechos ocurrieron el 28 de diciembre de 1998 y la demanda fue instaurada el 1º de febrero de 2000, es decir, dentro del término que contemplaba el ordenamiento legal de entonces.

2.3. Apelante único.

En el presente asunto, la entidad demandada fue la única que recurrió la sentencia que la declaró responsable del accidente y de las lesiones que sufrió la señora Ayda Esperanza González Cardoza, de modo que no podrá agravarse su situación, dada la calidad de apelante único que aquella ostenta, en virtud del principio de la no reformatio in pejus, esto es, de la prohibición de empeorar la situación del apelante único; así, la decisión que se impugna solo puede ser modificada por el juez de segunda instancia si con ello el apelante resulta favorecido o mejorado en su situación.

2.4. El caso y su análisis.

Se encuentra acreditado en el plenario que, el 28 de diciembre de 1998, la señora Ayda Esperanza González Cardoza sufrió un accidente de tránsito, a la altura de la avenida Simón Bolívar con carrera 85, cuando la motocicleta en la que se movilizaba cogió un hueco, que le hizo perder el equilibrio y caer al suelo.

Al respecto, el señor Wilson Londoño Gómez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como agente de tránsito, en diligencia de testimonio rendida el 10 de octubre de 2001 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca manifestó que, la noche del 28 de diciembre de 1998, recibió una comunicación de la central sobre un accidente de tránsito, en el que había una persona lesionada, quien había sido trasladada a la Clínica Valle de Lili, motivo por el cual se dirigió hasta dicho centro asistencial. Al llegar al lugar, una persona que dijo ser el hermano de la víctima lo puso al tanto de los hechos y le informó que la señora González Cardoza, quien se movilizaba en una motocicleta, había sufrido un accidente, a la altura de la avenida Simón Bolívar con carrera 85.

Una vez que fue informado de la situación, se dirigió, en compañía del hermano de la víctima, al lugar donde habría ocurrido el accidente y constató la presencia de un hueco sobre la vía, el cual se encontraba cubierto de agua, lo que, a su juicio, impedía su visibilidad.

Aseguró que no levantó croquis, porque la motocicleta había sido movida del lugar de los hechos, y que le pidió al hermano de la víctima que la llevara a los patios al día siguiente, a fin de que la autoridad competente le practicara una inspección técnico mecánica, como en efecto se hizo (fls. 8 a 11, cdno. 2).

Como puede observarse, lo manifestado por el referido agente de tránsito, por sí solo, no arroja la certeza suficiente que permita a la Sala tener por acreditado que la señora González Cardoza sufrió un accidente de tránsito en las circunstancias de tiempo, modo y lugar señaladas en la demanda, es decir, que la motocicleta en la que se movilizaba por la avenida Simón Bolívar con carrera 85 cogió un hueco que le hizo perder el equilibrio y caer al suelo, en la medida en que lo narrado por el agente Londoño Gómez corresponde a lo que, al respecto, le manifestó el señor José González, hermano de la víctima, quien no fue testigo presencial de los hechos ni rindió declaración alguna sobre el particular.

No obstante, lo dicho por el agente Londoño Gómez fue ratificado por el señor Leonardo Salazar Marín, quien para la época de los hechos conducía un taxi y pasó por el lugar del accidente al poco tiempo de ocurrido este. Dicho señor, en testimonio rendido el 9 de octubre de 2001 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (fls. 5 a 7, cdno. 2), manifestó que el 28 de diciembre de 1998, aproximadamente a las 8 y 30 de la noche, a la altura de la avenida Simón Bolívar con carrera 85, observó un tumulto de personas, razón por la cual se detuvo en el lugar, preguntó qué había ocurrido y una de esas personas le informó que una mujer se había caído en su motocicleta en un hueco. Señaló que observó una señora con la cara ensangrentada, quien se cogía el brazo derecho y fue trasladada a la Clínica Valle de Lili. Aseguró que vio un hueco de gran tamaño sobre la vía y narró que, en una ocasión, cuando se desplazaba en su taxi, cayó en él y se partió una hoja del amortiguador. Manifestó que el día del accidente se encontraba lloviendo y que el sitio donde este ocurrió era oscuro y que, además, ese hueco llevaba varios días sin ser tapado.

