Sentencia 2742 de diciembre 12 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

PRESUNCIÓN DE RESIDENCIA ELECTORAL

MANERA COMO SE DESVIRTÚA

EXTRACTOS: «Manifiesta el demandante que en las inscripciones realizadas entre el 1º y el 30 de junio de 2000 en el municipio de Tausa (Cundinamarca) se presentó trasteo de votos porque las personas que relaciona en el numeral 7º de los hechos de la demanda se inscribieron en dicho municipio y tienen su residencia en otro. Dice también que el día de las elecciones los familiares del señor alcalde elegido que residen en los municipios de Ubaté, Sutatausa y Guachetá, sufragaron en el municipio de Tausa.

El artículo 316 de la Constitución Nacional, establece:

Artículo 316 de la Constitución Nacional: En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio”.

Esta Sala reiteradamente ha dicho que cuando en la elección de autoridades locales participen ciudadanos residentes en otros municipios, se viola flagrantemente el artículo 316 superior y por consiguiente, el voto emitido en estas condiciones es nulo, pero para poder declarar la nulidad se requiere demostrar: a) que los inscritos no residen en el respectivo municipio; b) que efectivamente votaron y c) que los votos así depositados cambian el resultado electoral.

Señala el demandante que las personas que votaron sin tener su domicilio en Tausa son cerca de 720, de las cuales únicamente relaciona 41, por lo que el estudio de la Sala se circunscribirá a éstas.

A folios 12 a 14 del cuaderno 2 obra copia de las listas de inscritos, en las cuales consta que sólo 31 de las 41 personas señaladas por el demandante se inscribieron en el censo electoral.

(...).

El demandante dijo que las personas antes relacionadas no residen en Tausa porque tienen su domicilio en Neusa, los Llanos, Bogotá, San Cayetano y Pacho pero no aporta prueba alguna que respalde su afirmación.

Observa la Sala que el demandante no discierne muy precisamente los conceptos de residencia electoral y domicilio, lo cual obliga a las siguientes precisiones. De conformidad con el artículo 333 del Código de Régimen Político Ley 4ª de 1913,

“Es vecino de un municipio para los efectos políticos:

1. El nacido y establecido en el municipio; 2. El que con su familia se haya radicado en él, por más de un año, aunque se ausente a veces, siempre que aquella permanezca en el territorio respectivo; 3. El que ejerza alguna profesión o dirija algún establecimiento de cualquier clase, siempre que por las circunstancias sea de presumir su ánimo de permanecer en el municipio por tiempo largo o indefinido; y 4. El que manifieste su ánimo de avecindarse, ante el alcalde, el cual extenderá de ello la correspondiente diligencia, pero los efectos de la vecindad no se surtirán en este caso sino dos meses después de hecha la manifestación”.

En el artículo 316 de la Constitución Nacional establece que en las votaciones para la elección de autoridades locales y la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo pueden participar los ciudadanos residentes en el mismo municipio. Este precepto fue desarrollado por el artículo 183 de la Ley 136 de 1994 que definió la residencia electoral y el artículo 4º de la Ley 163 del mismo año que estableció la presunción de residencia electoral con base en la inscripción en el censo electoral. La Corte Constitucional, al examinar la constitucionalidad del artículo 183 de la Ley 136 de 1994 consideró que el mismo había sido derogado tácitamente por el 4º de la Ley 163 de 1994 por ser norma posterior y especial y decidió inhibirse de hacer un pronunciamiento de fondo(7). Esta Sala no comparte esa apreciación por considerar que no existe la pretendida antinomia invocada por la Corte Constitucional en el texto de ambos preceptos.

(7) Corte Constitucional. Sentencia C-307 de julio 13 de 1995.

