Sentencia 274 de julio 17 de 1986 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

DESPIDO DE UN TRABAJADOR. DEBE SER MOTIVADO

Para que pueda calificarse como justo el despido de un trabajador no solamente es indispensable motivarlo en causal reconocida por la ley, probar en juicio su veracidad, si hay un litigio, sino también cumplir de manera celosa las formalidades o ritos que para ciertos casos exigen las normas laborales

PREAVISO. REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO APOYADO EN CIERTOS MÓVILES

Para que la cancelación del contrato de trabajo apoyado en ciertos móviles, como los que consagran los ordinales 9º a 15 del artículo 7º, aparte a del Decreto Legislativo 2351 de 1965, sea válido, la ley exige que el patrono le dé al empleado un preaviso, que en aquellos eventos es de 15 días, para que fenezca ese vínculo jurídico

ERROR DE HECHO NO SE DEMOSTRÓ

NATURALEZA DE PRETENSIONES CONTENIDAS EN UNA DEMANDA. SU SUERTE LA DETERMINA EL JUEZ Y NO LAS PARTES

La naturaleza de las pretensiones contenidas en una demanda no es prueba ostensible de un rencor indeleble de quien los formula contra su eventual opositor en un juicio. La suerte de esas pretensiones la determina el juez y no las partes y su falta de prosperidad total o parcial no es base razonable para calificar la conducta de quien las formuló como de mala fe manifiesta o a su actor como persona indeseable

Magistrado Ponente:

Dr. Juan Hernández Sáenz

Ref.: Expediente Nº 274. Acta Nº 26

Bogotá, D.E., diecisiete de julio de mil novecientos ochenta y seis.

Después de revocar el fallo de la primera instancia, que condenaba a “Burroghs de Colombia S.A.” al pago de dominicales y festivos, de unos descuentos no autorizados, de pensión especial de jubilación e indemnización de perjuicios por despido injusto, en favor de su demandante señor Pedro María Carreño Medina, el Tribunal Superior de Bogotá, por sentencia del 18 de diciembre de 1985, condenó a la dicha compañía a reintegrar a su servicio al demandante y a pagarle los salarios correspondientes al tiempo que dure sin empleo.

Al no quedar satisfecha con aquella decisión, la empresa la impugna ante la Corte para impetrar que se la deje sin efecto, se revoque la del juzgado y se la deje libre de las reclamaciones de Carreño o, subsidiariamente, se la condene apenas a satisfacer la indemnización y la pensión especial de jubilación derivadas de un despido injusto.

En la demanda de casación (fls. 5 a 29 de este cuaderno) propone tres cargos contra el fallo del tribunal, de los cuales pasa a ocuparse la sala.

Primer cargo

Dice: “1. Con fundamento en la causal de casación contenida en el numeral 1º del artículo 60 del Decreto Extraordinario 528 de 1964, acuso la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial, por infracción directa, proveniente de la interpretación errónea en que incurrió el tribunal al establecer el entendimiento de las normas contenidas bajo el Decreto-Ley 2351 de 1965, artículo 7º, ordinal a, numeral 9º y último inciso de dicho ordinal a, y falta de aplicación de los artículos 1º y 19 del Código Sustantivo del Trabajo y de los artículos 5º, numeral 2º y 8º, numeral 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965; interpretación errónea y falta de aplicación que llevó al tribunal a concluir que la sociedad demandada no notificó en debida forma al demandante su despido por justa causa, y por ende, no dar por demostrado, estándolo, que la terminación del contrato de trabajo entre el demandante y la demandada se produjo por justa causa legal. Esto acarreó el quebranto consecuencial, igualmente por la vía de la infracción directa, de los preceptos contenidos bajo el artículo 8º, numeral 5º del Decreto-Ley 2351 de 1965, por su aplicación indebida, toda vez que su aplicación procedería eventualmente sólo si se hubiese producido un despido sin justa causa legal, lo que no ocurrió en el presente caso.

