Sentencia 27460 de septiembre 5 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 331

Magistrado Ponente:

Dr. Julio Enrique Socha Salamanca

Bogotá, D.C., cinco de septiembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Pese a que el acusado no ostenta la calidad de congresista, pues lo fue por la circunscripción electoral del departamento del Cauca para el período constitucional 2006-2010, en virtud de los fundamentos expuestos en el proveído de 17 de noviembre de 2010(5), esta corporación conserva la competencia para conocer del proceso.

2. De conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 232 de la Ley 600 de 2000, no se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado.

En consecuencia, corresponde a la Sala determinar si con fundamento en los medios probatorios allegados al proceso se pueden acreditar, en grado de certeza, las categorías de la conducta punible, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, así como la responsabilidad del acusado.

2.1. La conducta punible de urbanización ilegal.

Sobre la tipicidad del ilícito de urbanización ilegal, no hubo discusión por la defensa, no obstante ello los elementos de prueba recaudados en la actuación le dan a la Corte la certeza de la configuración del mismo.

El delito de urbanización ilegal se halla previsto en el artículo 318 del Código Penal así:

“El que adelante, desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, tolere, colabore o permita la división, parcelación, urbanización de inmuebles, o su construcción, sin el lleno de los requisitos de ley, incurrirá, por esta sola conducta, en prisión de tres (3) a siete (7) años y multa de hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

(...)”.

El bien jurídico tutelado es el orden económico y social. Se trata de un tipo de resultado objetivo, de lesión, de conducta instantánea y pluriofensivo; con sujeto activo indeterminado y como pasivo el conglomerado social, la comunidad. Los verbos rectores de la conducta son alternativos: adelantar, desarrollar, promover, patrocinar, inducir, financiar, facilitar, tolerar, colaborar o permitir, cada una de las acciones perfecciona en forma independiente y autónoma el delito.

El objeto material lo constituyen actos-resultado de división, parcelación, urbanización de inmuebles o la construcción de los mismos en forma ilegal.

El cargo de urbanización ilegal se hizo consistir en haberse promovido por parte de los representantes legales de las corporaciones Corpoccidente y Corpopaz y del acusado a partir del mes de agosto de 2004 en la ciudad de Popayán, los proyectos de vivienda denominados “Balcones de Santa Isabel”, “Torreón de Aranjuez” y “CABÚ”, sin en el cumplimiento de los requisitos legales.

Hechos que quedaron debidamente acreditados con la abundante prueba testimonial recepcionada(6), y las respuestas suministradas por las entidades encargadas por la ley de autorizar dicho trámite, como son las curadurías urbanas de la ciudad de Popayán.

Así, en el caso de Corpopaz, el 9 de marzo de 2007 la Curaduría Urbana 2 en oficio dirigido a la Fiscalía 06-002 de Popayán, —aportada como prueba trasladada—, le informó que: “(...) revisados los archivos que reposan a la fecha en este despacho, no se encontró solicitud de trámite de licencia a nombre de la señora Isabel Cristina Ceballos Sierra, ni del proyecto de vivienda Santa Isabel (...)”(7). En similares términos, lo refirió el informe 2197 de 30 de marzo de 2006, suscrito por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación(8).

En relación con Corpoccidente, si bien el 4 de noviembre de 2004 se celebró el contrato de promesa de venta 198 con la Federación Nacional de Cafeteros, con el que presuntamente se realizaría el proyecto de vivienda denominado Torreón de Aranjuez y se llevaron a cabo algunas gestiones ante la Curaduría 1ª de Popayán en aras de obtener la licencia de construcción; al no allegar la documentación exigida, se declaró anulado el trámite. Presentado nuevamente el 11 de mayo de 2006, y verificada la inobservancia de los requisitos exigidos, mediante Resolución 3055 de 29 de junio siguiente, dicha oficina declaró “desistido el proyecto” de conformidad con lo previsto en el Decreto 564 de 24 de febrero de ese mismo año(9).

Situación que fue corroborada por los detectives Juan Carlos Clavijo y Diego Alexander Caro(10), quienes mediante el Oficio 006106 de 10 de noviembre de 2010, ponen de presente que: “(...) la solicitud hecha por Corpoccidente con fecha 25 de agosto de 2004, como urbanizador de construcción de viviendas, fue negada por la oficina de planeación municipal (...)”.

En cuanto al proyecto “CABÚ” los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, en los informes del 8 de junio y 15 de diciembre de 2006, señalaron:

“(...) desde la Oficina de Planeación del Municipio de Popayán, se recibió el Oficio 36454 (fls. 1 a 36 del cdno), suscrito por la doctora Derly Gutiérrez Vidal jefe de la oficina asesora de planeación municipal, en donde se da a conocer los siguientes aspectos: 3.1. (...) 3.2. Que Corpoccidente no ha inscrito ningún proyecto de vivienda (...) 3.3. Que Corpoccidente, a pesar de no haber tramitado los permisos de captación, enajenación, escrituración, promoción y venta del proyecto, se encuentra recaudando dineros....” y “...3.3. El día siete (7) de junio de 2.006, se visitaron las oficinas de la Curaduría Urbana Nº 2 en donde fui atendido por el Arquitecto Alexander Ricardo Vargas, Curador Urbano Nº 2, quien en desarrollo de la entrevista surtida, manifiesta que la gestión o el trámite adelantado por los representantes de la Corporación Corpoccidente, para la obtención de la licencia de construcción de la urbanización denominada “CABU”, se encuentra paralizada y no se ha realizado ningún avance en ese trámite, por cuanto no se ha aportado el certificado de tradición que demuestre que Corpoccidente, es propietaria del lote en el cual se realizaría el proyecto de vivienda “CABU” (...)”.

De otro lado, está demostrado que los proyectos fueron promocionados sin contar con las licencias de construcción requeridas, tal y como lo prevé el artículo 99 numeral 1º de la Ley 388 de 1997, que al efecto establece:

“ART. 99.—Licencias. Se introducen las siguientes modificaciones y adiciones a las normas contenidas en la Ley 9ª de 1989 y en el Decreto-Ley 2150 de 1995 en materia de licencias urbanísticas:

“1. Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación y demolición de edificaciones, de urbanización y parcelación en terrenos urbanos, de expansión urbana y rurales, se requiere licencia expedida por los municipios, los distritos especiales, el Distrito Capital, el departamento especial de San Andrés y Providencia o los curadores urbanos, según sea del caso.

“Igualmente se requerirá licencia para el loteo o subdivisión de predios para urbanizaciones o parcelaciones en toda clase de suelo, así como para la ocupación del espacio público con cualquier clase de amoblamiento [sic]”.

También con los artículos 5º y 6º del Decreto 1052 de 1998, por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a licencias de construcción y urbanismo, al ejercicio de la curaduría urbana, y las sanciones urbanísticas, cuyo contenido es el siguiente:

“ART. 5º—Obligatoriedad. Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación y demolición de edificaciones, de urbanización y parcelación en terrenos urbanos de expansión urbana y rural, se requiere la licencia correspondiente expedida por la persona o autoridad competente antes de la iniciación.

“Igualmente se requerirá licencia para el loteo o subdivisión de predios para urbanizaciones o parcelaciones en toda clase de suelo, así como para la ocupación del espacio público con cualquier clase de amoblamiento [sic].

ART. 6º—Competencia para el estudio, trámite y expedición de licencias. En los municipios o distritos con población superior a cien mil (100.000) habitantes las licencias serán estudiadas, tramitadas y expedidas por los curadores urbanos (negrillas fuera de texto).

“Los municipios podrán asociarse o celebrar convenios interadministrativos con otros municipios para encargar conjuntamente el estudio, trámite y expedición de licencias a curadores urbanos. En este caso deberán designar por lo menos dos (2) curadores urbanos y las entidades municipales encargadas de estudiar, tramitar y expedir licencias de los municipios que conforman la asociación o hacen parte del convenio dejarán de ejercer esa función.

“En los municipios con población inferior a cien mil (100.000) habitantes, el estudio, trámite y expedición de licencias será competencia de la autoridad que para ese fin exista en el municipio. Sin embargo, podrán designar curadores urbanos en los términos de la Ley 388 de 1997 y sus Decretos reglamentarios”.

Los elementos de juicio que vienen de verse, debidamente probados, le permiten a la Sala concluir que los hechos ocurridos encuentran adecuación en la descripción contenida en el artículo 318 del Código Penal como urbanización ilegal, conducta sancionada con prisión de tres (3) a siete (7) años y multa de hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues fueron promocionados los proyectos habitacionales “Balcones de Santa Isabel”, “Torreón de Aranjuez” y CABÚ”, por los representantes legales Isabel Cristina Ceballos Sierra y Carlos Armando Guancha Gómez de las corporaciones y Corpopaz y Corpoccidente respectivamente y el acusado a partir del mes de agosto de 2004, con ausencia del cumplimiento de los requisitos legales atrás señalados.

Conducta realizada bajo la modalidad de concurso homogéneo sucesivo, en razón a que fueron tres los proyectos habitacionales (“Balcones de Santa Isabel”, “Torreón de Aranjuez” y “CABÚ”), conforme al artículo 31 del Código Penal.

2.2. La estafa agravada en la modalidad de delito masa.

El artículo 246 del Código Penal, tipifica el delito de estafa así:

“(...) El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (...)”.

Integran la estructura de este tipo penal los siguientes elementos:

a) Utilización de artificios o engaños: traducidos en actos de maquinación hábil o ingeniosa y apta para producir o mantener el error.

b) Inducción o mantenimiento en error de la víctima: se proyecta como el mecanismo a través del cual se hace caer en una idea equivocada o en un razonamiento falso a la víctima.

c) Obtención de provecho ilícito: el agente debe obtener un beneficio económico ilegítimo.

d) Perjuicio ajeno: de carácter patrimonial para el engañado o un tercero.

El artículo 247 ejusdem establece las circunstancias de agravación en relación con los siguientes aspectos:

“La pena prevista en el artículo anterior será de cuatro (4) a ocho (8) años cuando:

1. El medio fraudulento utilizado tenga relación con vivienda de interés social.

(...)”.

Y el artículo 267-1 del Código Penal establece la circunstancia de agravación relacionada con la cuantía:

“ART. 267.—Las penas para los delitos descritos en los capítulos anteriores, se aumentaran de una tercera parte a la mitad, cuando la conducta se cometa:

1. Sobre una cosa cuyo valor fuere superior a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes o que siendo inferior, haya ocasionado grave daño a la víctima, atendida su situación económica.

(...)”.

Conductas ejecutadas en la modalidad de delito masa, conforme al parágrafo del artículo 31 del Código Penal.

2.2.1. En relación con la tipicidad de dicho comportamiento delictivo, no hubo controversia de la defensa no obstante los elementos de prueba recaudados en la actuación le proporcionan a la Sala la certeza en torno a dicha exigencia.

2.2.1.1. Parte de los ardides utilizados por el acusado para inducir en error a las personas necesitadas de vivienda consistió en promover en el interregno comprendido entre el segundo semestre de 2004 y julio de 2006, a través de las Corporaciones Corpoccidente y Corpopaz, dirigidas por Carlos Armando Guancha Gómez e Isabel Cristina Ceballos Sierra, respectivamente, tres proyectos de vivienda de interés social en la ciudad de Popayán denominados “Torreón de Aranjuez”, “Balcones de Santa Isabel y “CABÚ”, haciendo creer a los interesados que el valor de las viviendas sería subsidiado con recursos internacionales supuestamente garantizados y en trámite para su legalización. Circunstancia que generó en la población el convencimiento de que era la oportunidad para adquirir vivienda, al cancelar una parte de su valor con el subsidio y el saldo en cómodos plazos mensuales.

Esta forma de actuar fue acreditada con las denuncias de Jesús Alberto Peña(11) Claudia Patricia Chávez Martínez(12), Diego Reinel Fernández Gómez, Leonardo Africany Villamil, Jorge Arbey, Juan Carlos y Clara Milena Tobar de Jesús, Marisol Fernández Ordóñez, Sandra Luisa Fernández Joaqui, Gladis Margoth Campo Vidal, Clara Isabel Ordóñez, Amalfi Ordóñez Ñáñez, Olga Eugenia Ordóñez Ñáñez, Sandra Nayibi Ordóñez Ñáñez, Aidé Cabanillas de Hoyos(13), Harold Castillo Escobar, Martín Castrillón Orozco, Ana María Quintana G., Edilberto Ponce Rengifo, Dora Ligia González V, Raúl Fernando Rodríguez, Juan Carlos Orozco Gómez, Mario Baos López, Nixon Alexander Correa, Blanca Patricia Fajardo Córdoba, Everth Trochez Larrahondo, Carlos Humberto Trochez Velasco, Olmedo Trochez Larrahondo, Iván Orlando Belalcázar Velásquez, Juan Carlos Belalcázar Velásquez, Felipe Andrés López Mosquera, Carolina López Mosquera y Jennyfer Mirella Cabrera(14), quienes coinciden en relatar que fue esa la forma en que fueron inducidos a participar e invertir en los proyectos, haciendo los aportes de la cuota inicial a favor de Corpopaz y Corpoccidente.

También con los recibos de caja entregados por Corpopaz y las consignaciones hechas a favor de la corporaciones en la cuenta No. 2-300-01425-8 del Banco Santander por Alexandra Paola Ibargüen(15), Olmedo y Carlos Humberto Trochez, Everth Trochez Larrahondo, Blanca Patricia Fajardo, Nixon Alexander Correa, Javier Eduardo Pérez Puerta, Juan Carlos Orozco, Raúl Fernando Rodríguez, Dora Ligia González, Ana María Quintana, Martín Castrillón, Harold Castillo, Iván Orlando Belalcázar, Felipe Andrés Mosquera, Carolina López Mosquera, Juan Carlos Belalcázar y Jeniffer Mireya Cabrera Ramírez(16).

Y con los testimonios de Jesús Alberto Peña, Claudia Patricia Chávez Martínez, Diego Reinel Fernández Gómez, Leonardo Africany Villamil, Jorge Arbey, Juan Carlos y Clara Milena de Tobar de Jesús, entre otros(17), quienes relataron haber entregado diversas sumas de dinero, en su gran mayoría 5 millones de pesos, para los referidos proyectos habitacionales a través de consignaciones bancarias.

2.2.1.2. Otros hechos que indujeron a las víctimas a despojarse de sus dineros fue la calidad de directora de Corpopaz ostentada por Isabel Cristina Ceballos Sierra, esposa del acusado, así como funcionar sus oficinas en la residencia matrimonial. Ello llevó a pensar a los inversionistas que los proyectos cumplían con todos los requisitos legales por la trascendencia del cargo ostentado por el procesado y su representatividad.

2.2.1.3. Mayor seriedad le dio a los planes la elaboración y exhibición de planos y maquetas con la posibilidad que tenían los interesados de escoger el sitio de ubicación del inmueble. Adicionado a este hecho la mínima cantidad de dinero que se les pedía como cuota inicial, el aparente subsidio que recibirían de organismos internacionales, y las cómodas cuotas a pagar ulteriormente los condujo a considerar una realidad los proyectos.

2.2.1.4. La suscripción de las promesas de compraventa por parte de los representantes legales de Corpopaz y Corpoccidente y los términos en que presuntamente se desarrollarían los proyectos Balcones de Santa Isabel y Torreón de Aranjuez, son circunstancias dirigidas a dar mayor credibilidad a los interesados para hacer parte de ellos.

2.2.1.5. Con ese mismo propósito, como adelante se demostrará el sindicado en las reuniones a las que asistió, promocionó los planes de vivienda ostentando la calidad de Representante a la Cámara, provocando mayor confianza en los inversionistas.

2.2.1.6. Los avisos de prensa(18) informando la llegada de los recursos destinados a la financiación de las viviendas y el inicio de las obras físicas a partir del 2 de mayo de 2006, la reunión sostenida con los directivos de la Federación Nacional de Cafeteros para definir los términos relacionados con el pago del valor del lote y su respectiva escrituración, y las fechas asignadas para la devolución de las cuotas iniciales a los usuarios que no quisieran seguir en el proyecto indudablemente estaban dirigidos a producir error en las víctimas para que se desprendieran de sus recursos, pues se demostró que no era cierta la existencia de las ayudas internacionales.

2.2.1.7. La intervención del acusado ante la Federación Nacional de Cafeteros en aras de lograr un plazo adicional para el perfeccionamiento del contrato de compraventa del lote denominado Granja José María Obando, donde presuntamente se realizaría el proyecto Torreón de Aranjuez, hecho probado con las declaraciones de Guillermo Alberto Fajardo Muñoz, Luis Felipe Acero Torres y Carlos Armando Guancha Gómez, estaba dirigida a obtener ese objetivo.

En suma, la realización de estas conductas indujo en error a gran parte de la población payanesa llevándola a entregar el valor de las cuotas iniciales de los proyectos, ocasionándoles detrimento a su patrimonio con correlativo incremento patrimonial indebido de los coautores del delito.

