Sentencia 27830 de octubre 25 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación: 250002326000200400295 01

Ref.: Expediente 27830

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Instituto Nacional de Vías

Demandado: BBVA Seguros Ganadero Compañía de Seguros S.A. y otro.

Bogotá, D.C., veinticinco de octubre de dos mil seis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala decidir, el recurso de apelación dirigido contra el auto mediante el cual el Tribunal de Cundinamarca denegó el mandamiento de pago, auto interlocutorio proferido en asunto de dos instancias, en virtud de la competencia funcional y material atribuida por los artículos 505, inciso 2º del Código de Procedimiento Civil y 129 del Código Contencioso Administrativo.

La impugnación de la parte demandante se circunscribe a un solo aspecto que hace referencia a que el juez de instancia estaba en el deber de indicar cuáles eran los defectos de la demanda, para que el demandante pudiera subsanarlos y así tener la posibilidad de aportar los documentos que hacían falta para integrar el título ejecutivo, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil (fl. 36, cdno. ppal).

Aunque en la impugnación del auto de primera instancia el apelante no cuestionó el fondo o contenido de la decisión, ha de entenderse formulada en todo aquello que le resulte desfavorable, de conformidad con los dictados del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, materia que será objeto del examen.

La admisión o inadmisión de la demanda, en el proceso ejecutivo.

La norma del Código de Procedimiento Civil que la entidad ejecutante considera que debió ser tenida en cuenta por el juez de instancia es del siguiente tenor literal:

ART. 85.—Inadmisibilidad y rechazo de plano de la demanda.

“El juez declarará inadmisible la demanda:

1. Cuando no reúna los requisitos formales

2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley

(…).

En estos casos el juez señalará los defectos de que adolezca para que el demandante los subsane en el término de cinco días. Si no lo hiciere rechazará la demanda.

(…).

Se examinará si en virtud de dicha norma el juez ejecutivo está en el deber de inadmitir la demanda, por falta de la debida constitución del título ejecutivo, antes de librar el mandamiento de pago y ordenar que se subsanen los defectos encontrados en ella; para tal fin es necesario acudir a las normas del Código de Procedimiento Civil, aplicables al proceso ejecutivo, por expresa remisión hecha por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que dicho proceso no se encuentra regulado en el Código Contencioso Administrativo.

El artículo 489 del Código de Procedimiento Civil regula las actuaciones que el juez ejecutivo debe adelantar antes de librar el mandamiento de pago, norma cuyo tenor literal es el siguiente:

“En la demanda ejecutiva se podrá pedir que previamente se ordene el reconocimiento del documento presentado, el requerimiento para constituir en mora al deudor, o la notificación de la cesión del crédito o de los títulos ejecutivos a los herederos.

Si no fuere posible notificar personalmente el auto que dispone la práctica de alguna de las diligencias anteriores, se procederá a designar curador ad litem, tal como se prevé en los artículos 318 a 320, para que con él se surta la diligencia.

Cuando se trate de reconocimiento de un documento, el juez ordenará el trámite del incidente de autenticidad de que trata el artículo, 275, donde actuará el curador” (CPC, art. 489).

Las diligencias previstas en la norma transcrita son actuaciones judiciales que además de ser taxativas, anteceden al mandamiento de pago y tienen como finalidad “completar algunos de los requisitos legales que prevé la ley para que el documento o conjunto de documentos presten mérito ejecutivo pero únicamente respecto de su exigibilidad o autenticidad” (1) .

Es claro entonces que esta norma no otorga facultades al juez ejecutivo para que, a través de requerimientos a los posibles deudores o al propio demandante, logre que se alleguen al expediente los documentos que por negligencia o descuido no fueron aportados por el ejecutante con el libelo demandatorio y así sustituir el deber que a este corresponde de integrar debidamente el presunto “título ejecutivo”, como requisito indispensable para la procedibilidad del proceso.

