Sentencia 277 de julio 9 de 2002 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 20022482 01l277.I.02, jul. 9/2002.

M.P. Fernando Coral Villota

Aprobado según Acta de Sala Nº 57

Ref.: Impugnación de la acción de tutela incoada por el abogado Jesús María Díaz Velásquez contra el director de prestaciones sociales del Ejército.

Procede la Sala a resolver la impugnación contra la sentencia proferida el 24 de mayo de la anualidad que transcurre, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante la cual, no accedió a la solicitud de tutela promovida por el abogado Jesús María Díaz Velásquez contra el teniente coronel Rubén Darío Mestizo Reyes, director de prestaciones sociales del Ejército y la suboficial Rosana Rodríguez Niño.

Hechos y antecedentes procesales

1. Mediante escrito presentado ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca el 8 de mayo de 2002, el abogado Jesús María Díaz Velásquez instauró acción de tutela contra el teniente coronel Rubén Darío Mestizo Reyes, director de prestaciones sociales del Ejército y la suboficial Rosana Rodríguez Niño, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición, igualdad, información y trabajo, acorde con los siguientes hechos:

a) El 4 de marzo de 2002, se presentó la dirección de prestaciones sociales del Ejercito, para notificarse de la Resolución 17489 mediante la cual se resolvió, “que no hay lugar al reconocimiento y pago de suma alguna por concepto de indemnización, a favor del soldado voluntario Ortíz Durando Marcos Alan”. Efectuada la notificación, le solicitó a la suboficial Rosana Rodríguez Niño que le permitiera ver el expediente para enterarse de los motivos por los que se había negado el reconocimiento de la indemnización; contestándole dicha funcionaria, “que no me podía dejar ver el expediente, porque eso era reservado, que si lo quería ver, tenía que solicitarlo por escrito, porque ella tenía orden del coronel... Yo le repliqué, que se me hacía necesario ver dicho expediente porque tenía que interponer un recurso de reposición y los argumentos a esgrimir eran relacionados precisamente con la negativa, ella me contestó que entonces tendría que hablar con el doctor Callejas, pero que en el momento no se encontraba, esperé por espacio de una hora y dicho funcionario no llegó, por lo que decidí retirarme de dicha oficina y proceder a elevar el recurso de reposición, “a tientas”, el cual prosperó parcialmente y se le reconoció una parte de la prestación“.

b) Que a partir de ese incidente con la suboficial, se le ha negado la información que sobre el estado de los procesos que tramita, usualmente solicitaba “por ventanilla”; insinuándole la citada funcionaria, que por órdenes del “coronel, debía solicitarla por escrito, lo cual, como es obvio, se me demora y me causa problemas con mis clientes”.

c) Que por tal razón, el 21 de marzo de 2002 elevó una petición al director de prestaciones sociales del Ejército, solicitándole que le ordenara a los funcionarios que atienden en las ventanillas de esa dirección, “que se me suministrara personalmente la información que requiero sobre el trámite prestacional de mis poderdantes. Así mismo y cuando lo considere necesario, se me permita la vista del expediente correspondiente, de alguno de mis clientes”. Que tal petición fue objeto de “respuesta evasiva” el 26 de marzo siguiente, pues en ella no se observa que hubiese impartido instrucciones en el sentido de ordenar que por ventanilla se me suministrara la información del estado del trámite de los expedientes de mis clientes”.

d) Finalmente, señaló el accionante que en la actualidad no se le suministra información por ventanilla, no obstante reposar en los expedientes, los poderes que sus clientes le han otorgado ese trámite.

e) Con fundamento en los hechos descritos, el actor solicitó como pretensiones las siguientes:

“1. Concederme el derecho de petición... pues considero que a pesar de haberse dado aparente respuesta a la solicitud que elevé el 21 de marzo de 2002, ésta no resolvió el fundamento principal de la misma...

2. Concederme el derecho a la igualdad, por cuanto que al negárseme el derecho a recibir información personalmente por ventanilla, entraña una manifiesta violación del derecho a la igualdad en relación con el personal militar que va a hacer la misma averiguación y a quienes si se les suministran sin ningún inconveniente...