Así, se demostró que en el proyecto “Balcones de Santa Isabel” se consignaron $ 691.070.300; en el de “Torreón de Aranjuez” $ 2.154.000.000.oo y en el de “CABÚ” $ 1.379.000.000, sin aparecer evidencia de que el dinero recibido por tal concepto hubiera sido devuelto. Con estos medios de prueba se acredita la concurrencia de la conducta punible de estafa agravada en la modalidad de delito masa, que se configura cuando se producen defraudaciones con relación a una pluralidad de individuos diferenciados, de quienes se pretende por el sujeto activo extraer dinero en diversas cuantías, con un propósito unitario de enriquecimiento.

Respecto de esta figura jurídica la Sala ha señalado:

“Trátase, por tanto, en casos como este, de una acción única con pluralidad de actos ejecutivos, que de suyo excluye la posibilidad del delito continuado, que por definición exige una pluralidad de conductas. Lo que sucede es que al recaer cada uno de los actos ejecutivos que la conforman en diversas personas, esto no significa que se trate de acciones independientes con relevancia jurídico penal, sino que estos son actos ejecutivos de la conducta integralmente considerada, que como única, tipifica una sola acción delictiva con pluralidad de sujetos pasivos, pues no en pocas ocasiones exige la puesta en marcha de una multiplicidad de actos dependientes de los medios utilizados, que naturalística y jurídicamente se tornan en necesarios para que la acción final defraudadora pueda consumarse”(19).

En otra ocasión señaló, igualmente la Sala:

“(...) la mentada conducta punible admite la posibilidad de que con la acción timadora resulten plurales sujetos pasivos afectados en su patrimonio, y no excluye la eventualidad de que el sujeto activo de la ilicitud realice múltiples y reiterativos actos tendientes a la obtención de un solo propósito defraudador, que perdura y se materializa en el tiempo con fraccionados logros. Así las cosas, el engaño es único, como único también es el dolo en estos eventos, “porque la materialización de cada acto no disgrega el todo de la acción, en cuanto lo único que cada uno revela es que el sujeto prosigue en su empeño principal y único.” -Cfr. Sentencias de septiembre 27/95, Rad. 8942, M.P. Dídimo Páez Velandia; noviembre 27/96, Rdo. 9308, M.P. Carlos E. Mejía Escobar; diciembre 3 de 1996, Rad. 8874, M.P. Carlos A. Gálvez Argote; junio 26/99, Rdo. 12.591, M.P. Mario Mantilla Nougués, entre otras. (...)”(20).

Como la acción engañosa fue realizada con múltiples actos ejecutivos dirigidos a un sinnúmero de víctimas, se configuró el delito masa, para el efecto se reitera, a sabiendas de que los proyectos no se llevarían a cabo a través de las corporaciones Corpopaz y Corpoccidente —creadas con antelación— se promovieron los tres proyectos de vivienda, se elaboraron las maquetas y los planos correspondientes y se publicitó los trámites del subsidio internacional, todo bajo el amparo y confianza que generaba el aval y participación en ellos del procesado.

Así entonces, con las conductas investigadas se tipifica el delito de estafa agravada en razón de la cuantía, ya que el monto de los recaudos por todos los proyectos superó los cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para la época de los hechos, (“Balcones de Santa Isabel” $ 691.070.300, “Torreón de Aranjuez” $ 2.154.000.000 y “CABÚ” $ 1.379.000.000), artículo 267-1 del Código Penal, y debido a que el medio fraudulento tuvo relación con vivienda de interés social (art. 247 -1 ibídem).

Circunstancia de agravación última acreditada con el contrato de compraventa de bien inmueble 198 de 2004 celebrado el 4 de noviembre de 2004, entre la Federación Nacional de Cafeteros y Coorpoccidente(21), cuyo objeto fue el lote de terreno denominado como “Antigua Granja Cafetera José María Obando”. En el parágrafo de la cláusula tercera (condiciones de transferencia del inmueble), la promitente vendedora autorizó a la promitente compradora “continuar la realización del paquete técnico del proyecto de vivienda de interés social”.

Con el informe suscrito por el investigador Juan Carlos Clavijo Bergaño, en el que se consignó:

“(...) Para el logró de su objeto social, ESAL CORPOCCIDENTE se proyectó en el desarrollo de varios proyectos urbano/habitacionales con CARÁCTER DE INTERES SOCIAL, eventualmente a desarrollarse en la ciudad de Popayán (...)(22)”. (Mayúsculas originales).

Y con la información que recibieron los inversionistas acerca de las especificidades de los proyectos suministrada en las oficinas de las referidas corporaciones.

3. Antijuridicidad.

Los bienes jurídicos protegidos por el legislador, —sistema financiero y patrimonio económico de los particulares— fueron puestos en peligro y se concretó un daño, sin que aparezca demostrada causal alguna de ausencia de responsabilidad (C.P. art. 32) que las justifique.

Con la estructuración de la conducta punible de urbanización ilegal se produjeron trastornos en el orden socioeconómico, al haberse adelantado en forma indiscriminada esta clase de actividades sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Respecto del punible de estafa agravada en la modalidad de delito masa, se afectó el patrimonio económico de sinnúmero de personas que se despojaron de diversas sumas de dinero bajo la falsa expectativa de acceder a una vivienda propia.

4. Responsabilidad del acusado.

En cuanto a la responsabilidad del acusado el caudal probatorio demostró a la Sala que a sabiendas de que los proyectos no tendrían éxito porque no contaban con los permisos para ello, ni con los títulos de propiedad de los lotes, ni era viable la obtención de ayudas extranjeras; participó en la promoción de los mismos con el propósito de obtener no solo provecho económico sino político, actuando en connivencia por lo menos de su esposa y Carlos Alberto Guancha Gómez.

Con los testimonios vertidos por Emilio Alirio Vidales Zúñiga, Dora Inés Bolaños de Bravo, Tulio Sayd Bravo Bolaños, Sandra Paola Ibargüen Valverde, Hernando López Iragorry, Wilson Pino Salazar, Fabián Gustavo López Granda, Francisco Javier Santacruz Santos, Hermes Ordóñez Ruiz, Juan Carlos Santacruz, María del Rosario Paredes, Imer Oswaldo Rodríguez, Guillermo Alberto Fajardo Muñoz, Ruth Eugenia Calvache Daza, Ana Janeth Jiménez Penagos, Edmundo Juan Bautista Oviedo, Javier Pérez Puerta, Cristina Eugenia Zúñiga Caicedo, Carolina López Mosquera, Lorena Perafan Velasco, Amalfi Socorro Ordóñez Narváez, Gladis Margot Campo Vidal, Sandra Vidal González, Cecilia Arteaga Obando, Eruin Alonso Sánchez Ordóñez, Juan Carlos Clavijo, Emilio Alirio Vidales Zúñiga, María Emérita Llantén Astaisa, Luz Marina Martínez Erazo, Mabel Adriana Lara Valdés, se acreditó la ocurrencia de los siguientes hechos:

4.1. En la casa matrimonial de Piamba Castro y Ceballos Sierra funcionaron las oficinas de Corpopaz y una sede política del Congresista, con la pretensión de ser reelegido Representante a la Cámara.

Los testimonios de Emilio Alirio Vidales Zúñiga, Dora Inés Bolaños Bravo, Tulio Sayd Bravo Bolaños, Sandra Paola Ibargüen Valverde, Hernando López Irragory, Wilson Pino Salazar, Fabio Gustavo López Granda, Francisco Javier Santa Cruz Santos, Hermes Ordóñez Ruiz, Juan Carlos Santa Cruz, María del Rosario Paredes Toro, Imer Orlando Rodríguez, y Guillermo Alberto Fajardo Muñoz, así lo corroboraron:

4.1.1. Emilio Alirio Vidales Zúñiga(23) aludió a la repartición de formularios en las oficinas de Corpopaz en la cual funcionaba la sede política del sindicado para la reelección al Congreso, ostentando un cartel invitando a votar por él.

4.1.2. En ese relato coincide Dora Inés Bolaños de Bravo(24), quien sostuvo que acudió a la casa de los esposos y se percató de la convivencia de estos en el referido inmueble. E incluso desmintió la supuesta separación al sostener: “que no era verdad porque (sic) vivían en la misma casa porque el día que fueron a la casa de la señora Isabel Cristina estaban juntos”(25).

El contenido de este testimonio lo trató de enervar infructuosamente la defensa tildándolo de mentiroso, sin embargo, los temas por él abordados concatenan perfectamente con los mencionados por otros deponentes, sin ser desvirtuados o infirmados por la prueba de descargo sostenida por testigos unidos por diversos vínculos con el acusado, como se verificará más adelante.

4.1.3. Tulio Said Bravo Bolaños(26) corroboró en esencia lo sostenido por el anterior deponente y dijo conocer al acusado desde el grado kínder y luego en el bachillerato; exponiendo haber acudido a la sede de Corpopaz percatándose de la presencia de personas con:

“(...) una camiseta blanca supuestamente con el logo de la campaña política de Gerardo con el estampado de la campaña política, se veían que eran trabajadores del lugar y mucha gente que llegaba de los pueblos también llegaba con estas camisetas porque eran planes de vivienda que Corpopaz tenía en los municipios caucanos como Mercaderes, Piendamó, Cajibió. Etc. Los cuales nunca se llevaron a cabo tampoco y supuestamente están estafados (...)”(27).

Dice haber visto al procesado en dos ocasiones en Corpopaz lo cual le llamó la atención. Allí existía “(...) un retrato grande de Gerardo Piamba como de 1. 20 de alto por 70 cm aproximadamente (...)”(28).

Nótese la espontaneidad del relato al evocar la percepción que tuvo en la visita a la sede de Corpopaz. Observó el despliegue propio de una sede política (personas vistiendo camisetas con logos de la campaña al Congreso de José Gerardo Piamba Castro, no solo que trabajaban allí sino que arribaban de poblaciones circunvecinas) y además, visualizó un retrato grande del acusado, con la clara finalidad de inducir a los potenciales compradores a participar en el proyecto y obtener el voto en las próximas elecciones.

4.1.4. Sandra Paola Ibargüen Valverde sostuvo haber participado en el proyecto de Santa Isabel y entregados 5 millones de pesos a Isabel Cristina Ceballos Sierra en sus oficinas en Lomas de Cartagena, lugar en el que le mostraron la maqueta del proyecto. Observó adicionalmente una pancarta pequeña con publicidad del entonces representante José Gerardo Piamba. Así manifestó: “(...) había pero una pancarta muy pequeña que estaba dentro de la oficina de él (...)”.

4.1.5. Hernando López Iragorry(29) conoció que el procesado tenía un plan de vivienda con la presencia de un retrato de esta persona en la sede de Corpopaz, agregó:

“(...) Deduzco que sí él vivía en el apartamento donde funcionaba la sede de Corpopaz pues tenía que participar en las reuniones que allí se hacían respecto de los planes de vivienda.

“(...) Pues permitiendo que la oficina de Corpopaz funcionara en la sala de su apartamento, es apenas lógico presumir que tenía algún interés en dicho proyecto (...)”(30).

La Sala no encuentra las suposiciones mencionadas por la defensa para desacreditar este testimonio, por el contrario el declarante no tiene interés alguno en las resultas del proceso, no participó en los programas de vivienda y evoca lo percibido por los órganos de sus sentidos, relato que sopesado en conjunto con los otros medios de prueba ofrece credibilidad refiriendo las mismas circunstancias por los demás testigos respecto a estos tópicos.

Tales atestaciones no pueden ser catalogadas como “chismes” y “rumores”, pues constituyen percepciones que nutren el testimonio y resultan útiles al momento de emprender la tarea de valoración de la prueba con base en los criterios para su apreciación como lo manda el artículo 277 de la Ley 600 de 2000(31), sobre lo cual la Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse así:

“(...) En la tarea de apreciación de la prueba testimonial el juzgador no se afronta ante la disyuntiva de repelerla o acogerla en su totalidad, sino que debe depurar su contenido de acuerdo con los principios de la sana crítica, orientado en especial por los aspectos a que se refiere el artículo 277 del Código de Procedimiento Penal, esto es, por la naturaleza del objeto percibido, el estado de sanidad del sentido o los sentidos por los cuales se hizo la percepción, las circunstancias de tiempo modo y lugar en que se realizó la experiencia, la personalidad del declarante, la forma como declaró y las singularidades que puedan observarse del testimonio, con el fin de tomar lo que de allí le resulte verídico, responda a la dinámica de los sucesos que se averiguan, confrontarlo y compararlo con los otros medios de convicción adosados al proceso, para de esa manera declarar si se encuentra o no fehacientemente esclarecida una hipótesis(...)”(32).

4.1.6. Wilson Pino Salazar(33) al referirse a la sede Corpopaz indicó que “(...) en esta vivienda se encontraba visible el afiche del señor Piamba Castro, como candidato a elecciones (...)”. Además, “(...) En Lomas de Cartagena si existía una afiche (sic) político del señor Piamba Castro (...)”.

4.1.7. Fabián Gustavo López Granda(34), refirió la existencia en la sede de Corpopaz de un afiche del enjuiciado, lugar en el que entregó la cuota inicial por la confianza generada por la presencia en el proyecto de familiares allegados al ex representante. Observó a una persona en la sede de Corpopaz dedicada a ofrecer información y realizar trámites, quien a su vez trabajaba en el directorio del Partido Conservador.

No encuentra la Sala que este declarante transmita “rumores”, “chismes” o “cábalas”, como lo aduce el vocero, por el contrario, de manera sincera relata los pormenores de lo acontecido con ocasión de su frustrado anhelo de acceder a una vivienda propia.

4.1.8. Francisco Javier Santacruz Santos(35) también resaltó la presencia de propaganda política en la sede de Corpopaz alusiva al aforado, cuando su padre acudió a pagar la cuota inicial.

4.1.9. Hermes Ordóñez Ruiz recuerda haber diligenciado el formulario y entregado el dinero en un sitio donde se encontraba un logo con propaganda política del procesado, produciéndole seguridad ya que “él era el que estaba como respaldando eso”.

4.1.10. Juan Carlos Santa Cruz(36) también observó una valla publicitaria de Piamba Castro en la sede de Corpopaz, cuando acompañó a su hermano a realizar unos trámites en el proyecto que participó.

4.1.11. María del Rosario Paredes Toro(37) observó una pancarta en la sede de Corpopaz alusiva a la campaña del acusado cuando asistió a entregar el dinero motivada por la confianza despertada en ella por el Representante a la Cámara.

4.1.12. Imer Oswaldo Rodríguez(38) quien trabajó con el incriminado como su conductor de confianza, dijo que el formulario para el proyecto de Torreón de Aranjuez le fue entregado en la casa de aquel, lugar en el cual funcionaban las oficinas y se observaba un afiche con propaganda política de él para la Cámara de Representantes. Expresó:

“(...) en la casa de propiedad del doctor José Gerardo Piamba, donde el (sic) estaba viviendo (...) la dirección es Loma de Cartagena (...)”(39). Y los formatos me los entregó el señor Diego Guzmán (...)”.

En cuanto a las oficinas de Corpopaz, aseveró:

“Eso fue en el garaje de la casa donde residía el doctor José Gerardo Piamba Castro, en ese tiempo vivía con la esposa y con los hijos. Es una casa de dos pisos en el primer piso funcionaba la cocina y la sala y en segundo piso los dormitorios de ellos”(40).

Y respecto a la existencia de propaganda en el inmueble, sostuvo:

“Creo que sí había un afiche al fondo contra la pared era la foto de él creo que era para el asunto de la Cámara de representantes (sic)”(41).

Este testigo, dada la proximidad que tuvo con el procesado pudo acceder al interior de su residencia y percibir los aspectos por él relatados.

4.1.13. Guillermo Alberto Fajardo Muñoz(42) declaró cómo en la sede principal ubicada en La loma de Cartagena “figuraban varias fotografías gigantes del señor representante Piamba Castro”.

Sobre la ubicación de la sede de Corpopaz afirmó que:

“(...) siempre funcionó en la residencia de la familia Piamba Ceballos situada en la Loma de Cartagena y posteriormente de manera abusiva y arbitraria y sin autorización alguna de la representante legal de Corpopaz, las veedoras comunitarias de esta corporación las ya antes referidas hermanas Piamba Castro “abrieron” una segunda sede de Corpopaz en su casa de habitación dizque para el sostenimiento de esa segunda sede de Corpopaz a lo cual extrañamente no se opuso Piamba(...)(43).

Para la Sala, el contenido de los testimonios precedentes ostentan —al igual que los arriba citados y valorados— suficiente grado de verosimilitud en la ciencia de sus dichos, para tenerlos como creíbles y adscribirles suficiente grado de credibilidad, pues no se detecta animadversión alguna hacía el acusado.

De esta manera, queda acreditada la ocurrencia de este hecho.