2. Demostración del cargo

a) Sostiene el tribunal bajo la sentencia impugnada:

“Ahora, en cuanto al deficiente rendimiento afirmado como causal tercera, la sociedad cumplió con el procedimiento establecido en el artículo 2º del Decreto 1373 de 1966 (450 a 451 y 467 a 468) mas no es el caso entrar a estudiar la causal, ya que para su efectividad exige el aparte final del literal a del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 la obligación del patrono, de comunicar la decisión de despido con quince días de anticipación, obligación que no cumplió por cuanto pretendió pagar este derecho, mas la norma dice: «En los casos de los numerales 9º a 15 de este artículo para la terminación del contrato, el patrono deberá dar aviso al trabajador con anticipación no menor de quince (15) días». O sea, que no se puede por voluntad del patrono, convertir el aviso en tiempo, por el pago equivalente en dinero”.

Concluye el tribunal a este respecto:

“Así las cosas, por ser el preaviso parte del trámite legal exigido, no logró demostrarse la justa causa alegada”.

Consecuencialmente, el tribunal determinó el reintegro del demandante;

b) De conformidad con el artículo 1º del Código Sustantivo del Trabajo, la finalidad de las normas laborales es la de lograr la justicia de las relaciones entre los patronos y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Y el artículo 19 ibídem profesa que cuando no haya una norma exactamente aplicable al caso controvertido, se aplican las que regulan casos o materias semejantes, dentro de un espíritu de equidad. Estas normas, que contienen la verdadera esencia de nuestra justicia laboral, debieron ser aplicadas por el tribunal al interpretar las normas del artículo 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965 que se señalan como violadas;

c) En efecto, ¿puede válidamente afirmarse que el punto central del asunto en cuestión es si la obligación de notificar con alguna anticipación la terminación del contrato del demandante puede compensarse en dinero? Bajo un espíritu de justicia y equidad y por aplicación analógica, la respuesta tiene que ser sí. Veamos por qué:

“i) La misión de los jueces de nuestra República es la de administrar justicia, lo que implica proporcionar a las partes involucradas en un juicio una posición justa y legítima frente a la ley, a la moral, a las buenas costumbres, y al sano bienestar y equilibrio social y económico de nuestro país. La administración de justicia no puede, ni debe significar simplemente determinar beneficios o sanciones, derechos u obligaciones, por vía de la mera confrontación de situaciones de hecho con el tenor literal de la ley; pues de ser así, ello implicaría que cada individuo debe no sólo conocer la ley (pues su ignorancia no es excusa), sino también la correcta interpretación de sus pasajes oscuros o no reglamentados expresamente, y además conocer la jurisprudencia y doctrina. Esta es una posición, más que legalista, injustamente exigente.

ii) Es cierto que la jurisprudencia ha sostenido hasta ahora que para el caso presente, el preaviso debe darse en tiempo y no en dinero. Pero para tal pronunciamiento de la jurisprudencia se requirió el trámite de un juicio en primera y segunda instancia, y finalmente el trámite de un recurso extraordinario de casación, con posiciones contrarias sostenidas por abogados laboralistas, para que finalmente nuestro máximo tribunal, la Corte Suprema de Justicia, integrada por ilustres juristas, produjese el fallo definitivo.

iii) Según la sentencia impugnada, parece que nuestro espíritu de justicia y equidad, impone a quien no es experto en la ciencia del derecho en su área laboral, tener de antemano toda la sapiencia que en conjunto ofrecen los magistrados de nuestro máximo tribunal, pues de lo contrario se hace acreedor a severas sanciones legales.

iv) Pregunto: ¿Al haber la demanda dado el preaviso requerido en dinero, lesionó por ello de alguna forma la persona, la dignidad, la moral o el patrimonio del demandante? Si el demandante hubiere permanecido 15 días más al servicio de la demandada, ¿su situación habría sido notablemente más favorable? La respuesta a estos interrogantes es necesariamente no. La demandada en forma alguna causó algún perjuicio moral o económico al demandante por darle su preaviso en dinero. Luego ¿qué fundamento de equidad, o de justicia, o de armonía, o de equilibrio económico y/o social, o moral, pueden invocarse para sancionar a una sociedad cuando no ha causado ningún perjuicio a una persona, ni ha incurrido en actuación inmoral o que atente contra las buenas costumbres? Pues, ninguno. En el presente caso, no puede entonces decirse que con dicha compensación en dinero se rompió el equilibrio económico o moral de la relación laboral y que entonces corresponde restablecerlo. Pero este equilibrio sí se quebrantó mediante la sentencia impugnada, mediante la imposición de una sanción a mi representada, no obstante ésta no haber causado daño alguno. No puede aceptar que hayamos llegado hasta el extremo de reconocer (1) causal de despido (pues esto no lo cuestiona en forma alguna las sentencias de primera y segunda instancia); (2) que la empresa agotó todo un procedimiento legal para persuadir amigablemente al demandante para que corrigiese su conducta, y que (3) frente a la respuesta negativa del demandante, la empresa, en un acto legítimo, se vio obligada a terminar su contrato de trabajo, pero que no obstante por la falta de un formalismo mal interpretado, se sancione a la demandada pese a que no perjudicó al demandante. ¿Qué criterio de equidad y justicia nos rige entonces? ¿La base y principios de nuestra justicia sacrifica el fondo por la forma? Espero que no.

