SENTENCIA 27277 DE JULIO 22 DE 2009

 

Sentencia 27277 de julio 22 de 2009 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 27277

Aprobado Acta 223

Magistrado Ponente:

Dr. Julio Enrique Socha Salamanca

Bogotá D.C., veintidós de julio de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. A manera de proemio viene bien precisar que, como lo destaca el agente del Ministerio Público, en el asunto que concita la atención de la Sala, no se discute la ocurrencia de la conducta típica y antijurídica de la que se ocupó este proceso, sino la atribución de responsabilidad al procesado en el comportamiento delictivo, dado que los juzgadores desestimaron lo señalado por éste en ampliación de indagatoria acerca de que obró así por las amenazas de un tercero al que acabando de conocer le pidió dinero prestado, quien, ante la imposibilidad en la que estaba él de devolver la suma facilitada con la inmediatez que se lo exigía, lo obligó llevar el alcaloide en las circunstancias reseñadas.

Haciendo abstracción de los evidentes errores de argumentación en que incurre el demandante, la censura puede sintetizarse en que: debido a errores de raciocinio y fácticos en la valoración de las pruebas, el tribunal desconoció la realidad objetiva revelada en la actuación, en virtud de la cual era procedente dinamizar la garantía de in dubio pro reo prevista en el artículo 7º de la Ley 600 de 2000 para absolver al acusado del cargo atribuido, ya que la correcta estimación de su indagatoria y de las declaraciones que respaldan la explicación allí ofrecida, no permitía descartar de manera absoluta la posibilidad de que hubiese actuado al abrigo de “la causal de ausencia de responsabilidad contemplada en el artículo 32 del Código Penal, numerales 8º y 9º”.

En consecuencia, sin desconocer, se reitera, que la demanda no es paradigma de argumentación en cuanto a la claridad y presión de las razones esgrimidas frente a la pretensión de absolución, atendiendo el criterio propio de que una vez admitida el actor adquiere derecho a obtener una respuesta de fondo acerca del problema jurídico traído a colación, la Sala se ocupará, primero, de diferenciar las dos causales de ausencia de responsabilidad equivocadamente invocadas por el demandante en forma simultánea, y luego contrastará sus argumentos con la sentencia en aras de evidenciar —se anticipa— cómo no es cierto que la cabal estimación de los elementos de prueba permita albergar duda de la culpabilidad dolosa e inexcusable del acusado.

2. La Ley 599 de 2000, en el título dedicado a las normas rectoras, en el artículo 9º prevé que sólo es susceptible de pena la conducta típica, antijurídica y culpable, y perentoriamente advierte que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado; en armonía con ese precepto el artículo 12 ídem, consagra el “principio de culpabilidad” de acuerdo con el cual no hay lugar a imponer sanción sin dolo, culpa o preterintención, erradicando expresamente del ordenamiento jurídico penal colombiano toda forma de responsabilidad objetiva.

Desde esa perspectiva es claro, ha dicho la Sala (6) , que la responsabilidad penal, es una consecuencia directa de la culpabilidad, entendida como una categoría político-jurídica de raigambre constitucional, dado que constituye el contrario de la presunción de inocencia, según la cual, conforme al artículo 29 de la Carta, “Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”. El concepto, implica, entonces, también una garantía ciudadana y un límite inequívoco al ius puniendi, ya que sólo se puede ser responsable por un acto cometido dentro de condiciones de elegibilidad, vale decir, con conocimiento y voluntad, tanto del acto que se ejecuta u omite, como de la posición del sujeto frente a la conducta, esto es, del papel que el Estado o la sociedad le asigne o que él mismo, asume y que, como tal, lo vincula con la sociedad, ante la cual ese comportamiento trasciende.

Ahora bien, el mismo ordenamiento penal sustantivo consagra las causales de ausencia de responsabilidad en el artículo 32; entre ellas, para el presente asunto, interesan las señaladas en los numerales 8º y 9º del citado precepto, que se refieren a dos circunstancias autónomas, independientes, consistentes en ejecutar un comportamiento típico y antijurídico bajo insuperable coacción ajena, o impulsado por miedo insuperable.

Dichos motivos exculpantes inciden en el elemento volitivo de la culpabilidad en el injusto penal —no el intelectual relativo a conocer y comprender el hecho típico—, pues ambas se fundamentan, como la mayoría de causales de ausencia de culpabilidad, en la inexigibilidad de un comportamiento distinto por parte del sujeto activo, atendidas las concretas circunstancias que rodearon la ejecución del comportamiento contrario a derecho.