3. Concederme el derecho a la información, la debo recibir en la forma que la solicite, bien sea verbalmente, cuando se toma directamente de las fuentes de información (funcionarios encargados de la (sic) suministrarla en ventanilla), o por escrito cuando así se solicite. Para el abogado es indispensable obtener esta información inmediata, para poder cumplir con el mandato conferido y tener informado oportunamente al cliente.

4. Concederme el derecho al trabajo, la discriminación en el suministro de la información, impide el cumplimiento cabal del mandato conferido, esta situación me genera problemas con el cliente, muchos de los cuales me han revocado el poder, porque han ido a la dirección prestacional y allí les suministran la información que me niegan a mí, por lo que ellos sacan la conclusión de que no se le está (sic) prestando la debida atención al trámite prestacional, máxime, cuando allí suelen agregar que para que (sic) pusieron abogado, que este (sic) los va a robar...”.

2. El 10 de mayo del año en curso, el magistrado ponente de primera instancia, avocó el conocimiento del asunto, ordenó su correspondiente notificación y decretó la práctica de pruebas.

3. Mediante Oficio Nº 352816 Jedeh-Dipso 117 del 16 de mayo de 2002, el director de prestaciones sociales del Ejército, teniente coronel Rubén Darío Mestizo Reyes, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela promovida en su contra, por considerar que el derecho de petición elevado el 21 de marzo de 2002, por el abogado Díaz Velásquez, fue contestado de manera oportuna con oficio del 26 de marzo siguiente, en el que “se le informaba y otorgaba respuesta de fondo a la petición, por lo tanto no se entiende por qué el accionante dice que se le vulneró el derecho e la petición”.

4. El 24 de mayo del año en curso, el juez constitucional de primer grado, resolvió no acceder a las pretensiones tutelares del abogado Díaz Velásquez, por considerar que no se vulneró el derecho de petición, pues la respuesta dada al peticionario, además de ser oportuna, “tocó los puntos esenciales que caracterizaron la petición presentada por el accionante”.

En cuanto al derecho fundamental de la igual, la Sala a quo señaló: “La simple aseveración del accionante de que a otras personas se les da un trato diferente, no es señalativa de las pautas necesarias como para deducir la presencia de un trato desigual, siendo éste un aspecto, que para el caso particular, resulta de difícil comprobación”.

Sobre el derecho al trabajo, el Consejo Seccional indicó que tampoco se evidencia vulneración, pues contrario a lo manifestado por el actor, “parece ser que brinda sus servicios profesionales a un número importante de militares que acuden para que el accionante adelante gestiones en su favor”.

Respecto al derecho a la información, señaló la Sala de instancia: “la situación que al parecer generó en un conflicto entre el petente y la persona que lo atendió en ventanilla, es un hecho completamente superado, toda vez que dicha situación tuvo lugar en marzo 4 de 2002... De todas maneras el profesional pudo presentar su recurso de reposición, y obtuvo una contestación, por lo que se advierte que en la práctica el trámite no tuvo traumatismos relevantes y dignos de mencionar... el accionante afirmó que el acceso al expediente se le negó en virtud a que la funcionaria que lo atendió, le manifestó que dicha documentación era reservada, lo cual fue negado posteriormente por la entidad accionada. En el momento no se tienen elementos de juicio suficientes para establecer a ciencia cierta la veracidad de las afirmaciones, además que, como se reitera, se está ante una situación que es un hecho superado y por ende la acción de tutela frente a las circunstancias acaecidas en marzo 4 del año en curso, no tiene ningún objeto”.

Finalmente la Sala a quo “en previsión de que una situación restrictiva del derecho a la información se presente, se prevendrá... a la accionada para que no impida el acceso y la consulta de expedientes a los interesados o a sus apoderados, ya que ello convocaría inexorablemente la vulneración de los derechos consagrados en los artículos 20 de la Constitución Política y 19 del Código Contencioso Administrativo. Y de contera el accionante, como abogado en ejercicio, y que implica el deber de colaborar con las autoridades en el cumplimiento del orden jurídico, tendrá que hacer acopio de aquellos derechos que brindan la oportunidad de tener acceso a los documentos oficiales, como la solicitud de expedición de copias sobre la documentación que no tengan el carácter de reservadas, ya que la administración no podrá negarse a ello. Esto, para no propiciar situaciones que puedan ser generadas por factores externos y completamente ajenos a la función administrativa”.