Ahora, la declaración extra juicio que rindió el señor Fadul Quintero Vidal el 5 de octubre de 1999, en la Notaría 12 del Círculo de Cali (fl. 18, cdno. 1), no puede ser valorada en este caso, toda vez que la ley restringió esa clase de declaraciones, como medio de prueba en actuaciones judiciales, a dos situaciones, a saber: I) cuando la persona que declara está enferma y II) cuando la declaración tiene como propósito servir de prueba sumaria en determinado asunto para el cual la ley autoriza esta clase de prueba (CPC, arts. 298 y 299),(4) y ocurre que ninguno de estos supuestos se da en el sub lite, a lo cual se suma que dicha declaración no fue ratificada en este proceso, ni practicada con audiencia de la parte contraria.

Por su parte, las declaraciones extra proceso de Blanca Gladys Arana Hernández (oct. 4/99) (fl. 16, cdno. 1), Leonardo Salazar Marín (oct. 4/99) (fl. 17, cdno. 1) y Wilson Londoño Gómez (oct. 5/99) (fl. 19, cdno. 1), rendidas en la Notaría 12 de Cali, sí pueden valorarse en el sub lite, en atención a que fueron ratificadas en este proceso; no obstante, como lo dicho por ellos en las referidas declaraciones extrajuicio es lo mismo que manifestaron en los testimonios que rindieron en el curso de este proceso, la Sala tendrá en cuenta estos últimos, por ser más amplios y más precisos.

Pues bien, analizadas detenidamente las declaraciones acabadas de citar, se tiene que, efectivamente, la señora González Cardoza sufrió un accidente, cuando la motocicleta en la que se desplazaba por la avenida Simón Bolívar con carrera 85, de Cali cogió un hueco sobre la vía, que le hizo perder el equilibrio y caer al suelo; asimismo, se tiene que el hueco que causó el accidente estaba cubierto con agua y que el sitio donde se encontraba ubicado era oscuro, lo cual, sin duda, impidió que la motociclista lo observara y cayera en él.

Puede concluirse, entonces, que el accidente de la señora González Cardoza obedeció a la presencia de un hueco sobre la vía, debido a la falta de mantenimiento de la misma, lo que evidencia una falla en la prestación del servicio, imputable al municipio de Cali.

Al respecto, la Sala ha sostenido, de tiempo atrás, que la falla del servicio ha sido y continúa siendo el título jurídico de imputación por excelencia, para desencadenar la obligación indemnizatoria a cargo del Estado. En efecto, si al juez administrativo le compete —por principio— una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda de que tal título es el idóneo para asentar la responsabilidad de la administración(5).

Es obvio que el Estado tiene la obligación de utilizar adecuadamente los medios de que está provisto, en aras de cumplir sus deberes, de tal suerte que si se produce un daño por su incuria en el empleo de tales medios, surge su obligación resarcitoria; por el contrario, si el daño ocurre pese a su diligencia y cuidado, no puede ni debe quedar comprometida su responsabilidad.

Ahora bien, a efectos de acreditar el daño sufrido, la parte actora aportó con la demanda la historia clínica suscrita por la Fundación Valle de Lili de Cali (fls. 11 a 14, cdno. 1) y un dictamen médico legal practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal (fl. 15, cdno. 1); sin embargo, ambos documentos fueron allegados en copia simple, razón por la cual, conforme al artículo 254 del Código de Procedimiento Civil,(6) carecen de valor probatorio y, por lo mismo, no pueden ser valorados.

No obstante, existen otros medios de prueba que permiten a la Sala llegar a la convicción de que, efectivamente, la señora González Cardoza sufrió lesiones, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido la noche del 28 de diciembre de 1998, en la avenida Simón Bolívar con carrera 85 de Cali.