2.1. La insuperable coacción ajena se origina en la acción de un tercero que constriñe la voluntad de otro mediante violencia física o psíquica (o moral), para que ejecute un comportamiento típico de acción o de omisión que sin tal sometimiento no realizaría; en otras palabras, el sujeto activo no goza de las condiciones para gobernar a plenitud su voluntad ya que su libre autonomía está dominada por la compulsión del coaccionador. En esta causal se configura, en primer término, la acción injusta e intencional de quien coacciona para someter a otro, y en segundo, la reacción psíquica del doblegado quien padece los efectos emocionales de la coacción, merced a la cual comete el hecho típicamente antijurídico sin reflejar en él un acto de su verdadera voluntad o su espontaneidad, la exoneración de la culpabilidad se afianza, no en la supresión absoluta de la voluntad, sino en la reducción del ámbito de la libre autodeterminación.

Hay violencia física actual cuando el poder sojuzgador del tercero se manifiesta a través de actos que inciden biológicamente y de manera directa en la víctima de la dominación (por ejemplo, cuando mediante tormento físico se le obliga al comportamiento antijurídico, en este evento la víctima sucumbe o se somete a los designios del tercero para no seguir sufriendo el daño que padece); en cambio, en la violencia psíquica actual, la energía del coaccionador se traduce en maniobras que no alcanzan físicamente al compelido (tal es el caso, por ejemplo, de quien apunta con su arma a otro para que éste accione la suya contra cierta persona, o de aquel al que le retienen un ser querido para obligarlo a que cumpla con el acto ilícito impuesto por el captor).

Las amenazas son ciertamente una modalidad de coacción psíquica o moral, en tanto que consisten en el anuncio serio formulado a otro de un daño injusto, grave e inminente contra un bien legítimo propio (por ejemplo, la vida o el patrimonio económico), o de las personas estrechamente unidas a él. La forma de violencia es la amenaza y su efecto el miedo, no es físicamente perceptible el acto constrictivo porque se obra a través del intelecto con base en la representación mental que hace el compelido del mal que sobrevendrá, de esta manera el coaccionado acepta ejecutar el hecho ilícito impuesto por el coaccionador para no sufrir el perjuicio que este le pronostica.

Se diferencia, entonces, esa violencia de las otras dos modalidades, en que en aquellas existe una actuación externa, tangible, que vulnera física o psíquicamente al coaccionado obligándolo a ejecutar la voluntad antijurídica del coaccionador, con el fin de no seguir sufriendo el daño que padece o de que cese la maniobra que moralmente doblega su voluntad, en tanto que en ésta el mal no se ha causado, ya que opera por el temor serio y fundado que siente el compelido frente al ulterior agravio de sus bienes, o de personas allegadas a él por especiales motivos, lo cual lo obliga a actuar en el sentido que le indica quien le fórmula la amenaza para evitar que se produzca el daño advertido.

Importa aclarar que en tratándose de esta causal de ausencia de responsabilidad, para efecto de la culpabilidad, la fuerza física o psíquica (moral) que da forma al acto de coacción, no elimina la facultad de acción, sino que coarta la libertad, sirviendo de instrumento motivador para que otro obre determinado por el apremio del mal injusto y grave que padece, o que sufrirá en un futuro inmediato.

Lo antes precisado permite afirmar que esa causal de inculpabilidad exige reunir los siguientes requisitos:

a) Configuración de actos constrictivos graves ejercidos intencional e ilícitamente por otra persona;

b) Actualidad de la coacción, esto es, que la voluntad del compelido debe ser subyugada como resultado inmediato de la violencia física o síquica, o de las amenazas que padece; implica una relación biunívoca: que el constreñimiento esté presente y sea la causa directa del sojuzgamiento del sujeto activo, y

c) Insuperabilidad de la coacción, es decir, que no pueda dominarse o vencerse, que sea irresistible; empero, esa condición normativa fijada en el precepto es relativa, pues para establecerla debe atenderse la gravedad del acto constrictivo, las condiciones personales del coaccionado y las posibilidades de liberarse de la coerción por otros medios, en aras de concluir si un ciudadano común o promedio en esas mismas circunstancias abría actuado igual, pues aún que la ley no exige a sus destinatarios actitudes heroicas en situaciones extremas, tampoco privilegia la cobardía o debilidad del carácter para tolerar que una persona dócilmente se rinda ante la más insubstancial actitud dominadora de otra.

En cada caso corresponde valorar si, observadas aquellas particularidades, el sujeto que alega la coacción exculpante podía y debía contrarrestarla o evadirla para eludir el comportamiento antijurídico que pretendía imponérsele, o si, por el contrario, no le era exigible conducta distinta de la de someterse a la voluntad ilícita del coaccionador; si lo primero, deberá responder penalmente de su acto; si lo segundo, la responsabilidad desaparecerá por falta de culpabilidad.