v) De otra parte, existe en nuestra legislación laboral una norma expresa que permite convertir en dinero el requisito del aviso anticipado de la terminación del contrato de trabajo. Las normas del artículo 5º, numeral 2º y artículo 8º, numeral 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965 contemplan la posibilidad de que si el trabajador omite total o parcialmente el aviso anticipado para la terminación de su contrato, debe entonces suplirlo con el equivalente en días de salario. No hay razón por la que estas normas, por vía analógica, no sean aplicables al caso materia de este juicio. Y ello es sano, pues permite a una parte, sobre la base de que no se lesiona a la otra parte, usar una fórmula legal para finiquitar una relación laboral que por razones prácticas y humanas ya no debe continuar”.

Se considera

Para que pueda calificarse como justo el despido de un trabajador no solamente es indispensable motivarlo en causal reconocida por la ley, probar en juicio su veracidad, si hay un litigio, sino también cumplir de manera celosa las formalidades o ritos que para ciertos casos exigen las normas laborales.

Si no se acredita el justo motivo, será ilegal intrínsecamente el despido. Y si no se han observado los procedimientos o requisitos que el legislador o la convención colectiva de trabajo prevén para ciertas hipótesis, el despido será formalmente ilegal aunque se haya inspirado en móviles legítimos.

En una y otra hipótesis habrá lugar al mismo resarcimiento de perjuicios dentro de los parámetros legales o convenciones, llegando a veces a la reanudación del contrato de trabajo interrumpido por causa del despido ilegítimo y al pago de los salarios por el tiempo que el empleado esté cesante.

Es conocido, de otra parte, que para la cancelación del contrato de trabajo apoyada en ciertos móviles, como los que consagran los ordinales 9º a 15 del artículo 7º, aparte a del Decreto Legislativo 2351 de 1965, la ley exige que el patrono le dé al empleado un preaviso, que en aquellos eventos es de 15 días, para que fenezca válidamente ese vínculo jurídico. Y si la ley no permite de manera expresa que pueda compensarse en dinero el lapso que abarque esa noticia previa, resulta ineludible para el patrono darla en tiempo con la anticipación prevista o, de lo contrario, romperá ilegalmente el nexo laboral, así llegue a demostrar que se fundamentó en una justa causa.

Cuando es claro y terminante un mandato de la ley, como acontece con el artículo 7º, aparte a, inciso final del Decreto Legislativo 2351 de 1965, no es dable interpretarlo ni aducir argumentos de equidad para atemperar su rigor o su imperio. Sólo cabe aplicarlo en su contexto prístino. Lo contrario sería desconocerlo, que es muestra manifiesta de la injusticia.

Todas las reflexiones anteriores desvanecen la fuerza del cargo analizado que, por lo tanto, no puede tener éxito.

Segundo cargo

Dice: “1. Con fundamento en la causal de casación contenida en el numeral 1º del artículo 60 del Decreto Extraordinario 528 de 1964, acuso la sentencia impugnada de ser violatoria de ley sustancial por infracción indirecta, proveniente de la apreciación errónea de unas pruebas y la falta de apreciación de otras, las cuales señalo bajo este cargo, que hizo incurrir al tribunal en error de hecho que aparece de modo manifiesto en los autos y lo llevó indirectamente a la violación legal referida, por aplicación indebida del artículo 8º, numeral 5º del Decreto-Ley 2351 de 1965 y falta de aplicación del artículo 7º, ordinal a, numerales 2º, 6º y 9º y último inciso de dicho ordinal a del Decreto 2351 de 1965 y artículos 1º y 19 del Código Sustantivo del Trabajo y artículo 2º del Decreto Reglamentario 1373 de 1966.