En efecto, a folio 3 del cuaderno 1 obran dos fotografías que permiten apreciar a la señora González Cardoza, quien presenta varias y marcadas cicatrices en el rostro. Tales fotografías fueron aportadas con la demanda y puestas en conocimiento de los testigos que declararon en el proceso; así, por ejemplo, la señora Blanca Gladys Arana Hernández, vecina del barrio en el que residía la víctima, en declaración rendida el 9 de octubre de 2001 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (fls. 1 a 4, cdno. 1), manifestó que doña Ayda Esperanza sufrió lesiones en la cara y en el brazo derecho y que permaneció incapacitada no menos de 1 mes, como consecuencia del accidente ocurrido la noche del 28 de diciembre de 1998. En relación con las fotografías que le exhibió el tribunal, la testigo sostuvo: “Ella es Aida (sic) Esperanza González Cardoza (...) esas fotos son tomadas ahí en la casa de ella” (fl. 3, cdno. 2).

Por su parte, el señor Leonardo Salazar Marín, cuyo testimonio fue citado unos párrafos atrás (p. 9), aseguró que, el día del accidente, observó a la señora González Cardoza sangrando en la cara y cogiéndose el brazo y, en relación con las fotografías que le puso de presente el tribunal, indicó: “sí, ella es la accidentada, yo la reconozco a ella como la misma que se accidentó ese día y la moto es la misma que aparece en esas fotos que se me ponen de presente” (fl. 6, cdno. 2).

A su turno, el señor Wilson Londoño Gómez, quien, como se dijo atrás, (p. 8), fue el agente de tránsito que, por razón de su cargo, conoció del accidente en el que resultó involucrada la señora González Cardoza, sobre las fotografías que el tribunal le exhibió señaló: “Sí, ella es la persona accidentada que yo vi en la clínica” (fl. 10, cdno. 2).

A lo anterior se suma que, el 29 de septiembre de 1999, la cirujana plástica Clara Inés Dorado Olarte, con tarjeta profesional 451680, al servicio de la Clínica Valle de Lili de Cali, elaboró un presupuesto de lo que le costaría a la señora Ayda Esperanza González Cardoza someterse a una rinoseptoplastia funcional, para corregir los problemas derivados del trauma sufrido el 28 de diciembre de 1998. Allí consta que la señora González Cardoza, a raíz del accidente, sufrió las siguientes secuelas: i) cicatriz en dorso nasal, ii) desviación septum nasal y iii) cicatriz hipocrómica en brazo, antebrazo y mano derechas (fl. 23, cdno. 1). Este documento no fue controvertido ni puesto en tela de juicio por la parte demandada y, por lo mismo, tiene pleno valor probatorio.

Pues bien, a pesar de que no se estableció qué incapacidad sufrió la víctima, a raíz del accidente de tránsito en el que resultó involucrada, pues no obra en el expediente un dictamen médico laboral o un dictamen médico legal, para la Sala es claro que la citada señora sí sufrió lesiones, como lo evidencia el material probatorio al que se acaba de hacer alusión, de suerte que el daño por ella sufrido está probado.

Así las cosas, acreditado como está, que la señora González Cardoza sufrió un accidente de tránsito que le produjo lesiones en el rostro y en el brazo derecho, y aquel se debió a la presencia de un hueco sobre la vía, lo que denota falta de mantenimiento de la misma y, a la vez, una falla en la prestación del servicio, imputable al municipio de Cali, a lo cual se suma que este no demostró que el accidente obedeciera a la culpa exclusiva de la víctima, como lo alegó a lo largo el proceso, es evidente que aquel tiene la obligación de indemnizar los perjuicios causados a la actora.

III. Indemnización de perjuicios

El Tribunal condenó al municipio demandado a pagar 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de perjuicios morales y $ 428.023,46, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente; de otro lado, negó el lucro cesante reclamado en la demanda (fls. 101 a 104, cdno. 4).