2.2. Acerca del miedo insuperable, la Sala decantó la naturaleza y requisitos de esa novísima causal excluyente de culpabilidad así:

“El miedo, según el Diccionario de la Academia, es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario; “recelo o aprensión que uno tiene de que le suceda una cosa contraria a lo que se desea”. Esta circunstancia puede afectar la conducta del sujeto dependiendo de su intensidad, del grado que alcance el estado emocional, que según el tratadista Emilio Mira y López comprende seis fases bien caracterizadas, a saber:

“Primera fase que se denomina prudencia, en la que el sujeto todavía es previsor, reflexivo, en el plano objetivo no quiere entrar en conflicto; una segunda llamada cautela, en la que el sujeto está atemorizado pero domina sus respuestas ante la situación, hay exaltación anímica pero controla sus movimientos; la tercera fase denominada alarma en la cual el sujeto ya es consciente de la situación intimidante, hay alarma y gran desconfianza, su conciencia y prospección disminuyen; la cuarta corresponde a la angustia donde definitivamente el individuo pierde el control, está ansioso y angustiado, hay mezcla de temor y furor incontenibles, aparece la cólera; la quinta llamada la fase del pánico, en la que la dirección de la conducta es automática, es decir que el sujeto no obra con conciencia y dominio, pueden presentarse impulsos motores de extraordinaria violencia en los cuales no se puede interferir, el sujeto escasamente se da cuenta de lo que ocurre o realiza; y la sexta, grado máximo de intensidad del miedo desencadena en terror, estado en el que hay una anulación del individuo, quien apenas conserva las actividades neurovegetativas mínimas para subsistir, pero no hay vida psíquica y puede llegar hasta la muerte (7) .

“Dependiendo de la fase emocional que alcance el sujeto, la conducta se verá afectada en distintos grados y por consiguiente son diversas las consecuencias jurídicas, según si se encuentra en una situación en la que no puede exigírsele un comportamiento distinto al desplegado, caso en el cual el estado emocional podrá incidir en el ámbito de la culpabilidad, o si definitivamente se altera la capacidad mental, caso en el cual se afectará el ámbito de la imputabilidad.

“En este punto, la doctrina no ha sido uniforme, pues mientras unos se inclinan por considerar que el miedo insuperable excluye la antijuridicidad, otros opinan que es una causa de inimputabilidad análoga al trastorno mental transitorio, y los demás, que se inscriben en la posición dominante, propugnan por una causa de inculpabilidad por “constituir un supuesto de inexegibilidad de otra conducta a un sujeto concreto en una situación concreta al ser legítima la resolución parcial del conflicto conforme a sus propios intereses bajo ciertos y determinados respectos (8) ”.

“[L]a legislación colombiana no tiene tradición en la previsión del miedo como causal excluyente de responsabilidad, pero sí como circunstancia atenuante de la punibilidad, así, por ejemplo, el Código Penal de 1936 incluía en el artículo 38-3 como circunstancia de menor peligrosidad “el obrar en estado de pasión excusable, de emoción determinada por intenso dolor o temor, o en ímpetu de ira provocada injustamente”; por su parte, el artículo 64-3 del decreto 100 de 1980, incluía como circunstancia de atenuación punitiva “el obrar en estado de emoción o pasión excusables, o de temor intenso”, y en el Nuevo Código Penal [L. 599/2000], artículo 55-3, se reitera como circunstancia de menor punibilidad “el obrar en estado de emoción, pasión excusables, o de temor intenso”.

“[E]l temor intenso, estado de emoción o pasión excusable, contemplado en nuestra codificación como circunstancia de menor punibilidad [L. 599/2000, art. 55-3]… no puede confundirse con el miedo insuperable, que consagra el Nuevo Código Penal como causal de ausencia de responsabilidad en el artículo 32-9, bajo la fórmula de que no habrá lugar a responsabilidad cuando “se obre impulsado por miedo insuperable”.

“En la exposición de motivos al proyecto de ley por el cual se expidió el nuevo Código, se afirma la necesariedad de su regulación “toda vez que tal situación, que desde el punto de vista sicológico está muy cercana a la insuperable coacción ajena, no queda comprendida en ésta por la exigencia de una conducta proveniente de un tercero”.

“El miedo al que aquí se alude [L. 599/2000, art. 32-9] es aquel que aún afectando psíquicamente al que lo sufre, no excluye la voluntariedad de la acción, pero si lo priva de la normalidad necesaria para poder atribuirle responsabilidad penal. El término “insuperable” ha de entenderse como “aquello superior a la exigencia media de soportar males y peligros (9) ”. Por lo tanto, no puede admitirse un miedo insuperable cuando se está ante una situación perfectamente controlable por un ciudadano común, pero que otro sujeto por su carácter pusilánime no tolera, prefiriendo cometer el delito. La insuperabilidad del miedo se constituye entonces en una condición normativa necesaria para que el miedo tenga eficacia como eximente de responsabilidad.

“La Sala… encuentra que para la configuración del miedo como eximente de responsabilidad es necesario que converjan los siguientes presupuestos esenciales:

“a) La existencia de profundo estado emocional en el sujeto por el temor al advenimiento de un mal.

“b) El miedo ha de ser insuperable, es decir sólo aquel que no deje al sujeto ninguna posibilidad de actuar como lo haría el común de los hombres.

“c) El miedo debe ser el resultado de una situación capaz de originar en el ánimo del procesado una situación emocional de tal intensidad que aunque no excluye totalmente la voluntariedad de la acción, sí enerva la fuerza compulsiva necesaria para autodeterminarse.