Se destaca que la norma tan solo faculta al juez ejecutivo para adelantar algunos trámites precisos y taxativos, con el fin de completar los requisitos relacionados con la exigibilidad de la obligación, la autenticidad del documento o establecer que el demandado y el otorgante del título sean la misma persona.

La jurisprudencia de la Sala ha determinado (2) que en el juicio ejecutivo, el juez carece de competencia para requerir a quien se considera acreedor y a quien este considera deudor para que allegue el documento (s) que constituye el “título ejecutivo”.

En el proceso ejecutivo, es al ejecutante a quien corresponde la carga de aportar la prueba que demuestre su condición de acreedor y de que el ejecutado realmente es su deudor, al igual que probar la existencia a su favor de una obligación que reúna las condiciones de ser clara, expresa y actualmente exigible, presupuestos que debe cumplir al presentar la demanda, dada la naturaleza del proceso, toda vez que el mismo no pretende que el órgano judicial declare el reconocimiento o existencia de un derecho o imponga una condena o declare una responsabilidad o se pronuncie sobre la constitución de una relación, sino, que su finalidad es satisfacer una obligación, un derecho cuya existencia no tiene discusión puesto que se encuentra determinada, en forma clara y expresa, en un título ejecutivo.

El profesor Hernando Morales ha ilustrado sobre el tema en el siguiente sentido:

“La acción, o mejor la pretensión ejecutiva, se caracteriza porque no se agota sino cuando el pago total de la obligación se efectúa. E implica el mandamiento de pago sin haberse citado ni oído al deudor, en razón del título ejecutivo (3) .

(…).

Si no puede aducir el demandante título ejecutivo, no podrá entablar proceso ejecutivo; si no puede exhibir ese título que haga indiscutible su derecho a través de cualquiera de los documentos que reúnan los requisitos previstos en el artículo 488, será menester que previa discusión en proceso ordinario con su deudor pruebe la efectividad de su derecho, y solo una vez que la sentencia le haya reconocido dicho derecho, o le haya declarado su calidad de acreedor, tendrá en sus manos el título ejecutivo correspondiente” (4) (resaltado no es del original).

De otra parte se tiene que el artículo 497 del Código de Procedimiento Civil ordena expresamente lo siguiente:

“ART. 497.—Mandamiento ejecutivo.

Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que aquel considere legal”.

Del tenor literal de la norma es posible establecer que en el proceso ejecutivo, además del deber legal de presentar la demanda en debida forma, es decir, con los requisitos establecidos en los artículos 75 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, la ley le exige al ejecutante que acompañe el título ejecutivo, para que el juez proceda a dictar el mandamiento de pago; esto es, que sin título ejecutivo no es posible adelantar el respectivo proceso.

La jurisprudencia de la Sala ha señalado que “en ejercicio de la acción ejecutiva, el demandante tiene la carga de demostrar su condición de acreedor ab initio; no es posible, como acontece en los procesos ordinarios, probar la titularidad del derecho subjetivo alegada, en el desarrollo del proceso” (5) .

Además es claro que en el proceso ejecutivo el juez no dicta auto admisorio de la demanda ni da traslado de la misma; en su lugar libra mandamiento de pago cuando encuentra que la demanda reúne los requisitos legales y que el título presta mérito ejecutivo y lo denegará, cuando el documento allegado como presunto título ejecutivo no cumple con los requisitos previstos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil.

Como corolario de lo anterior puede concluirse que en el proceso ejecutivo el juez puede adelantar las siguientes actuaciones: i) librar el mandamiento de pago cuando la demanda reúne los requisitos legales y se encuentra acompañada del título ejecutivo el que necesariamente debe contener una obligación clara, expresa y exigible en los términos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil; ii) negar el mandamiento de pago porque el demandante no acompañó el título ejecutivo debidamente constituido; iii) ordenar la práctica de las diligencias previas solicitadas en la demanda ejecutiva para que, una vez superadas, el juez pueda dictar el mandamiento de pago si se encuentran satisfechos los requisitos para la existencia del título ejecutivo o negarlo, en caso contrario.