4.2. Inexistencia de las ayudas internacionales (50 millones de dólares)

Su viabilidad quedó desvirtuada con el concepto emanado del Banco de la República (dirección de cambios internacionales) el cual concluyó: “En este caso particular, dentro del expediente no se cuenta con los documentos que acrediten la canalización de recursos de una donación a través del mercado cambiario”(44).

En lo atinente al supuesto contrato de donación suscrito entre Carlos Acosta (empresa “Distripoly Ltda Usa”) y Carlos Armando Guancha Gómez (Corpoccidente) el 9 de abril de 2005, las autoridades de Estados Unidos informaron a la dirección de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación, que no hallaron información “que demuestre que Distripoly Ltda es un negocio legitimo (...) Esto nos indica que Distripoly, Ltda no es una organización legítima”(45).

Mabel Adriana Lara Valdés(46) expuso que cuando Carlos Armando Guancha Gómez no tenía respuesta respecto a las ayudas internacionales, decía que el doctor Piamba “estaba ayudando a hacer la negociación con los señores internacionales”.

En ese orden, Sandra Paola Ibargüen Valverde señaló al sindicado como la persona que le informó acerca de las diligencias realizadas para obtener las ayudas internacionales, así:

“Él me comentó que el dinero lo iba a recibir, o sea que era mucho dinero y que ninguna entidad aquí en Popayán se podía hacer cargo de todo ese dinero pero que estaban en negociaciones para que el banco de occidente la recibiera. Yo entregué el dinero, mi seguro fue que él era una figura pública y que era congresista, posteriormente conozco a su esposa, habló con ella, ella acudió a una reunión, la señora María Isabel”. (Destacado la Sala).

Como puede verse el acusado le dio a conocer a esta testigo la existencia de elevadas sumas de dinero para los proyectos (no le precisó la cantidad), como de las dificultades para su recepción, le mencionó la ciudad donde se pretendía su arribo (Popayán); y que “estaban” en negociaciones para que un banco (mencionó el nombre concreto) lo recibiera.

Se deduce, contrario al parecer de la defensa, que el procesado tenía pleno conocimiento de los supuestos trámites para recibir el dinero.

Continuando con los recursos para la viabilidad del proyecto sostuvo esta testigo:

“Siempre ellos hablaban de que los recursos provenían del extranjero y se lo escuché tanto al ex congresista como a su esposa, que ya estaban por llegar eso es lo que siempre nos manifestaban porque yo entregué el dinero fue (sic) fui de las últimas personas que entregó el dinero y siempre me decían que ya estaba por llegar, que eran unas ONG que les iban a entregar el dinero”.

Segmento —no citado por la defensa— con el cual adquiere contundencia el compromiso de responsabilidad del enjuiciado. Nótese que se refiere a “ellos”, a pluralidad y no a la conjugación del verbo en primera persona, del cual habló la defensa con tanto frenesí. Se infiere nuevamente el pleno conocimiento del procesado del supuesto arribo de “recursos provenientes del extranjero”; y si como atrás se vio este no era más que un ardid para engañar a los interesados en los proyectos.

A su vez Edmundo Juan Bautista Oviedo, militante del partido conservador para ese entonces y del cual se retiró justamente por el incumplimiento en los proyectos de vivienda, de manera contundente asevera que el acusado en una reunión política sugirió a la gente sin vivienda que se vinculara a los planes habitacionales, pues había hecho contactos internacionales para su financiamiento.

En estas condiciones, los supuestos auxilios asoman como un instrumento idóneo de persuasión utilizado por Piamba Castro y los demás coautores, para conseguir inversionistas en los proyectos de vivienda. No otra explicación encuentra la Sala, para que el aforado, así lo pregonara. Era consciente que en plena campaña electoral para el Congreso de la República, le reportaría ventajas, lo cual aconteció al ser electo para el periodo 2006-2010.

4.3. El procesado e Isabel Cristina Ceballos Sierra, además de ser esposos, convivían para la época de los hechos.

Aspecto plenamente comprobado con el testimonio de Emilio Alirio Vidales Zúñiga, quien narró que Piamba Castro e Isabel Cristina Ceballos Sierra se casaron a principios de junio de 2005 y aparecieron divorciados el 14 de agosto de 2007(47). Si la estafa se llevó a cabo durante los años 2004, 2005 y 2006, es claro que para el año 2004, pese a no estar casados convivían(48) “(...) estuvieron en sitios como Cajibió juntos y haciendo política con estos proyectos de vivienda y hasta en el vehículo asignado por al (sic) la Cámara de Representantes (...)”.

Dora Inés Bolaños de Bravo(49), vecina de Piamba Castro, acudió en una ocasión en compañía de su hijo a la casa de Isabel Cristina Ceballos Sierra a reclamar por los lotes, como no la quiso atender el procesado sí lo hizo, pidiéndole que “no hicieran caso de los comentarios”, que el proyecto no era de él sino de su esposa de quien se había separado “cosa que no era verdad porque vivían en la misma casa porque el día que fueron a la casa de la señora Isabel Cristina estaban juntos”(50).

Añadió cómo su hijo (Tulio Sayd Bravo Bolaños) una vez se percató del engaño del cual fuera víctima, acudió presuroso a la residencia del incriminado a efectuar el reclamo, notando que “se mandaron negar”. Finalmente salió Isabel Cristina Ceballos Sierra con quien se suscitó un altercado, el cual motivó que posteriormente José Gerardo Piamba Castro prohibiera a Tulio Sayd (amigo de infancia y ex compañero de estudios de primaria) volver a tener contacto con su esposa. El aforado prometió devolverle el dinero con la venta de un piano, cuyo valor seria distribuido entre los seis amigos más cercanos.

Tulio Said Bravo Bolaños(51) ratifica en esencia lo sostenido por su madre, añadiendo conocer al incriminado desde el grado kínder y haber sido compañeros del bachillerato.

Recuérdese cómo la citada testigo desde su primigenia declaración aludió al tema de la vecindad con la familia Piamba Castro, aunque ya en el testimonio vertido en juicio trató de matizar su relato, por razones desconocidas por la Sala, no obstante ello, lo relevante lo constituye la circunstancia de mantener en esencia incólumes los temas centrales de sus aserciones.

Ana Janeth Jiménez Penagos(52) quien como agente del DAS materializó la orden de captura de Isabel Cristina Ceballos Sierra había anticipado que esta le manifestó el deseo de responsabilizarse de todo. Y resaltó la presencia del sindicado al instante de la aprehensión, así lo expreso:

“(...) Recuerdo que cuando la señora Isabel estaba capturada dijo que se iba a echar toda la culpa porque ella era la responsable, inclusive decía que se estaba separando del señor Piamba, recuerdo que el día de la captura el señor Piamba estaba con ella en la casa de habitación(...)”(53).

Estos testimonios acreditan aún más la convivencia del sindicado con Isabel Cristina Ceballos Sierra, denotando cómo en estos aciagos momentos acompañó y apoyó a su cónyuge de manera absoluta. Esta circunstancia refleja la mancomunidad existente entre la pareja. Es ilógico desconocer el vínculo que para esa época los unía como pretende la defensa.

Sandra Paola Ibargüen Valverde respecto a este aspecto señaló: en una ocasión y “cuando ya él fue electo Congresista estuvo con ella” y añadió que: “ ella (alude a Isabel Cristina Ceballos Sierra) era una persona muy carismática, mi familia accedió a meterse en su grupo político por ella, porque les cayó muy bien y la señora era muy agradable y posteriormente cuando el señor ex congresista sale electo, ese día él estuvo acompañado por ella, se fueron tomados de la mano, eso es lo que recuerdo de ella y de él”.

Además de lo anterior, se aprecia cómo el periodista radial, Carlos Enrique Levaza sostuvo que en una ocasión al entrevistar al acusado en su residencia allí se encontraba su esposa Isabel Cristina Ceballos Sierra, lo cual refuerza esa situación de convivencia para la época en que se suscitó la comisión de las conductas delictivas materia de acusación, y lo fue en palabras del testigo “cuando vino la campaña política y se intensificó el accionar político (...) la gente insistía, eran algunos oyentes que insistían que el doctor Piamba tenía que ver con esos programas de vivienda”.

Queda pues demostrado este hecho.

4.4. El divorcio y disolución de la sociedad conyugal se constituyó en un infructuoso esfuerzo de parte del acusado para evadir su responsabilidad penal.

La defensa pretendió desdibujar este hecho con los siguientes testimonios:

Néstor Alfonso Dorado Daza(54) se refirió a Isabel Cristina Ceballos Sierra como una persona “no cuerda”, “impulsiva” y caprichosa; calificó la relación con el procesado como tormentosa, este se dejaba “mangonear de la esposa que era un guevón (sic)”.

José Feliz Torres Valencia(55) narró cómo la relación de pareja de aquel con su cónyuge estaba deteriorada y en las visitas a su casa siempre se hallaba solo.

Orlando Edison Almario Bravo(56) sostuvo que el sindicado se casó con Isabel Cristina Ceballos Sierra en el año 2005 y a los tres meses se separaron, pues no pudieron recomponer la relación (afirmación última no acorde con la realidad, el aparente divorcio se produjo a mediados del año 2007).

Jaime Aníbal Valencia Díaz(57) expuso que:

“(...) Sí. Es de mi conocimiento de la muy mala relación que siempre ha sostenido el doctor, José Gerardo Piamba con su esposa Isabel Cristina y quienes siempre íbamos a su casa de habitación nos encontramos con una persona que parecía que fuera enemiga del Dr. José Gerardo, siempre era una señora que manejaba sus cosas independientemente y recalcó que nunca acompañó al doctor José Gerardo a las reuniones, políticas (...)”(58).

Edgar Murillo Marino Dosé con respecto a Isabel Cristina Ceballos Sierra indicó que era:

“(...) una señora que, (sic) muy arrogante, no compartía conmigo por ejemplo, no me quería porque, pues por la parte política, ella expresaba que el doctor Gerardo Piamba no tenía derecho a ser Representante, que era una persona de un pueblo, un pueblerino que ¿Cómo iba a ser Representante a la Cámara? Y conmigo la amistad fue muy alejada (...)”.

Julián González -ex candidato a la Asamblea del Departamento del Cauca y amigo del acusado-, sostuvo que le acompañó en todas las campañas políticas que hizo para aspirar a la Cámara de Representantes apoyándolo políticamente en el oriente del Cauca, específicamente en Inzá, alude a la relación entre la pareja:

“(...) Pues no se hablaban, uno a veces llegaba a la casa de ellos y no se dirigían la palabra, ahí se daba cuenta que habían (sic) dificultades (...)”.

Obsérvese cómo inicialmente relató que en las campañas políticas adelantadas por el procesado notó que la pareja tenía dificultades, para enseguida sostener que Isabel Cristina Ceballos Sierra no lo acompañaba en las correrías políticas.

Además, Emiro Alirio Vidales debilita aquellas afirmaciones al sostener que el acusado hizo campaña política muchas veces en compañía de Isabel Cristina Ceballos Sierra y promovía proyectos de vivienda en sitios como Cajibío. Como también lo hace Ruth Eugenia Calvache Daza, recordando los comentarios a la sazón hechos relativos a que la separación constituyó una estrategia en tanto resultó reelegido como congresista.

Para la Sala es claro que con estos testimonios, la defensa pretende infructuosamente desdibujar la conducta desplegada por el acusado, haciendo creer que el vínculo matrimonial con su esposa Isabel Cristina Caballos Sierra era aparente, pues para ese momento ya se hablaba en la comunidad Payanés de la “casita azul en el aire”; aludiendo a la estafa generalizada. Y si ello era así, resulta inverosímil sostener el conocimiento “tangencial” de la ilegalidad de los proyectos de vivienda por parte del acusado.

Importa resaltar que desde la época que se dieron los primeros reclamos, hasta la captura de Isabel Cristina Ceballos Sierra, la pareja convivía bajo el mismo techo. Así lo pregona Dora Inés Bolaños de Bravo y su hijo Tulio Sayd Bravo Bolaños (se percataron de la convivencia de la pareja) y lo corrobora la detective del DAS Ana Yaneth Jiménez Penagos y Sandra Paola Ibargüen Valverde, afirmando haberlos visto tomados de la mano una vez culminó la gesta política celebrando el triunfo en las elecciones parlamentarias para el periodo 2006-2010:

“(...) posteriormente cuando el señor ex congresista sale electo, ese día él estuvo acompañado por ella, se fueron tomados de la mano que eso es lo que recuerdo de ella y de él (...)”.

En ese mismo orden el acusado en sus distintas intervenciones en la actuación procesal, sostuvo que llevaba una vida individual y no se comentaban los pormenores de sus actividades.

Esta estrategia no es acogida por la Sala no solo por las razones ya reseñadas, sino porque extrañamente tras convivir durante dos décadas aproximadamente después de una separación esporádica nuevamente se casan en Cajibío a mediados del año 2005 y precipitadamente se divorcian en agosto de 2007.

Las particulares circunstancias en que se produjo el divorcio, conjuntamente con las razones antes expuestas llevan a la Sala al convencimiento que se trató de una maquinación deliberada. Un intento desesperado del acusado por librarse de cualquier compromiso de responsabilidad, ante el inminente descubrimiento del engaño por parte de las víctimas.

4.5. El acusado promovió los proyectos de vivienda en reuniones políticas y asambleas informativas de las corporaciones, a fin de obtener beneficios económicos y electorales, con la colaboración de sus familiares.

Así lo acreditan las siguientes pruebas:

Ruth Eugenia Calvache Daza(59) asistente a una de las reuniones convocadas por la esposa del procesado manifestó: “(...) Piamba aprovechó la ocasión y nos comentó sobre su candidatura y nos invitaba a votar por él (...)”(60). Quien tomaba el micrófono era José Gerardo Piamba Castro.

Observó al incriminado ayudar a diligenciar formularios(61) y atender a personas interesadas en el proyecto. En las reuniones informativas (celebradas en “El Orfeón” y el Coliseo) “el señor Gerardo Piamba en todas ellas y era quien las dirigía, él tomaba el micrófono, saludaba, presentaba a los que estaban en la mesa directiva, leía el orden y daba la palabra de acuerdo al punto de la reunión”(62).

En las reuniones hablaba de diversos temas sobre la evolución del proyecto y la consulta interna del partido conservador:

“(...) nos dijo que era bueno asistir y votar” “Yo me enteré que no había proyecto y luego de la separación. En las reuniones eran pareja y sé que esto era una estrategia para no verse afectado (...)”(63).

Este testimonio pretendió ser desacreditado por la defensa, sin lograrlo, argumentando que diligenciar formularios no constituye función de un congresista, pues precisamente con esa labor infundió confianza a las personas, con mayor razón si de su puño y letra los tramitaba. Ello indicaba que estaba comprometido de cuerpo y alma con los proyectos de vivienda.

Mabel Adriana Lara Valdés(64) sostuvo percibir el interés de favorecer a los seguidores del sindicado al referir que “(...) los cupos extras que se abrían era producto de las gestiones de estas señoras y que yo asumo que estaban favoreciendo al doctor Piamba Castro, o también generando vínculos o favoreciendo vínculos políticos (...)”.

Por su parte, Ana Janeth Jiménez Penagos(65) afirmó que:

“(...) Las personas decían que cuando hacían las reuniones el señor Piamba estaba como garante del proyecto y que por eso tanta gente invirtió en el proyecto, la investigación se enfocó hacía los directivos ya que Piamba no hacía parte de la junta directiva.

“Por testimonios de las personas que se acercaban a la fiscalía a rendir declaración se pudo establecer que él hacía parte de la promoción, hacía los ofrecimientos de las corporaciones de vivienda, pero así mismo la investigación se enfocó a la judicialización de los directivos de estas corporaciones, porque como él no aparecía como directivo de ninguna de las corporaciones (...)”(66).

Sandra Paola Ibargüen Valverde en forma enfática señaló al procesado, como la persona que en una reunión realizada en un colegio del barrio La María de Occidente, le pidió acercarse a Santa Clara y llevarle a su hermana María del Carmen $ 1.800.000. Dinero entregado a esta firmándole un recibo “con puño y letra de ella, con cédula está firmado el recibo, le hice entrega en su casa de ese dinero” y añadió que “fui a ese sitio porque él fue el que me envió”.

En cuanto a los vínculos entre Corpopaz y Corpoccidente relató que:

“(...) La relación sí existía porque cuando yo solicité el cupo de Corpooccidente, porque en Corpooccidente había unas casas, o sea que les prometían a esas personas unas casas que tenían que consignar un millón y a otras de 10 alrededor de 10 o 11 millones, yo le solicité a la esposa del ex congresista que yo por el sitio de ubicación donde estaban estas casas yo le solicité que yo quería acceder a un cupo de esos y que ella me permitiera que ese dinero que yo había consignado inicialmente a Corpopaz pasara a Corpooccidente y ella me dijo que sí, que se podía hacer, porque era, o sea ella me habló de la relación que tenían entre Corpooccidente, me habló inclusive del que lideraba lo de Corpooccidente que era un señor de apellido Guancha, que ella iba a hablar con él (...)”.