“d) El miedo debe ser producto de una serie de estímulos ciertos, graves, inminentes y no justificados (10) ”.

Exigir, como se precisó en anterior oportunidad, que el miedo lo ocasione algún estímulo cierto, implica que ese sentimiento debe nacer o surgir en el ánimo con base en un fundamento o sustrato objetivo, real, verídico, pues si es un miedo simplemente imaginario —fruto, por ejemplo, de la superstición— no será válido para invocar la circunstancia exculpante, ahora que si se trata de un miedo irracional o de origen patológico —por neurosis o psicopatías— en tales eventos se estaría, más bien, en un caso de ausencia de imputabilidad y no de inculpabilidad.

Las condiciones de grave, inminente y no justificado atribuidas al móvil del miedo, respectivamente obligan a considerar: la entidad o importancia del bien jurídico amenazado en la concreta situación que lo origina, la proximidad del mal o daño temido y, por último, la imposibilidad de alegar como causa de aquel el cumplimiento de deberes jurídicos que el sujeto está en la obligación de observar, o el acatamiento de órdenes o decisiones legítimas impartidas por autoridad competente, ya que para todos los asociados es inexcusable someterse a los dictados de estas.

3. Hechas las anteriores precisiones, resulta claro que la diferencia entre obrar bajo insuperable coacción ajena y obrar impulsado por miedo insuperable, consiste en que la primera tiene génesis en el comportamiento arbitrario, ilegal de otra persona que exterioriza una fuerza irresistible (violencia física o psíquica) tendiente a condicionar la voluntad del sujeto con el fin de que realice una acción delictiva determinada, mientras que la segunda se origina en el miedo que emerge en el ánimo del hombre por estímulos reales, graves, inminentes e injustos, distintos a la coacción de un tercero, en razón de lo cual, para librarse del mal que lo amenaza, incurre en un comportamiento típico y antijurídico.

De ahí que si lo aseverado por el demandante es que el acusado probablemente se sometió a ejecutar el comportamiento típico reprochado por las amenazas de un tercero, resulta evidente que debió invocar sólo la causal de ausencia de responsabilidad prevista en el artículo 32, numeral 8º, del Código Penal, y no simultáneamente la del numeral 9º, ya que ésta opera en aquellos eventos en los que la causa del miedo no es la coacción de un tercero, como de manera diáfana se desprende de la exposición de motivos trascrita párrafos atrás, en punto de esta causal de ausencia de responsabilidad introducida con la Ley 599 de 2000.

Independientemente de lo anterior, como lo destaca el delegado de la procuraduría, y lo corrobora la Sala, la verdad es que los yerros de estimación probatoria alegados, consistentes en falso juicio de existencia, de identidad y de raciocinio, no tuvieron real configuración en el ejercicio valorativo plasmado en las sentencias de primera y segunda instancia, integradas como unidad jurídica inescindible, y la objetiva contemplación de los medios de prueba, tal como lo hicieron los juzgadores, no permite aceptar, en ningún grado de probabilidad, que el acusado haya incurrido en el comportamiento típico y antijurídico debido a insuperable coacción ajena, como lo pretende el recurrente.

4. Es necesario, atendida la naturaleza de los vicios denunciados, recordar que el falso juicio de existencia ocurre cuando el fallador deja de apreciar el contenido de un medio de prueba legal y oportunamente adosado a la actuación (falso juicio de existencia por omisión), o cuando hace precisiones fácticas que no corresponden a los elementos de prueba obrantes, o que atribuye a un elemento de persuasión que en verdad no reposa en el expediente (falso juicio de existencia por suposición).

En el falso juicio de identidad el juzgador, al aprehender el contenido de un determinado medio de prueba, le recorta apartes trascendentes de su literalidad (falso juicio de identidad por cercenamiento), o adiciona circunstancias fácticas ajenas a su texto (falso juicio de identidad por adición), o transforma o cambia el sentido fidedigno de su expresión material (falso juicio de identidad por tergiversación), dislates con los que se le hace decir a la prueba lo que en realidad no dice.

Por ser la naturaleza de los citados vicios objetivo-contemplativa, su acreditación es elemental: en el primer evento, es preciso indicar el lugar del proceso en el que se encuentra adjunto el medio de prueba omitido y su contenido, o destacar la concreción fáctica plasmada en el fallo y que carece de acreditación con las pruebas allegadas, o cuya demostración se atribuyó a una prueba ajena a la actuación; y en el segundo, basta con hacer un ejercicio de confrontación veraz e imparcial entre el texto o tenor del medio de prueba y la síntesis que de su contenido postuló el juzgador, en aras de evidenciar alguno de los dislates atrás singularizados (adición, supresión o distorsión).