Así las cosas, el juez ejecutivo podría advertir sobre la ausencia de algunas de las formalidades que debe reunir la demanda, a manera de ejemplo que el poder no esté debidamente constituido, o que se haya omitido la dirección de los representantes o apoderados de las partes para efecto de las notificaciones; pero en manera alguna, el juez está facultado para solicitar que se complete el título ejecutivo; en otras palabras, el juez ejecutivo podría eventualmente inadmitir la demanda por falta de formalidades diferentes a la integración debida del título.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala, el tribunal de instancia actuó conforme a derecho, de una parte, porque la denegatoria a librar mandamiento de pago se atribuyó a la inexistencia de título ejecutivo; de otra, porque en el proceso ejecutivo no es procedente inadmitir la demanda para permitirle al ejecutante corregir, completar, complementar o aportar el correspondiente título ejecutivo, por manera que correspondía al juez examinar el título aportado y de encontrarlo debidamente constituido proceder a librar el mandamiento de pago o, caso contrario, al comprobar que no reunía las condiciones de contener una obligación, expresa clara y exigible, denegar el mandamiento, como en efecto ocurrió.

Requisitos del título ejecutivo.

El título ejecutivo debe contener una obligación que reúna las condiciones establecidas en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil.

La norma citada dispone lo siguiente:

ART. 488.—Títulos ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.

(…).

La jurisprudencia de la Sección Tercera en forma reiterada (6) ha sostenido que los títulos ejecutivos deben reunir ciertas condiciones formales y sustanciales. Las formales consisten en que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación sean auténticos, y emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley. Las condiciones sustanciales se traducen en que las obligaciones que se acrediten a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o del causante, sean claras, expresas y exigibles.

La doctrina (7) ha entendido que el título ejecutivo contiene una obligación expresa cuando queda “constancia escrita y en forma inequívoca de una obligación, de ahí que las obligaciones implícitas y las presuntas, salvo que la ley disponga lo contrario, no son demandables por vía ejecutiva” (8) .

Igualmente ha señalado sobre la segunda condición referida a la claridad de la obligación en el sentido de “que sus elementos constitutivos, sus alcances, emerjan con toda perfección de la lectura misma del título ejecutivo, en fin que no se necesiten esfuerzos de interpretación para establecer cuál es la conducta que puede exigirse al deudor”.

La tercera condición hace relación a la exigibilidad de la obligación, es decir, que pueda ser ejecutable; que el acreedor pueda demandar su cumplimiento por no estar pendiente de un plazo o condición. En otras palabras, que el término para el cumplimiento de la obligación se encuentre vencido o que la condición de la cual pende la exigibilidad de la obligación se haya cumplido o, cuando la obligación es pura y simple, previo requerimiento.

La indebida integración del título ejecutivo. Caso concreto.

En el sub lite, se pretende la efectividad de la póliza de garantía CUM-1-00039 emitida por La Ganadera Compañía de Seguros S.A. por haberse configurado el riesgo de “uso indebido del anticipo de los recursos aportados por el Estado en cuantía de $ 54.598’450.150” declarado en el artículo sexto de la Resolución 3088 de 25 de julio de 2002 mediante la cual se liquidó unilateralmente el contrato de concesión 388 del 15 de diciembre de 1997, celebrado entre el Invías y la Sociedad Concesionaria del Magdalena Medio-COMMSA.

La liquidación del contrato, sea de mutuo acuerdo, unilateral o judicial, finiquita la relación contractual, define el estado económico del contrato y determina las obligaciones a cargo de las partes.