5. Notificada en debida forma la sentencia de primera instancia, el accionante la impugnó, solicitando que se revocara la misma y se le ampararan sus derechos fundamentales invocados, en virtud de los siguientes argumentos:

En primer lugar señaló el actor, que la respuesta dada por la accionada a su petición, “no toco (sic) los puntos esenciales de mi petición solicitada, cual fue la de obtener que se me permitiera la vista de los expedientes que requiera en el caso de inconforrnidad con el acto administrativo que se profiera... La otra, la relacionada con el suministro de la información personal directamente por ventanilla, para conocer el estado de trámite del expediente y mediante la cual se puede saber si a éste le hace falta algún documento, constancia de tiempo de servicio, constancia de baja, aclaración de informativos, de acta de junta médica, si ya se configuró el expediente, si pasó a revisión o a liquidación, etc., o si se expidió el acto administrativo para proceder a notificarse, todo ello constituye información veraz y oportuna que se obtiene directamente del sistema, en la pantalla que se encuentra instalada en la ventanilla destinada para ello, sin que sea necesario hacerla mediante petición escrita y esperar a que transcurra el término señalado por la ley para su contestación”.

Agregó, que en la citada dirección, le dan información personal, por ventanilla, “a todo el militar que llegue a averiguar por el trámite prestacional, a quienes no nos la suministran es a los abogados a quienes se nos pide que la solicitemos por escrito, lo cual conlleva un tratamiento desigual... Que tal honorable magistrado que, para poder sustentar un recurso, se tenga que pedir por escrito las copias que se consideren necesarias para realizar el mismo y como existe un término para resolver la petición, cuando se obtengan las mismas, ya ha quedado ejecutoriado el acto y el recurso sería improcedente por extemporáneo”.

Adujo el impugnante, que “en el día de ayer 4 de junio... nuevamente y al requerir información por ventanilla de si ya se había proferido acto administrativo en los expediente de... la suboficial Rosana Rodríguez Niño en forma tajante, me manifestó que esa información debía solicitarla por escrito, lo cual me parece absurdo porque ella reposa en el sistema y digitando en pantalla se puede informar. Además, le manifesté que, deseaba confirmar si dentro de los expedientes se encontraba mi poder, el cual había sido presentado en la dirección de sanidad del Ejército, conforme al procedimiento que se tiene establecido y la respuesta fue la misma, solicitud de información por escrito. Por esta razón, falta de información veraz y oportuna, comento que he tenido varios problemas de resoluciones que han salido sin mi reconocimiento a pesar de haber presentado oportunamente los poderes y solicitudes respectivas, porque sanidad militar no los ha enviado”.

Finalmente reiteró su solicitud efectuada a la Sala a quo, en el sentido de que se llamen a declarar sobre los hechos que denuncia, a los abogados Jorge Almanza, Pedro Eliseo Beltrán Díaz y Paola Andrea Sánchez, quienes litigan ante la dirección de prestaciones sociales del Ejército.

Consideraciones de la Sala

1. La Constitución Política de 1991, asigna en su artículo 86 a los jueces de la República, el conocimiento y trámite de la acción de tutela, como un mecanismo procesal de protección y garantía constitucional directo, inmediato, autónomo, informal, preferente y sumario de los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por los particulares.

2. El presente caso se relaciona con una acción de tutela promovida contra el teniente Coronel Rubén Darío Mestizo Reyes, director de prestaciones sociales del Ejercito y la suboficial Rosana Rodríguez Niño, pues para que el actor, apoderado en varios procesos prestacionales, pueda tener acceso a los expedientes o a la información que entregan por ventanilla, le exigen previa solicitud por escrito.

3. Del acervo probatorio aportado al expediente de tutela, se encuentra:

a) El 21 de marzo el abogado Jesús María Díaz Velásquez, radicó en la dirección de prestaciones sociales del ejército, un derecho de petición, mediante el cual le solicitó al director:

“...que ordene a las funcionarias y/o funcionarios que atienden en las ventanillas, que se me suministre personalmente la información que requiero sobre el trámite prestacional de mis poderdantes. Así mismo y cuando lo considere necesario, se me permita la vista del expediente correspondiente, de alguno de mis clientes.