Luego de lo anterior, en uno u otro evento, es forzoso ilustrar cómo ese desacierto fue determinante de una conclusión jurídica equivocada, porque la corrección de tales desaguisados y la nueva valoración de esas pruebas, en conjunto y con sujeción a los postulados de la sana crítica, obliga a una solución favorable a la parte que alega los respectivos vicios.

En el falso raciocinio, a diferencia de los dos anteriores errores de hecho, además de no discutir la legalidad de la prueba, es forzoso aceptar que está adosada al proceso y que el texto o contenido fáctico de la misma fue extractado de manera fidedigna por el fallador, toda vez que el yerro recae en las deducciones hechas a partir de su literalidad, cuando las mismas son manifestación del desconocimiento de los postulados de la sana crítica, valga decir, leyes de la ciencia, reglas de la lógica, o máximas de la experiencia y el sentido común, correspondiendo entonces al censor desarrollar una dialéctica orientada a enseñar cuál fue la ley de la ciencia, regla lógica o máxima de la experiencia o el sentido común equivocadamente empleada por el funcionario, y cuál es la que acertadamente corresponde utilizar, con el fin de arribar a una conclusión jurídica correcta y favorable a los intereses representados.

4.1. De acuerdo con el anterior marco teórico acerca de los errores de hecho, en aras de observar el orden lógico que el demandante no acató, la Sala inicialmente se ocupará de la crítica formulada a la valoración de las explicaciones ofrecidas por el acusado en la inicial indagatoria y posterior ampliación, expuesta en lo que el actor denomina “cargo dos” y “cargo tres”, aduciendo respecto del mismo elementos de conocimiento, falso juicio de identidad y falso raciocinio, respectivamente.

La contradicción es manifiesta, pues la segunda especie de error alegado niega la primera, dado que supone la fidedigna contemplación de la diligencia de indagatoria, empero, superado ese desatino lógico, lo cierto es que, como lo destaca el delegado, los argumentos presentados en uno y otro reproche están circunscritos al probable desconocimiento de los postulados de la sana crítica probatoria, porque no se confirió credibilidad a lo argüido por el enjuiciado al ampliar su versión, en el sentido de que fue compelido a ejecutar la conducta típica y antijurídica por las amenazas de un sujeto llamado “Carlitos”.

4.2. El tribunal calificó, en general, de mendaz la explicación del acusado, porque desde la primera versión su relato ya lucía inverosímil, y debido a que la supuesta coacción sólo fue argüida hasta su segunda intervención procesal, concluyendo así que éste, en ejercicio de su derecho de defensa, mintió al fabricar historias diferentes con el mismo tercero de protagonista.

En el “cargo dos” el demandante asegura que esa conclusión se debió a que el juzgador desconoció que según las reglas de gramática el verbo “tener” seguido de la preposición “de” o de la conjunción “que”, más el infinitivo de otro verbo indica estar obligado a algo, de suerte que como el acusado en la primera injurada, al preguntar el fiscal la razón por la cual “Carlitos” le entregó las valijas en las que iba la droga, afirmó “…Para meter mi equipaje, porque yo tenía que llevarle las maletas hasta Miami…”, con tal expresión puso de presente la coacción insuperable, no siendo en consecuencia acertada la conclusión de que faltó a la verdad en la ampliación de indagatoria.

La construcción silogística intentada por el recurrente acerca de la forma de interpretar aquella expresa manifestación del acusado, carece de idoneidad para los fines propuestos, no solo porque con la misma no demuestra un verdadero error en el análisis lógico del sentenciador, sino porque está sustentada en la contemplación descontextualizada, personal e interesada que el censor hace de ese primer relato, en el cual, al consultar su literalidad, se observa que en ningún momento el acusado adujo ser víctima de amenazas para llevar el alucinógeno, siendo, por el contrario, su estrategia defensiva ocultar el conocimiento cierto que tenía de la droga escondida en su equipaje.

En efecto, tras reconocer que su aprehensión fue por el hallazgo del alcaloide, a las preguntas del fiscal acerca de la clase de droga incautada, su origen y propiedad de las maletas, suministró las siguientes respuestas:

“[…] Contestó: Yo personalmente no sabía, se que era estupefaciente pero no sabía que clase, en el DAS, según las pruebas dijeron que era heroína. Preguntado. Cómo obtuvo el estupefaciente que va dentro de las maletas que se le ha puesto de presente. Contestó. En las maletas, las maletas me las entregaron, me las entregó un señor, le dicen Carlitos, no se, no mas. […] Preguntado. Y por qué razón tenía que entregarle a usted Carlitos las dos maletas. Contestó. Para meter mi equipaje, pues porque yo tenía que llevar las maletas hasta Miami. Preguntado. Quién es Carlitos. (sic) Lo he visto como dos o tres veces no lo conozco muy bien. […] Preguntado. […] dígale al despacho cuándo y dónde conoció a Carlitos y por que. Contestó. Lo conocí en un sitio y pues charle con él en la Hacienda Santa Bárbara, y charle con él, hablamos pues yo le comenté que iba a viajar y él me dijo que me prestaba las maletas. […] Preguntado. Acostumbra a recibir usted en préstamo maletas de personas que ha visto una o dos veces. Contesto. No. Preguntado. Por qué razón aceptó usted en préstamo las dos maletas vuelo (sic) hizo Carlitos. Contestó. Tal vez confíe en él. […] Preguntado. Cuándo y dónde y cómo le iba usted a devolver las maletas a Carlitos. Contesto. Se las iba a entregar a un pariente en Miami. […] Preguntado. De quien es el par de zapatos color negro que le puse de presente y usted reconoció como los mismos que iban dentro de la maleta mediana [en éstos también se halló heroína]. Contesto. Me los entregó la misma persona que me entregó la maleta […] Porque esos zapatos se los tenía que entregar a la misma persona que le tenía que entregar las maletas. […] Preguntado. Cuándo y dónde compró usted los pasajes para viajar Bogotá Miami – Miami Bogotá y cuánto le costaron. Contestó. El día anterior al viaje mío, me costaron quinientos y pico dólares, se compraron en el norte y esos pasajes me los entregó la misma persona que me entregó las maletas […] En calidad de préstamo. Preguntado. Le dio o le entregó usted a Carlitos, alguna garantía por el préstamo del valor de los tiquetes y de las maletas. Contestó. Le hice el favor de llevarle las maletas y los zapatos. [...] Preguntado. Teniendo en cuenta el informe por medio del cual usted fue puesto a disposición… la Fiscalía adelanta investigación penal en su contra por […] Qué tiene que decir respecto de su presunta responsabilidad en la comisión de dicha conducta punible. Contesto. Pues sorpresiva, me sorprende y que es cierto. […] (11) ”.

La atenta y fiel lectura de la citada versión es suficiente para concluir que en esa primera oportunidad el acusado no hizo referencia a coacción alguna, y que desde entonces sus explicaciones no eran sinceras, como lo preciso el ad-quem, habida cuenta que fingió ser ajeno al conocimiento del alucinógeno oculto en su equipaje, pretendiendo hacer creer que su confianza la asaltó el ocasional “Carlitos”, de quien sin la menor aprensión recibió prestadas, supuestamente, no solo las valijas sino el valor de los tiquetes aéreos, a cambio de lo cual él le haría “el favor” de llevarlas con un par de zapatos a Miami, para luego entregar ambos objetos a un familiar del ignoto benefactor, sin saber qué escondía la encomienda.

Esa primera explicación choca con el sentido común, así lo puntualizó el tribunal, y no persuade por lo fortuito del encuentro con “Carlitos” y el escaso conocimiento de sus actividades, plena identidad, domicilio, etc., además que ninguna persona normal, con la preparación académica, experiencia social y profesional del acusado, con sólida formación moral, como lo describen sus amigos, se presta sin reticencias a recibir de un extraño y en préstamo, sin haberlo solicitado, maletas, dinero y unos zapatos, con el fin de llevarlos a otro país por simple caridad o cortesía.

De ahí que le asista razón al tribunal cuando puntualizó que las explicaciones ofrecidas por el acusado, tanto en la primera como en la segunda oportunidad, “analizadas bajo las reglas de la sana crítica, se concluye que la persona que él llama ‘Carlitos’ es un ser ficticio y que tras de toda esta dinámica delictual se esconde una bien estructurada organización de tráfico de drogas con la que aquel iba a colaborar ese día, transportando voluntariamente en sus maletas heroína con destino a los Estados Unidos (12) ”.

4.3. Ahora bien, en posterior ampliación, el procesado matizó su anterior versión introduciendo la alegada coacción ajena, y con tal propósito sostuvo que conoció a “Carlitos” el “sábado antes de la captura” en el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara, a eso de las 10:00 a.m, se dieron cita cuatro horas después para almorzar, y luego departieron juntos hasta el día siguiente en discotecas y casinos, desenfreno fruto del cual quedó debiéndole a éste tres y medio millones de pesos, aproximadamente, suma que el mismo sujeto le exigió pagar de manera inminente, y como no pudo conseguirla en el curso de esos días, pese a que recurrió a un primo y otros dos conocidos, “Carlitos” lo “obligó” a llevar el alucinógeno en compensación (13) .

Al solicitar el instructor que concretara la forma como lo había coaccionado el renombrado personaje, el acusado señaló:

“…él me amenazó a mi, después del fin de semana cuando yo le debía la plata, obligándome a pagarle la plata, el se alcanzó a dar cuenta que yo viajaba a Estados Unidos, por las conversaciones que teníamos supo que yo iba con gran facilidad a Estados Unidos y me dijo que como yo no le pagaba él me dijo que tenía que hacerle un favor, le dije que no podía llevar encargos a nadie, me dijo que tenía que hacerle este favor y entregárselo a un tío, le dije que era muy riesgoso y me dijo que si era riesgoso porque era droga, que me iba a echar droga en una de las cosas que me iba a entregar, yo le dije que no que tenía que darme tiempo para conseguirle la plata, no le conseguí la plata y me puso la otra cita y fue cuando me mostró la maleta y la pistola, no medió plazo, me dijo que nos veíamos el jueves y me entregó todo y tenía que viajar como fuera o sino me mataba a mi o a alguien de mi familia… (14) ”.

