Sentencia 27274 de febrero 19 de 2009 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN PENAL 

TENTATIVA DE EXTORSIÓN

Cuando se entrega un paquete que simula contener dinero.

EXTRACTOS: «Asiste la razón al impugnante, prohijado por el delegado de la procuraduría, cuando traen a colación lo dicho por esta corporación en torno del delito de extorsión, particularmente la referencia al bien jurídico tutelado, el patrimonio económico, escogido por el legislador con el de mayor acento a proteger, independientemente de que también la autonomía personal pueda verse afectada con el actuar contra derecho de quien plantea la exigencia.

De entrada, entonces, la ubicación de la conducta punible dentro del título Vll, advierte del provecho, beneficio o utilidad, como fines inherentes a la actividad del extorsionista, y revelan que el delito no puede estimarse de mera conducta.

A la par, definido de resultado el delito, es posible establecer en etapa ejecutiva la posibilidad de interrupción que impida la consumación, o mejor, la materialización del provecho, beneficio o utilidad.

Y si esa interrupción, cuando los actos ejecutivos asoman idóneos e inequívocamente dirigidos a la consecución del fin, obedece a causas ajenas al querer o intervención del sujeto activo, ninguna duda cabe de que se cubren en suficiencia los elementos fácticos y jurídicos que integran el dispositivo amplificador del tipo de la tentativa, acorde con lo que hoy dispone el artículo 27 de la Ley 599 de 2000.

Ahora, respecto del caso específico, ya recurrente en este tipo de delitos, en el cual la víctima, una vez planteada la amenaza extorsiva, acude a las autoridades de policía y de consuno con ellas se realiza el operativo encaminado a capturar en flagrancia a los delincuentes, las más de las veces con la entrega de un paquete simulando contener el dinero exigido, también de forma amplia y pacífica la Corte ha delimitado bajo la férula del conato el asunto, evidente como surge que esa entrega es apenas aparente y precisamente la decisión de acudir ante las autoridades enerva la posibilidad efectiva de que el provecho o utilidad buscados puedan materializarse.

Así lo sostuvo la Corte (1) .

“Precisamente, porque los diez millones de pesos ($ 10.000.000) finalmente exigidos por los extorsionistas nunca llegaron a sus manos, debido a la interferencia del operativo de inteligencia, el Tribunal Superior de Cúcuta profirió sentencia condenatoria por el delito en la modalidad de tentativa.

Si los actos idóneos e inequívocamente dirigidos a la consumación del delito realizados por el sujeto activo no alcanzan la perfección del tipo básico, por causas ajenas a su voluntad, como en el caso se examina, no por ello el delito deja de existir en términos de lo punible, sino que subsiste, pero en la connotación de imperfecto o en grado de tentativa”.

Como no se discute que, en efecto, en el asunto examinado el afectado dio cuenta a las autoridades de la amenaza extorsiva y se planeó el operativo que dio con la captura inicial de dos de los presuntos extorsionistas, precisamente cuando acudieron a recibir el dinero simulado, la Corte no estima necesario profundizar en un tema ya suficientemente decantado, cuando es claro que ninguna razón existe para variar su posición.

Apenas a título de colofón, se reitera la que ha sido posición reiterada de la Sala, condensada en pronunciamiento de 1995 (2) :

“Por manera, que cuando el legislador dice “El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero”, está exigiendo una conducta con propósito definido capaz de doblegar la voluntad de una persona para hacer, tolerar u omitir aquello que el sujeto activo de esa conducta quiere, es decir, provecho que ha de ser necesariamente de orden económico, a juzgar por la ubicación de este tipo penal dentro de los delitos que protegen el bien jurídico patrimonial de esa naturaleza. De donde debe inferirse necesariamente que si el comportamiento del sujeto activo no logra doblegar la voluntad de la víctima en la medida en que ésta hace, tolera u omite cosa distinta a lo exigido con la finalidad indicada (como acudir a la autoridad, simular la entrega, salir del país, etc.), el delito ha quedado en la fase de la tentativa, porque es un hecho punible pluriofensivo de resultado, ya que menoscaba principalmente dos bienes jurídicos: la libertad de autodeterminación y el patrimonio económico sin que sea menester para este último evento que el provecho se obtenga. Ello se refiere al agotamiento; darle otro alcance a esa expresión, es considerar consumado el delito con la sola amenaza del mal futuro, lo cual ciertamente no estuvo en la mente del legislador, ni es el alcance que le dan otras legislaciones similares.