Esta petición la hago en virtud a que el día 4 de marzo del cursante año, al notificarme de la Resolución 17489 del 25 de febrero... la sargento Rosana Rodríguez Niño... se negó a permitirme la vista del expediente... aduciendo que tenía instrucciones del señor coronel para no permitirme la vista del citado expediente, con lo cual, se me negó el derecho a ejercer la defensa de los intereses de mi mandante, pues el recurso de reposición que interpuse, lo elaboré sin conocer exactamente las razones que se esgrimieron en los informes administrativos...”.

b) Mediante oficio Nº 350614 del 26 de marzo de 2002, el teniente coronel Rubén Darío Mestizo Reyes, en respuesta a la petición efectuada por el abogado Díaz Velásquez, señaló:

“...me permito informarle que esta dirección cumple con la atención al público en aras del derecho de igualdad, siendo demasiadas las personas que acuden a nuestras dependencias y las cuales requieren un trato justo y digno en condiciones iguales a las de cualquier persona, teniendo en cuenta que muchas de ellas vienen de lugares lejanos y en determinados momentos solo están de paso para cumplir con notificaciones o recibir determinada información.

Hasta el momento esta dirección ha cumplido con su labor en la forma y términos establecidos en la ley y de las decisiones que se han tomado se le han comunicado y enviado copia de las respectivas resoluciones en las que usted como apoderado se le ha reconocido personería jurídica, muestra de ello están las diferentes notificaciones personales realizadas en las que se le ha colocado ha disposición el expediente de determinado mandante y de los recursos que ha presentado en tiempo sin que ninguno de ellos haya sido rechazado por extemporáneo, así las cosas, se observa que el personal que labora en esta dirección ha cumplido con su labor de acuerdo a las órdenes impartidas por el director.

Ahora bien, si usted como profesional del derecho requiere de copias o cualquier otra información puede solicitarlo por escrito caso en el cual se le otorgará respuesta de fondo en la forma y términos establecidos en la ley.

Por último es de informarle que en ningún momento esta dirección ni el personal que labora en ella, tiene interés alguno en obstaculizar su labor, simplemente que como ya se dijo su servicio se basa en los principios de igualdad, transparencia y economía, claro esta en estricta observancia de la Constitución, la ley, normas y decretos que regulan la materia al interior del Ministerio de Defensa Nacional” (negrilla fuera del texto).

c) Por otro lado, en la sustentación del recurso de reposición incoado por el abogado Díaz Velásquez contra la Resolución 17489 proferida por la dirección de prestaciones sociales del Ejército el 25 de febrero de 2002, señaló:

“Señor director, la sustentación de este recurso la realizo ''a medias'', por que ignoro el motivo por la (sic) que no se me permitió la vista del expediente para saber exactamente cual (sic) fue la razón para que en la resolución proferida se declarara que no hay lugar al reconocimiento y pago de suma alguna por concepto de indemnización a favor de la persona que represento, mediante poder debidamente otorgado y que se encuentra dentro del referenciado expediente prestacional, el cual, como es obvio, me otorga el derecho a obtener acceso a la información sobre la acción de las autoridades... al no permitírseme la vista del expediente se está violando el derecho al debido proceso, pues se me impide ejercitar debidamente la defensa de mi representado” (negrilla fuera del texto).

d) En la contestación de la acción de tutela, el director de prestaciones sociales del ejército, teniente coronel Rubén Darío Mestizo Reyes, señaló que no sólo dio respuesta oportuna al derecho de petición elevado por el abogado Díaz Velásquez, sino que resolvió el fondo de la solicitud. Adicionalmente, de lo expuesto por el citado funcionario, se resalta lo siguiente:

“..si el doctor requería del expediente para estudio, debió solicitar copia integra del mismo a lo cual esta dirección hubiese accedido favorablemente tal y como ya lo ha hecho en otros casos similares.

No puede pretender el accionante que se le permita el expediente en forma indeterminada para que pueda realizar un estudio detallado y realice el análisis correspondiente para presentar un recurso...

Señor magistrado, con el debido respeto me permito solicitarle se coloque en el caso de un soldado, de los padres del mismo que en muchos casos son campesinos y vienen de lugares lejanos y lo más triste no tienen un sitio donde pasar la noche debido a sus escasos recursos por lo cual se ven obligados a regresarse el mismo día a sus lagares de origen, como (sic) otorgar al doctor Díaz Velásquez, todo el tiempo y todas las prerrogativas para que el poco personal que labora en la sección de atención al usuario le dispense todo el tiempo que el requiera ya que son muchos los expedientes prestacionales en los cuales es apoderado, de hacer esto dejaríamos de atender a otras personas...