La jurisprudencia, de la Sección Tercera ha sido reiterativa en afirmar que el solo acto de liquidación presta mérito ejecutivo; siempre que reúna los requisitos establecidos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil (9) . En el siguiente sentido se ha pronunciado la Sala:

“No puede establecerse una regla única para determinar la existencia de un título ejecutivo bien sea simple o complejo, toda vez que hay que acudir directamente al análisis del caso concreto para poder deducir si se puede predicar o no la existencia del título.

“Sobre la existencia del título ejecutivo, el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, establece la posibilidad de demandar ejecutivamente obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él.

“En el caso presente, el acta de liquidación configura un documento completo, para acreditar la obligación contraída por parte de la entidad ejecutada, pues en esta consta:

“La existencia del contrato estatal 54 de 1999 celebrado entre el Consorcio S.P. y la Fiscalía General de la Nación con el objeto de realizar unas obras de remodelación y adecuación del inmueble ubicado en la carrera 18ª Nº 39-39 sede de almacenamiento y bodegaje de muestras biológicas, en Bogotá.

“La obligación clara y expresa en las sumas debidas por concepto de saldo de la realización del contrato de obra y su exigibilidad, pues la misma se tornó exigible al no haberse sometido a plazo el pago del saldo que resultó de la liquidación del contrato”.

(…).

También ha dicho la jurisprudencia que cuando la demanda ejecutiva se presenta con posterioridad a la liquidación del contrato, la existencia de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de alguna de las partes contratantes se acredita fundamentalmente con el acta o el acto de liquidación del contrato (10) .

El apoderado de la entidad ejecutante integró el título ejecutivo básicamente con la póliza de garantía otorgada por la Compañía de Seguros La Ganadera Ganaseguros hoy BBVA Seguros Ganadero Compañía de Seguros S.A., aunque no allegó el certificado de modificación en original (fl. 512, cdno. 3); con la copia auténtica del contrato de concesión y con la Resolución 2282 de 2 de junio de 2000, mediante la cual se declaró la caducidad del contrato 388 de 1997, debidamente ejecutoriada, (fl. 20, cdno. 1), pero sucede que en este acto administrativo no se ordenó hacer efectivas las garantías del contrato y mucho menos la garantía que amparaba el pago del anticipo por aporte estatal; tampoco se determinó o cuantificó el monto de la obligación a cargo de las ejecutadas.

Como consecuencia de la terminación anormal del contrato por declaratoria de caducidad, se intentó infructuosamente adelantar la liquidación de manera bilateral, razón por la cual Invías procedió a efectuarla unilateralmente.

Fue entonces mediante la expedición de la Resolución 3088 de 25 de julio de 2002, que se liquidó unilateralmente el contrato, acto administrativo en el cual se declaró el siniestro por uso indebido del anticipo; razón por la cual, la entidad ejecutante debió aportar al expediente, además de la citada resolución (fls. 282 a 324, cdno. 3), aquella que resolvió los recursos de reposición interpuestos para probar la firmeza de la liquidación y en la cual debió haberse establecido el monto de la obligación a cargo de La Ganadera Compañía de Seguros y de la Sociedad Concesionaria por cuantía de $ 5.264’463.553,80, suma pretendida por la entidad pública ejecutante.

En la demanda presentada por la entidad ejecutante, se relaciona en el acápite VII de pruebas, numeral 11, la Resolución 3088 de julio de 2002, mediante la cual Invías liquidó unilateralmente el contrato 388 de 1997, sin que se hubiere mencionado, en parte alguna, la prueba de su ejecutoria; tampoco se allegó al expediente el acto administrativo que resolvió el o los recursos de reposición interpuestos, aunque en el numeral 22 de los hechos de la demanda el actor hace expresa referencia a ellos.

