Sentencia 2788-04 de marzo 5 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Rad.: 11001-03-25-000-2004-00150-01(2788-04)

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Actor: Ezequiel Villa Arias

Demandado: Presidencia de la República y Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, D.C., cinco de marzo de dos mil nueve.

Antecedentes

En nombre propio y en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, el señor Ezequiel Villa Arias solicitó la nulidad del Decreto 2080 de 2004, expedido por el Presidente de la República y el Ministro del Interior y de Justicia, mediante el cual se dispuso el reintegro el señor Juan Carlos Claros Pinzón, como gobernador del departamento del Caquetá.

Como fundamento de su pretensión expuso los siguientes hechos:

1. El señor Juan Carlos Claros Pinzón Claros(sic) fue condenado por el delito de peculado por uso, mediante fallo del 13 de marzo de 2002 de la Sala Penal del Tribunal Superior del Caquetá;

2. Contra la mencionada decisión interpuso recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el cual fue inadmitido mediante auto del 19 de noviembre de 2003; que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición, en el cual solicitó decretar la nulidad de lo actuado por la Sala Penal desde la notificación del proveído de 19 de noviembre de 2003, que negó la solicitud de casación, en el sentido de abstenerse de decidir el impedimento, por resultar extemporáneo, en atención a que la corte había perdido competencia para seguir conociendo de dicho asunto al momento de quedar ejecutoriado lo resuelto por ella, el 11 de diciembre de 2003 (sic).

3. La Sala Penal de la Corte negó el 11 de diciembre de 2003, el recurso de reposición interpuesto contra el auto de fecha 19 de noviembre del citado año.

4. No obstante lo anterior, el señor Juan Carlos Claros Pinzón se posesionó, como gobernador del departamento del Caquetá, el 30 de diciembre de 2003, por lo que la Procuraduría General de la Nación le inició un proceso disciplinario, en el que como medida provisional lo suspendió de dicho cargo.

5. Por acto administrativo del 10 de marzo de 2004, fue sancionado con destitución e inhabilidad general para ejercer funciones públicas por el término de 13 años y tres meses. Decisión que fue confirmada el 20 de abril de 2004.

6. El Presidente de la República expidió el Decreto 1911 del 10 de junio de 2004, por medio del cual hizo efectiva la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación.

7. Contra la sanción disciplinaria aludida, el disciplinado Juan Carlos Claros Pinzón interpuso acción de tutela, la cual fue resuelta en última instancia por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la que ordenó su reintegro al cargo de gobernador del Caquetá, condicionado a que no se encontrara inhabilitado o impedido para el desempeño del cargo, en los términos de las normas constitucionales o legales y ordenó oficiar al Presidente de la República para los fines pertinentes.

8. El 28 de junio de 2004, el Gobierno Nacional expidió el decreto acusado, en el que dispuso reintegrar en el ejercicio del cargo de gobernador del departamento el Caquetá a Juan Carlos Claros Pinzón.

Citó como normas violadas los artículos 179-1 de la Carta Política, aplicable por remisión de los artículos 197-2 y 304 ibídem, así como el artículo 30 de la Ley 617 de 2000.

Adujo que al interpretar armónicamente las normas citadas, se debe concluir que quien haya resultado condenado en cualquier época a pena privativa de la libertad, a menos de que se trate de delitos políticos o culposos, no solo no podrá ser congresista, sino que tampoco podrá ser Presidente de la República, toda vez que la prohibición contenida en el numeral 10 del artículo 179 superior se hace extensiva al Presidente de la República, por disposición del artículo 197 constitucional, y por ende dicha prohibición es aplicable a los gobernadores por expreso mandato del artículo 304 constitucional, norma que señala que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los gobernadores no podrá ser menos estricto que el del Presidente de de la República.

Manifestó que en el caso sub examine, es un hecho cierto y demostrado que el sancionado Claros Pinzón fue condenado por el delito de peculado por uso; de tal suerte que en concordancia con el citado artículo 179 constitucional, no procede su reintegro al cargo para el cual fue elegido, toda vez que recayó sobre él una inhabilidad de carácter constitucional.

Precisó que el fallo condenatorio quedó ejecutoriado el 11 de diciembre de 2003, entonces, la inhabilidad que se predica es sobreviniente; y no por ello puede afirmarse que es inaplicable; todo lo contrario, por tratarse de una inhabilidad cuyo fin no es otro que el de proteger y salvaguardar los intereses generales, así como los principios de moralidad, imparcialidad e igualdad, debe ser considerada no solo al momento de la inscripción, elección o designación del servidor público, sino también al momento de su posesión, como expresamente lo señaló la Corte Constitucional, en la Sentencia C-038 de 1996.

Expresó que en este caso es necesario tener presente que a partir del acto legislativo 1 de 2004, que modificó el artículo 122 de la Carta, no importa en qué calidad se cometió el delito por el cual fue condenado, es decir, si fue en calidad de servidor público o como particular.

Expuso que reintegrar en el cargo al funcionario acusado, equivale a sacrificar los principios en que se basa la función pública, y significaría una burla a la campaña de moralidad pública defendida por la sociedad colombiana.