Ahora bien, teniendo en cuenta que la parte actora no recurrió la sentencia del tribunal, la Sala se pronunciará únicamente en relación con los montos a los que fue condenada la demandada, pues dicho aspecto fue objeto del recurso de apelación por ella interpuesto, para lo cual deberá tenerse en cuenta la condición de apelante único que ostenta, lo cual implica, necesariamente, que no podrá agravarse su situación, es decir, como se dijo ab initio, solo se podrá modificar la sentencia recurrida si con ella el apelante resulta favorecido o mejorado en su situación.

3.1. Perjuicios morales.

La actora solicitó, por este concepto, que se condenara a la demandada a pagar el equivalente en pesos a 1500 gramos de oro (fl. 32, cdno. 1). Por su parte, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca condenó al municipio de Cali a pagar en favor de la víctima 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes, monto que la Sala estima justo y proporcionado, pues, como se evidenció, la señora Ayda Esperanza González Cardoza sufrió lesiones en el rostro y en el brazo derecho, que le dejaron varias secuelas y, por lo mismo, es obvio que ella debió sentir temor, angustia y zozobra por lo ocurrido y por las consecuencias que ello le generaría a futuro, de tal suerte que resulta plausible que aquella sea resarcida en el monto que, al respecto, fijó el tribunal.

3.2. Perjuicios materiales.

a) Daño emergente

La parte actora solicitó, por este concepto, la suma que se acreditara en el proceso. El tribunal condenó al demandado a pagar a la víctima $ 428.023,46, que corresponden a la suma actualizada de $ 296.600 (fl. 102, cdno. 4), distribuida así: $ 135.000, por la reparación de la motocicleta y $ 161.600, por la compra de medicamentos.

A folio 20 del cuaderno 1, obra la factura 01847-2, por $ 135.000, expedida el 18 de febrero de 1999 por el taller Jesús Ernesto Gómez, en la que consta que la motocicleta de placas UOK 08 fue reparada en ese lugar, siendo sometida a “pintura de tenedor, tapas, guardabarro y carenaje de farola” y “enderezamiento de chasis”. Cabe señalar que la motocicleta de placas UOK 08 es la misma que fue sometida a diligencia de revisión técnica y avalúo de daños por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Cali (fl. 8, cdno. 1).

Asimismo, está acreditado en el plenario, según factura de venta 000015, del 29 de diciembre de 1998, que la señora González Cardoza pagó $ 161.600 por la compra de medicamentos en la Droguería Colón (fl. 22, cdno. 1).

La suma de tales valores da $ 296.600, cantidad que, actualizada por el Tribunal, arroja un total de $ 428.023,46 y que esta Sala actualiza a la fecha de esta sentencia, así:

Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica ($ 428.023,46) multiplicada por la cifra que arroje dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en que se profirió el fallo tribunal, esto es, octubre de 2003:

S27237ECU1.jpg
 

Ra = $ 640.244, 89

2.4. Condena en costas.

Toda vez que el artículo 55 de la ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE la sentencia del 31 de octubre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la cual quedará así:

a. DECLÁRASE la responsabilidad del municipio de Cali, por el accidente que sufrió Ayda Esperanza González Cardoza el 28 de diciembre de 1998, debido a una falla en la prestación del servicio.

b. CONDÉNASE al municipio de Cali a pagar a Ayda Esperanza González Cardoza, por concepto de perjuicios morales, 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

c. CONDÉNASE al municipio de Cali a pagar a Ayda Esperanza González Cardoza, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de seiscientos cuarenta mil doscientos cuarenta y cuatro pesos con ochenta y nueve centavos ($ 640.244,89) m/cte.

d. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

2. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

3. Una vez en firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

4. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Para cuando se presentó la demanda, el valor del gramo de oro era de $ 17.996,17.

(2) Decreto 597 de 1988.

(3) Derogado por el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de marzo de 2000, Expediente 12.469.

(5) Sección Tercera, sentencia del 13 de julio de 1993, Expediente 8163.

(6) “ART. 254.—Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

“1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

“2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

“3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.