El artículo 183 de la Ley 136 de 1994 prescribe que residencia electoral es el lugar donde una persona habita o de manera regular está de asiento, ejerce su profesión u oficio o posee algunos de sus negocios o empleo, presupuestos materiales que pueden determinar que una persona posea al mismo tiempo la opción de varias residencias electorales, tal como puede ocurrir con el domicilio. No obstante, respecto de aquélla, la ley establece que debe ser única y se determina por la decisión del ciudadano de inscribir su cédula en el municipio o en alguno de los municipios en relación con los cuales tiene uno cualquiera o varios de los vínculos previstos en el artículo 183 de la Ley 136 de 1994, es decir donde habita, o de manera regular está de asiento, ejerce su profesión u oficio o posee alguno de sus negocios o empleo, con el fin de ejercitar en él su derecho político de elegir y ser elegido. Al inscribir su cédula el ciudadano declara bajo la gravedad del juramento residir en el respectivo municipio y ello se constituye en el sustrato de una presunción legal que, como tal, puede ser desvirtuada cuando se demuestre que el inscrito no se encuentra en ninguna de las situaciones descritas en el artículo citado.

Es claro, sin embargo, que si el ciudadano al momento de inscribirse indica una dirección como del lugar de su residencia o trabajo, se debe inferir que es esa y no otra la que configura el vínculo material con el municipio donde se está inscribiendo, de tal manera que si se acredita con prueba idónea que en el lugar indicado como de residencia o de ejercicio de su actividad profesional o negocio no reside o trabaja, con ello se habrá desvirtuado la presunción de residencia electoral. Significa lo anterior que en rigor no se trata de demostrar que un inscrito reside en otro municipio o ciudad distinto de aquél en que se inscribió, porque ello puede resultar insuficiente dadas las varias alternativas de relación material del inscrito con el lugar de inscripción; o de imposible demostración si lo que se pretende es la prueba de que no reside, no trabaja, no se encuentra en el lugar de asiento, no posee negocio o empleo, etc. Por razones lógicas y jurídicas debe entenderse que el acto de inscripción, el señalamiento bajo juramento de una dirección del inscrito, tienen correspondencia con su relación material con el respectivo municipio y constituyen el fundamento de hecho de la presunción juris tantum de su residencia electoral y la sola acreditación de que no reside o trabaja en el lugar señalado bajo juramente como tal, desvirtúa la presunción de residencia electoral como ya se indicó. Este criterio hermenéutico rectifica la jurisprudencia que había sostenido la Sala sobre el mismo punto en las sentencias del 15 de noviembre de 2001, expediente 2712 y del 7 de diciembre de 2001, expediente 2729.

Para demostrar la no residencia de las personas antes relacionadas en el municipio de Tausa, el demandante aporta copia de los listados del censo catastral y beneficiarios del Sisben del mismo municipio. Sobre el particular, considera la Sala que dichos listados constituyen un principio de prueba del domicilio de una persona pero no son aptos para infirmar la presunción de residencia electoral pues en los primeros figuran las personas que son propietarias de predios, lo cual no implica necesariamente que las mismas tengan residencia en el municipio u otra de las situaciones previstas en la ley como fundamento de la residencia electoral y los listados del Sisben recogen los nombres y lugares de habitación de las personas beneficiarias de dicho servicio, es decir no incluye a la totalidad de los habitantes del municipio ni tiene relación con la condición legal de un residente electoral.

Advierte también la Sala que no obran en el expediente las copias de la listas y registro de votantes que hubieran permitido determinar si las personas que aparecen inscritas en el censo electoral del municipio de Tausa, presuntamente con violación del artículo 316 constitucional, efectivamente sufragaron.

Por otra parte, se precisa que la diferencia entre el alcalde elegido y el candidato que le sigue en votación es de 601 votos y que los votos cuestionados por presunta violación del artículo 316 constitucional ascienden a 41 de los cuales sólo se encontraron inscritos en el censo electoral 31 pero no existe prueba alguna de que los mismos votaron en las elecciones. Sabido lo anterior, si por vía de hipótesis se admitiera que depositaron su voto en las elecciones municipales, su número no alteraría el resultado declarado de la elección y en consecuencia tampoco procedería la declaratoria de nulidad de la misma conforme a la jurisprudencia de la Sala. Por lo tanto, el cargo no prospera».

(Sentencia de diciembre 12 de 2001. Expediente 2742. Consejero Ponente: Dr. Reinaldo Chavarro Buriticá).

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