Además de tampoco dar crédito a la explicación ofrecida por el procesado en esa segunda oportunidad, por no suministrarla desde el principio, los juzgadores “aceptando como mero ejercicio hipotético” que los hechos sucedieron como lo planteó el acusado en sus ulteriores intervenciones, desestimaron el relato luego de filtrar cada una de esas afirmaciones por el tamiz de la sana crítica. Prolijas y serias consideraciones aparecen consignadas en los fallos de primero y segundo grado, integrados como unidad jurídica inescindible, en relación con la manifiesta e innegable falta de veracidad de esa nueva historia, ya que la misma resulta contraria al sentido común, la lógica y la experiencia.

El demandante, en el “cargo tres”, expresa inconformidad con el análisis de las instancias, aduciendo que, contrario a lo afirmado por el tribunal, “de acuerdo con las reglas de experiencia”, atendidas las condiciones personales y profesionales del acusado, y su solvencia económica, debe aceptarse que éste en verdad ejecutó la conducta por una insuperable coacción, pues unos “pingues pesos transportando el alijo” no justificaban que se expusiera, y a su familia, al escarnio público una vez difundida la noticia de su aprehensión por medios masivos de comunicación.

Acerca de tal réplica debe la Sala precisar que el cuestionamiento de los aspectos con base en los cuales el tribunal desestimó la segunda versión del acusado, no evidencia la materialización de falso raciocinio alguno, toda vez que el ejercicio desplegado por el censor no pasa de ser una insustancial discrepancia entre el criterio de él y el plasmado en las sentencias, limitándose a insistir, contra todo análisis objetivo, que la “confesión calificada” del procesado no puede ser desestimada en la medida que no obren otros elementos de prueba que la infirmen, y que con base en las propias manifestaciones del acusado, así el juzgador las tenga por mentirosas, no puede sustentarse una condena, ya que mentir es un derecho en ejercicio de la no autoincriminación.

Olvida el libelista que la Corte ha reconocido que la diligencia de indagatoria no sólo hace las veces de medio de defensa —en el sentido de que constituye la oportunidad para que el sindicado brinde las explicaciones que considere pertinentes sobre los hechos que originaron su vinculación y se le comprueben las citas o adelanten las averiguaciones que sean necesarias en aras de garantizar el ejercicio de su derecho de defensa material, según lo estipulado en los artículos 337 y 338 de la ley 600 de 2000—, sino que además su contenido constituye objeto de prueba, en el entendido de que, —siendo consciente de sus derechos a no incriminarse, a permanecer en silencio y a no derivar de tal comportamiento indicios en su contra, tal como lo establecen los artículos 33 de la Carta Política y 337 del Código de Procedimiento Penal— todo lo que diga el procesado en dicha diligencia y sus correspondientes ampliaciones podrá ser usado en su contra, hasta el punto de que el juzgador puede fundamentar con base en el relato del procesado un fallo condenatorio (15) .

Dicho en otras palabras, como el procesado “no es únicamente sujeto del proceso, esto es, interviniente en el procedimiento con derechos procesales autónomos […], sino, también, medio de prueba (16) ”, las manifestaciones que en contra de sus propios intereses haga en la diligencia de vinculación o en sus respectivas ampliaciones, o incluso en el interrogatorio que se efectúa al inicio de la audiencia pública (L. 600/2000, art. 403), en tanto sean relevantes para el objeto de la actuación, se hallan íntimamente ligadas tanto al principio de libertad probatoria previsto en el artículo 237 del ordenamiento procesal, como al fin esencial del Estado social de derecho de asegurar la vigencia de un orden justo de que trata el artículo 2º de la Constitución Política, sin que constituya vulneración a la garantía fundamental de no incriminación, en la medida en que a éste se le hayan hecho previamente las advertencias constitucionales y legales y, al mismo tiempo, haya entendido sus consecuencias.

En el mismo sentido se equivoca el censor al considerar que mentir es un derecho inmanente del procesado en ejercicio de su derecho a la no autoincriminación, toda vez que es pacífico y reiterado el criterio jurisprudencial de acuerdo con el cual,

“El derecho a la no autoincriminación, no presupone, como lo sostiene el demandante, el derecho a mentir. Solo implica que el procesado no puede ser constreñido, de ninguna manera, a decir la verdad, y por esta razón se le exime de juramento, pero esto no quiere decir que si falta a ella, su actitud no pueda ser tenida como indicio de responsabilidad en el hecho investigado cuando se cumplen las exigencias de orden fáctico y jurídico en su deducción (17) ”.