Aseguró que al momento de expedir el acto acusado, el Gobierno Nacional no verificó que en efecto pesara sobre el gobernador alguna de las causales de inhabilidad para ejercer el cargo y que no es posible sostener que como la inhabilidad se presentó al momento de la posesión, pero no para la fecha de inscripción y la elección correspondiente, esta no es aplicable, como quiera que por efectos del artículo 37 de la Ley 734 de 2002 (inhabilidad sobreviviente) sus efectos son extensibles también al ejercicio del cargo.

Adujo que cualquier interpretación en contrario, sería abiertamente contradictoria con los postulados y fines del régimen de inhabilidades, que propenden por la transparencia y la moralidad en el ejercicio de la función pública, y en particular atentaría contra las normas constitucionales invocadas, que pretenden impedir que una persona que haya sido condenada por cualquier delito de carácter doloso, sin importar el tiempo de la condena, ocupe cargos públicos.

Argumentó que el acto administrativo impugnado desconoce el artículo 30 de la Ley 617 de 2000, que establece el régimen de inhabilidades para gobernadores de suerte que tiene el carácter de norma especial de preferente aplicación en la materia.

Concluyó que es evidente que el legislador previó en forma terminante, concluyente y categórica la prohibición para ocupar el cargo de gobernador, cuando se ha sido condenado en cualquier época a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, sin tener en cuenta el término de la condena; máxime si como en este caso está demostrado que Juan Carlos Claros Pinzón fue condenado por el Tribunal del Caquetá a 10 meses de prisión, por el delito de peculado por uso, mediante providencia del 13 de marzo de 2002, la cual solicitó que se casara ante la honorable Corte Suprema, corporación que denegó tal solicitud el 19 de noviembre de 2003; dicho auto quedó en firme el 11 de diciembre de 2003. Es decir que para el 30 del diciembre de 2003, fecha en que se posesionó como gobernador, el funcionario se encontraba inhabilitado para ocupar dicho cargo, inhabilidad que persiste en el tiempo, por lo que el decreto acusado debe ser declarado nulo.

Contestación de la demanda

El apoderado del Ministerio del Interior y de Justicia se opuso al las pretensiones de la demanda, por considerar que el acto acusado fue proferido por el Gobierno Nacional, para efectos de darle estricto cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Consejo Superior de la Judicatura el 18 de junio de 2004, en el que ordenó suspender los efectos de las providencias proferidas por la Procuraduría General de la Nación, mediante las cuales destituyó al gobernador del Caquetá y lo inhabilitó por el término de trece años y tres meses.

Precisó que la inhabilidad para ser elegido gobernador como consecuencia de una condena impuesta por sentencia judicial se encuentra prevista en el numeral 10 del artículo 30 de la Ley 617 de 2000, tema sobre el cual se ha pronunciado la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ente otros, en el fallo del 22 de octubre de 2004, expediente 3185, en el que la Sección Quinta del Consejo de Estado manifestó: “para que se configure la causal de inhabilidad objeto de estudio es necesario demostrar la existencia de una condena que reúna los siguientes presupuestos. i) Que se hubiere producido en cualquier época, pero antes de la inscripción, designación o elección, ii) Que se hubiere proferido mediante sentencia judicial, iii) Que se refiera a pena I privativa de la libertad, iv) Que no se origine como consecuencia de delitos políticos o culposos”.

De acuerdo a lo anterior, concluyó que si la condena se produce con posterioridad a la elección o designación, simplemente la inhabilidad no existe. En el sub lite, la notificación de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, es de fecha 21 de enero de 2004, fecha a partir de la cual podría considerarse ejecutoriada la condena penal. En tales condiciones, siendo posterior la fecha de ejecutoria de la condena a la elección como gobernador no se configura la inhabilidad por dicha circunstancia y en consecuencia la demanda carece de sustento.

Alegatos del Ministerio Público

La señora procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado solicita que se declare inhibida la Sala para conocer del fondo del asunto por existir inepta demanda, en consideración a que el acto objeto de la litis no es susceptible de ser enjuiciado.

Dijo que el decreto demandado fue expedido por el Gobierno Nacional para dar cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, es decir que se trata de un acto de ejecución entendido por la doctrina como aquel que debe realizarse para que se cumpla un acto administrativo o una sentencia en firme.

Consideraciones

Se pretende la nulidad del Decreto 2080 de 2004, expedido por el Gobierno Nacional, mediante el cual se dispuso el reintegro del señor Juan Carlos Claros Pinzón como gobernador del departamento del Caquetá, en cumplimiento del fallo de tutela dictado por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el 18 de junio de 2004.