2. Demostración del cargo

La violación por vía indirecta de las normas sustanciales antes citadas se produjo como resultado de haber el tribunal incurrido en los siguientes errores de hecho que aparecen de modo manifiesto en los autos:

“a) Dar por no demostrado, estándolo, que el demandante incurrió en conductas calificadas por la ley como justas causas de despido;

b) Dar por no demostrado, estándolo, que la demandada notificó al demandante por escrito, en debida forma y oportunidad, la terminación de su contrato de trabajo por justas causas legales, y

c) Dar por demostrado, estándolo, que la terminación del contrato de trabajo del demandante se produjo por justas causas legales”.

3. Pruebas erróneamente apreciadas

Carta de fecha 13 de abril de 1981, dirigida al señor Pedro Carreño por el gerente de recurso humanos de la empresa demandada, mediante la cual se notificó a aquél la terminación de su contrato por justa causa. Esta carta aparece a los folios 138 y 139 del expediente; y copia de ella, con constancia de recibo por parte del demandante, que se incorporó en diligencia de inspección judicial a los folios 469 y 470 del expediente.

4. Pruebas dejadas de apreciar

a) Interrogatorio de parte rendido por el demandante el día 31 de marzo de 1982, cuya acta aparece a los folios 59 a 63 del expediente, y la carta de fecha 9 de abril de 1981 que aparece al folio 58 del expediente, dirigida por el demandante al gerente general de la empresa demandada. Esta carta fue incorporada al expediente como parte del interrogatorio;

b) Contrato de trabajo suscrito entre la demandada y el demandante, que obra al folio 130 del expediente;

c) Carta de fecha 30 de marzo de 1981, dirigida al demandante por el gerente general de la empresa demandada, que aparece a los folios 134 y135;

d) Liquidación final de prestaciones sociales del demandante, de fecha 14 de abril 1981, que aparece al folio 140 del expediente;

e) Carta de fecha 7 de abril de 1981, dirigida al demandante por el gerente general de la empresa demandada, que aparece a los folios 242 y 243 del expediente;

f) Carta de fecha 9 de abril de 1981, dirigida por el demandante al gerente general de la empresa demandada, que aparece al folio 244 del expediente;

g) Acta de audiencia llevada a cabo el 17 de agosto de 1983, que aparece al folio 245 del expediente, y

h) Inspección judicial llevada a cabo en audiencias de fecha 16 de noviembre de 1984 (fls. 445 a 578) y 30 de noviembre de 1985 (fls. 579 a 581), y los documentos que se incorporaron como parte de dicha inspección judicial, bajo los folios 450, 451, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477 y 478.

5. Mediante las pruebas enunciadas en los puntos 3 y 4 inmediatamente anteriores, se demostró que el demandante incurrió en hechos constitutivos de justas causas para su despido, que la empresa demandada invocó tales hechos y causales para dar terminación al contrato del demandante, y que notificó oportuna y debidamente tal circunstancias, hechos y causales, por escrito al demandante.

“a) El demandante incurrió en grave indisciplina y grave incumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales en el desempeño de sus labores. En actitud irreverente y de franca rebeldía, el demandante se negó sin justificación válida a cumplir para con la empresa demandada, con sus obligaciones legales y contractuales, así:

“Según se comprueba a los folios 58, 242 y 243 del expediente, el demandante se negó a explicar y presentar descargos por su deficiente rendimiento debidamente acreditado. La solicitud de la empresa demandada referente a la presentación de descargos, fue hecha en forma respetuosa, y además, en cumplimiento de una obligación legal por parte de la empresa demandada. Pero el demandante, en vez de cumplir con su obligación correlativa, cual es el haber presentado los descargos del caso, manifestó por escrito, en forma desafiante e indisciplinada, que se rehusaba a presentar descargo alguno porque a su juicio no había rendimiento deficiente, no obstante que la demandada estableció tal rendimiento deficiente mediante un cuadro comparativo con otros empleados de la demandada. Esto demuestra la actitud deliberante desobligante de indisciplina grave y además conflictiva, que mostró el demandante durante la última etapa de su vinculación laboral.