...se le ha brindado al accionante las respuestas correspondientes a sus requerimientos que ha presentado y no por ello puede pretender ahora mediante esta noble acción de tutela tratar de demostrar temerariamente que nuestro servicio ha sido malo, cual el (sic) muy bien sabe que gran parte de su patrimonio lo ha adquirido gracias al desarrollo que se le permite de la libertad de trabajo...

En cuanto a colocar a disposición los expedientes esta dirección siempre lo ha hecho, pero no por ello puede pretender el accionante que en una sala que tiene menos de un metro por dos y medio de ancho, se le permita realizar consultas en horario y tiempo que disponga el tutelante, coartando con esto el derecho que le puede asistir a las otras personas...

...no puede en ningún momento pretender que yo como director imparta ordenes tendientes a otorgarle prerrogativas tal y como así lo da a entender en su escrito de tutela...”

4. Ha dicho el máximo tribunal constitucional, que el derecho de petición tiene como propósito obtener una pronta resolución de la administración respecto de la solicitud elevada y servir de instrumento para poner en funcionamiento el aparato estatal y establecer la relación persona-Estado, “cuya efectividad resulta necesaria para el logro de los fines esenciales de éste. En consecuencia, la resolución emanada y comunicada por la administración dentro de los términos legalmente establecidos, satisface este derecho constitucional fundamental. A contrario sensu, se vulnera éste al no resolverse la petición elevada o realizarse fuera de los términos legales” (1) .

(1) Corte Constitucional. Sentencia T-242 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

El derecho de petición se ve satisfecho cuando la administración brinda una respuesta oportuna, la cual debe tener relación directa con lo solicitado, sin que ello implique, necesariamente, que deba ser favorable a lo pedido. En el caso contrario, se vulnera el artículo 23 superior, cuando la petición se resuelve extemporáneamente o la respuesta dada a la misma no satisface el derecho pretendido; punto sobre el cual la guardiana de la Constitución, ha señalado:

“Para esta Sala, las respuestas evasivas o las simplemente formales, aun producidas en tiempo, no satisfacen el derecho de petición, pues en realidad, mediante ellas, la administración elude el cumplimiento de su deber y desconoce el principio de eficacia que inspira la función administrativa, de conformidad con el artículo 209 de la Constitución.

En efecto, la respuesta aparente pero que en realidad no niega ni concede lo pedido, desorienta al peticionario y le impide una mínima certidumbre acerca de la conducta que debe observar frente a la administración y respecto de sus propias necesidades o inquietudes: no puede hacer efectiva su pretensión, pero tampoco tiene la seguridad de que ella sea fallida.

Tal circunstancia hace inútil el derecho fundamental del que se trata y, por tanto, cuando ella se presenta, debe considerarse vulnerado el artículo 23 de la Carta Polltica” (2) .

(2) Corte Constitucional. Sentencia T-206 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

En el asunto sub examine, el accionante solicitó en su petición al director de prestaciones sociales del ejército, que le ordenara a los funcionarios encargados de la ventanilla, “me suministre personalmente la información que requiero sobre el trámite prestacional de mis poderdantes. Así mismo y cuando lo considere necesario, se me permita la vista del expediente correspondiente, de alguno de mis clientes”. Requerimiento del que obtuvo como respuesta, si usted como profesional del derecho requiere de copias o cualquier otra información puede solicitarlo por escrito caso en el cual se le otorgará respuesta de fondo en la forma y términos establecidos en la ley”.

De lo anterior, la Sala observa que contrario a lo afirmado por el actor en el sentido de que la respuesta dada a su derecho de petición fue evasiva, ella si guarda relación directa con lo solicitado, pues básicamente se le indicó al peticionario, que cualquier información requerida, incluida la expedición de copias, debía solicitarla por escrito.

Por lo tanto, para esta colegiatura no se encuentra vulnerado el derecho de petición del accionante, pues oportunamente le respondieron su solicitud y esa respuesta guarda relación directa con lo que él solicitó.