Así pues, era indispensable, para la debida constitución del título ejecutivo, que la entidad pública demandante aportara la prueba demostrativa de que el acto administrativo, mediante el cual se liquidó la relación contractual y determinó “quién debe a quién y cuánto”, había adquirido firmeza, pues precisamente es en este, en el cual debe constar la obligación clara, expresa y exigible, en los términos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil. Es claro entonces que el acto aportado al expediente, Resolución 3088 de julio de 2002, mediante la cual Invías liquidó unilateralmente el contrato 388 de 1997, como documento integrante del título ejecutivo, no había adquirido firmeza en los términos del artículo 62 del Código Contencioso Administrativo, puesto que no se demostró que la administración hubiere decidido los recursos que fueron interpuestos contra dicha resolución y que a su vez, dichos actos (los que resolvieron los recursos) hubiesen sido notificados en debida forma a los recurrentes.

Comoquiera que dicho acto administrativo no se encuentra en firme, o por lo menos, tal condición no fue acreditada en el proceso, es evidente que tampoco presta mérito ejecutivo, toda vez que, según los claros mandatos del artículo 64 del Código Contencioso Administrativo, solamente los actos que se encuentren en firme, al concluir el procedimiento administrativo, serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. Es así como la firmeza de tales actos, imponen deberes a los administrados, que pueden ser realizados o ejecutados aun contra la voluntad de los mismos, por lo tanto, si tal firmeza no se encuentra acreditada las actuaciones que adelante la administración para la efectividad del acto expedido, aun por la fuerza, están llamadas al fracaso.

Bajo esta perspectiva, se precisa que el título ejecutivo contractual, en el presente caso, a lo menos debió conformarse con los siguientes documentos: i) el acto administrativo que declaró la liquidación unilateral del contrato con constancia de su ejecutoria y de su debida notificación; ii) el acto administrativo que declaró la caducidad del contrato con constancia de su ejecutoria y de su debida notificación; iii) copia auténtica del contrato de concesión; iv) original de la póliza de garantía del anticipo y sus modificaciones; v) copia autenticada del acto administrativo que aprobó la garantía y sus modificaciones.

Comoquiera que la entidad pública demandante no allegó el acto administrativo mediante el cual se resolvieron los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución 3088 de 2002 que liquidó unilateralmente el contrato de concesión 388 de 1997, debidamente notificado y con constancia de su ejecutoria, el cual era indispensable para integrar el título ejecutivo contractual, forzoso es concluir que dicho título no se encontraba debidamente constituido.

En este orden de ideas, se concluye que no existe título ejecutivo debidamente constituido que conduzca a dictar el mandamiento de pago, porque con la demanda no se acompañaron los documentos necesarios para demostrar que la obligación reúne las características de ser expresa, clara y exigible, indispensables para que el título preste mérito ejecutivo en contra del deudor; razón por la cual, la Sala confirmará el auto impugnado.

El condicionamiento establecido en los artículos quinto y sexto de la Resolución 3088 de 2000 que liquidó unilateralmente el contrato.

En el numeral quinto de la parte resolutiva de la Resolución 3088 de 2000, se lee lo siguiente:

“Declarar que la liquidación del contrato genera créditos a favor de Invías y en contra de COMMSA y de sus accionistas por valor de $ 54’598.150, suma que deberá ser pagada dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta resolución, mediante consignación a órdenes de la tesorería de Invías, a menos que demuestre legalmente su utilización como gasto del proyecto”.

Y el numeral sexto ordena:

“Declarar que se configuró el riesgo de uso indebido del anticipo de los recursos aportados por el Estado, en cuantía de $ 54.598’450.150, a menos que COMMSA demuestre legalmente su utilización en los fines indicados en el numeral 5.22 de la cláusula quinta del contrato de concesión y ordenar dar aviso a las compañías aseguradoras y hacer efectivas las pólizas”.

En el auto apelado el a quo sostuvo que Invías aunque aceptó la existencia de obligación, la misma estaba sujeta a extinguirse por el cumplimiento de una condición; más adelante señaló que “la obligación que se pretende ejecutar es condicional en la medida en que su exigibilidad se la hizo depender de un acontecimiento futuro que podía suceder o no en los términos del artículo 1530 del C.C.)”.