Con las comunicaciones que aparecen a los folios 134, 135, 136, 137, 473, 474 y 475 y con el contrato de trabajo que aparece al folio 130 del expediente, se establece que el traslado del demandante, que había sido convenido bajo el contrato de trabajo, no originaba desmejora en su remuneración ni en sus condiciones de trabajo. Se acredita igualmente que el demandante, sin razones valederas, se negó a cumplir con su obligación de trasladarse, obligación contraída de manera libre, voluntaria y espontánea bajo su contrato de trabajo.

Desde el inicio de la relación laboral con el demandante, las partes contemplaron no solamente la posibilidad de un traslado, sino que convinieron expresamente en que el demandante podría ser trasladado. Esta estipulación contractual jamás fue cuestionada u objetada en forma alguna por el demandante, ni hubo de su parte a lo largo de su relación con la empresa demandada, alguna manifestación en el sentido de que no hubiera estado totalmente en acuerdo con los términos de este aspecto de su contrato de trabajo, en consideración al cargo y funciones del demandante, que como gerente de ventas se podía requerir de sus servicios en cualquier parte del territorio colombiano donde la demandada realizara ventas; lo que quiere significar que la posibilidad de un traslado no puede considerarse como una actuación que haya podido sobrevenir sorpresivamente para el demandante. El demandante, dentro del desempeño propio de sus funciones como gerente de zona (cargo de significación jerárquica dentro de la empresa), conoció perfectamente la estructura administrativa y comercial de mi representada, y tuvo perfecta conciencia de que el traslado que se le pidió no obedeció al capricho arbitrario de mi representada, sino a las exigencias y necesidades del desarrollo adecuado de su actividad comercial. Pero además el traslado que se le solicitó al demandante, en ningún momento puede considerarse como perjudicial para el demandante o como una circunstancia que lo pusiera en inferiores condiciones jerárquicas, en inferiores condiciones de remuneración o en inferiores condiciones de vida general; y esto se lo garantizó la demandada al señor Carreño. El demandante, sin justificación alguna se opuso al traslado que se le proponía y adoptó una actitud de abierta rebelión y de indisciplina para con la sociedad demandada.

Lo anterior es lo que se desprende del análisis de las pruebas, por lo que la conclusión sana y ajustada a derecho, es la de que el demandante incurrió en justas causas de despido. A menos que se pretenda acabar con el espíritu de armonía que debe reinar entre una relación entre patrono y trabajador, no puede considerarse ni tenerse como argumento válido para justificar la actuación del demandante frente a la situación del traslado, el que éste (o cualquier otro empleado) pueda, sin elementos de juicio probados, desconocer las condiciones de su contrato de trabajo y no acatar las instrucciones del patrono, por la sencilla razón de que el trabajador (como sucedió en este caso con el demandante) obedece una serie de consideraciones subjetivas injustificadas y cuestione la capacidad del patrono para cumplir con las condiciones y promesas que el patrono le hace en el sentido de que no será desmejorado por el traslado. Los argumentos y razones que expuso el demandante en su oportunidad para pedir que no se le trasladara fueron oídos por la empresa demandada, y se consideró que tales circunstancias eran perfectamente manejables no obstante el traslado. Y no teniendo el demandante justificación válida para oponerse al traslado, adoptó una actitud irrespetuosa, indisciplinada y de rebelión frente a la empresa demandada, y

b) El demandante incurrió en rendimiento deficiente en relación con el rendimiento promedio en labores análogas de sus compañeros de trabajo, sin corregir dicho rendimiento en un plazo razonable, a pesar del requerimiento de la demandada.

Con pruebas enunciadas bajo los puntos 3 y 4 de este cargo, se establece que la demandada, al detectar el rendimiento deficiente del demandante, siguió el procedimiento descrito en el Decreto Reglamentario 1373 de 1966, artículo 2º. Así mismo, que la demandada cumplió con el requisito de notificar oportuna y en debida forma al demandante su despido por justas causas legales, mediante comunicación escrita.