Por lo tanto, para efectos de la demostración de cualquiera de los elementos constitutivos de la conducta punible, el juez podrá sustentarlos en el fallo teniendo como base el caudal probatorio analizado en conjunto, incluyendo las mentiras, inconsistencias y admisiones totales o parciales que contenga la versión del procesado, siempre y cuando los razonamientos que efectúe en tales sentidos no riñan con las reglas de la sana crítica, como en efecto aquí procedieron los juzgadores de primero y segundo grado, sin que el juzgador hubiese conseguido derruir ese ejercicio valorativo.

4.4. Finalmente, resta por atender el falso juicio de existencia propuesto en el “cargo uno” en relación con las declaraciones de Leonor Judith Fandiño Tarazona, Oscar Armando Rodríguez Norman y Luis Enrique Flórez Suárez, quienes fueron citados a instancia de la mención que de ellos hizo el acusado en la ampliación de indagatoria, como testigos de la supuesta coacción de la que fue objeto.

Acerca de este dislate hay que decir que el censor no solo omitió consignar un ejercicio semejante al exigido para la comprobación de ese error fáctico respecto de cada uno de los citados elementos de persuasión, sino que concretó la réplica únicamente en cuanto al testimonio de la primera, expresando inconformidad por su desestimación, no por su omisión, y nada dijo acerca de la falta de valoración del dicho de los otros dos declarantes.

Tal y como lo advierte el agente del Ministerio Público, observadas las extensas glosas de la demanda dedicas a criticar al tribunal por ordenar copias para investigar penalmente a la señora Fandiño Tarazona por falso testimonio, resulta evidente que el propio censor se encarga de negar la estructuración de un falso juicio de existencia, ya que sin ambages ni vacilaciones acepta la existencia de la valoración de ese medio de prueba por parte del ad-quem y, sin dejar en claro la materialización de otra especie de vicio, bien por falso juicio de identidad o ya por falso raciocinio, se dedica a exponer el por qué debía creerse en el relato de aquella, conforme a su personal criterio.

En cuanto a las declaraciones de Rodríguez Nordmann y Flórez Suárez, la verdad es que el juzgador sí las tuvo en cuenta y las valoró, solo que en un sentido contrario a las aspiraciones del recurrente, pues al efecto precisó:

“Sobre el testimonio de estas tres personas es importante resaltar que dos de ellas (Oscar Armando Rodríguez Nordmann y Luís Enrique Flórez) infirman el dicho del procesado quienes sólo mencionan la visita de Bedoya Nordmann unos días antes a su frustrado viaje al exterior para solicitarles el préstamo de un dinero y no aluden a la existencia de amenazas contra su vida, como fue la versión que diera aquel a la fiscalía en la ampliación de la injurada donde expuso que les comentó el problema que tenía con una persona que le intimidaba (18) ”.

En conclusión, como de vieja data lo tiene establecido la jurisprudencia, las discrepancias de valoración probatoria entre el demandante y las instancias, no son suficientes para invalidar la sentencia, y en el presente evento el censor no demostró que los sentenciadores hubiesen incurrido en omisión de las pruebas de orden testimonial que reclama, en desfiguración o tergiversación de la indagatoria del procesado, y menos en el desconocimiento de las reglas de la sana crítica en la evaluación conjunta de los elementos de persuasión allegados al proceso, razones por las que el cargo por supuestos errores de hecho en la valoración de las pruebas será desestimado.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia impugnada.

Contra esta providencia no procede recurso alguno

Notifíquese y devuélvase al despacho de origen».

(6) Cfr. Sentencias de 13 de julio de 2005 y 18 de junio de 2008, radicaciones 20929 y 29000, respectivamente.

(7) MIRA Y LÓPEZ, Emilio. Cuatro Gigantes del alma. Librería el Ateneo Editorial, Florida 340-Buenos Aires, 1962, pág. 43 y ss.

(8) BUSTOS RAMÍREZ, Juan y HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán. Lecciones de Derecho Penal. Volumen II, Editorial Trotta S.A., Madrid, 1999, págs. 381,382.

(9) MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho Penal. Parte General, Tomo I, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 1993, pag. 410.

(10) Cfr. Sentencia de 12 de diciembre de 2002, radicación 18983.

(11) Cuaderno original 1, folios 21-28.

(12) Cuaderno del tribunal, folio 81.

(13) Cuaderno original 1, folios 89-96.

(14) Ídem, folio 92.

(15) Cfr. Entre otras, sentencias de 14 de noviembre de 2001 y 11 de julio de 2002, radicaciones 15354 y 18476, respectivamente.

(16) Roxin, Claus, Derecho procesal penal, Ediciones del Puerto, Buenos Aires, 2000, pág. 208.

(17) Cfr. Entre otras, sentencias de 16 de febrero de 2001, radicación 14263; 16 de febrero de 2005, radicación 20936; 6 de abril de 2005, radicación 18263; 9 de febrero de 2007, radicación 22682, y 13 de febrero y 7 de julio de 2008, radicaciones 21844 y 29374, respectivamente.

(18) Cuaderno del tribunal, folio 87.

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