Surge de esta afirmación tres personas (que actúan mancomunadamente) cuyo accionar se halla atado: El aforado, su esposa Isabel Cristina Ceballos Sierra y Carlos Armando Guancha Gómez, no otra explicación encuentra la Sala. Aquel le habla de todos los detalles del proyecto y le dice a quién le debe entregar el dinero. El dinero es dado a la segunda, quien ante la intención de cambiar de proyecto le promete hablar con Guancha, el que no es otro que Carlos Guancha Gomez, el representante legal de Corpoccidente.

Interrogada por la Procuraduría reiteró: “yo asistí a una reunión política que fue cuando le pregunté lo del proyecto porque fue una reunión política en un colegio, en las instalaciones de un colegio en el barrio María de Occidente que fue ahí que le pregunté lo del proyecto y que por eso fue que accedí a entregar los recursos”; ello aludiendo al encuentro que sostuviera con el hoy acusado José Gerardo Piamba Castro.

Guillermo Alberto Fajardo Muñoz(67) sostuvo: “El proyecto le fue comentado al señor representante por lo que él decidió colaborarnos en lo posible para llevarlo a feliz término”. La participación del incriminado tuvo un claro objetivo político:

“(...) posicionar y consolidar su prestigio político y personal entre las huestes seguidoras con la promesa de que mediante la entidad Corpopaz direccionada por su esposa, les entregaría una vivienda en tal proyecto construccional Torreón de Aranjuez (...)”(68).

Sobre la activa participación de sus hermanas, María del Carmen y Mónica Piamba Castro, dijo:

“(...) atendiendo la clientela política de su hermano el Representante Castro Piamba, inclusive por encima de la dirección en cabeza de doña Isabel Cristina como representante legal de Corpopaz, en otras palabras las referidas hermanas y los mismos asesores del señor Gerardo Piamba atendían personalmente a los recomendados del Representante y demás seguidores suyos en la sede de Corpopaz Loma de Cartagena, entregándoles los formularios de inscripción, tramitándolos y explicándoles en qué consistía el proyecto de Torreón de Aranjuez (...)”(69).

Y añadió más adelante:

“(...) en el Orfeo Obrero de Popayán en el mes de julio de 2005, de manera pública y ante lo distintos aportantes de las cuatro asociaciones de vivienda aclaró que todas las gestiones relacionadas con la entrega de las viviendas así prometidas estaban a cargo de las hermanas Piamba Castro desconociendo y relegando la normatividad legal en cabeza del representante legal de Corpopaz señora Isabel Cristina Ceballos Sierra (...)(70).

Lorena Burbano Samboní(71) refirió cómo su hija le comentó que el sindicado estuvo en una reunión y los enteró de las dificultades existentes con la Federación Nacional de Cafeteros. Conoció que el aforado apoyaba el proyecto con gestiones desde Bogotá.

Edmundo Juan Bautista Oviedo(72) manifestó haber militado en el directorio conservador pero cuando se enteró de lo de “Casita azul en el aire” se retiró. En una reunión política José Gerardo Piamba Castro sugirió a la gente que no tuviera casita, que aprovechara y se vinculara a los proyectos pues había hecho contactos internacionales para su financiamiento. Describió cómo en el directorio conservador invitaban a la gente a colaborarle(73).

Javier Pérez Puerta(74) refirió haber consignado 5 millones de pesos a nombre de Corpopaz, resultando haber sido atendido por Isabel Cristina Ceballos. El hecho de ser ella la esposa del congresista le dio seguridad.

Cristina Eugenia Zúñiga Caicedo(75), Carolina López Mosquera(76), Lorena Perafán Velasco(77), Amalfi Socorro Ordeñes Narváez(78) y Gladis Margot Campo Vidal(79), quienes acudieron a las instalaciones de Corpopaz y fueron atendidas por Isabel Cristina Ceballos Sierra, dicen haber depositado los dineros cuando conocieron que el proyecto era del acusado.

Estas circunstancias infirman, desvirtúan y dejan sin sustento el alegado conocimiento “parcial o tangencial” del enjuiciado de todo el andamiaje ideado para darle visos de credibilidad a los proyectos de vivienda. No es insólito que diversas personas coincidan en temas recurrentes en sus dichos, las cuales son claras, espontáneas y sinceras, desechando por contera en ellas móviles diferentes a relatar lo sucedido.

No existe ninguna evidencia de persecuciones, odios y venganzas de tipo político en los testigos, solo obran las afirmaciones hechas en este sentido por el vocero del acusado y el defensor.

Los docentes del colegio en el que laboraba una hermana del acusado (Carmen Piamba): Sandra Vidal González(80), Cecilia Arteaga Obando(81), Maritza Aminta Muñoz(82), Nubia Mariana Obando Arteaga(83) y Eruin Alonso Sánchez Ordóñez(84) sostuvieron haber consignado y entregado diversas suma de dinero para los proyectos habitacionales; la segunda de ellas aludió a la participación de una hermana del Congresista, así:

“(...) El día de la reunión en la casa de Carmen Piamba ella nos manifiesta que el doctor Gerardo está llevando el proyecto y que seríamos beneficiados nosotros (...)”.

En tanto que Nubia Obando Arteaga sostuvo que a través de su esposo consignó la suma de 7 millones de pesos y en una reunión a la cual asistió hizo presencia Piamba Castro, ante lo cual ella exclamó “ya le metieron política” y por tal razón abandonó el recinto.

Como puede verse este nuevo hecho también fue verificado por la investigación.

4.6. Personas allegadas al movimiento político del procesado participaron activamente en la promoción de los proyectos de vivienda y la entrega de formularios.

Guillermo Alberto Fajardo Muñoz aludió a la participación de los asesores del procesado —Diego Guzmán y Omaira Ñáñez— “afecta política e incondicional del representante Piamba Castro” y sostuvo:

“(...) por comentarios externos también se distribuyeron los formularios de inscripción en la sede del Directorio Conservador Departamental de la calle novena.

“Los asesores eran personas de absoluta confianza con las cuales se consultaba alguna decisión respecto de la relación contractual Corpopaz Corpooccidente y para mi es claro que estaban obrando a favor directo del Representante Piamba Castro. Cuando estalló la crisis el directorio conservador no se pronunció, ya que su nombramiento había sido intermediado por Piamba. La entrega de formularios se hicieron más frecuentes para el tiempo previo a las elecciones de 2006 (...)”.

El detective del DAS, Juan Carlos Clavijo(85) sobre este aspecto señaló:

“(...) se promovía por personas allegadas al Representante José Gerardo Piamba. Corpooccidente hizo cambios a nivel del gerente y tesorero y los dineros que se recaudaban se pasaban a una cuenta de ahorros de una persona que no hacia parte del proyecto. El lote donde se pretendía hacer la urbanización no tenía la viabilidad de servicios y no tenía el aval de la Alcaldía Municipal de Popayán por encontrarse dentro del plan territorial como una zona de alto riesgo de deslizamiento. Se determinó que los supuestos fondos no provenían de Estados Unidos, ni de España, sino del Japón pasando por Venezuela. “La única póliza de seguro que tenían se basaba en unas imágenes chinas elaboradas supuestamente en oro (...)(86).

Pese a que Isabel Cristina Ceballos Sierra sostuvo que en las reuniones políticas no se entregaron formularios, dijo:

“(...) Muchas de las personas allegadas al doctor Piamba solicitaron formularios en la oficina puesto que eran también personas allegadas a mí pero nunca en las cantidades que se afirma (...)”.

Emilio Alirio Vidales Zúñiga(87) adujo que los formularios fueron repartidos en las oficinas de Corpopaz (calle 5a # 1 -15) donde también operaba la sede política del incriminado para la reelección al Congreso.

Además, que algunos interesados acudieron a alcaldes de municipios para que hablaran con Piamba Castro quien después autorizaba la entrega de formularios a Diego Guzmán, a la ex diputada Omaira Ñáñez, a Isabel Cristina Ceballos Sierra, a María del Carmen Piamba y a Constanza Arango.

María Emérita Llantén Astaisa(88) indicó haberse enterado del proyecto de vivienda previo al inicio de la campaña de 2006 a través de Omaira Ñáñez y acudió a Diego Guzmán, gerente del aeropuerto, quien le diligenció el formulario.

Luz Marina Martínez Erazo(89) expuso haber tenido vinculación con Corpopaz a través de Isabel Cristina Ceballos Sierra y añadió:

“(...) Y uno confiaba mucho porque estaba la familia, la esposa, la hermana(90).

“María del Carmen Piamba era la persona que recibía el formulario y decía a quién se le daba vivienda y a quién no”. (...) Y es que eso generaba mucha confianza al estar metida la familia del congresista, por eso muchas familias confiamos en ese proyecto (...)”(91).

Estos medios de prueba desvirtúan las aseveraciones que en contrario hacen los siguientes testigos:

Diego María Pisso Ruiz(92) y Guillermo Alberto Fajardo Muñoz(93) negaron la participación del enjuiciado en los citados proyectos de vivienda, con apoyo en la existencia de supuestas persecuciones políticas; argumento que quedó en su enunciación pues nada se aportó a la investigación para verificarlo.

Diego Guzmán Alegría(94) (admitió haberse desempeñado como administrador del aeropuerto de Popayán entre los años 2005 y 2008) negó cualquier vínculo de Piamba Castro con los proyectos de vivienda, aceptó que este siempre ha sido su jefe político; sin embargo el declarante en cita es mencionado por María Emérita Llantén Astaisa(95) como quien para un proyecto de vivienda “nos llenó el formulario y nos dijo que consignáramos la plata en Bancafé”, amén de haber laborado en la unidad de trabajo legislativo del Congreso de la República (UTL) del procesado, lo cual le resta credibilidad, con mayor razón si choca su dicho con la prueba de cargo analizada y creíble para la Sala.

Omaira Ñáñez Hoyos(96) y Felipe Velasco Acevedo(97) repiten en esencia los temas abordados por los anteriores declarantes. El último de forma increíble sostuvo no conocer a Carlos Armando Guancha y no oír al acusado hablar sobre los proyectos de vivienda alguna, cuando se demostró que fueron promocionados hasta en el mismo Directorio Departamental Conservador.

Contrariando la apabullante prueba de cargo Constanza Arango Ocampo(98), negó que el sindicado hubiese tenido participación en la promoción y venta de los proyectos de vivienda y que en la oficina de Corpopaz existiera un pendón alusivo a su campaña política.

Igual actitud asumió Martín Emilio Arroyabe López, desechando cualquier participación del procesado en los proyectos de vivienda, actitud que puede tener explicación en haber laborado en la unidad de trabajo legislativo de Piamba Castro por 4 años.

Con esa inclinación Sabú Perafán Pérez, dijo que José Gerardo Piamba Castro, no tuvo ninguna vinculación con los proyectos de vivienda; este testigo desempeñó cargos públicos (alcalde y secretario de gobierno) y fue asistente de varios parlamentario del departamento de Cauca, descubriendo ello vínculos políticos con el procesado que le restan verosimilitud, máxime si se oponen radicalmente a la prueba de cargo que demuestra lo contrario, la cual es veraz para la Sala.

En fin, la prueba de cargo demostró la ocurrencia de este hecho.

4.7. Intermediación del incriminado ante la Federación Nacional de Cafeteros.

Guillermo Alberto Fajardo Muñoz(99) evocó la reunión celebrada en aquella entidad, así:

“(...) La intervención personal del señor Representante en tal reunión específica fue la de servir como garante ante las instancias discutiendo, aclarando y precisando con los directivos de Fedecafé cuáles eran las intenciones del proyecto y de su beneficio social para la comunidad local payanesa(...)(100).

De estas manifestaciones se deduce, una vez más, que el procesado, tenía pleno conocimiento de todos los detalles de los proyectos habitacionales y no como lo ha querido hacer creer que apenas sabía tangencialmente de ellos. Y su participación asoma como un segmento del aporte objetivo trascendente y necesario para la comisión de los delitos, y no con el propósito de evitar una catástrofe social.

Esta reunión fue corroborada por Luis Felipe Acero López, director jurídico de la Federación Nacional de Cafeteros quien añadió que el incumplimiento se debió a que Carlos Armando Guancha, no pudo conseguir los recursos internacionales para pagar el saldo de la deuda del lote. Precisó que a las reuniones asistió el Representante a la Cámara José Gerardo Piamba Castro(101). Y por Luis Genaro Muñoz Ortega(102) —director administrativo de la Federación Nacional de Cafeteros por aquel entonces— quien además de afirmar conocer a José Gerardo Piamba Castro desde la época de la niñez, admitió haberse reunido con este, sin suministrar la fecha de los encuentros.

La Sala al examinar estos relatos les da credibilidad por emanar de personas conocedoras de los pormenores de lo acontecido al interior de las entidades, y de ellas colige la existencia de la evidente relación entre Corpopaz y Corpoccidente, como la palpable e inocultable actuación de común acuerdo entre Isabel Cristina Ceballos Sierra, Carlos Armando Guancha Gómez y el acusado, circunstancias que comprometen aún más su grado de responsabilidad penal en la ejecución de las conductas atribuidas en la resolución de acusación.

Isabel Cristina Ceballos Sierra(103) aceptó que el enjuiciado se entrevistó con un funcionario de la Federación Nacional de Cafeteros (Genaro Silva), a quien contactó Carlos Armando Guancha Gómez.

Carlos Armando Guancha Gómez(104) dice que José Gerardo Piamba Castro “les prestó acercamientos con algunos directivos de la Federación de Cafeteros”.

De estas pruebas deduce la Sala que el interés del acusado en dichas visitas fue personal y corresponde a su aporte en la comisión de los delitos, orientado a proporcionar confianza a los inversionistas para que no denunciaran y a provocar en los indecisos la determinación de hacer parte de los proyectos.

De conformidad con lo hasta ahora analizado es increíble que su propósito fuera el de buscar el bien común. Así, es insostenible que Luis Genaro Muñoz asegure que en las dos ocasiones se haya limitado a trasmitirle las preocupaciones que tenía por el perfeccionamiento del contrato, fue precisamente Isabel Cristina Ceballos Sierra quien sostuvo que el contacto para una de esas reuniones fue Carlos Armando Guancha Gómez y posteriormente tuvo entendido que la Federación Nacional de Cafeteros firmó directamente la promesa con Corpoccidente, de donde se desprende —aunado el conjunto probatorio— que tales reuniones sí arrojaron resultados en aquel momento satisfactorios para quienes se hallaban involucrados en tales proyectos de vivienda, y no lo que quiso hacer creer el citado declarante que antes de la firma de la promesa de compraventa no se había reunido con el aquí procesado.

5. Con sustento en los hechos probados aludidos en precedencia: la ubicación en la residencia del acusado Piamba Castro de las sedes de Corpopaz y de su campaña política; la inexistencia de ayudas internacionales; la relación conyugal y convivencia del acusado con su esposa Isabel Cristina Ceballos Sierra para la época en que sucedieron los hechos; el divorcio y disolución de la sociedad conyugal como signo inequívoco e infructuoso del procesado por evadir su responsabilidad penal; la promoción del aforado de los proyectos en reuniones políticas para obtener beneficios electorales con colaboración de familiares; la participación de personas allegadas a su movimiento en la promoción y entrega de formularios, y la intermediación del incriminado ante la Federación Nacional de Cafeteros; emerge diáfana su participación en la ejecución de las conductas típicas y antijurídicas en coautoría impropia(105).

No hay duda del acuerdo común subyacente entre este, Isabel Cristina Ceballos Sierra y Carlos Armando Guancha Gómez, quienes desplegaron sus conductas bajo un mismo designio criminal, evidenciándose una clara división de funciones, y el aporte objetivo esencial para lograr su comisión.

En efecto, la prueba atrás valorada demostró que el aforado, a través del despliegue de las conductas ampliamente reseñadas, promovió los tres citados proyectos de vivienda parapetándose en la imagen pública proyectada a la comunidad, con pleno conocimiento de sus detalles y sabiendo que las ayudas internacionales no eran factibles, que los predios donde se proyectaba construir no podían ser adquiridos y que no contaban con las respectivas licencias para adelantar las construcciones; logrando suscitar la falsa creencia en las víctimas que los dineros entregados se destinarían a la construcción de las tan anheladas viviendas, obteniendo un provecho ilícito con el correlativo perjuicio ajeno.

En particular, como aporte objetivo del acusado a la comisión de las conductas punibles, se comprobó que personalmente y a través de familiares y allegados, promovió en su residencia matrimonial, en las reuniones políticas y en asambleas informativas de las corporaciones los proyectos habitacionales, valiéndose de su condición de Representante a la Cámara para inducir en error a las personas que participaron en ellos, e intermedió ante la Federación Nacional de Cafeteros la ampliación del plazo para culminar el pago de uno de los terrenos; todo ello con el propósito de que los interesados se desprendieran de sus dineros para apropiarse de ellos, como en efecto ocurrió, y obtener adicionalmente su apoyo en las elecciones próximas.