De haber apreciado en forma correcta y total las pruebas que he mencionado, necesariamente el tribunal habría concluido que esta causal de despido se acreditó en forma completa, por lo que debe considerarse que el contrato del demandante terminó por justas causas legales.

Invoco aquí nuevamente las argumentaciones expuestas bajo el punto 2 b correspondientes al cargo primero formulado en esta demanda de casación” (las subrayas son del texto transcrito).

Se considera

De las pruebas que el cargo juzga mal apreciadas o dejadas de estudiar y así causantes de los errores de hecho que denuncia, resulta lo siguiente:

1. En la carta de despido (fls. 138 y 139, C. 1) aparece que Burroghs lo funda en la negativa del demandante a trasladarse a otro empleo en Cali, que califica como grave indisciplina, y en el deficiente rendimiento laboral de Carreño. Como esto mismo halló el sentenciador en la carta, no hubo yerro manifiesto en su apreciación.

2. En la cláusula once del contrato de trabajo que suscribieron las partes (fls. 130 a 131, C. 1 espec. fl. 130 vto.) quedó estipulado que la empresa podía trasladar a Carreño a otro cargo o a otra ciudad, siempre que no se desmejoraran sus condiciones laborales o su salario; pero de allí no surge la evidencia de los errores acusados.

3. En las comunicaciones que intercambiaron patrono y trabajador en marzo y abril de 1981, aquél amonestó a éste por deficiente rendimiento en sus labores y le ofreció trasladarlo a empleo semejante en Cali (fls. 134 a 135, C. 1); Carreño le pide a Burroghs reconsiderar el traslado alegando rebajas de categoría y de salario y un problema familiar, porque su viaje a Cali ocasionaría el cierre de un almacén de su esposa (fls. 136 y 137 ibídem); la compañía le insiste a Carreño en que se traslade a Cali, por considerar infundadas las razones de éste para no hacerlo (fls. 473 a 475 ibídem); Burroghs reprende a Carreño por su pobre laboriosidad, le envía un cuadro comparativo de actividades y le pide explicaciones sobre aquel hecho (fls. 242 y 243 ibídem); Carreño dice que el rendimiento es normal y se niega a dar explicaciones o descargos (fls. 58 y 244 ibídem). Como se observa, todos estos documentos sólo contienen aseveraciones encontradas de los actuales contendores en el juicio que, por sí mismas y por su propia naturaleza, no acreditan la veracidad de lo dicho en tales documentos.

4. En el interrogatorio que absolvió el demandante (fls. 59 a 63, C. 1), éste confiesa que recibió la carta de despido, que lo llamaron a descargos por bajo rendimiento en su trabajo y contestó negando ese reclamo del patrono y que le ofrecieron trasladarlo a Cali. Pero en realidad Carreño nada confiesa en relación con los errores de hecho acusados en el cargo.

5. La liquidación patronal de prestaciones (fl. 140, C. 1) y el acta de una audiencia donde se posesiona un perito (fl. 245 ibídem), mencionadas en el ataque como fuentes de los errores fácticos, nada prueban respecto a la existencia vehemente de ellos.

Como del estudio probatorio que acaba de concluirse no resultan patentes los errores planteados en el cargo, éste no merece triunfar.

Tercer cargo

Dice así: “1. Con fundamento en la causal de casación contenida en el numeral 1º del artículo 60 del Decreto Extraordinario 528 de 1964, acuso la sentencia impugnada de ser violatoria de ley sustancial, por infracción indirecta, proveniente de la apreciación errónea de unas pruebas y la falta de apreciación de otras, las cuales señalo bajo este cargo, que hizo incurrir al tribunal en el error de hecho que aparece de modo manifiesto en los autos y lo llevó indirectamente a la violación legal referida, por aplicación indebida del artículo 8º, numeral 5º del Decreto-Ley 2351 de 1965, en su aspecto concerniente al reintegro del trabajador junto con el pago de los salarios dejados de percibir, y falta de aplicación del artículo 8º, numerales 1º, 2º, 3º d y del numeral 5º en cuanto a determinar la improcedencia del reintegro del Decreto-Ley 2351 de 1965, y del artículo 8º de la Ley 171 de 1961.