Sobre estas afirmaciones la Sala considera necesario hacer las siguientes precisiones:

El artículo 1536 del Código Civil prescribe:

“La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho; y resolutoria, cuando por su cumplimiento se extingue un derecho”.

Las obligaciones condicionales se encuentran sujetas al cumplimiento de hechos futuros que pueden suceder o no; en el caso de las obligaciones sometidas a condición suspensiva el acontecimiento futuro da lugar a la exigibilidad de la obligación, mientras que en las resolutorias, el acaecimiento del hecho futuro e incierto extingue la obligación.

Es normal que las obligaciones se extingan por su cumplimiento o pago efectivo realizado por el deudor, pero puede suceder que su extinción esté sometida al acaecimiento de un hecho condicionante, si tal circunstancia o condición se cumple se extingue la obligación.

De la lectura de los artículos quinto y sexto de la Resolución 3088 de 25 de julio de 2002, antes transcritos, no puede derivarse, en estricto sentido, una obligación condicional, puesto que la extinción de la obligación no se encuentra sometida a un hecho futuro e incierto, sino que, como ocurre en el giro ordinario de los negocios, el título ejecutivo constituido para garantizar el cumplimiento de una obligación, cualquiera sea su monto, solo podrá hacerse efectivo por el valor realmente adeudado, pero no respecto de aquella parte de la obligación que ya ha sido satisfecha efectivamente por el deudor, sin que tal circunstancia, —demostrar que solo se adeuda parte de la obligación garantizada—, implique la existencia de una obligación condicional.

Pero de aceptarse que existió una obligación sujeta a condición, la misma no afectaría en manera alguna la exigibilidad del título, como lo señaló el a quo, por cuanto es evidente que la obligación existe y es exigible, toda vez que no se trataría de una condición suspensiva, acontecimiento del cual pende la exigibilidad de la obligación, sino de una condición resolutoria y por lo tanto, el acontecimiento futuro daría lugar a la extinción de la obligación, en el evento de que el deudor, a quien corresponde la carga de probar que ha efectuado el pago, hubiere podido demostrar que la totalidad del anticipo que le fue entregado se invirtió en los usos permitidos por el contrato y que, por lo tanto, no adeudaba ya ningún valor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. CONFÍRMASE el auto apelado proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 17 de marzo de 2004.

2. RECONÓCESE personería para actuar al abogado Alonso Hernán Peñaranda Lache, identificado con la cédula de ciudadanía 13’815.158, portador de la Tarjeta Profesional 40.332 del Consejo Superior de la Judicatura, para que represente los intereses del Instituto Nacional de Vías, Invías, como parte demandante, de conformidad con los términos del poder otorgado.

Cópiese, notifíquese y devuélvase».

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 27 de enero de 2000, expediente 13103, M.P. María Elena Giraldo Gómez.

(2) Sección Tercera, auto del 17 de julio de 2003, expediente 24041.

(3) Morales Molina, Hernando, Curso de derecho procesal civil, novena edición, Edit. ABC - Bogotá, 1996, pág. 157.

(4) Morales Molina, ob cit., pág. 166.

(5) Sección Tercera, auto de 27 de enero de 2000, expediente 13103.

(6) En este sentido se ha pronunciado la Sala en los autos de 4 de mayo de 2000, expediente 15679 de 15 de mayo de 2003, expediente 23623, y de 27 de mayo de 2004, expediente 26774.

(7) López Blanco, Hernán Fabio, ob. cit., pág. 430.

(8) Morales Molina Hernando, citado por López Hernán Fabio, ob. cit., 1973, pág. 157 y en la obra, Procesos de Ejecución, Edit. Temis, 1972, pág. 75l(sic).

(9) Auto de 27 de mayo de 2004, reitera el criterio expresado en auto de 27 de noviembre de 2003, la sentencia de 16 de febrero de 2001, expediente 11689.

(10) Auto del 30 de agosto de 2001, expediente 16.256.

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