5. De otro lado, en cuanto a la presunta vulneración al derecho de información del accionante, resulta oportuno resaltar lo siguiente:

a) La Corte Constitucional al analizar los derechos sobre la consulta de documentos, petición e información, tuvo oportunidad de indicar:

“En los términos de la actual Constitución, ''todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley'' (C.P. art. 74). Este mandato le otorga identidad propia y autonomía sustantiva al derecho a la consulta de documentos, que aparece de este modo como algo independiente del derecho de petición. No obstante, es indudable la íntima conexidad entre el derecho a la consulta de documentos y el derecho de petición, hasta el punto que la Corte ha dicho que ''el acceso a documentos públicos hace parte del núcleo esencial del derecho de petición''.

El derecho de petición puede satisfacerse simplemente haciendo la solicitud a la autoridad para que se permita la consulta de los documentos oficiales. Pero es frecuente el caso de que primero opera la consulta y luego se ejercita el derecho de petición para efectos de obtener copia de los mismos, con arreglo a las exigencias que la ley o el reglamento consagren. De este modo, el derecho de petición se erige como el complemento obligado, concreto y práctico de la consulta.

A lo anterior cabe agregar, que ambos derechos —consulta de documentos y petición— se integran con el derecho fundamental a la información (C.P., art. 20), pues necesariamente aquellos contribuyen a su ejercicio, en la medida en que la persona al acceder a los documentos oficiales obtiene la información y la puede transmitir.

Nótese, además, que en la nueva Carta Política el derecho a la consulta de documentos oficiales adquiere una particular significación en el ejercicio de la democracia participativa, como quiera que no sólo se convierte en un instrumento idóneo que vincula al ciudadano con la actividad de la administración y facilita el conocimiento de sus determinaciones, sino que lo instala de lleno como sujeto activo y actuante, en el ejercicio del control del poder político del Estado (C.P. art. 40)” (3) .

(3) Corte Constitucional. Sentencia T-053 de 1997. M.P. Antonio Barrara Carbonell.

b) El artículo 74 Superior, dispone:

“Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley...”.

c) A su turno, los artículos 19 e inciso final del 29 del Código Contencioso Administrativo, respectivamente, disponen:

“Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas públicas y a que se les expida copia de los mismos...

Cualquier persona tendrá derecho a examinar los expedientes en el estado en que se encuentren, y de obtener copias y certificaciones sobre los mismos, que se entregarán en plazo no mayor de tres (3) días...”.

d) De igual forma, en virtud de la remisión permitida por el artículo 267 ibídem, importante es resaltar que numeral 2º del canon 127 del Código de Procedimiento Civil, señala:

“Examen de los expedientes. Los expedientes sólo podrán ser examinados... 2. Por los abogados inscritos”.

e) Finalmente, el literal b) del artículo 26 del Decreto 196 de 1971, dispone:

“Los expedientes y actuaciones judiciales o administrativas sólo podrán ser examinados... b) Por los abogados inscritos, sin perjuicio de las excepciones en materia penal”.

Analizando el caso de autos con la jurisprudencia y los preceptos normativos citados, este cuerpo colegiado encuentra que la dirección de prestaciones sociales del ejército está vulnerando los derechos de información y consulta de documentos del accionante, porque no obstante reconocer que el abogado Jesús María Díaz Velásquez, es el apoderado de varios soldados del Ejército Nacional ante esa dirección, sólo puede consultar, examinar o solicitar información sobre los expedientes a su cargo, si previamente efectúa una petición por escrito.

Con tal determinación, el director prestacional está desconociendo el hecho de que el abogado Díaz Velásquez, al ostentar la condición de apoderado, se encuentra debidamente facultado no sólo para acceder a los expedientes, sino para solicitar y obtener la información que sobre ellos requiera o la expedición de copias que pida.

Prueba de que al actor no se le permite la consulta de los expedientes, es la constancia por él dejada en la sustentación del recurso de reposición incoado contra la Resolución 17489 del 25 de febrero de 2002, en la cual manifestó: “la sustentación de este recurso la realizo ''a medias'', por que ignoro el motivo por la (sic) que no se me permitió la vista del expediente” sin que sea suficiente lo afirmado por el director accionado, en el sentido de que “de su escrito se colige que tenía pleno conocimiento de lo que recurría y porque (sic) lo hacía (sic), aunado al hecho de que la resolución atacada le informaba en forma sucinta los hechos motivo del resuelve'', pues para poder controvertir las decisiones de la administración, no es suficiente con los elementos de juicio plasmados en un acto administrativo, ya que éste sólo contiene un extracto de lo que realmente conforma toda la actuación procesal.