Además, debe tenerse muy presente que el ingrediente subjetivo señalado en la norma lo es fundamentalmente para diferenciarla del tipo penal referido en el artículo 276 del C.P. —que vulnera también la libertad de autodeterminación o autonomía personal con el constreñimiento mediante iguales conductas—, pero con cualquiera finalidad, menos la económica. Razón para que la Corte sostenga, frente al delito de extorsión: “Si solo se atenta contra la libertad de determinación fulminando una amenaza y no se logra el hacer, omitir o tolerar, nos encontraríamos cuando hay finalidad económica, en el terreno de la tentativa”.

Como el proceso da cuenta, y así lo aceptaron los falladores de las instancias, que una vez la señora... recibió las misivas en las que se le exigía una suma apreciable de dinero a cambio de no revelar secretos de la vida íntima de su hija, se puso en contacto con el DAS, entidad que se le sugirió acudiera a la cita llevando un paquete o envoltorio que simulaba el dinero ilegítimamente pedido para que pudiese ser capturado el encargado de recibirlo, como efectivamente ocurrió, mal hicieron los falladores de las instancias en considerar que la voluntad de la señora... había sido doblegada por la amenaza consignada en los escritos. Lo que el proceso revela es que su comportamiento estuvo encaminado no a cumplir lo exigido ilegalmente, sino lo dispuesto por la autoridad que intervenía a petición suya para lograr la captura de quienes con el propósito de lucrarse actuaban de esa manera; ni acudió a dicha autoridad por el temor de que los extorsionistas pudiesen cumplir su amenaza futura, pues de haber padecido tal estado de ánimo habría aceptado simplemente la ilícita exigencia. Significa ello que en el caso presente ha debido aplicarse el dispositivo amplificador de la tentativa que demanda el casacionista. Y como no ocurrió así, el cargo prospera. En consecuencia, se casará parcialmente la sentencia impugnada para reconocer que el procesado sentenciado lo es únicamente por un delito de extorsión en grado de tentativa y ajustar la pena deducida en la forma indicada en el artículo 22 del C.P.”.

Hasta el presente esa posición no ha variado y es por ello que resulta extraña la manifestación del tribunal cuando en el fallo atacado, luego de verificar que no asistía la razón al impugnante respecto a la supuesta incongruencia entre la sentencia de primer grado y el contenido de la resolución de acusación, pese a conocer los hechos, sostiene que no se desvirtuó “la modalidad del delito material del mismo, con lo que no aparece un argumento jurídicamente sólido que permita variar la calificación jurídica de la ilicitud”.

Evidente, conforme a lo anotado, que el tribunal incurrió en yerro mayúsculo cuando decidió confirmar la sentencia de primer grado, en concreto, respaldando la tipificación del delito de extorsión agravada como consumado, con lo cual desatendió lo contemplado en el artículo 27 del C.P., se casará el fallo de conformidad con lo solicitado por el demandante.

Ello implica realizar una nueva dosificación de la sanción que tome en cuenta el factor de atemperación punitiva pasado por alto y respete en lo posible el criterio del fallador al momento de establecer la pena».

(Sentencia de casación, febrero 19 de 2009. Magistrado Ponente: Dr. Sigifredo Espinosa Pérez).

(1) Sentencia del 29 de octubre de 2001, Radicado 13.292.

(2) Sentencia del 23 de agosto de 1995, Radicado 8864.

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