Sentencia 2765 de diciembre 14 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

TESTIGOS ELECTORALES

DEBEN PORTAR CREDENCIAL QUE LOS IDENTIFIQUEN

EXTRACTOS: «Los demandantes afirman que las autoridades de policía impidieron que algunos testigos electorales ingresaran a los puestos de votación donde se instalaron varias mesas de votación. En efecto, de las declaraciones rendidas por los señores Amed García Lozano (fI. 92, c. 2), Jhon Jairo González (fl. 107, c. 2), Libaniel López Bolívar (fl. 1, c. 3), Carlos Eduardo Romero Fernández (fl. 7, c. 3), Gloria Rocío Cifuentes (fl. 9, c. 3) y Humberto Ramírez García, se infiere que algunos testigos electorales no pudieron acceder a los escrutinios que adelantaron los jurados de votación en algunas mesas de votación, por cuanto los agentes de la policía que custodiaban el lugar lo impidieron porque algunos de los veedores vestían prendas con colores alusivos a algunas campañas políticas y porque las credenciales que portaban no tenían la firma del registrador del estado civil. De igual manera, se anexaron al expediente credenciales que pretendían identificar testigos electorales para presenciar el escrutinio en las mesas del puesto censo. Todas ellas carecen de firma que lo autorice (fls. 308 a 310, c. principal).

Si bien es cierto que las funciones asignadas legalmente a los testigos electorales son determinantes para la democracia, en tanto que se dirigen a garantizar la transparencia y objetividad en el desarrollo de la contienda electoral y, al mismo tiempo, materializan el derecho político de todo ciudadano a participar en el control del poder político (Constitución, art. 40), no es menos cierto que su ejercicio está sometido a estrictas reglas y procedimientos que también están señalados en la ley. De consiguiente, la participación de los testigos electorales no es un derecho absoluto e ilimitado sino que debe someterse al cumplimiento de condiciones y requisitos que buscan garantizar la objetividad, imparcialidad y seguridad, los cuales resultan indispensables en el proceso de contabilización de votos válidos para asegurar que los resultados electorales traduzcan la voluntad popular expresada en las urnas.

Así, pues, dentro de las condiciones para ejercer la función pública de testigo electoral se encuentra la prevista en el artículo 119 del Código Electoral, tal y como fue subrogado por el artículo 10 de la Ley 163 de 1994, que a su tenor literal dispone:

“Queda prohibida toda clase de propaganda política y electoral el día de las elecciones. Por lo tanto no se podrán portar camisetas o cualquier prenda de vestir alusiva a propaganda política, afiches, volantes, gacetas o documentos similares que inviten a votar por determinado candidato o simplemente, le hagan propaganda.

Las autoridades podrán decomisar la propaganda respectiva, sin retener a la persona que la porte”.

De igual manera, se requiere como requisito indispensable para desempeñarse válidamente como testigo electoral, la autorización que para ese efecto expiden los registradores del estado civil, siempre y cuando exista previa presentación del veedor por los directorios o movimientos políticos (Código Electoral, art. 121). Por ende, solamente puede cumplirse con la función de testigo electoral cuando se ha obtenido la credencial que lo identifique, entendida ésta como un documento que es expedido por la autoridad electoral competente. Por este motivo, la firma del registrador del estado civil no sólo es necesaria sino que es indispensable para dar fe de la autorización estatal para presenciar los escrutinios.

En este orden de ideas, la decisión de la autoridad policiva de impedir el ingreso de los testigos electorales que reprocha la demanda no sólo no contradice los artículos 121 del Código Electoral, 29 y 40 de la Constitución, sino que los desarrolla plenamente. Luego, el cargo no prospera».

(Sentencia de diciembre 14 de 2001. Expediente 2765. Consejero Ponente: Dr. Darío Quiñones Pinilla).

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