La trascendencia del aporte del enjuiciado se evidenció, así, las personas perjudicadas se despojaron de sus dineros en razón de la seguridad y confianza en ellos provocada por su participación en los proyectos. Incluso algunos adquirieron préstamos para tal efecto.

Observar en los sitios donde se promocionaban los proyectos la pancarta, pendón o afiche proselitista de aquel, así como las manifestaciones que sobre el patrocinio de los proyectos hizo conjuntamente con sus familiares, indudablemente constituyó un factor de gran importancia para lograr los cometidos; ello aunado al hecho de que en las reuniones políticas no escatimó esfuerzo para ofrecer los referidos proyectos habitacionales.

Se concluye entonces en la certeza de la participación consciente y voluntaria del acusado en la comisión de los delitos a él atribuidos en la acusación.

6. Otras respuestas a los alegatos del vocero y de la defensa.

6.1. El ejercicio del vocero y del abogado defensor se contrajo a refutar los señalamientos emergidos de la actuación y alegar que el incriminado pese a tener un conocimiento tangencial de los plurales proyectos habitacionales, desconocía todos sus detalles, desdeñando en forma vehemente los testimonios de las numerosas víctimas, con los calificativos de ser “mentirosos”, contener “rumores”, “cábalas”, “chismes” y “suposiciones” (mediante el procedimiento de alusión a segmentos de dichas declaraciones que desde su particular óptica les resultaban útiles a su postura), pretendiendo infructuosamente convencer a la Sala que la relación conyugal supuestamente era nula, que no existía comunicación y trato entre ellos y en consecuencia su total desconocimiento de la ilicitud de las conductas.

Al examinarse la abundante prueba testimonial atrás referida, como se vio, surge que las diversas personas que acudieron a entregar sumas de dinero para los proyectos habitacionales se muestran contestes y coherentes, sus relatos son espontáneos, no se advierte que los anime interés diferente a decir la verdad al evocar lo percibido y escuchado, refiriendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjeron sus percepciones.

La valoración en conjunto de la prueba evidenció, sin duda alguna la concurrencia de unos hechos de los cuales se deduce que el procesado tenía pleno conocimiento de todo el andamiaje e infraestructura desplegado para hacer creer a las incautas víctimas la supuesta viabilidad de los proyectos.

Se acreditó, que la fundación Corpopaz y la Corporación Corpoccidente promocionaron los proyectos habitacionales recibiendo a las personas interesadas sumas de dinero por concepto de la cuota inicial, sin que las prometidas construcciones pudieran ser una realidad porque no tenían recursos, ya que las ayudas externas eran mendaces y no existían terrenos para su desarrollo.

No puede aceptar la Sala que el modus operandi haya sido ajeno al conocimiento del acusado. Se probó que en las reuniones políticas promovió los proyectos en la oficina de Corpopaz que operaba en la casa de habitación de Piamba Castro, su esposa Isabel Cristina Ceballos Sierra e hijos, y allí se publicitó la campaña política del congresista.

A este aspecto la defensa ha pretendido quitarle importancia con segmentos de declaraciones de personas que tienen vínculos próximos con el acusado, los cuales carecen de la fuerza suficiente para restarles credibilidad a las víctimas.

El pretendido “conocimiento parcial y tangencial” del acusado quedó desvirtuado. Escapa a las más elementales leyes de la lógica y el sentido común sostener tal exculpación, pues no era la primera vez que realizaba proselitismo político como aspirante a un cargo de elección popular, recuérdese que ya había fungido como congresista en el periodo 2002-2006, acumulando gran experiencia en esta lides, así, conocía quiénes eran sus inmediatos colaboradores, qué personas se hallaban en sus sedes políticas y quiénes lo acompañarían en sus correrías, deviniendo obvio que los proyectos fueran de su absoluto conocimiento en relación con sus trámites y fuentes de financiación, por cuanto es un hecho probado que los proyectos fueron promovidos por él en su campaña y por sus colaboradores más cercanos en esa actividad.

No es atendible que un congresista profesional en ingeniería civil, con el conocimiento directo que tuvo de los proyectos como de su envergadura, desconociera el trámite que debía adelantarse para obtener las licencias de construcción, el elevado costo de los terrenos y el procedimiento para obtener los auxilios internacionales.

Es que la más elemental construcción sobre un lote (llámese casa o apartamento) exige un previo diseño, planeación y determinación de fuentes de financiamiento, al igual que las respectivas licencias y permisos para dar inicio a su ejecución; y frente a la colosal obra de construcción, es increíble que el acusado como ingeniero civil pretenda hacer creer a la administración de justicia, haber tenido un conocimiento “parcial y tangencial” de los citados proyectos.

6.2. En relación con los testimonios de descargo de: Néstor Alfonso Dorado Daza, José Félix Torres Valencia, Orlando Edison Almario Bravo, Jaime Aníbal Valencia Díaz, Edgar Murillo Marino Dosé, Julián González, Carlos Armando Guancha Gómez, Diego María Pisso Ruiz, Guillermo Alberto Fajardo Muñoz, Diego Guzmán Alegría, Omaira Ñáñez Hoyos, Felipe Velasco Acevedo, Constanza Arango Ocampo, Martín Emilio Arroyabe López, Sabú Perafán Pérez, Luis Marino Quiñónez, Guillermo Alberto Gonzáles Mosquera, Ovidio Reinaldo Mosquera Hoyos, Carlos Enrique Loaza, Isabel Cristina Ceballos Sierra, Luis Genaro Muñoz, Noemí García Caicedo, Víctor Libardo Ramírez Fajardo y Aura Elena Santacruz Martínez, quienes aseveran que José Gerardo Piamba Castro es persona correcta, honesta y colaboradora con la comunidad, que nunca le escucharon referirse al tema de los proyectos habitacionales y que su labor política estaba al margen de dicho género de actividades.

Al ser sometidos al tamiz de las reglas de la sana crítica(106), como se ha venido argumentando, pierden fuerza demostrativa ante la coherencia y veracidad de la prueba de cargo que verificó la participación del acusado en los hechos delictivos, por haber promovido directamente y a través de sus familiares, copartidarios y vinculados laboralmente a su UTL los proyectos en las reuniones políticas, en las sedes de las corporaciones y hasta en el propio directorio departamental conservador; como su intermediación ante la Federación Nacional de Cafeteros en procura de obtener más plazo para perfeccionar la compraventa de uno de los inmuebles, a sabiendas que ello era imposible por cuanto las ayudas internaciones eran una falacia con el ánimo de obtener de los ciudadanos la entrega de las cuotas iniciales, para apropiarse indebidamente de ellas.

Además, son personas que por su actividad gubernamental, política o laboral estaban vinculadas estrechamente con el acusado (Orlando Edison Armario Bravo, Martín Emilio Arroyave López, Julián González, Edgar Murillo Marino Dosé, Luis Marino Quiñónez, Saúl Perafan Pérez, Diego María Pisso Ruiz, Ovidio Reinaldo Reina y Carlos Enrique Loaza), evidenciando en sus dichos un marcado interés en favorecerlo, lo cual deriva de su valoración conjunta con la prueba de cargo, que como atrás se demostró es creíble para la Sala, en consecuencia no es de recibo su pretensión de exonerar de cualquier participación en los hechos al acusado.

De otro lado, algunos refirieron conocer a Isabel Cristina Ceballos Sierra, (Orlando Edison Armario Bravo, Néstor Alfonso dorado Plaza, José Félix Torres Valencia, Jaime Aníbal Valencia Díaz) aludiendo tangencialmente a diversos aspectos de su personalidad, calificándola como independiente e impositiva; sin embargo, la prueba relacionada con la demostración de la convivencia del aforado con la señora Ceballos Sierra, terminan de enervan sus aseveraciones.

6.3. Martín Emilio Arroyabe López, quien fuera alcalde del Municipio de Timbío (Cauca) y laborara en la unidad de trabajo legislativo del ex representante Piamba Castro, negó que el acusado haya estado realizando campaña política y hubiera aludido a los planes de vivienda, al igual que lo refirió Edgar Murillo Marino Dosé, quien fungió como jefe de debate de campaña, expuso que su antiguo jefe nunca se valió de los proyectos de vivienda para hacer tareas políticas; versiones refutadas por los medios de convicción que demostraron fehacientemente que los proyectos fueron promovidos directamente por el Representante en su campaña política con miras a ser reelegido, conjuntamente con sus parientes más cercanos y colaboradores suyos en el Congreso de la República, como adeptos a su movimiento político.

De otro lado, Emiro Alirio Vidales es enfático en aseverar el despliegue de la actividad proselitista adelantado por el procesado en el municipio de Cajibío, acompañado de Isabel Cristina Ceballos Sierra.

6.4. Para la Sala no es creíble el dicho de Marino Quiñones por cuanto con lujo de detalles refirió las particularidades de los planes liderados por Corpoccidente, pero con el evidente propósito de favorecer al enjuiciado dijo ignorar las relacionadas con el proyecto de Corpopaz dirigido precisamente por su esposa, y en el que se probó la participación de este. Aspecto que fue puesto de presente por la Procuraduría incluso en la recepción de este testimonio.

6.5. En cuanto a la existencia del piano y el ofrecimiento hecho por el aforado a Tulio Said Bravo Bolaños como parte de pago de la cuota inicial recibida con el producto su eventual venta, se demostró que efectivamente este hecho ocurrió.

Pese a que algunos testigos de descargo sostienen no haber visto ese instrumento cuando ingresaron a la residencia del acusado, esta afirmación no tiene la fuerza suficiente para debilitar los testimonios de Dora Inés Bolaños de Bravo y Tulio Said Bravo Bolaños, pues no necesariamente el piano debía estar ubicado a la vista de todos, ni se pueden valorar las esporádicas visitas como una especie de “inspección judicial” para desvirtuar el contenido de sus dichos.

Además, la forma de pago mencionada por el testigo Bravo Bolaños planteada por el acusado se muestra lógica ante el apremio de devolución de la cuota inicial que le hiciera su amigo y compañero de infancia. En efecto, la prometida venta del piano tenía como finalidad devolver el dinero a 6 amigos cercanos del acusado estimado en 40 millones de pesos, cifra coincidente con la sumatoria del valor de lo consignado por las víctimas (ascendía hasta los 7 millones de pesos) de ahí que no se requería acudir a un préstamo bancario como lo expone la defensa, pues no se pretendía cancelar a la totalidad de las víctimas, sino al círculo de amigos y allegados al procesado.

La defensa le asigna la connotación de “chiste” al tema del piano y se esforzó sin éxito a restarle relevancia a tal episodio. Para la Sala ostenta suma importancia el dicho de Tulio Sayd Bravo Bolaños ya que refleja espontaneidad, no deja entrever preparación o aleccionamiento en relación con aspectos relevantes a la hora de valorarlo.

6.6. Los periodistas Ovidio Reinaldo Mosquera Hoyos(107) Carlos Enrique Levaza y Guillermo Alberto Mosquera, afirman que en las entrevistas concedidas por el procesado, desechó cualquier conexión con los planes de vivienda. El último en particular rememora que fue con base en rumores que inició a divulgarse la presunta participación del incriminado en los proyectos de vivienda, los cuales se intensificaron en desarrollo de la campaña política.

No obstante ello, estos periodistas no pudieron desconocer cómo la ciudadanía llamaba insistentemente al denominado programa “Quéjese”, precisamente a eso, a quejarse y denunciar los inocultables vínculos del acusado con los proyectos habitacionales, motivo por el cual este suministraba explicaciones consistentes en negar los señalamientos. Ello en manera alguna significó que fueran “desvirtuados” se trató de “ver la otra cara de la moneda” que la comunidad sacara sus propias conclusiones. Es diferente negar la ocurrencia de un hecho a desvirtuarlo, lo cual no aconteció en este evento.

6.7. No es creíble que en una ciudad pequeña como Popayán, conviviendo con Isabel Cristina Ceballos Sierra, funcionando las sedes de Corpopaz y de su campaña política en la misma casa matrimonial, se pretenda hacer creer que Piamba Castro, no tenía pleno conocimiento de que su esposa había constituido a Corpopaz, como de los estrechos vínculos con Corpoccidente y de la figuración en los cuadros directivos de algunos de sus hijos y familiares, según lo acredita el certificado de registro de Cámara de Comercio del Cauca(108). Obran como miembros de la junta directiva Margarita Andrea Piamba Ceballos (hija), Isabel Cristina Ceballos Sierra, Pedro Arturo Piamba Castro (hermano del acusado), Cielo Marina Ceballos Sierra (cuñada del procesado) y como su representante legal su propia cónyuge.

Absueltas las inquietudes de las partes se aborda a continuación la categoría de la culpabilidad de las conductas punibles.

7. Culpabilidad.

El procesado cuando ejecutó las conductas tenía plena capacidad de culpabilidad, se hallaba sano de mente y no se demostró alguna de las hipótesis previstas en el artículo 33 del Código Penal, por ende debe ser tenido como persona imputable sujeto de la imposición de penas y no de medidas de seguridad.

En consecuencia, actúo con pleno conocimiento de su antijuridicidad y con libre voluntad.

Colmados los requisitos establecidos en el artículo 232 de la Ley 600 de 2000, la Sala declarará al acusado responsable penalmente como coautor del delito de urbanización ilegal (C.P., art. 318) cometido en concurso homogéneo y sucesivo, y coautor del punible de estafa agravada en la modalidad de delito masa (C.P., arts. 246, 247-1, 267-1 y 31 parágrafo), en concurso heterogéneo con el anterior, acogiendo la solicitud de condena elevada por la Procuraduría.

8. Determinación de las consecuencias jurídicas de las conductas punibles.

Siendo las conductas ejecutadas por el acusado, típicas, antijurídicas y culpables, el Estado ha previsto una pena para su infractor.

Teniendo en cuenta que se procede por los delitos de urbanización ilegal en concurso homogéneo y sucesivo (C.P., art. 318) en concurso heterogéneo con el delito de estafa agravada en la modalidad de delito masa, (C.P., arts. 246, 247-1, 267-1 y par. único art. 31), se hace la motivación del proceso de individualización de la pena (art. 59 del ibídem) de la forma que sigue:

Para dar aplicación al artículo 31 de la Ley 599 de 2000, la Sala tasará primero la pena para el ilícito de estafa agravada en la modalidad de delito masa y luego la de urbanización ilegal, en seguida efectuará el incremento por el concurso heterogéneo para imponer la sanción definitiva.

8.1. Del delito de estafa agravada (C.P., arts. 246, 247-1 y 267-1).

De acuerdo con el artículo 247-1 del Código Penal (el medio fraudulento utilizado tuvo relación con vivienda de interés social) la pena prevista para este ilícito se extiende de 4 a 8 años de prisión (48 a 96 meses de prisión), extremos que se aumentarán de 1/3 parte a la 1/2 conforme al artículo 267-1 del ejusdem (la conducta se ejecutó sobre cifra superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes), quedando tales extremos de 64 a 144 meses de prisión.

Este nuevo ámbito punitivo está conformado por un primer cuarto comprendido entre 64 y 84 meses de prisión; dos cuartos medios que van de 84 a 124 meses de prisión y un cuarto último que va hasta 144 meses de prisión.

Como en el auto de acusación se determinó la circunstancia de menor punibilidad consistente en la carencia de antecedentes penales (C.P., art. 55- 1) y las de mayor punibilidad (arts. 58- 9-10 ejusdem) —posición distinguida que ocupaba el acusado en la sociedad— toda vez que la condición de Representante a la Cámara ostentada fue trascendente para inducir en error a las víctimas, y —obrar en coparticipación criminal— circunstancias ampliamente probadas en la actuación conforme al artículo 61 inciso 2º ejusdem la Sala se moverá dentro de los cuartos medios esto es, entre 84 y 124 meses de prisión.

Atendiendo el texto del inciso 3º del artículo 61 ibídem, resulta incontrovertible la gravedad de la conducta agotada por el procesado, en tanto prevalido de la función de congresista, la imagen y respetabilidad que proyectaba hacia la comunidad de la región, no se detuvo en poner por encima del anhelo de las víctimas de tener una vivienda su desmedido afán de lucro económico; el daño que les causó al haberse desprendido de considerables sumas de dinero, motivos suficientes para incrementar el mínimo en 6 meses, arrojando como resultado una pena de 90 meses de prisión. Guarismo que se aumentará en una tercera parte conforme al parágrafo del artículo 31 Código Penal(109), para un total de 120 meses de prisión.

Como el tipo básico de estafa (art. 246 inc. primero) prevé igualmente como pena principal la multa que oscila entre cincuenta (50) y mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, al estructurarse la circunstancia de agravación contenida en el numeral primero del artículo 267 del Código Penal (la cuantía superó los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes) procede el aumento allí contemplado de la tercera parte a la mitad. Así, se aplican en lo pertinente las anteriores reglas obteniéndose los siguientes resultados:

Primer cuarto de 66, 666 a 424,999; dos cuartos medios de 783, 332 a 1.141,665 y un cuarto último que finaliza en 1.499,998 guarismos todos en salarios mínimos legales mensuales para la época de los hechos.

