Sentencia 2739 de agosto 30 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

NORMAS DE CARACTER LOCAL

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE PRUEBA

EXTRACTOS: «Así como para la apoderada del Distrito y el Ministerio Público, para la Sala también es evidente que con la demanda no se satisfizo la exigencia consagrada en el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo, vale decir, no se aportó el texto del estatuto local invocado, ni se solicitó del ponente que se obtuviera la copia correspondiente.

Según nuestro estatuto procesal contencioso administrativo (Decreto 01/84, art. 137) es necesario indicarle al juez las normas y expresarle el concepto de la violación, pero excepcionalmente, al igual que en el proceso civil, el ``texto de las normas jurídicas que no tengan alcance nacional ...'''' (y el de las leyes extranjeras) debe aducirse al proceso en copia auténtica, según el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo que en este caso coincide con el art. 188 del Código de Procedimiento Civil. Se trata de un caso excepcional en el que es necesario probarle al juez la existencia del derecho, como requisito de la demanda.

La exigencia en cuestión, es una de las que integran el concepto de ``demanda en formá'' y puede calificarse como la de un anexo a la demanda porque el art. 143 al regular su inadmisión por defectos formales, se refiere a todos ``los requisitos y formalidades previstos en los artículos anteriores ...'''', expresión en la cual queda incluida la del artículo 141. Su incumplimiento está ligado al procedimiento establecido para tramitar o dar consecuencias al incumplimiento de los requisitos formales de la demanda y no al de pedir o presentar las pruebas de los hechos.

El auto de abril 6/90 que ordenó tener como prueba la copia del Acuerdo 21/83 presentado en la segunda instancia, dejó a salvo lo dispuesto en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo, sobre restricción probatoria en la segunda instancia y ese auto fue confirmado por la Sala de Decisión, aunque por razones que no comparte el señor apoderado, pero que ya procesalmente no es posible entrar a debatir, aunque sí conviene aclarar que en ningún momento se utilizó el mecanismo de la prueba de oficio (D. 2304/89, art. 37).

Con base en esta disposición (art. 214), ciertamente no se puede considerar como prueba en esta instancia la citada copia, porque no se produjo ninguno de los eventos previstos en ella y además, no se trataba de una prueba de los hechos que integran la causa petendi.

Pero la ausencia de la norma local en el informativo no impide hacer el análisis del caso con base en las disposiciones de orden nacional que hayan sido invocadas puesto que éstas en sí mismas tienen fuerza normativa independiente de los desarrollos que hayan dado las disposiciones locales, las cuales en ningún caso podrían ser contrarias a la ley, so pena de incurrir en violación constitucional. Además, dejar de considerar la ley invocada, por falta de acuerdo municipal, sería tanto como someter a la primera al mismo requisito que existe para la segunda y ello no es así.

En consecuencia, para la Sala es procedente el análisis de la situación con base en las únicas normas de jerarquía legislativa que se invocaron».

(Sentencia de agosto 30 de 1991. Expediente 2739. Consejero Ponente: Dr. Jaime Abella Zárate).

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