Sentencia 2747 de diciembre 14 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

PROCESO ELECTORAL

EXCEPCIONALIDAD DEL FALLO EXTRA PETITA

EXTRACTOS: «El proceso contencioso electoral tiene como finalidad juzgar las controversias que se susciten en relación con la legalidad de un acto administrativo de contenido electoral. En otras palabras, este proceso busca decidir las demandas que intentan desvirtuar la presunción de legalidad que ampara todas las decisiones de la administración. En tal virtud, por regla general, el marco de competencia del juez administrativo está limitado a la existencia de una demanda y a los cargos que allí se exponen, por lo que se encuentra impedido para pronunciarse en relación con puntos que no han sido acusados y sustentados por el demandante. En efecto, una lectura sistemática de los artículos 137, 170 y 175 del Código Contencioso Administrativo permite deducir con claridad que el juez administrativo requiere, para emitir su pronunciamiento, la formulación de pretensiones concretas, suficientes y congruentes con el concepto de violación de las normas que considera infringidas. Ello significa, entonces, que por regla general el fallo en materia electoral está limitado a la causa petendi y no puede ser extra petita.

Sin embargo, excepcionalmente la sentencia en materia electoral puede decidir un asunto que no fue invocado en la demanda, pero única y exclusivamente cuando se trata de proteger un derecho fundamental de aplicación inmediata o cuando se evidencia una incompatibilidad manifiesta entre una norma de inferior jerarquía y la Constitución, esto es, cuando debe aplicarse la excepción de inconstitucionalidad. De hecho, estas dos excepciones se derivan de la declaratoria de exequibilidad condicionada del artículo 137, numeral 4º, del Código Contencioso Administrativo, cuando la Corte Constitucional resolvió:

“Declarar EXEQUIBLE el aparte demandado del numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica tiene la obligación de aplicar el artículo 4º de la Constitución” (1) .

(1) Sentencia C-197 de 1999, Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell.

Así, la consagración de la justicia rogada en el ordenamiento jurídico no es casual ni obedece a un simple deseo del legislador. Por el contrario, ésta no sólo busca preservar el principio de legalidad, propio de los actos administrativos como garantía de seguridad jurídica y de cumplimiento de esas decisiones, sino también garantiza el derecho de defensa de las personas que se beneficien con el acto administrativo impugnado. De hecho, las decisiones administrativas están orientadas a producir efectos jurídicos particulares o generales y, en especial, los actos de contenido electoral involucran intereses individuales y colectivos en conflicto, por lo que no sólo debe definirse cuáles son los motivos concretos y claros de la acusación sino que la controversia y el fallo debe centrarse a los reproches de la demanda, pues solamente así es efectiva la defensa.

Ahora bien, la excepcionalidad del fallo extra petita y la exigencia de los cargos como requisito sustancial de la demanda no puede confundirse con la facultad del juez para decretar pruebas de oficio, pues esta última no sólo es una potestad judicial sino una consecuencia de la misión de administrar justicia. Así, el juez administrativo tiene autorización legal para solicitar pruebas de oficio tendientes a desentrenar la verdad procesal, pero siempre limitado a los hechos y derechos invocados por el demandante.

Así las cosas, se tiene que el Tribunal Administrativo de La Guajira no podía solicitar pruebas de oficio para demostrar asuntos no planteados en la demanda ni tampoco podía estudiar ni declarar la nulidad de los votos depositados en las mesas de votación que no fueron impugnadas en la demanda, en tanto que no se vislumbra que con ese hecho se presenten cualquiera de las dos excepciones para proferir fallo extra petita».

(Sentencia de diciembre 14 de 2001. Expediente 2747. Consejero Ponente: Dr. Darío Quiñones Pinilla).

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