2. Demostración del cargo

La violación por vía indirecta de las normas sustanciales antes citadas, se produjo como resultado de haber el tribunal incurrido en los siguientes errores de hecho que aparecen de modo manifiesto en los autos:

“a) Dar por demostrado, no estándolo, que no existen razones o incompatibilidades creadas con motivo de la terminación del contrato del demandante, o con anterioridad o posterioridad a tal terminación que hagan desaconsejable el reintegro del demandante, y

b) Dar por no demostrado, estándolo, que existen razones e incompatibilidades creadas con motivo de la terminación del contrato del demandante, o con anterioridad o posterioridad a tal terminación que hacen desaconsejable el reintegro del demandante”.

3. Pruebas erróneamente apreciadas

Carta de fecha 13 de abril de 1981, dirigida al señor Pedro Carreño por el gerente de recursos humanos de la empresa demandada, mediante la cual se notificó a aquél la terminación de su contrato por justa causa. Esta carta aparece a los folios 138 y 139 del expediente; y copia de ella, con constancia de recibo por parte del demandante, que se incorporó en diligencia de inspección judicial a los folios 469 y 470 del expediente.

4. Pruebas dejadas de apreciar

“a) Interrogatorio de parte rendido por el demandante el día 31 de marzo de 1982, cuya acta aparece a los folios 59 a 63 del expediente, y la carta de fecha 9 de abril de 1981 que aparece a folio 58 del expediente, dirigida por el demandante al gerente general de la empresa demandada. Esta carta fue incorporada al expediente como parte del interrogatorio;

b) Contrato de trabajo suscrito entre la demandada y el demandante, que obra al folio 130 del expediente;

c) Carta de fecha 30 de marzo de 1981, dirigida al demandante por el gerente general de la empresa demandada, que aparece a los folios 134 y 135;

d) Liquidación final de prestaciones sociales del demandante, de fecha 14 de abril de 1981, que aparece al folio 140 del expediente;

e) Carta de fecha 7 de abril de 1981, dirigida al demandante por el gerente general de al empresa demandada, que aparece a los folios 242 y 243 del expediente;

f) Carta de fecha 9 de abril de 1981, dirigida por el demandante al gerente general de la empresa demandada, que aparece al folio 244 del expediente;

g) Acta de audiencia llevada a cabo el 17 de agosto de 1983, que aparece al folio 245 del expediente;

h) Inspección judicial llevada a cabo en audiencias de fechas 16 de noviembre de 1984 (fls. 445 a 578) y 30 de noviembre de 1985 (fls. 579 a 581), y los documentos que se incorporaron como parte de dicha inspección judicial, bajo los folios 450, 451, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477 y 478;

i) Documentos que aparecen a los folios 64, 73, 74, 75, 76, 77, 88, 90 y 121, y que contienen comunicaciones dirigidas al despacho del Juzgado Segundo Laboral de Bogotá, en respuesta a oficios, mediante los cuales algunos clientes de la sociedad demandada indican quién fue la persona del vendedor de mi representada con quien celebraron, o por intermedio de quién celebraron, algún contrato, y

j) Demanda y su corrección, presentada por la parte actora”.

5. Mediante las pruebas enunciadas en los puntos 3 y 4 inmediatamente anteriores, se demuestra que existen serias razones e incompatibilidades que hacen totalmente desaconsejable el reintegro del demandante.

“a) Como mencioné anteriormente, con las pruebas que aparecen a los folios 58, 242 y 243 del expediente, se establece la actitud desafiante, rebelde, irrespetuosa y deliberadamente conflictiva que mostró el demandante durante la última etapa de su vinculación laboral. Actitud que se corrobora con las pruebas que aparecen a los folios 134, 135, 136, 137, 473, 474 y 475, que ponen de presente cómo el demandante unilateralmente y mediante enfrentamiento con las directivas de la sociedad demandada, decidió qué obligaciones contractuales y legales le correspondía cumplir, sin tener en cuenta las condiciones de su contrato de trabajo, ni el entendimiento que siempre hubo en cuanto la naturaleza de sus funciones como ejecutivo gerente de ventas, ni las circunstancias propias de las actividades y objeto social de la demandada. Esto, sin lugar a dudas, permite claramente establecer y concluir que la última época de duración del contrato de trabajo del demandante se desarrolló en un ambiente de enfrentamiento, fricción, desacuerdo e incompatibilidad, entre el demandante y los directivos de la demandada. Se rompió pues, en forma total, la armonía mínima necesaria para mantener una relación de trabajo, hasta tal punto que la actitud y conducta del demandante puso en tela de juicio las normas y reglamentos que sobre disciplina disponen las políticas de la empresa demandada;

