Sentencia 2779 de julio 16 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

ACTOS DE LOS ALCALDES

LOS GOBERNADORES NO PUEDEN REVOCARLOS NI REFORMARLOS

EXTRACTOS: «En el caso sub examine es preciso establecer si los artículos 4º del Decreto 640 de 1937 y 132 del Código Nacional de Policía (Decreto-Ley 1355 de 1970), que prevén el recurso de apelación ante el gobernador contra los actos de los alcaldes, a través de los cuales se ordena la restitución de un bien de uso público, están o no vigentes.

Sobre el particular, la Sala advierte lo siguiente:

Durante la vigencia de las Constitución Política anterior los departamentos ejercían la tutela administrativa sobre los municipios (art. 182).

De igual manera, el alcalde era un agente del gobernador (art. 201) y por tal razón los actos de aquél podían ser reformados o revocados por éste (art. 194, ord. 8º).

Ya desde el año de 1986 y concretamente con la expedición del Acto Legislativo Nº 1 de 1986, reformatorio de la citada Constitución, que estableció la elección popular de alcaldes, éstos dejaron de ser agentes del gobernador y, en consecuencia, la facultad de éste de reformar o revocar sus actos también desapareció.

En este orden de ideas se tiene que los artículos 4º del Decreto 640 de 1937 y 132 del Decreto-Ley 1355 de 1970 deben inaplicarse porque son incompatibles no sólo frente a la actual Carta Política, sino a la anterior, en cuanto fue modificada por el Acto Legislativo Nº 1 de 1986».

(Sentencia de julio 16 de 1998. Expediente 2779. Consejero Ponente: Dr. Ernesto Rafael Aríza Muñoz).

ACLARACIÓN DE VOTO

1. La tutela como mecanismo de control de los departamentos sobre los municipios, a pesar de que el grado de descentralización administrativa de éstos se ha acentuado bajo el nuevo régimen constitucional de 1991, no ha desaparecido, quizás simplemente se ha atenuado. Una posición distinta, en el sentido de que dicho mecanismo desapareció, significaría el reconocimiento de un grado de autonomía de tal magnitud que los municipios se convertirían en ruedas sueltas en la estructura del Estado, lo que no corresponde a la realidad institucional. Otra cosa distinta sucede con el control jerárquico, éste si profundamente modificado por el nuevo orden constitucional.

2. El alcalde, bajo el antiguo régimen constitucional, ostentaba la doble calidad de jefe de la administración y de agente del gobernador. En aquella condición, era sujeto del control de tutela, mientras que en ésta, como agente del gobernador, resultaba pasible del control jerárquico.

La facultad de revocar o reformar un acto es una facultad que puede encontrarse presente tanto en el control de tutela como en el control jerárquico, con la diferencia de que en la primera hipótesis debe estar expresamente prevista en la ley, lo que no sucede en la segunda, ya que se trata de una facultad comprendida, sin necesidad de consagración expresa, en el control jerárquico.

3. No puede, en consecuencia, afirmarse que el control de tutela de los departamentos sobre los municipios haya desaparecido, como parece darlo a entender la consideración citada, ni tampoco que la facultad de reforma o de revocación de un acto sea propia y exclusiva de uno de los mecanismos de control».

Manuel S. Urueta

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