Aplicando los mismos parámetros del artículo 61 incisos 2º y 3º del Código Penal que se usaron para la pena privativa de la libertad de este mismo delito, la ubicación corresponde en los cuartos medios, esto es, entre 783, 332 a 1.141,665 SMLMV, y al extraer la proporción aumentada para el referido ilícito(110), arroja un resultado final de 839, 277 SMLMV.

8.2. Del ilícito de urbanización ilegal.

Acorde con lo previsto en el artículo 318 del Código Penal, la pena prevista para este delito oscila entre 3 y 7 años de prisión ( 36 a 84 meses de prisión) y multa de hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La franja de movilidad para este ilícito es la siguiente: un cuarto mínimo fijado entre 36 y 48 meses, dos cuartos medios que oscilan entre 48 y 72 meses y un cuarto último que finaliza en 84 meses de prisión.

Para la multa la franja de movilidad(111) queda así: Primer cuarto de 1 a 12.499.75; dos cuartos medios de 24.999.5 a 37.499.25 y un cuarto último que finaliza en 50.000 todos s. m. l. m. v. para la época de los hechos(112).

Como en el auto de acusación se determinó la circunstancia de menor punibilidad consistente en la carencia de antecedentes penales (C.P., art. 55-) y de mayor punibilidad (C.P., art. 58- 9- 10) posición distinguida que ocupaba el acusado en la sociedad (Representante a la Cámara) y obrar en coparticipación criminal, circunstancias ampliamente probadas en la actuación- conforme al artículo 61 inciso 2º ejusdem la Sala se moverá dentro de los cuartos medios esto es, entre 48 y 72 meses de prisión y 24.999.5 a 37.499.25 smlmv.

Ponderando la mayor o menor gravedad de la conducta realizada por el incriminado aparece como evidente y de gran trascendencia para la comunidad que resultó afectada con esta conducta, al percatarse cómo su aspiración de tener una vivienda se vio frustrada, razones más que suficientes para incrementar el mínimo imponible en 6 meses, por virtud de lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 61 del Código Penal, decretándose en disfavor del procesado una pena de 54 meses de prisión y multa de 28.123,9(113) salarios mínimos legales mensuales vigentes, guarismos que se incrementaran en 6 meses de prisión y 3.124 smlmv(114) por virtud del concurso homogéneo y sucesivo derivado de los tres proyectos habitacionales, que arroja 60 meses de prisión y multa de 31.247 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Conforme se dejó anotado, ha de recordarse que para dosificar la pena en el concurso de conductas punibles se debe fijar individualmente cada una de ellas, para seleccionar como base la más drástica.

Agotado tal procedimiento con el ejercicio acabado de realizar, debe precisarse que la mayor pena privativa de la libertad corresponde al delito de estafa agravada en la modalidad de delito masa, cuya sanción se individualizó en 120 meses de prisión y la superior atañe a la pena de multa del ilícito de urbanización ilegal que se tasó en 31.247 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A los guarismos anteriores se sumarán 6 meses y 839, 277 s. smlmv(115), respectivamente por el delito concursante —urbanización ilegal— obteniéndose así, un total de ciento veintiséis (126) meses prisión, en otras palabras, diez (10) años y seis (6) meses de sanción privativa de libertad y multa de 32.086, 277 smlmv(116).

Penas cuya necesidad se hace ostensible a propósito de sus finalidades, de prevención general y especial, reinserción social, protección y justa retribución (C.P., art. 4º).

Como pena accesoria se impondrá la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por tiempo igual al de la pena de prisión (C.P., art. 52 inc. 3º).

9. De la responsabilidad civil derivada de la conducta punible.

Acorde con lo establecido en los artículos 94, 95, 96 y 97 del Código Penal en concordancia con los artículos 56 y 170-8 de la Ley 600 de 2000, procede la condena al pago de perjuicio a cargo del procesado.

Importa precisar —como se consignó en el acápite de la materialidad de las infracciones— que en el caso de Balcones de Santa Isabel se recibieron consignaciones por seiscientos noventa y un millones setenta mil trescientos pesos ($ 691.070.300) en el de Torreón de Aranjuez, dos mil ciento cincuenta y cuatro millones de pesos ($ 2.154.000.000) y en el de CABÚ, mil trescientos setenta y nueve millones de pesos, ($ 1.379.000.000) sin que exista evidencia que el dinero recibido por tal concepto haya sido devuelto a las víctimas (excepto las manifestaciones que hiciera la señora Isabel Cristina Ceballos Sierra en declaración en este proceso de haber realizado devoluciones en el caso concreto en algunas poblaciones del departamento del Cauca, sin embargo en lo que concierne a esta actuación no existe prueba de ello, lo cual no es óbice, para que en el estadio procesal pertinente —fase de ejecución de la sentencia— se acredite dicho aspecto).

Así mismo, la Sala tendrá en cuenta para los afectos indicados lo decidido al respecto en los fallos condenatorios dictados en contra de Isabel Cristina Ceballos Sierra(117) y Carlos Armando Guancha Gómez(118), al igual que lo surtido en segunda instancia respecto del último, por ende el pago por concepto de perjuicios que aquí se impone derivado de los referidos fallos (que obran como prueba trasladada), lo deberá hacer el acusado de forma solidaria con dichos condenados en los estadios procesales respectivos (fase de ejecución de las sentencias).

En los referidos fallos —a instancia de la demanda de parte civil presentada y admitida— con base en la cual hubo reconocimiento de considerable número de personas afectadas, precisándose nombres y las cuantías y tipo de interés(119) consignadas por cada una de ellas, la que se incluye a continuación y hará parte integrante de este fallo y se —itera— respecto de la cual en forma solidaría habrá de responder el procesado. A continuación se inserta el listado respectivo:

9.1. Sentencia condenatoria dictada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Popayán el 30 de julio de 2008, contra Isabel Cristina Ceballos Sierra (Estafa agravada, Urbanización Ilegal y captación masiva y habitual de dineros), perjuicios materiales reconocidos a las siguientes personas(120).

VíctimaValor en pesosVíctimaValor en pesos
Alexandra Ibargüen2.600.000Jorge Arbey Tobar5.500.000
Aidé Cabanillas de Hoyos5.500.000Memo Libardo Fernández5.500.000
Diego Reynel Fernández5.500.000Olga Eugenia Ordóñez5.000.000
Leonardo Africani Villamil5.050.000Juan Carlos Tobar5.500.000
Clara Milena Tobar5.500.000Marisol Fernández5.500.000
Sandra Lucía Fernández5.500.000Gladis Margota Campo5.500.000
Clara Isabel Ordóñez5.050.000Amalfi Ordóñez5.000.000
Sandra Ordóñez5.000.000Lorena Burbano3.000.000
Edilberto Ponce Rengifo5.050.000Harold Castillo Escobar5.000.000
Martín Castrillón5.000.000Ana María Quintana5.050.000
Dora Ligia González5.000.000Raúl Fernández R.5.000.000
Juan Carlos Orozco5.500.000Mario Castrillón Fossi5.000.000
Javier Eduardo Pérez5.000.000Luis A. Baos5.000.000
Nixon Alexander Correa5.500.000Blanca Patricia Fajardo5.500.000
Evert Trochez5.500.000Carlos Humberto Trochez5.500.000
Olmedo Trochez5.500.000Iván Orlando Belarcazar5.050.000
Juan Carlos Belarcazar5.050.000Carolina López M.5.000.000
Felipe Andrés López5.000.000Jennifer Mireya Cabrera5.000.000
Mario Ernesto Perafán3.000.000Arne Castro Cometa5.000.000
Carmen Elisa Gutiérrez3.500.000Félix Pardo Mota5.000.000
María Mercedes Puerta5.000.000Jesús Alberto Peña5.050.000
Sarid Elena Echeverri5.000.000Edgar Libardo Alegría5.500.000
Dora Inés Bolaños5.000.000Yudi Alexandra Erazo5.050.000
Adriana Benavides5.000.000Cristina Eugenia Zúñiga5.000.000
Jesús Hernán Amaya5.550.000Lorena Preafán (sic)6.000.000
Martha Cecilia Camacho6.000.000María Consuelo López5.500.000
Horacio Fernández5.000.000Víctor Hugo Fernández5.000.000
Francisco A. Fernández5.000.000Flor Maritza Fernández5.000.000
Juan Pablo Otoya5.000.000Gustavo Fernández5.000.000
Alejandro Fernández5.000.000María Teresa Otoya5.000.000
Ana Fernanda Muñoz5.000.000Ana Cecilia Otoya5.000.000
Juan Pablo Gómez5.000.000Gerardo Otoya5.000.000
Andrés Reinaldo Muñoz5.000.000Diego Velasco A.5.000.000
Sandra Lorena Buitrón5.500.000Clara Marcela Cabrera5.500.000
Ana Teresa Osorio5.500.000Andrés Ulchur Muelas5.000.000
Luz Marina Mayorga5.500.000Edilma Morán5.500.000
Marlem Serna5.500.000Marta Isabel Hernández5.050.000
Jaime Fernández5.000.000  

9.2. Sentencia anticipada del 27 de mayo de 2008 (corregida ulteriormente(121) ) dictada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Popayán (Cauca) contra Carlos Armando Guancha Gómez (delitos: Estafa agravada, Urbanización Ilegal, Captación masiva y habitual de dineros y Falsedad en documento privado). Perjuicios materiales reconocidos a las siguientes personas:

VíctimaValor en pesosVíctimaValor en pesos
Lucely Medina Cuchimba$1.000.000Sandra Lorena Castro Samboni$2.000.000
Marren Johann Bedoya Gómez$2.000.000Paola Andrea Ordóñez Obando$1.000.000
Mario Alberto Ferias$7.000.000Claudia Patricia Melo$7.000.000
María Claire Montenegro$7.000.000Fabián Andrés Villaquirán$6.000.000
Claudia Lorena Reyes$7.000.000Albeiro Vásquez$2.000.000
Karen Kasperson$7.000.000Francisco Martínez$7.000.000
Claudia Hurtado$7.000.000Claudia Narváez$7.000.000
Gonzalo Solarte S.$5.000.000Nancy Cerón Reyes$7.050.000
Elizabeth Priscila Esper$7.000.000Nory Margota Molano$7.000.000
Adriana Liseth Ramos$7.000.000Carlos Asdrúbal Navia$7.000.000
Sanin Hernando Astudillo$7.000.000Diana Paola Ramírez$7.000.000
Emmy Yamile D.$7.000.000Lady E. Moloro López$1.000.000
Rafael Muñoz$6.000.000Manuel F. Pereira$3.000.000
Sergio Redondo$4.000.000Bodbye Sánchez$5.500.000
Carlos Humberto Tróchez$7.000.000Julián Castro Jordan$6.000.000
Beatriz Eugenia Collazos$10.500.000Ana María García$3.000.000
Virginia Montilla$3.000.000Alma Verónica Muñoz$7.000.000
Yaneth Milena Ordóñez$7.000.000Armando Torres$7.000.000
Celio Guzmán R.$7.000.000Oscar Julio Vivas Angulo$10.000.000
Nelly Noemí Narváez$2.000.000Nidia Inés Narváez Castro$1.200.000
María Constanza Narváez$1.100.000Noralba Ospina Gallardo$3.000.000
Pablo Andrés Valverde Astaiza$1.000.000Jhon Jairo Betancourt$1.000.000
María Ximena Cuellar$2.500.000Luz Mery Camacho Guzmán$1.000.000
Saulo Alfredo Realpe Bravo$7.100.000Claudia Liliana Blanco Santillana$7.000.000
Fernando Villa Montoya$1.000.000Julieta Cruz Castro$1.000.000
Ana Beatriz Serna$1.100.000Elda Ferney Mamián$1.100.000
Piedad Cemira Mamián$1.100.000Carmen Lliliana Palomino$7.000.000
Claudia Patricia Tobón González$1.000.000Adolfo León Campo Bonilla$7.000.000
Maria Lizbeth Campo Abadía$7.000.000Cristina Isabel Quintero Bolaños$7.000.000
Liliana Alicia Rojas Piamba$7.000.000Eliana Andrea Castro Bolaños$7.000.000
Gerardo Enrique Melo$7.000.000Juan José Melo Fernández$7.000.000
Helena Pito Ordóñez$7.000.000Mónica Restrepo Caicedo$7.000.000
Brenda Natalia García$1.000.000Piedad Ordóñez Ortiz$1.000.000
María Paredes de Oviedo$1.000.000Fernando Andrés Nuñez G.$5.000.000
Edisared Sandoval López$1.000.000William Viveros Agredo$1.000.000
Oscar Lara Bermeo$1.000.000Claudia Milena Martínez$10.000.000
Helver F. Agredo Sánchez$1.000.000Miguel Antonio Guzmán$1.000.000
Julieta Guzmán Herrera$1.100.000Alix Solarte López$1.000.000
Hilda Agredo Molano$1.000.000Edwar Fernando Valencia$1.500.000
Adriana Cantor Benavides$1.000.000Amparo Ramírez Enríquez$600.000
Efraín Carlosama$1.000.000Luz Dary Collazos$2.500.000
Alirio López García$3.000.000Alba Marina Muñoz Luna$1.000.000
Judith Meneses$1.000.000Orlando Hurtado Gómez$1.000.000
Lisbed Enid Martínez G.$1.000.000Federico Larrañaga$7.000.000
Rubén Darío Elvira Hoyos$10.000.000María Hilduary Preafán (sic) Luna$7.000.000
Diana López Castro$2.000.000Guillermo Ordóñez$1.000.000
Sandra Lorena Tello$1.000.000Jhony A. Mosquera Riascos$1.050.000
Luís Felipe Muñoz Orozco$1.000.000Graciela Maca Paz$1.000.000
Ana Patricia Mendoza Peña$15.000.000Paola Andrea Collazos Yunda$10.000.000
Margarita María toro Silva$7.000.000Patricia Velasco Rodríguez$7.000.000
Sandra Liliana Lozada Soto$1.000.000Alejandra Sandoval Salazar$1.000.000
Gustavo Adolfo Montilla$1.200.000Marisol Cerón Paz$1.000.000
Rodrigo Ernesto Velasco Vélez$1.000.000María Luva Jiménez Zemanate$1.100.000
Fany Collazos$1.000.000Delio Parra Díaz$1.000.000
Maximiliano Sánchez Esquivel$1.000.000Sandra Lorena Bastidas$1.000.000
Carina Penagos Tejada$1.100.000Liliana Andrea Clavijo Puyo$1.100.000
Dolores Puyo Quintero$1.100.000Héctor Granda Ruiz$3.000.000
María Solana Pérez Gómez$2.000.000Gloria Ximena González Barreda$1.000.000
Diego José Mora$1.000.000Orlando Solarte$1.000.000
José A. Collazos Molina$1.000.000Clara Isabel Simales$1.000.000
Jhon Andrés Ospina Moncayo$13.000.000María Gloria Bermúdez C.$1.000.000
Olmer Yenis Burbano$1.000.000Teresa de Jesús Herrera$1.000.000
Jhon Jairo Martínez Olaya$1.050.000Juan Carlos González$1.000.000
Luís Henry Sánchez Campo$3.500.000María Yaneth García$1.000.000
Adriana Ospina Moncayo$13.000.000Juan Carlos Salazar Arboleda$3.000.000
Jenny Alexandra Rivera$1.000.000Víctor Hugo Collazos Molina$1.000.000
Sandra Cristina Urrutia$1.000.000Anderson Velasco López$2.500.000
María Elodia Vacué$1.000.000Deisy Liliana Urreste$1.000.000
Mariela Muñoz Luna$1.000.000Elodia Muñoz Luna$1.000.000
Elizabeth Patermina Támara$1.000.000Jhon Jairo Guerrero$1.000.000
Patricia Ruales Vidales$1.100.000María Claudia Zapata$3.000.000
Marisol Zambrano Sánchez$1.000.000Alba Tulia Ruiz Quiñónez$1.000.000
María A. Vanegas Martínez$1.000.000Merardo Gilberto Muñoz O.$2.500.000
Natanael Sarria Córdoba$1.000.000Jenny Carolina Guerrero$1.724.000
Bibiana Liliana García$1.000.000Carlos Alberto Cortés B.$3.600.000
Omar Eli Rivera Astaíza$3.000.000Ismeida Zambrano$1.000.000
Leonel Ramírez Ramírez$1.000.000Clara Cecilia Obando Arteaga$1.000.000
Sandra Vidal González$1.000.000Ruth Eugenia Calvache Daza$1.000.000
Maritza Aminta Díaz Muñoz$1.000.000Julián Andrés Zúñiga$1.000.000
Astrid Mercedes Salazar$1.000.000Ana Teresa Carvajal Agredo$1.500.000
Álvaro Rivera$7.000.000Amanda Ruiz Bravo$10.100.000
Ana Teresa Osorio$7.060.000Apolinar Nañez Navia$7.100.000
Beatriz Puerta$7.000.000Beatriz Eugenia Collazos$7.500.000
Carlos Cabanillas$7.000.000Carlos Alberto Cortés B.$3.400.000
Carlos Asdrúbal Navia$7.000.000Claudia Liliana Blanco$7.000.000
Mauricio Tenjo Solarte$7.100.000Claudia Pisso$7.000.000
Dalcy Maritza Vivas Dulce$8.500.000Demetrio Valencia$7.000.000
Doris F. Burbano$3.100.000Carmen Sneda Muñoz Beltrán$7.000.000
Elsa María Burbano$3.000.000Ely Burbano$9.000.000
Gerardo Alberto Martínez$7.000.000Gerardo Aníbal Martínez$7.000.000
Gerardo Cruz Cruz$13.000.000Ayde Villamaría Chasoy$10.000.000
Gloria Inés Sánchez$6.000.000Henry Muñoz$2.380.000
Jairo F. Rosero M.$7.000.000Yaneth Milena Ordóñez V.$7.000.000
Janeth Socorro Hamdan$7.000.000Jesús Albeiro Vásquez$7.000.000
Jesús Aníbal Bravo$7.000.000Johann Abed Hamdan$7.000.000
Luís Hernando Solarte$7.000.000Margarita Pérez$9.000.000
Margarita Loro (sic) Silva$7.000.000María Consuelo Ramírez$9.000.000
María del Rosario Aguilar B.$10.000.000María Hilduary Preafán (sic)$7.000.000
Martha Lucia Muñoz$7.000.000Nancy Gil Solano$7.000.000
Nelly Stella Martínez$7.000.000Olga Fany Solarte$10.100.000
Olga Ortiz Guzmán$9.000.000Paola Andrea Collazos$10.000.000
Rosa Eneida Pabón$9.000.000Rubén Darío Elvira Hoyos$10.100.000
Ruby Sánchez$7.000.000Sandra Milena Valencia$7.000.000
Saulo Alfredo Realpe$7.100.000Tulio Enrique Mosquera$5.000.000
Walter Henry Martínez G.$7.000.000Wilson Fernando Ortiz Erazo$4.080.000
Yudi Eugenia Vivas Dulce$7.000.000Sulma Consuelo Martínez S.$9.650.000
Zuly Migdalia Gallego$7.000.000Yiovanny Gallego O.$12.000.000
Francisco J. Cortés$7.000.000Adelmira Vega$1.718.000
Betty Consuelo Molano$1.000.000Betty Gissela Tello L.$4.000.000
Carlos Emilio Martínez$1.000.000Claudia Ximena Paredes$1.000.000
Cristhian Alegría$2.500.000Danyely Camacho$1.100.000
Efraín Dario Gómez$1.100.000Eldin Pinto Solano$3.000.000
Eybar Adelmo Mayorga$2.000.000Fernando Andrés Nuñez$5.000.000
Jairo Antonio Corredor$1.000.000Honel Cabezas Gaviria$2.000.000
Ingrid Lilian Pill$1.100.000Yaneth Alvarado Ruiz$1.000.000
José Leonel Bravo$1.000.000Lina Patricia Muñoz$2.500.000
Lucsoria Ingrid Amarely Quiroz$2.100.000Luís Felipe Nicholls$3.500.000
María Eugenia Peña$1.000.000Milton Fernando García$1.000.000
Oneida Pérez Añasco$3.000.000Over Iván Ledesma Bolaños$1.000.000
Reynel Antonio Girón$3.500.000Sandra Liliana Rengifo$1.000.000
Socorro Astudillo Calvache$4.600.000Sugey Leiva González$3.500.000
Suly Orlanda Garzón$1.000.000Yamileth Sánchez Cortéz$1.000.000
Janeth Elizabeth Preafán (sic)$1.000.000Julio Cesar Betancourt Zapata$4.000.000
Genit Patricia Correa$2.000.000Elizabeth Muñoz Gómez$2.560.000
Luz Dary Collazos$2.500.000Luís Carlos Campo$1.500.000
Mary Socorro Cerón$4.600.000Adriana J. Camargo$1.100.000
Adolfo León Alegría$2.500.000Alejandra Lorena Cabrera$1.539.000
Alejandra Solís López$1.594.000Modesto Alirio Tobar$1.000.000
Amalfi Zúñiga$1.100.000Amelia Avendaño$1.100.000
Cristina Agredo$1.000.000Beatriz Mirella Martínez$2.500.000
Carmen Bedoya Gómez$1.000.000Clara Elisa Serna Chilito$1.000.000
Clara Inés Guzmán$1.000.000Deysi Norena Alegría$1.000.000
Dora Genith Huertas$1.100.000Dora Nelly Sarria$2.000.000
Dorys Yolanda Dueñas Rojas$1.100.000Eley Miryam Erazo Molina$1.100.000
Fabio Hernando Castaño$2.000.000Hugo Nelson Sarria Vivas$2.500.000
Fernando Castaño$1.000.000Fernando Felipe Torres$1.000.000
Gilberto Edison Ortega$2.400.000Gladis Aleida Ibarra$1.500.000
Gloria Isabel Cerón$1.000.000Gloria Patricia Medina Peña$3.000.000
Harold Muñoz Bravo$1.050.000Héctor Hernán Grande$3.000.000
Hugo Carlosarna Palta$1.000.000Huver Suárez Silva$1.000.000
Idelgar Marino Erazo$1.000.000Jairo Arturo Moncayo$3.000.000
Javier Andrés Pérez Daza$2.500.000Jimena del Socorro Anaya$1.100.000
Iván David López Fernández$1.100.000Julieta Cruz Castro$1.000.000
Luís Antonio Riascos$1.000.000Luz Dary Bucheli$1.000.000
Marco Iván Gallego$1.000.000Margarita Avirama$1.000.000
María Angélica Mezú$1.000.000María del Socorro Garcés$1.000.000
María E. Cuellar de Castro$1.000.000María Esperanza Valencia$3.000.000
María Stella Sánchez$1.000.000María Felisa Rengifo$1.000.000
María Leonor Jaramillo$1.100.000María Teresa Sánchez$1.000.000
María Savia Mera Zapata$1.500.000Marlen Yohana Bedoya$1.000.000
Martiniano Avirama$1.000.000Mercedes Ruby Ramírez$1.000.000
Nelly Sofía Chanchi$1.100.000Nidia Teresa Castillo$1.000.000
Ninfa Mercedes Sotelo$1.000.000Noralba López Sotelo$1.000.000
Nuria Yineth Ruiz Bravo$1.000.000Rodrigo Manrique$1.000.000
Ruby Amparo Pipicano$1.000.000Sady Lorena Obando$1.143.000
Sandra Liliana Bernal$1.100.000Sandra Lorena Tello$1.000.000
Sandra Milena Narváez$1.500.000Sandra Milena Solano Muñoz$2.100.000
Wilson Montilla Mosquera$1.000.000Fredy Nativel Muñoz$2.500.000
William Antidio Culchac$1.050.000Helber FB Agredo$1.000.000
Maura Ruiz Fernández$3.000.000Magola López$1.000.000
Orlando Torres Bermúdez$1.000.000Ana Sofía Acosta$3.000.000
Guillermo Antonio Ortiz$1.000.000Ana Libia Quiñónez$1.000.000
Uyola Mosquera Bermúdez$1.000.000Lucio Amaury González$1.000.000
Eunice Muñoz   
 $4.750.000Sonia Cruz Rivera$1.000.000
Ary Humberto Garzón$1.000.000Jorge Gustavo Rodríguez$1.000.000
Sandra Liliana Baos$1.100.000Leonor Otaya Medina$1.000.000
María Emérita Llantén$1.000.000Eyber Gómez$1.100.000
Amparo Mosquera Bermúdez $940.000Irne David Mosquera$1.000.000
Imelda María Ruiz$1.000.000Bolívar Solarte$3.000.000
Alma Ximena Flor$1.100.000Nelly Amparo Macias$1.100.000
Jorge Luís Medina$1.000.000Cielo Angél Pabón$1.000.000
Gladis Molano$1.000.000Yesid Rengifo$1.000.000
Dorys Florencia Jiménez$2.500.000Víctor Hugo Collazos$1.000.000
José Andrés Collazos$1.000.000Diomira Zúñiga$1.000.000
María Guadalupe Pabón$2.500.000Blanca Nubia Cruz$1.000.000
Victoria Eugenia Chicue$1.100.000María Aleyda Camacho$1.000.000
Mileny León Silva$1.000.000Dorys Alicia Erazo$1.000.000
Margot Lucia Erazo$1.000.000Norby Cecilia Pérez Bolaños$1.100.000
Rosa Adela Cifuentes$1.553.000Luz Ángela Ríos$1.100.000
Consuelo Ríos Sánchez$1.000.000Lina Coba$1.000.000
Nancy Yohana Ortega$2.000.000Alex Franco$2.100.000
Hernan R. Valencia Dorado$1.100.000Alexander Valencia Dorado$1.100.000
Nancy Lorena Molano$1.000.000Jorge Orozco$2.150.000
Lida Inés Urrutia$1.100.000Lilian Paz Cobo$1.000.000
Derly Alexandra Cerón$1.000.000Flor de María Gómez$2.000.000
Gloria Isabel Tamayo$1.100.000Faber Rubier Tovar Cerón$2.000.000
Ana Patricia Gómez$1.000.000Luís Alfonso Sánchez Ortiz$2.100.000
Miriam Cobo Delgado$1.000.000Lida Antonia Aguirre$1.000.000
Elizabeth Paternina Tamara$1.000.000Evila Aguirre García$1.000.000
Luz Ángela Molano$1.000.000Lise Rodríguez$1.000.000
Luz Dary Ipia Velasco$1.000.000Rober Mosquera Cuesta$724.000
Luz Stella Muñoz Narváez$850.000Lida Yolima Zemanate$1.100.000
Tiberio Torres David$2. 500.000Martín Mosquera Cuesta$1.500.000
Richard Edgar Cerón$1.000.000Orleyda de Jesús Echeverri$1.000.000
Nubia González Gaviria$1.000.000Marlene Guiomar López de M.$1.259.000
Mercedes Sterling$1.100.000Ketty de Jesús Mosquera Cuesta$1.500.000
Claudia Andrea Vivas$1.100.000Astrid Viviana Cerón$1.000.000
Lucely Campo$1.000.000Lis Adriana Astaiza$1.100.000
Zoraida Ruiz Erazo$1.000.000Aidé Patricia Ledesma$1.000.000
Ana Edilla Zambrano$1.100.000María Elena Medina$1.000.000
Harold Henry Cerón$2.000.000Edgar Ignacio Gómez$1.000.000
Miguel Gilberto Cerón$1.000.000Jairo Marino Becerra$1.000.000
Eider Gómez$1.000.000Alma Yenet Vargas$1.000.000
Edilberto Yule Girón$1.000.000Hugo Hernan Medina$1.160.000
Rosalba Garzón Sarria$1.000.000Evelyn Morales Duque$1.000.000
María Carlina Cuchumbe$1.000.000Yaneth Patricia Silva$1.000.000
Helen Lorena Pedraza Velasco$1.000.000Gloria Yineth Cotazo$1.100.000
Miriam Stella Montenegro$1.000.000Luz Mery Camacho$1.100.000
Luís Ricardo Consuegra$1.000.000Mónica García Rendón$1.000.000
Gloria López Fernández$1.000.000Mirta Adriana Collazos$1.000.000
Edgar Hugo Martínez Polindara$1.000.000Nilmer María Salazar$1.100.000
Fernando Alexis Dulce Muñoz$1.000.000Olga Socorro Salazar$1.100.000
Ana Gloria Collazos$1.000.000Mildred María Peña$1.100.000
Ninfa Hoyos Díaz$1.000.000Luz Carine Muñoz Gallego$1.100.000
Yolanda Bermúdez$1.000.000Norma Constanza Noriega$2.000.000
Carlos Collazos$1.000.000Alirio Jansasoy Muñoz$1.000.000
Angélica María Echeverri$1.100.000Alfonso Carvajal Molano$1.000.000
Yaneth Margarita Díaz$1.000.000Nelly Nañez Rivera$1.000.000
Fernando Damián$1.000.000Yony Alejandro 
Murillo$1.000.000  
Ruby Estella Torres$1.000.000Ferney Ramírez Cardona$1.050.000
Ennar Edgar Alvarado$1.000.000Tania Lucia Velásquez$1.000.000
Nubia Natalia Figueroa Narváez$1.000.000Elvar Mosquera Muñoz$1.100.000
Aura Cecilia Burbano Moreno$1.250.000Ruby Alejandra Gómez Muñoz$1.100.000
Claudia Lorena Vásquez$1.000.000Ana Cecilia García Girón$1.000.000
Yamiled Campo Zambrano$1.050.000María Jacqueline Lame$30.000
Gloria Isabel Cerón$1.000.000Jesús Rutilio Guaca$2.500.000
María Zoraida Joaquí$1.000.000Aidé Flores Flores$1.132.000
James Arlet Collazos$1.000.000Vivían Edith Jiménez$1.072.000
María del Carmen Montenegro$1.000.000Yely Shirley Jiménez$1.081.000
Laurentino Díaz$1.300.000Marilú Collazos Velasco$1.000.000
Lida Esperanza Urrea$1.000.000Henry Rivera Bravo$1.000.000
Roció del Socorro Ortega$1.000.000Claudia Patricia Bastidas$1.000.000
Gloria Amparo Bastidas$1.000.000Yeny Ximena Bastidas$1.000.000
Samuel Garzón$1.000.000Ruth Consuelo Muñoz$1.100.000
Saúl Eraldo Sarria Gómez$1.000.000Mariana Rivera$1.000.000
Doris Macias$1.000.000Julián Andrés Gahona Sólano$1.000.000
Olga Lucia Montilla$1.100.000José Rafael Pisso$1.100.000
Hernán Montero Molina$1.100.000Betty Lucero Molano$1.000.000
Alicia Burbano de Campo$7.000.000Julián Mauricio Mondragón Pérez$7.000.000
Mariela Sánchez Zúñiga$7.000.000  

9. 3. Sentencia del 4 de mayo de 2009 emanada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, con base en el cual revocó el numeral segundo del fallo apelado y reconoció a cada uno de los afectados dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de perjuicios morales subjetivos.

9. 4. Providencia del 4 de junio de 2009, proferida por la referida corporación en virtud de la cual a instancia de uno de los representantes de la parte civil, adicionó la anterior sentencia y aceptó como víctimas a otras personas, respecto de la cuales reconoció perjuicios materiales y morales de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes y son las que a continuación se relacionan:

VíctimaValor en pesosVíctimaValor en pesos
Alba Lucía Durán7.000.000Albeiro Manzano1.000.000
Alder Smith Montero1.000.000Alma Lida Ante7.100.000
Alma Yeneth Vanegas1.000.000Ana Delia Mompotes4.000.000
Aura Argenis Moncayo1.050.000Carlos Andrés Dorado1.000.000
Carlos Emiro Caicedo7.000.000Carmen E. Yanza1.000.000
Carmen T. Zambrano1.000.000Cielo Omaira Anacona2.150.000
Claudia Isabel González7.000.000Claudia María Muñoz1.000.000
Constanza Sandoval9.000.000Didier Janer Girón1.000.000
Didier Mauricio López1.000.000Doly Ángela Pérez1.542.000
Eder Franco Galíndez1.000.000Elizabeth Niño Ordóñez1.000.000
Ermida Zuleny Sánchez1.000.000Eucinio J. Manzano7.000.000
Fernando Caicedo1.000.000Francisco J. Martínez3.000.000
Gerardo Valencia Plaza7.000.000Gloria Estella Jaramillo1.016.000
Ilba María García7.000.000Jadiyi Muñoz Peña1.000.000
Jhon Bairo Patiño1.150.000Jhon Jairo Ordóñez1.301.000
José Diomar Ordóñez1.521.000Jineth Puscus Maca1.000.000
José Domingo Quila1.126.000José Fredy Córdoba6.500.000
José Norberto López1.000.000Juan Carlos Meza1.000.000
Catherine Torres7.000.000Leyder Yamith Ruiz1.000.000
Lida Amparo Nieto Dorado1.000.000Lidar Martínez1.000.000
Lorenzo Junior Muñoz1.000.000Luis Mariano Bravo7.000.000
Luz Argenis Quilindo1.000.000Marceliano López 
Urbano1.000.000  
María C. Sánchez Yandi1.000.000María del Carmen Rico1.000.000
María Doris Astudillo10.000.000María Eugenia Prado7.000.000
María Mestil Pisso7.000.000María Rocío Morales1.170.000
María Rosa Camacho1.000.000María Yolanda Morera1.100.000
Mario E. Pedraza7.000.000Marisol Peña González1.571.000
Martha Martínez13.000.000Merlín Lluceny Manzano1.000.000
Nidia Amparo Muñoz2.500.000Nilvio Cerón1.100.000
Odila Perafán1.000.000Oscar Iván Tovar Cerón1.102.000
Oscar Emilio Aldana2.000.000Oswaldo García7.000.000
Rodrigo Ernesto Velásquez1.000.000Rosbita Marina Buitron1.000.000
Ruth Esnery Garzón1.000.000Simón Pedro Montoya3.000.000
Sonia del Consuelo Gaviria8.000.000Víctor Manuel Mosquera7.000.000
Victoria Eugenia Rincón7.000.000Yady Alexandra 
Córdoba2.000.000  
Zulma F. Anacona2.100.000Harold Amelio Muñoz1.050.000
William Paz Cobo1.000.000Aldemira Vega3.000.000

De otra parte debe consignar la Sala que al haberse tratado de un número considerable de personas afectadas, bien puede acontecer que sus nombres no se hallen incluidos en el listado precedente, ya sea porque no fueron reconocidos como víctimas a instancia de la demanda de constitución de parte civil presentada o porque habiendo testificado en los procesos no aportaron copia del recibo de consignación o dijeron no recordar las suma de dinero aportadas, ello no es óbice para que ante la jurisdicción civil a instancia de parte si es su deseo se adelante la actuación correspondiente.