b) Pero además, con las pruebas enunciadas bajo los puntos i y j, del punto 4 correspondiente a este cargo, queda claramente demostrado que el demandante, mediante afirmaciones temerarias, pretendió mediante este juicio un provecho económico por concepto de comisiones, respecto de ventas que él no efectuó. Fácilmente puede comprenderse que no es posible ni de ninguna manera aconsejable, restablecer la relación laboral cuando ha mediado entre el demandante y la demandada, no solamente un enfrentamiento abierto originado además por la presente demanda, sino el comportamiento del demandante que mediante afirmaciones que no se ajustan a la realidad, pretendió un beneficio económico que no le corresponde, no obstante que la sociedad demandada siempre adoptó frente al demandante un comportamiento de buena fe;

c) No debe dejar de tenerse en cuenta que la actividad comercial de la demandada cubre la comercialización de equipos de computación de las más alta y desarrolla tecnología. Los equipos que comercializó el demandante en su época, hoy son totalmente desactualizados y, tecnológicamente hablando, atrasados. El personal competente de mi representada para la venta de sus equipos es hoy un personal que requiere de una instrucción especializada en ingeniería de sistemas y computadores, pues los solos conocimientos sobre procedimiento y política de ventas resultan insuficientes. Reintegrar al demandante conlleva ubicarlo en una posición para desempeñar funciones para las cuales no tiene la necesaria preparación y competencia y, lo que es más, situarlo jerárquicamente sobre personas que tienen más preparación y competencia que la suya. Esto significa circunstancias de incompatibilidad sumamente graves, y

d) Habiendo quedado demostrado el grado de conflicto, de enfrentamiento y de incompatibilidad entre el demandante y la directiva de la demandada, no es procedente ni aconsejable el reintegro del demandante, y el tribunal así debió determinarlo” (las subrayas son del texto transcrito).

Se considera

Muchas de las pruebas en que el cargo funda los errores de hecho que denuncia, ya se analizaron en el anterior, especialmente en el numeral 3º de su motivación.

Al examinarlas de nuevo, no se observa una conducta irrespetuosa e intolerable del señor Carreño Medina con los altos directivos de la empresa. Se trata de apenas de pareceres disímiles respecto de la opinión patronal.

Lo mismo se halla en el cuestionario que contestó el actor (fls. 59 a 63, C. 1).

El texto de la demanda (fls. 5 a 7, C. 1) y de su corrección (fls. 26 a 24 ibídem) no contiene tampoco expresiones injuriosas o insolentes contra el antiguo patrono. Apenas los hechos básicos de las reclamaciones formuladas.

La naturaleza de las pretensiones en una demanda no es prueba ostensible de un rencor indeleble de quien las formula contra su eventual opositor en un juicio. La suerte de esas pretensiones la determina el juez y no las partes y su falta de prosperidad total o parcial no es base razonable para calificar la conducta de quien las formuló como de mala fe manifiesta o a su actor como persona indeseable.

Las comunicaciones que obran a folios 64, 73, 74, 75, 76, 77, 88, 90 y 121 del primer cuaderno provienen de personas extrañas al juicio, por lo cual, caso de reunir las condiciones legales para su validez como pruebas, equivaldrían a testimonios conformes al artículo 277 del Código de Procedimiento Civil y, en esa calidad, no son base plausible para demostrar la existencia de errores de hecho en casación del trabajo, según lo enseña el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.

No se configura, por lo tanto, con la evidencia indispensable en casación los desatinos fácticos alegados por el recurrente. Su cargo, pues, no merece prosperar.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA el fallo impugnado.

Costas a cargo del recurrente. Tásense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Rafael Baquero Herrera—Humberto de la Calle Lombana—Juan Hernández Sáenz. 

Bertha Salazar Velasco, Secretaria.

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