Por lo tanto, limitar a los postulantes al contenido de esa resolución sin accesibilidad al expediente, implica la vulneración de los derechos de contradicción y defensa, los cuales forman parte integral del debido proceso constitucionalmente protegido.

Exigir solicitud por escrito para tener acceso al expediente, como lo pretende el director accionado, implica que los términos procesales para controvertir en la forma exigida por la ley las decisiones de la administración, fenezcan en detrimento de quien tiene la posibilidad de oponerse, constituyéndose tal exigencia en un trámite que impide la información oportuna y consecuencialmente, la defensa de quienes han depositado en el profesional del derecho sus intereses.

Por lo tanto, al impedir el director accionado que el actor tenga acceso a los expedientes que le competen, está no sólo limitando al abogado para que cumpla con el deber de “atender con celosa diligencia sus encargos profesionales” (4) , sino actuando en contravía de los principios constitucionales de “eficacia... celeridad... y publicidad” (5) , orientadores de la función administrativa.

(4) Artículo 47-6 del Decreto 196 de 1971.

(5) Artículo 209 de la Constitución Política.

Además, no entiende la Sala por qué si la dirección de prestaciones sociales del Ejército cuenta con unos funcionarios que tienen computarizada y actualizada la información sobre los procesos que allí cursan, no puedan absolver de forma inmediata las consultas que se surtan?. Acaso no es más dispendioso exigir una solicitud por escrito, para tener acceso a esa información, cuando la administración debe caracterizarse por ser ágil, dinámica y eficiente.

Por otro lado, considera esta colegiatura que al accionante también se le está vulnerando el derecho al debido proceso, conocido como el “conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a la administración pública o ante los jueces, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos (6) , pues la decisión del director de prestaciones sociales del Ejército de que la consulta de los expedientes sólo puede realizarse previa solicitud por escrito, no sólo obedece a su voluntad y capricho, sino que le impide el efectivo acceso a la administración.

(6) Corte Constitucional. Sentencia C-339 de 1996, M.P. Julio César Ortiz Gutiérrez.

En consecuencia, la Sala revocará la decisión del juez constitucional de primer grado y protegerá los derechos de información, consulta de documentos y debido proceso del actor, ordenándosele al director accionado, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, proceda a realizar los trámites pertinentes, para que el accionante tenga acceso efectivo a la información y a los expedientes donde actúa como profesional del derecho. De igual forma se le prevendrá, para que en lo sucesivo se abstenga de realizar tales conductas.

6. Finalmente, en cuanto a las pruebas solicitadas por el accionante en su escrito de impugnación, la colegiatura las estima improcedentes, por considerar que la vulneración de sus derechos fundamentales se encuentra demostrada, sin que tenga relevancia dicha petición probatoria.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR el fallo impugnado, proferido el 24 de mayo de 2002 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante el cual, no accedió al amparo solicitado por el abogado Jesús María Díaz Velásquez. En su lugar, se concede la tutela de los derechos a la consulta de documentos públicos, información y debido proceso, vulnerados por el director de prestaciones sociales del Ejército, acorde con lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

Para la efectividad de la tutela que se concede, se le ordena al director de prestaciones sociales del Ejército Nacional, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, proceda a realizar los trámites pertinentes, para que el accionante Jesús María Díaz Velásquez, tenga acceso efectivo a la información y a los expedientes donde actúa como profesional del derecho.

Se previene al director del prestaciones sociales del Ejército Nacional, para que en lo sucesivo se abstenga de impedir el acceso a los expedientes y a la información sobre los mismos, no sólo del accionante sino de quienes legítimamente se encuentran autorizados para tal fin.

Súrtanse las notificaciones de rigor, contenidas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, la secretaría judicial de esta Sala REMITIRÁ el presente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, cúmplase.

Magistrados: Temístocles Ortega Narvaez—Jorge Alonso Flechas Díaz—Guillermo Bueno Miranda—Eduardo Campo Soto—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Henao Orozco—Leonor Perdomo Perdomo.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

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