10. De los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad:

10.1. Suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Dada la cantidad y la calidad de la pena privativa de la libertad impuesta al procesado no se cumple el requisito objetivo establecido en el numeral primero del artículo 63 del Código Penal, lo cual hace torna innecesario adentrarse en el estudio del aspecto subjetivo contenido en el numeral segundo de la disposición en cita, por lo tanto se declarará que el procesado no se hace acreedor a la concesión del dicho subrogado.

10.2. De la prisión domiciliaria.

Tampoco se concederá la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, por cuanto no aparece satisfecho el requisito objetivo señalado en el artículo 38 de la Ley 599 de 2000, concretamente para el delito contra el patrimonio económico de los particulares, cuya pena mínima como quedó visto es de 64 meses de prisión, lo cual releva a la Sala de adentrarse en el aspecto subjetivo de la disposición en cita.

Por ende, no habrá lugar al otorgamiento de este mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad y en consecuencia el acusado deberá continuar privado de su libertad para purgar la pena de prisión impuesta en el establecimiento carcelario que designe el Inpec.

11. Compulsación de copias.

Referente al dictamen de documentología forense el cual muestra que la firma que aparece en un acta de asamblea de Corpopaz donde figura como invitado el aquí acusado no corresponde a la de este, se dispone la compulsación de copias de dicha pieza procesal ante la Fiscalía General de la Nación, para lo de su cargo. Precisa la Sala que tal circunstancia no ostenta la contundencia suficiente para desvirtuar la responsabilidad del citado incriminado(122), en la medida que dadas las fechas de citación a la referida asamblea (ene. 16/2006), al igual que la supuesta celebración de la misma (Cali, 28 de ene. 2006)(123), fueron ulteriores a la época en que ya se había producido la noticia de la comisión de las conductas que fueron materia de investigación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR a José Gerardo Piamba Castro, de condiciones civiles y personales referidas en esta determinación, ex Representante a la Cámara, como coautor responsable de los delitos de urbanización ilegal en concurso homogéneo y sucesivo (C.P., art. 318) y en concurso heterogéneo con el delito de estafa agravada en la modalidad de delito masa, (C.P., arts. 246, 247-1, 267-1 y par. único art. 31), por los cuales fue acusado; en consecuencia se dispone CONDENARLO a las penas principales de 126 meses de prisión y multa de 32. 086, 277 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2004, más la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por lapso igual al de la pena privativa de la libertad con base en las consideraciones plasmadas en precedencia.

2. DECLARAR que NO son procedentes la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la reclusión domiciliaria, acorde con lo advertido en la fundamentación, en consecuencia, se niegan.

3. CONDENAR al referido procesado a pagar en forma solidaria por concepto de perjuicios ocasionados las sumas dinerarias a que se hizo alusión en el acápite pertinente.

4. DISPONER la compulsación de las copias aludidas.

5. En firme esta providencia, REMITIR la actuación al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad - Reparto, para lo de su cargo.

6. REMITIR por Secretaría las copias del fallo a las autoridades que alude el artículo 472 del Código de Procedimiento Penal.

Séptimo: Contra esta sentencia no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(5) Folio 102 c. o. 6. De existir duda acerca de la competencia para conocer o seguir cursando la actuación cuando el imputado no fue reelegido Congresista y constituir las conductas a él imputadas delitos comunes, concierne a la corporación definir si las mismas guardan relación con el cargo. Así, como Piamba Castro la prueba de cargo lo acusa de “integrar supuestamente, el grupo de personas que utilizando artificios y engaños indujeron a los interesados a adquirir inmuebles en los proyectos urbanísticos promovidos sin el lleno de los requisitos legales: Balcones de Santa Isabel, Torreón de Aranjuez y CABÚ; y a entregar los dineros de la cuota inicial, obteniendo provecho patrimonial ilícito, toda vez que las viviendas no fueron construidas, ni el dinero devuelto a los perjudicados. De demostrarse en la actuación que su proceder así ocurrió, cuyo esclarecimiento integra el objeto de la investigación preliminar, es clara su conexión con el cargo a la sazón ostentado, provocando de inmediato la prórroga de competencia en cabeza de la Corte”.

(6) En este sentido, véanse los testimonios de Clara Isabel Ordóñez Mora, Ruth Eugenia Calvache Daza, Alexandra Paola Ibargüen Valverde, Aidé Cabanillas de Hoyos, Martín Castrillón Orozco, Leonardo Africano Villamil, Juan Carlos Tobar de Jesús, Memo Libardo Fernández Ordóñez, Harold Castillo Escobar, Marisol Fernández Ordóñez, Tulio Sayd Bravo Bolaños, Guillermo Alberto Fajardo Muñoz y Emiro Alirio Vidales Zúñiga.

(7) Folio 39 c. anexos 2

(8) Folio 122 y ss. c.a.7.

(9) Folio 17 c. anexos 3.

(10) Folio 62 y ss. c. anexos 4

(11) Ver folio 232, consignó $ 5.050.000 c. anexos 1.

(12) Folio 225, su poderdante consignó $ 1.000.000 c.a.1

(13) Folio 323 consignaron entre 5´000.000 y 5.500.000 c. anexo. 1

(14) Folios 68 a 113 c. original 2

(15) Folio 265, 266 y 267 expedidos el 13, 24 y 27 de marzo de 2006 por $ 1.100.000, $ 800.000 y 4700.000, como “abono voluntario Conjunto Cerrado Santa Isabel” c. anexos 2

(16) Folios 241 a 282 cuaderno de anexos 3.

(17) En el mismo sentido lo hicieron Marisol Fernández Ordóñez, Sandra Luisa Fernández, Gladis Margoth Campo Vidal, Clara Isabel Ordóñez, Olga Eugenis Ordóñez Nañez, Alexandra Paola Ibargüen y Aidé Cabanillas de Hoyos.

(18) Fl. 268 cuaderno de anexo 7.

(19) Sentencia de casación del 27 de septiembre de 1995, radicación 8942

(20) Sentencia de casación, radicación 17.358 del 28 de noviembre de 2002

(21) Fls. 68-73 cuaderno anexo original 8.

(22) Fls. 95-107 cuaderno anexo original 7.

(23) Fls. 51- 75 cuaderno 5.

(24) Fls. 74 a 78 cuaderno 5.

(25) FL. 76 cuaderno 5.

(26) Fls. 79 a 87 cuaderno 5.

(27) FL. 85 cuaderno 5.

(28) FL 84 cuaderno 5.

(29) Fls. 88- 97 cuaderno 5

(30) Fl. 91 cuaderno 5.

(31) “Para apreciar el testimonio, el funcionario tendrá en cuenta los principios de la sana crítica y, especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, a la personalidad del declarante, a la forma como hubiere declarado y las singularidades que puedan observarse en el testimonio”.

(32) Radicación 16.737 del 24 de julio de 2003.

(33) Fls 108- 122 cuaderno 5.

(34) Fls 124- 125 cuaderno 5.

(35) Fls 262- 269 cuaderno 7.

(36) Fls 236 – 240 cuaderno 5.

(37) Fls 242 246 cuaderno 5.

(38) Fls 253 - 258 cuaderno 5.

(39) FL. 255 cuaderno 5.

(40) FL. 255 cuaderno 5.

(41) Fl. 256 cuaderno 5.

(42) Fls. 123- 124 cuaderno 3.

(43) Fl. 131 cuaderno 3.

(44) Cfr. Fls. 51 - 59 C. O 10.

(45) Cfr. Fls. 98 - 99, cuaderno anexo original 2.

(46) Fls 62- 73 cuaderno 5.

(47) Aseveración que coincide exactamente con el contenido de la escritura pública 3.163 del 14 de agosto de 2007, de la notaría segunda de Popayán, donde se dio trámite a la solicitud del divorcio del matrimonio civil celebrado el 4 de junio de 2005 entre la citada pareja en la notaría única de Timbio (Cauca). (Cfr. Fls. 53 - 54).

(48) FL. 56 cuaderno 5

(49) Fls 74 a 78 cuaderno 5.

(50) FL. 76 cuaderno 5.

(51) Fls. 79- 85 cuaderno 5

(52) Fls. 265-275 cuaderno 5.

(53) Fls 266- 267 cuaderno 5.

(54) Fls. 270- 277 cuaderno 7.

(55) Fls. 30 a 33 cuaderno 8.

(56) Fls. 57 a 64 cuaderno 8.

(57) Fls. 70 a 73 cuaderno 8.

(58) Fl. 73 cuaderno 8.

(59) Fls 223 a 234 cuaderno 5.

(60) Fls 226 cuaderno 5.

(61) .Fl. 229 cuaderno 5

(62) FL. 230 cuaderno 5.

(63) FL. 232 cuaderno 5.

(64) Fls. 62 – 73 cuaderno 5

(65) Fls. 265-- 275 cuaderno 5

(66) Fl. 267 cuaderno 5

(67) Fls 123- 134 cuaderno 3

(68) Fl 126 cuaderno 3.

(69) Fl. 126 cuaderno 3.

(70) Fl. 127 cuaderno 3.

(71) Fls 113-119 cuaderno 5.

(72) Fls. 215 222 cuaderno 5.

(73) Fl. 209 cuaderno 5.

(74) Fls 122. 123 cuaderno 5.

(75) Fls 126- 27 cuaderno 5.

(76) Fls 128- 129 cuaderno 5.

(77) Fls 130- 131 cuaderno 5.

(78) Fls 132- 133 cuaderno 5.

(79) Fls 134- 135 cuaderno 5.

(80) Fls 223- 229 cuaderno 7.

(81) Fls 230- 236 cuaderno 7.

(82) Fls 237- 242 cuaderno 7.

(83) Fls 244.- 255 cuaderno 7.

(84) Fls 252- 261 cuaderno 7.

(85) Fls 33- 42 cuaderno 4

(86) Fl 34 cuaderno 4

(87) Fls 51- 73 cuaderno 5

(88) Fls.104- 107 cuaderno 5

(89) Fls 86- 89 cuaderno 4

(90) Fl. 88 cuaderno 4

(91) Fl. 89 cuaderno 4

(92) Fls 1-10 cuaderno 8

(93) Fls 11- 29 cuaderno 8

(94) Fls 184- 194 cuaderno 5

(95) Fls. 104-105 cuaderno 5

(96) Fls 195- 207 cuaderno 5

(97) Fls 209- 214 cuaderno 5

(98) Fls 48- 56 cuaderno 8

(99) Fls. 123 – 134 cuaderno 3

(100) Fls 125- 126 cuaderno 3

(101) Fls 261- 267 cuaderno 3

(102) Fls. 101- 108 cuaderno 4

(103) Fl. 12 cuaderno 5

(104) Fls 21 a 34 cuaderno 5

(105) “Acuerdo y decisión plural; sentimiento de actuar en una obra propia inserta en una labor global, común; comportamiento signado por esa directriz, o condominio del hecho; y aporte de algo importante durante la ejecución del delito, todo ello, mirado desde luego objetiva y subjetivamente”. (Cfr. Sala Penal Corte Suprema de Justicia, Rad. 19.213 de ago. 21/2003).

(106) “(...) no es nada distinto en la explicación de su nominación y en busca de sus contenidos y fines, que el sometimiento de las pruebas a las leyes o reglas que regulan el razonamiento deductivo, los fenómenos materiales y la conductas frente a la sociedad, de acuerdo a lo admitido por ella misma para hacer viable su existencia y verificación de sus comunes objetivos, todo cumplido en forma “sana”, esto es, bajo la premisa de reglas generales admitidas como aplicables, y “crítica”, es decir, que con base en ellos los hechos objeto de valoración, entendidos como “criterios de verdad”, sean confrontados para establecer si un hecho y acción determinada pudo suceder, o si ello fue posible de una u otra manera, explicable dentro de las reglas de la lógica, de la ciencia y la experiencia, no ante la personalísima forma de ver cada uno la realidad, sino frente a estos postulados generales que rigen el razonamiento, las transformaciones materiales y la vida social, formal y dialécticamente comprendidos”. Sentencia del 6 de marzo de 2008. Radicación 28.788.

(107) Fls. 65 a 69 cuaderno 8.

(108) Fls.111 115, Cuaderno anexo original 10.

(109) “En los delitos continuados y masa se impondrá la pena correspondiente al tipo respectivo amentada en una tercera parte”.

(110) 7,142% equivalente a 55, 945 SMLMV.

(111) “(...) el criterio jurisprudencial de esta Sala en torno al punto, ha sido y sigue siendo que cuando el tipo penal fija los extremos mínimo y máximo de la pena de multa, el juzgador no puede desconocerlos, y que solo cuando se menciona la sanción, sin determinar sus extremos, es que debe acudirse a los criterios progresivos de la unidad de multa, previstos en el artículo 39 del Código Penal, para su dosificación (...)”. Radicación 36.424 del 7 de marzo de 2012.

(112) Los cuartos se obtuvieron a partir de un ámbito de punitivo de movilidad resultante de estimar un extremo mínimo de 1 salario mínimo legal mensual vigente y un máximo de 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De donde 50.000 menos 1, arrojó 49.999 que dividido en 4 da como resultado 12.499, como el valor de cada cuarto.

(113) Guarismo último que surge de aplicar la proporción del 12.5% (3.124) equivalente de los 6 meses de prisión incrementados.

(114) Guarismo último proveniente de aplicar la proporción del 11.11% equivalente de los 6 meses de prisión incrementados.

(115) Según lo establece el numeral 4º del artículo 39 del Código Penal: “Acumulación. En caso de concurso de conductas punibles o acumulación de penas, las multas correspondientes a cada una de las infracciones se sumarán, pero el total no podrá exceder del máximo fijado en este artículo para cada clase de multa”. Cfr. Sentencia del 19 de octubre de 2011, Radicación 37.350.

(116) Para el año 2004, fecha de iniciación de la ejecución de las conductas punibles,

(117) Juzgado Primero Penal del Circuito de Popayán del 30 de junio de 2008, a través del cual condena a Isabel Cristina Ceballos Sierra, entre otros delitos, por los de estafa agravada y urbanización ilegal, a la pena de 72 meses de prisión y pago de los perjuicios materiales en las cuantías y a favor de las personas que se relacionan en el acápite pertinente (cfr. Fl. 171 y ss. c.o. 2).

(118) Fallos de primera y segunda instancia, dictados respectivamente por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Popayán y Tribunal Superior de la misma ciudad, al hallarlo responsable entre otros delitos de estafa agravada urbanización ilegal y falsedad en documento privado e imponerle las penas principales de 48 meses y 7 de días de prisión, así como al pago de los perjuicios materiales en las cuantías y a favor de las personas allí relacionadas (Fls. 14- 93 c.o. 6.).

(119) Reconocimiento de interés del 6 % anual desde la fecha de consignación del dinero, al igual que actualización de dichas cifras al momento que se haga el pago, acorde con la certificación del Banco de la República (Cfr. Fl. 199 c.o. 2).

(120) Precisa la Sala, que en razón de los defectos de impresión de las sentencias emanadas del aludido Juzgado Primero Penal del Circuito de Popayán, los nombres de las personas se transcriben en la medida de su visualización, de tal suerte que para cualquier eventual inconsistencia con dichos nombres deberá acudirse a la fuente primigenia, esto es, las referidas sentencias.

(121) Mediante providencia del 23 de octubre de 2008, según se desprende de la alusión que al respecto hiciera el Tribunal Superior de Popayán ante la solicitud de la Representación de las víctimas (Cfr. Fl. 34 c.o. 6).

(122) Que según se afirma acudió como invitado al igual que su hermano Pedro Arturo Piamba Castro.

(123) Cfr. Fls. 24- 27 cuaderno anexo original 9.