El texto del acto acusado es el siguiente:

“DECRETO 2080 DE 2004

Por el cual se deroga el Decreto 1911 de 2004

El Presidente de la República,

en uso de sus atribuciones en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 189, 303, 304 de la Constitución Política y 172 numeral 1º de la Ley 734 de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Nacional en cumplimiento a lo dispuesto por la comisión especial disciplinaria conformada por el procurador séptimo delegado ante el Consejo de Estado y el procurador delegado para la moralidad pública, mediante providencia del 10 de marzo de 2004, confirmada por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación según providencia del 20 de abril de 2004, a través del Decreto 1911 del 10 de junio de 2004 hizo efectiva la sanción disciplinaria de destitución, impuesta al gobernador del departamento del Caquetá;

Que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al resolver sobre una acción de tutela promovida por el señor Juan Carlos Claros Pinzón, en fallo radicado bajo el número 200401909 01 74 del 18 de junio, ordenó suspender los efectos de las providencias proferidas por la comisión especial disciplinaria el 10 de marzo de 2004 y por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación que confirmó la decisión de destituir del cargo de gobernador al señor Juan Carlos Claros Pinzón inhabilitándolo por el término de trece años y tres meses; hasta tanto la jurisdicción contencioso administrativa se pronuncie en forma definitiva sobre su legalidad;

Que así mismo, como consecuencia de lo anterior, la citada corporación ordenó en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación del fallo de tutela que se surtió el 22 de mayo de 2004, reintegrar en forma inmediata al señor Juan Carlos Claros Pinzón en el cargo de gobernador del departamento de Caquetá;

Que el doctor José Fernando Reyes Cuartas, presidente de la comisión especial disciplinaria, procurador delegado para la moralidad pública, solicitó hacer caso omiso del pedimento radicado en el despacho del señor Presidente de la República, por medio del cual se solicitaba la ejecución del fallo de destitución del señor Juan Carlos Claros Pinzón en el cargo de gobernador del departamento de Caquetá;

Que se hace necesario dar cumplimiento a lo dispuesto por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a la solicitud de la Procuraduría General de la Nación,

DECRETA:

ART. 1º—Derogar el Decreto 1911 de 10 de junio de 2004, mediante el cual se impuso al señor Juan Carlos Claros Pinzón, en su condición de gobernador del departamento del Caquetá, la sanción de destitución del cargo e inhabilidad general por el lapso de trece (13 años) y tres (3) meses.

ART. 2º—Reintegrar en el ejercicio del cargo de gobernador del departamento del Caquetá, para el cual fue elegido por voto popular, al señor Juan Carlos Claros Pinzón.

ART. 3º—El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

(...)”.

De la lectura del texto trascrito no queda duda de que se trata de un acto de ejecución, expedido para dar cumplimiento a la sentencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que tuteló los derechos del señor Claros Pinzón y ordenó suspender los efectos de las providencias proferidas por la comisión especial disciplinaria por las cuales se le impuso sanción de destitución e inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos.

La citada providencia concedió un término de 48 horas contados a partir de la notificación del fallo para reintegrar al señor Claros Pinzón en forma inmediata al cargo de gobernador del departamento del Caquetá, para el cual fue elegido por voto popular.

Dentro de este contexto es claro que el decreto acusado no tiene el carácter de acto administrativo susceptible de control jurisdiccional, pues se trata de un acto de ejecución que se limita a dar cumplimiento a una orden judicial y por ende no entraña una decisión autónoma que ponga fin a una actuación administrativa.

Como lo ha señalado esta corporación, los actos que dan cumplimiento a una decisión judicial son actos de ejecución y solamente tendrán control jurisdiccional si suprimen o cambian lo ordenado por la providencia judicial, por cuanto ello implicaría una nueva decisión y no la mera ejecución (1) .

En el caso concreto, mediante el citado fallo de tutela la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resolvió suspender los efectos de las providencias proferidas por la comisión especial disciplinaria y la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación. En consecuencia, ordenó el reintegro en forma inmediata al cargo de gobernador del Caquetá del señor Juan Carlos Claros Pinzón.

Por ello, una vez proferida la orden judicial le correspondía a la administración expedir el acto respectivo, en acatamiento del fallo de tutela, pues cualquier otra decisión adoptada hubiese constituido un abierto desacato a una orden judicial.

Ahora bien, tratándose de un acto de ejecución proferido en cumplimiento de una decisión judicial perentoria, no es procedente examinar el fondo ni el condicionamiento de la decisión, ni pueden ventilarse dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho las sentencias judiciales que sirvieron de fundamento al acto de reintegro.

Así las cosas, al no existir acto administrativo definitivo para enjuiciar es del caso declararse inhibido para decidir el fondo del asunto.

Por estas razones y de acuerdo con el criterio jurisprudencial, ha de declararse probada la excepción de inepta demanda por no ser pasible de enjuiciamiento el acto acusado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Declárase probada la excepción de inepta demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Magistrados: Víctor Hernando Alvarado Ardila—Gerardo Arenas Monsalve—Gustavo Eduardo Gómez Aranguren—Bertha Lucía Ramírez de Páez—Alfonso Vargas Rincón—Luis Rafael Vergara Quintero.

(1) Sentencia de octubre 10 de 2002. Rad. 3364-02, Sección Segunda - Subsección B. Actor: María Elena Benavides Ciceros. M.P. Dr. Jesús María Lemos Bustamante.

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